Sentencia CL-203-17 — Registro 14489
Resumen
Demandas ordinarias laborales acumuladas para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."TERCERO.-Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral l), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.
CUARTO-.Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial; Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."SEPTIMO.-Que el deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria; Que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente; Que por las razones antes expuestas este pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - Tegucigalpa Municipio del Distrito Central tres de mayo de dos mil veintiuno.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia integrado por los Magistrados ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REINALDO ANTONIO HERNANDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDANA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, GARIN ENOC URQUIA CASTRO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, RUBÉN RIVERA FLORES Y ROXANA LICETH MORALES TORO.- Para dictar sentencia en la causa procedente de la Sala Contencioso Administrativo presentado, por la Abogada MIRTA ENEIDA BEJARANO CASTRO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de las señoras ADRIANA BRISELDA CABRERA VIDES, DILSA CELENIA PAVON ESCOTO y MAGDA ELISA BORJAS SUAZO, como recurrente; además es parte recurrida, la sociedad BANCO DEL PAIS, S. A. (BANPAIS), representada en juicio por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR. OBJETO DEL PROCESO: Demandas ordinarias laborales acumuladas para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovidas ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fechas trece de marzo de dos mil catorce, por las señoras ADRIANA BRISELDA CABRERA VIDES, soltera, Licenciada en Contaduría Pública; DILSA CELENIA PAVON ESCOTO, casada, Perito Mercantil y Contador Público; y MAGDA ELISA BORJAS SUAZO, casada, Licenciada en Administración de Empresas, todas mayores de edad, hondureñas y de este domicilio, contra la sociedad BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), por medio de la Presidenta Ejecutiva, señora MARIA DEL ROSARIO SELMAN H., mayor de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: "FALLA: REFORMANDO LA SENTENCIA DICTADA por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, visible a folios del 265 al 271 de la primera pieza de autos, ASÍ: I) REVOCANDO PARCIALMENTE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara con lugar la demanda promovida por las señoras Adriana Briselda Cabrera Vides, Dilsa Celenia Pavón Escoto y Magda Elisa Borjas Suazo, para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia DECLARA SIN LUGAR la demanda promovida por ADRIANA BRISELDA CABRERA VIDES, DILSA CELENIA PAVON ESCOTO Y MAGDA ELISA BORJAS SUAZO en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, quedando vigente de este numeral únicamente que se declara con lugar la demanda para el pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional; II. REVOCANDO PARCIALMENTE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto condena a BANCO DEL PAIS S.A. por medio de la Presidenta Ejecutiva señora MARIA DEL ROSARIO SELMAN H. a pagarle a las señoras ADRIANA BRISELDA CABRERA VIDES, DILSA CELENIA PAVON ESCOTO Y MAGDA ELISA BORJAS SUAZO el Preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia ABSUELVE AL BANCO DEL PAIS, S.A. a través de su Presidenta Ejecutiva señora MARIA DEL ROSARIO SELMAN H. de pagarle a las demandantes señoras ADRIANA BRISELDA CABRERA VIDES, DILSA CELENIA PAVON ESCOTO Y MAGDA ELISA BORJAS SUAZO los concepto de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, quedando vigente de este numeral únicamente la condena para el pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional; III. CONFIRMA TOTALMENTE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada; IV. SIN COSTAS. "
ANTECEDENTES DE HECHO
Las demandantes expresaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para la sociedad BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), de la manera siguiente: Adriana Briselda Cabrera Vides, el 27 de mayo de 2002, en el cargo de Jefe de Administración de Operaciones, devengando un salario de L.38,600.00; Dilsa Celenia Pavón Escoto, el 03 de noviembre de 2003, en el cargo de Auxiliar de Administración de Operaciones, devengando un salario de L.9,800.00; y, Magda Elisa Borjas Suazo, el 03 de noviembre de 2003, en el cargo de Auxiliar de Operaciones, devengando un salario de L. 12,200.00. Que después de laborar para la demandada sin haber tenido nunca un llamado de atención ni verbal ni por escrito, excepto la señora Dilsa Celenia Pavón Escoto, que solamente tuvo una llamado