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Sentencia CL-195-20 — Registro 13731

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que el patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de las prestaciones sociales, como ser preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes, salarios adeudados, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la causa invocada para la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede resulta inestimable, que en al igual que el anterior motivo: a) Se formula el concepto de infracción directa, modalidad de violación a la ley sustantiva que debe alegar al margen del material probatorio y, es el caso, que en su explicación se insta a la valoración de la prueba, lo cual es incompatible con dicho concepto; b) En la explicación indica que la norma aplicada indebidamente es el artículo 07 en su párrafo segundo del Código del Trabajo, el cual fue aplicado correctamente, de allí deriva su solidaridad al ser beneficiario con la seguridad que debió efectuar en forma directa y, b) Realiza alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Toda violación directa de la ley (ya sea por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea), según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación; se ha establecido que la misma se produce con prescindencia o exclusión de los hechos controvertidos sometidos al material probatorio, por ello, en este caso donde uno de los temas del debate es relacionado con la terminación de la relación laboral y que la demandada fue beneficiaria de la actividad de seguridad que pudo haberse efectuado en forma solidaria, lo cual fue objeto del material probatorio, no era la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; y, b) El artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos invocar, alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el  A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION.- El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 24 de mayo del 2021, por el Abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V., como recurrente; además, es parte recurrida, los señores: VÍCTOR ALEXIS CASTILLO; SIMEÓN CRUZ HERNANDEZ; JUAN BENITO BELTRAND CASTILLO; ARÍSTIDES ALDANA CASTEJÓN; DARWIN BENJAMÍN CASTILLO RIVERA; RAMON ALBERTO BETANCOURTH; BENJAMÍN BAJURTO BAJURTO; AGUSTÍN BAUTISTA SÁNCHEZ ALVAREZ; MIGUEL ÁNGEL ÁVILA SIERRA; ALEX YOVANI HENRÍQUEZ; ISAÍAS MIRANDA RAMÍREZ; RONY YOVANY GALEANO MURCIA; SERGIO ANÍBAL LANDAVERDE OSORIO; ALLAN MAURICIO MARTÍNEZ LÓPEZ; DEONY ALEXIS FLORES; JUAN ELEAZAR MADRID RAMOS; OSCAR ALEXIS BACA CANALES; EVIS CASY PEDRO; JOSÉ JAVIER ARAGÓN MURILLO; DONIMAN GALEAS BORDAS; OSCAR RANDOLFO MUÑOZ; JOSÉ RAÚL ROMERO SERRANO, representados en juicio por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LÓPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de las prestaciones sociales, como ser preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes, salarios adeudados, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 02 de mayo del 2019, por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LÓPEZ, en su condición de representante procesal de los señores: 1) VÍCTOR ALEXIS CASTILLO, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; 2) SIMEÓN CRUZ HERNANDEZ, con domicilio en San Manuel, Departamento de Cortés; 3) JUAN BENITO BELTRAND CASTILLO, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 4) ARÍSTIDES ALDANA CASTEJÓN, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 5) DARWIN BENJAMÍN CASTILLO RIVERA, con domicilio en Cofradía, Departamento de Cortés; 6) RAMON ALBERTO BETANCOURTH, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 7) BENJAMÍN BAJURTO BAJURTO, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; 8) AGUSTÍN BAUTISTA SÁNCHEZ ALVAREZ, con domicilio en Chamelecón, Departamento de Cortés; 9) MIGUEL ÁNGEL ÁVILA SIERRA, con domicilio en Pimienta, Departamento de Cortés; 10) ALEX YOVANI HENRÍQUEZ, con domicilio en Chamelecón, Departamento de Cortés; 11) ISAÍAS MIRANDA RAMÍREZ, con domicilio en Chamelecón, Departamento de Cortés; 12) RONY YOVANY GALEANO MURCIA, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 13) SERGIO ANÍBAL LANDAVERDE OSORIO, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 14) ALLAN MAURICIO MARTÍNEZ LÓPEZ, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; 15) DEONY ALEXIS FLORES, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; 16) JUAN ELEAZAR MADRID RAMOS, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 17) OSCAR ALEXIS BACA CANALES, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 18) EVIS CASY PEDRO, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 19) JOSÉ JAVIER ARAGÓN MURILLO, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; 20) DONIMAN GALEAS BORDAS, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; 21) OSCAR RANDOLFO MUÑOZ, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y 22) JOSÉ RAÚL ROMERO SERRANO, con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés; todos mayores de edad y hondureños, contra la empresa SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L., también conocida como SEPROSE, S. DE R.L., por medio de su representante legal el señor ALVING JESUS LAÍNEZ MÉNDEZ y de forma solidaria contra la empresa GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por medio de su representante legal el señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de enero del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales por despido injustificado promovida por la abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LÓPEZ, quienes actúa en su condición de apoderada legal de los señores 1. VÍCTOR ALEXIS CASTILLO, 2. SIMEÓN CRUZ HERNANDEZ, 3. JUAN BENITO BELTRAND CASTILLO, 4. ARÍSTIDES ALDANA CASTEJÓN, 5. DARWIN BENJAMÍN CASTILLO RIVERA, 6. AMON ALBERTO BETANCOURTH, 7. BENJAMÍN BAJURTO BAJURTO, 8. AGUSTÍN BAUTISTA SÁNCHEZ ALVAREZ, 9. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA SIERRA, 10. ALEX YOVANI HENRÍQUEZ, 11. ISAÍAS MIRANDA RAMÍREZ, 12. RONY YOVANY GALEANO MURCIA, 13. SERGIO ANÍBAL LANDAVERDE OSORIO, 14. ALLAN MAURICIO MARTÍNEZ LÓPEZ, 15. DEONY ALEXIS FLORES, 16. JUAN ELEAZAR MADRID RAMOS, 17. OSCAR ALEXIS BACA CANALES, 18. EVIS CASY PEDRO, 20. DONIMAN GALEAS BORDAS FERRERA, 21. OSCAR RANDOLFO MUÑOZ, 22. JOSÉ RAÚL ROMERO SERRANO; de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la sociedad denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R. L. a través de su representante legal señor ALVING JESUS LAÍNEZ MÉNDEZ, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, como demandada principal y la contra la sociedad GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S. A. DE C.V., a través de su representante legal señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia como demandada solidaria; A) CONDENA: a las sociedad SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R. L. a través de su representante legal señor ALVING JESUS LAÍNEZ MÉNDEZ, demandada principal y la sociedad GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S. A. DE C.V., a través de su representante legal señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS, a pagar la cantidad UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L-1,951,876.05); distribuida así: 1.- VÍCTOR ALEXIS CASTILLO, la cantidad de CIEN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CNTAVOS (L .100,235.456), desglosado así: Preaviso L. 35,665.20; Cesantía L. 35,665.20, cesantía proporcional L.7,380.72; vacaciones proporcionales L. 3,266.64, Aguinaldo proporcional L.2,179.83; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,944.83; Vacaciones pendientes L.7,133.04; Al trabajador 2.- SIMEÓN CRUZ HERNANDEZ, la cantidad de NOVENTA TRES MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRA CON VEINTISIETE CENTAVOS (L 93,560.27), desglosado así: Preaviso L.30,505.80; Cesantía L.30,505.80, cesantía proporcional L.14,532.62; vacaciones proporcionales L. 7,266.31 , Aguinaldo proporcional L. 2,106.37; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,643.37; Al trabajador 3.- JUAN BENITO BELTRAN, la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L 92,289.20), desglosado así: Preaviso L.30,505.80; Cesantía L.30,505.80, cesantía proporcional L. 13,685.24; vacaciones proporcionales L. 6,842.62, Aguinaldo proporcional L. 2,106.37; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,643.37; Al trabajador 4.- ARÍSTIDES ALDANA CASTEJÓN, la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (L 55,670.32), desglosado así: Preaviso L. 14,000.10; Cesantía L. 14,000.10, cesantía proporcional L. 12,716.76; vacaciones proporcionales L. 5,086.70, Aguinaldo proporcional L. 1,933.33; Décimo cuarto mes proporcional L.7,933.33; Al trabajador 5.