de atención verbal, y en violación de todo estamento jurídico, la sociedad BANCO DEL PAIS, S.A., en fecha 27 de febrero de 2014, despidió a las demandantes de sus cargos, alegando falta grave e incumplimiento de las obligaciones como trabajador, argumentando que las demandantes aceptaron plenamente los hechos a ellas imputados por haber firmado una audiencia de descargos, la cual se llevó a cabo bajo coacción y habiéndose sometido al polígrafo, el cual es un procedimiento totalmente ilegal en el país. La Gerente Corporativo de Gestión y Desarrollo Humano, establece en las notas de despido que éste se genera a raíz del reclamo presentado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), por extracción fraudulenta de la cantidad de L.1 de la cuenta de ahorro No.21-300-002830-9 que mantiene con el Banco del País, S.A., los cuales fueron transferidos el 8 de enero de 2014, a una cuenta de Encaje del Banco Continental No.2210001000002-1 para ser transferidos a la cuenta interna No.0258006691 a favor de la Empresa CAFÉ Y MAS, no teniendo las demandantes ninguna participación a ningún título en semejante delito. Que inmediatamente que se realizó la transacción se envió a la Oficial de la Cuenta, quién si hubiese hecho bien su trabajo hubiera advertido de inmediato al cliente, pero no lo hizo. Es hacer del conocimiento, que dicha transacción se llevó a cabo con documentos falsificados y firmas falsificadas enviadas al banco, de lo cual se procedió a realizar las operaciones. Como se podrá observar, la calificación de la falta se lleva a cabo cincuenta días después de realizada dicha falta, en total violación del Código de Trabajo que establece que se tendrá treinta días como término de prescripción de la falta, para sustentar la falta como causal de despido. La Gerente Corporativo de Gestión y Desarrollo Humano, en la nota de despido de la señora Adriana Briselda Cabrera, establece además que éste se genera por haber facilitado su usuario y contraseña del usuario Swift para autorización de trasferencias a una de sus subordinadas, lo que no indica que esa es una práctica usual en el banco en donde se desarrolla un sin número de actividades con lo cual no queda tiempo de nada y es una práctica incluso permitida por el mismo banco; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la demandada.
La parte demandada, la sociedad BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), contestó dicha demanda señalando que se tomó la decisión de cancelar a las demandantes en virtud que cometieron faltas graves a sus obligaciones legales y contractuales, al no ejecutar su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, como se les expresó a las demandantes mediante las notas de despido de fechas 27 de febrero del 2014, respectivamente, en la cual se les indicaban las causales de los despidos en que se fundamentó la demandada para la separación de los cargos. Que es totalmente falso que la demandada haya ejercido coacción sobre las demandantes, para que ellas declararan en la audiencia de descargos, en vista que en las audiencias de Descargos a la cual comparecieron las demandantes, tenían fecha 19 y 20 de febrero del 2014 y el examen de Poligrafía al cual voluntariamente se sometieron las demandantes, fueron practicados posteriormente a la Audiencia de Descargos y que argumentan en sus demandas haber sido coaccionadas. Es totalmente falso que la demandada haya presentado acusación o denuncia contra las demandantes, por la comisión de algún Delito Extracción Fraudulenta de cantidades de dinero. Que es totalmente incorrecto e improcedente, que la parte demandante, argumente la prescripción de la acción disciplinaria de despido justificado, en vista que si bien es cierto, dichos hechos ocurrieron en fecha 08 de enero del 2014, no es menos cierto, que la demandada tuvo conocimiento de tal situación hasta en fecha 12 de febrero 2014, en la cual BANADESA, notificó y presentó el reclamo ante el Banco, consecuentemente las acciones disciplinarias de los despidos se encuentran enmarcados dentro del término que la Ley laboral concede al patrono para ejecutar las mismas. La demandada ejerció las acciones disciplinarias de despido, contra las demandantes enmarcados dentro de las disposiciones laborales reguladas en la Circular Normativa General 067 de Contraseñas, en el Código del Trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo de BANPAIS, ya que las demandantes cometieron faltas graves a sus obligaciones legales, contractuales y reglamentarias, por no haber ejecutado sus labores con la mayor eficiencia, cuidado y esmero en el tiempo y condiciones convenidas, que de modo particular impartió la sociedad demandada, en la ejecución de sus labores, para prevenir actos o hechos fraudulentos.