- DARWIN BENJAMÍN CASTILLO RIVERA, la cantidad de SEENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L 67,075.60), desglosado así: Preaviso L. 15,166.80; Cesantía L.15,166.80, cesantía proporcional L.14,988.28; vacaciones proporcionales L. 5,999.31, Aguinaldo proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,594.38; Vacaciones pendientes L. 5,055.60; Al trabajador 6. RAMON ALBERTO BETANCOURTH, la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L 138,974.66), desglosado así: Preaviso L. 30,333.60; Cesantía L. 75,384.00, cesantía proporcional L.7,204.23; vacaciones proporcionales L.4,802.82, Aguinaldo proporcional L. 2,09443; Décimo cuarto mes proporcional L.8,594.38; Vacaciones pendientes L.10,111.20; Al trabajador 7.- BENJAMÍN BAJURTO BAJURTO, la cantidad de VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CEENTAVOS (L. 28,058.33), desglosado así: Preaviso L. 7,077.78; Cesantía L. 7,077.78, vacaciones proporcionales L. 3,213.89, Aguinaldo proporcional L. 2,094.44; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,594.44; Al trabajador 8.- AGUSTÍN BAUTISTA SÁNCHEZ ALVAREZ, la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L 89,285.05), desglosado así: Preaviso L. 35,505.60; Cesantía L. 35,505.60, cesantía proporcional L. 295.88; vacaciones proporcionales L. 127.11, Aguinaldo proporcional L. 2,106.37; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,643.37; Vacaciones pendientes L.7,101.12; Al trabajador 9.- MIGUEL ÁNGEL ÁVILA SIERRA, la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L 97,329.16), desglosado así: Preaviso L.30,333.60; Cesantía L. 30,333.60, cesantía proporcional L. 13,270.95; vacaciones proporcionales L. 6,635.48, Aguinaldo proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,594.38; Vacaciones pendientes L. 6,066.72; Al trabajador 10. ALEX YOVANI HENRÍQUEZ, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.141,412.50), desglosado así: Preaviso L.42,000.00; Cesantía L. 42,000.00, cesantía proporcional L. 18, 141.67; vacaciones proporcionales L.9,070.83, Aguinaldo proporcional L. 2,900.00; Décimo cuarto mes proporcional L. 11,900.00; Vacaciones pendientes L. 15,400.00; Al trabajador 11.- ISAÍAS MIRANDA RAMÍREZ, la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L. 97,076.37), desglosado así: Preaviso L.30,333.60; Cesantía L.30,333.60, cesantía proporcional L. 13, 102.43; vacaciones proporcionales L.6,551.21, Aguinaldo proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,594.38; Vacaciones pendientes L. 6,066.72; Al trabajador 12. RONY YOVANY GALEANO MURCIA, la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L.95,812.48), desglosado así: Preaviso L. 30,333.60; Cesantía L.30,333.60, cesantía proporcional L. 12,259.83; vacaciones proporcionales L.6,129.92, Aguinaldo proporcional L.2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L.8,594.38; Vacaciones pendientes L. 6,066.72; Al trabajador 13.- SERGIO ANÍBAL LANDAVERDE OSORIO, la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.47,552.56), desglosado así: Preaviso L. 15,166.80; Cesantía L. 15,166.80, cesantía proporcional L. 1,053.25; vacaciones proporcionales L.421.30, Aguinaldo proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L.8,594.38; Vacaciones pendientes L.5,055.60; Al trabajador 14.- ALLAN MAURICIO MARTÍNEZ LÓPEZ, la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L.180,472.71), desglosado así: Preaviso L.30,333.60; Cesantía L. 106, 167.60, cesantía proporcional L. 13,902.90; vacaciones proporcionales L. 9,268.60, Aguinaldo proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L.8,594.38; Vacaciones pendientes L. 10,111.20; Al trabajador 15. DEONY ALEXIS FLORES, la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L. 97,076.37), desglosado así: Preaviso L.30,333.60; Cesantía L.30,333.60, cesantía proporcional L. 13,102.43; vacaciones proporcionales L. 6,551.21, Aguinaldo proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,594.38; Vacaciones pendientes L. 6,066.72; Al trabajador 16.- JUAN ELEAZAR MADRID RAMOS, la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 88,348.87), desglosado así: Preaviso L. 30,505.80; Cesantía L.30,505.80, cesantía proporcional L. 11,058.35; vacaciones proporcionales L.5,529.18, Aguinaldo proporcional L. 2,106.37; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,643.37; Al trabajador 17.- OSCAR ALEXIS BACA CANALES, la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 82,922.29), desglosado así: Preaviso L. 30,496.80; Cesantía L.30,496.80, cesantía proporcional L.4,743.95; vacaciones proporcionales L. 2,371.97, Aguinaldo proporcional L. 2,105.74; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,640.79; Vacaciones pendientes L.4,066.24; Al trabajador 18.- EVIS CASY

PEDRO, la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEE CENTAVOS (L. 57,823.69), desglosado así: Preaviso L. 11,666.70; Cesantía L. 11,666.70, cesantía proporcional L.6,319.46; vacaciones proporcionales L. 2,527.79, Aguinaldo proporcional L. 1,611.10; Décimo cuarto mes proporcional L. 6,611.04; Vacaciones pendientes L.3,888.90; aguinaldo adeudado L. 10,000.00, salario adeudado L. 1,000.00, pago de horas extras adeudadas L.1,200.00, otros pagos L.1,332.00 Al trabajador 19.- JOSÉ JAVIER ARAGÓN MURILLO, la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L 83,931.82), desglosado así: Preaviso L.30,333.60; Cesantía L. 30,333.60, cesantía proporcional L.4,339.39; vacaciones proporcionales L.2,169.70, Aguinaldo proporcional L.2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L.8,594.38; Vacaciones pendientes L.6,066.72; Al trabajador 20.- DONIMAN GALEAS BORDAS FERRERA, la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L 52,250.02), desglosado así: Preaviso L. 11,666.70; Cesantía L. 11,666.70, cesantía proporcional L4,861.13; vacaciones proporcionales L. 1,944.45, Aguinaldo proporcional L. 1,611.10; Décimo cuarto mes proporcional L.6,611.04; Vacaciones pendientes L.3,888.90, décimo cuarto pendiente L.10,000.00; Al trabajador 21.- OSCAR RANDOLFO MUÑOZ, la cantidad de CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L.108,495.41), desglosado así: Preaviso L.30,505.80; Cesantía L.30,505.80, cesantía proporcional L. 13,303.92; vacaciones proporcionales L.6,651.96, Aguinaldo proporcional L.2,106,37; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,643.37; Pago días feriados L. 9,151.74; Vacaciones pendientes L. 7,626.45; Al trabajador 22.- JOSÉ RAÚL ROMERO SERRANO, la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L. 56,222.91), desglosado así: Preaviso L.15,166.80; Cesantía L. 15,166.80, cesantía proporcional L.7,246.36; vacaciones proporcionales L.2,898.54, Aguinaldo proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L.8,594.38; Vacaciones pendientes L.5,055.60.- SEGUNDO: ABSUELVE: A las sociedad SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R. L. a través de su representante legal señor ALVING JESUS LAÍNEZ MÉNDEZ, demandada principal y la sociedad GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S. A. DE C.V., a través de su representante legal señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS, de la responsabilidad del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.-TERCERO: DECLARA SIN LUGAR LA EXPECION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA COMO DEFECTO PROCESAL DERIVADO DE LA INEXISTENCIA DE ESE PRESUPUESTO; interpuesta por la parte demandada solidaria.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral con la demandada, así: Víctor Alexis Castillo, el 02 de octubre del 2016, como Guardia de Seguridad y devengaba un salario mensual de L.13,530.00; Simeón Cruz Hernandez, el 18 de marzo del 2016, como Guardia de Seguridad y devengaba un salario mensual de L.13,074.00; JUAN BENITO BELTRAND CASTILLO, el 08 de abril del 2016, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L.13,074.00 mensuales; Arístides Aldana Castejón, el 02 de agosto del 2017, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L. 12,000.00 mensuales; Darwin Benjamín Castillo Rivera, el 05 de marzo del 2017, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L.13,000.00 mensuales; Ramon Alberto Betancourth, el 10 de septiembre del 2013, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L. 13,000.00 mensuales; Benjamín Bajurto Bajurto, el 31 de mayo del 2018, como Oficial de Seguridad y devengando un salario de L. 13,000.00 mensuales; Agustín Bautista Sánchez Álvarez, el 25 de febrero del 2017, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario L. 13,074.00 mensuales; Miguel Ángel Ávila Sierra, el 16 de abril del 2016, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario L. 13,000.00 mensuales; Alex Yovani Henríquez, el 20 de abril del 2016, como Oficial de Seguridad y devengando un salario de L. 18,000.00 mensuales; Isaías Miranda Ramírez, el 20 de junio del 2016, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario devengando un salario de trece mil lempiras L.13,000.00 mensuales; Rony Yovany Galeano Murcia, el 10 de mayo del 2016, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L. 13,000.00 mensuales; Sergio Aníbal