El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras Adriana Briselda Cabrera Vides, Dilsa Celenia Pavón Escoto y Magda Elisa Borjas Suazo, contra la sociedad BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS); condenando a la demandada a pagar a la señora Adriana Briselda Cabrera Vides, la suma de L. 721,723.57, por los conceptos de preaviso: L.96,500.02; auxilio de cesantía auxilio de cesantía proporcional L.36,316.09•, vacaciones L.26,633.94; aguinaldo proporcional L.6,1 1 1.68; décimo cuarto mes proporcional L.25,41 1.73, más el pago de los salarios dejados de percibir; Dilsa Celenia Pavón Escoto, la suma de L. 161 ,524.56 por los conceptos de preaviso L.24,500.02; auxilio de cesantía L. 122,500.10; auxilio de cesantía proporcional L.3,91 1.80; vacaciones proporcionales L.2,609.23; aguinaldo proporcional L. 1,551.63; décimo cuarto mes proporcional L.6,451.73, más el pago de los salarios dejados de percibir; y, Magda Elisa Borjas Suazo, la suma de L.219,885.89, por los conceptos de preaviso L. 33,500.02; auxilio de cesantía L. 167,500.10; auxilio de cesantía proporcional L.5,343.83; vacaciones L.3,573.56; aguinaldo proporcional L. 1,93 1.68; décimo cuarto mes proporcional L.8,031.73, más el pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto las demandantes cometieron una falta al infringir los procedimientos y políticas establecidas por la institución, al haber hecho autorización de transferencia de Fondos de BANADESA de la cta. 213000028309 por la cantidad de no menos cierto es que la falta cometida por las demandantes según la parte demandada no se le dio cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa demandada; asimismo, las demandantes durante el desempeño de sus labores no han sido sancionadas por ninguna falta, de tal manera que la medida disciplinaria aplicada es totalmente desproporcionada a la falta. En vista de las consideraciones legales anteriores es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito, asistiéndoles el derecho al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y al pago de los salarios dejados de percibir. Que las demandantes también solicitan en su demanda el pago de aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional y vacaciones proporcionales, las que son procedente declarar con lugar, ya que el patrono deviene obligado a pagar éstos conceptos independientemente de la forma en que se dé por finalizada la relación de trabajo, y durante el curso del juicio el patrono no acreditó haber pagado éstos valores a las demandantes. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de revocar parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara con lugar la demanda promovida por las señoras Adriana Griselda Cabrera Vides, Dilsa Celenia Pavón Escoto y Magda Elisa Borjas Suazo, para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia, declara sin lugar la demanda promovida por las demandantes en cuanto a dichos conceptos, quedando vigente en el numeral primero únicamente que se declara con lugar la demanda para el pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional; revocando parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto condena a BANCO DEL PAIS, S.A., a pagarle a las demandantes el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia, absuelve al demandado de pagarle a las demandantes los conceptos antes mencionados, quedando vigente en el numeral segundo únicamente la condena para el pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional; confirmando totalmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) realizó un formal reclamo a Banco del País, por la extracción fraudulenta de la cantidad de quince millones de lempiras de la cuenta de ahorros No. 21-300-002830-9, que mantiene en dicha institución bancaria y que fueron transferidos el 8 de enero del año 2014, a una cuenta de encaje del Banco Continental No. 2210001000002-1, para ser trasladados a la cuenta interna No. 0258006691 a favor de la empresa CAFÉ Y MAS. Que con la práctica del medio de prueba reconocimiento judicial, se estableció que en el expediente administrativo No. 540-NUI, donde aparece denunciado el señor Roger Armando López Matute contra BANADESA, por estafa, aparece la fotocopia de la nota de fecha 8 de enero del 2014, la cual es similar a la que aparece agregada a folio 167 de los autos, con la diferencia que la nota que corre agregada en el expediente que lleva la Fiscalía, no tiene el sello que se describe así: Banco del País, S.A. REVISION DE FIRMAS empleados: Dilsa Pavón, fecha 8-I-2014, hora, operador: Dilsa que está casi al centro de la página. También fue acreditado en autos que luego del reclamo y de la investigación realizada, Banco del País, S.A., tuvo que devolver al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), la suma de quince millones, con lo cual quedó establecido el daño causado a la institución demandada por la falta de cuidado y esmero en el desempeño de las funciones asignadas a las demandantes, pues no siguieron los procedimientos establecidos por el Banco del País, S.A. para este tipo de transacciones. Que la juez a quo establece en su sentencia que en la transacción de L. 15.000.000.00, las demandantes no siguieron los pasos para la autorización y que después del reclamo trataron de esconder las anomalías, firmando y sellando la autorización y más adelante también señala que se acreditó que las demandantes cometieron faltas al infringir los procedimientos y políticas establecidas por la institución, al haber hecho autorización de transferencia de fondos de BANADESA de la cuenta NO. 13000028309 por dicha cantidad, sin embargo considera que la sanción de despido es desproporcional a la falta cometida, criterio que no comparte éste Tribunal, por haberse acreditado plenamente las irregularidades cometidas por las demandantes, que llevaron a que el Banco del País, S.A., fuera desfalcado en quince millones de lempiras, con lo cual se le causó daños a la empresa sobre todo en su imagen, por la responsabilidad ante sus clientes al efectuar las transacciones bancarias. Son justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, entre otros, toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas, así como cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamento o convencional. Que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio, se concluye que la parte demandada acreditó haber tenido justas causas para despedir a las trabajadoras Adriana Griselda Cabrera Vides, Dilsa Celenia Pavón Escoto y Magda Elisa Borjas Suazo, por lo que es procedente declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito.
Mediante auto de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la sala laboral contencioso administrativo resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MIRTA ENEIDA BEJARANO CASTRO, en su condición de representante procesal de las señoras ADRIANA BRISELDA CABRERA VIDES, DILSA CELENIA PAVON ESCOTO y MAGDA ELISA BORJAS SUAZO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. Que la Abogada MIRTA ENEIDA BEJARANO CASTRO, en su condición de representante procesal de las señoras ADRIANA BRISELDA CABRERA VIDES, DILSA CELENIA PAVON ESCOTO y MAGDA ELISA BORJAS SUAZO, formalizo su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.
Que en fecha diez de marzo del año dos mil veinte la sala laboral contencioso administrativo resolvió por mayoría declarar no ha lugar el recurso de casación de que se ha hecho merito en sus dos motivos; sin costas y que no habiendo unanimidad en la presente resolución, se remiten sus antecedentes al pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para estudio y posterior resolución; por su parte el disidente emitió su voto particular y resolvió según su criterio particular declarar la nulidad de la sentencia dictada por la corte de apelaciones del trabajo de esta sección judicial de fecha 16 de marzo del 2017,-
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-El artículo 316 de la Constitución de la Republica, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la sala no deben integrar el pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surgen como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la sala laboral contencioso administrativo, por lo que el honorable pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.-
SEGUNDO.-Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.; Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente."
TERCERO.-Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral l), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.
CUARTO-.Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial; Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
QUINTO.-Que en sentencia de fecha 16 de marzo de 2017. la Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial reforma la emitida por el a-quo, consecuentemente revoca parcialmente el numeral primero y segundo de la sentencia impugnada declarando sin lugar la demanda para el pago de prestaciones laborales y quedando vigente el numeral dos de la condena en cuanto al pago de los derechos adquiridos bajo el criterio: de que está plenamente acreditado que las demandantes incumplieron de forma grave las obligaciones y prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, quedando autorizado el empleador para dar por terminado los contratos de trabajo de las demandantes por causa justificada,
SEXTO.-Que revisado la sentencia impugnada, se estima que el ad-quem al momento de valorar y considerar los argumento expuesto por la demandada, omitió realizar pronunciamiento y razonamiento en lo referente a la prescripción esgrimida por la parte demandada lo que debió realizar debido a que está reformado parcialmente el fallo impugnado. Además, se omite realizar un examen exhaustivo del material probatorio aportado al proceso principalmente en lo concerniente a la gravedad de la falta cometida y de conformidad a lo establecido en la reglamentación interna de la empresa, tomando en cuenta, la proporcionalidad en la aplicación de la sanción, los antecedentes de las trabajadoras despedidas y ponderar lo anterior en relación a los principios generales que rigen la materia laboral, por lo anterior procede anular la sentencia impugnada.
SEPTIMO.-Que el deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.
OCTAVO.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria; Que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente; Que por las razones antes expuestas este pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por mayoría de votos al disentir los Magistrados ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO Y REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664 y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 208, 214, 215 numeral 5) 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9, l l y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral l) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 16 de marzo de 2017. Remitir las presentes diligencias al órgano jurisdiccional correspondiente para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.
Expediente S.L. 203-2017