Landaverde Osorio, el 06 de febrero del 2018, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L. 13,000.00 mensuales; Allan Mauricio Martínez López, el 01 abril del 2011, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L. 13,000.00 mensuales; DEONY ALEXIS FLORES, el 20 de abril del 2016, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L.13,000.00) mensuales; Juan Eleazar Madrid Ramos, el 10 de junio del 2016, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L. 13, 074.00 mensuales; Oscar Alexis Baca Canales, el 09 de noviembre del 2016, como Oficial de Seguridad y devengando un salario de L.13,070.00) mensuales; Evis Casy Pedro, el 16 de agosto del 2017, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L. 10, 000.00, mensuales; José Javier Aragón Murillo, el 18 de noviembre del 2016, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L.13,000.00 mensuales; Doniman Galeas Bordas Ferrera, el 01 de octubre del 2017, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L.10,000.00 mensuales; Oscar Randolfo Muñoz, el 17 de abril del 2016, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario L.13,074.00) mensuales; José Raúl Romero Serrano, el fecha 09 de septiembre del 2017, como Oficial de Seguridad y devengaba un salario de L. 13, 000.00 mensuales; manifestaron además que el 28 de febrero del 2019, la patronal les comunicó en forma verbal que estaban despedidos y que al no entregarles una nota por escrito de despido, se desplazaron el día 01 de marzo del 2019, a las oficinas principales de la empresa y la sorpresa fue que encontraron la empresa cerrada, acudiendo a las oficinas de la Secretaría de Trabajo para solicitar un Inspector de Trabajo para que constatara el cierre de la empresa; Y que el 05 de marzo del 2019, se presentó el Inspector Manuel Caballero, a las oficinas de la empresa conocida como SEPROSE S. DE R.L., donde constató que en efecto estaba cerrado el local donde funcionaba la empresa y así lo dejó consignado en acta; así mismo, la Inspectora Wendy Molina, de la Secretaría de Trabajo, constató que efectivamente la empresa cerró operaciones y así se consignó en acta; que patronal el 06 de marzo del 2019, llamó a los demandantes, para arreglar lo de sus aportaciones pero lo que les entregó fue una constancia de trabajo firmada por la Gerente de Recursos Humanos en la que especificaba la fecha de ingreso y la fecha que cerró la empresa, con fecha 04 de marzo, pero fue entregada hasta el 06 de marzo; igualmente argumentaron que con el cierre de la empresa constatado por el Inspector de Trabajo, la patronal estaba obligada a pagarles las prestaciones y demás derechos reclamados, ya que según la ley y los Convenios Internacionales, los trabajadores deberán gozar de adecuada protección y estabilidad laboral, pero la patronal violentó esos convenios al cerrar la empresa sin justificar su accionar y sin pagarles hasta la fecha lo que por ley les correspondía en relación a sus prestaciones laborales y que además la demanda se presentó de manera solidaria contra la empresa GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A DE C.V., porque era para quien prestaban los servicios de seguridad; asimismo manifestaron, que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio comparecieron ante la Oficina de la Secretaría de Trabajo, específicamente en Inspección, Conciliación y Procuraduría, Procuraduría de Trabajo en San Pedro Sula y al no haber comparecido ningún representante de las empresas se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- Las partes demandadas: A) La empresa SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L., contestó dicha demanda rechazando los hechos de la misma, alegando en su defensa, que fue fundada en julio del 2009, llegando a contratar un máximo de 600 empleados, con los cuales siempre hubo armonía e integración patrono-trabajador y que jamás se llegó a esos extremos; ya que la empresa conciliaba todos los inconvenientes que se suscitaban y que la presente causa tiene su génesis en un asunto contractual con el único cliente denominado GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V., que agrupa a las empresas: EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAMINO REAL S.A. DE C.V. (AGROCRESA S.A. DE C.V.), EMPRESA AGROINDUSTRIAL GUAYMAS S.A. DE C.V. (AGROGUAY S.A. DE C.V.), EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAVA S.A. DE C.V. (AGROINSA S.A. DE C.V.), EMPRESA AGROINDUSTRIAL MEZAPA S.A. DE C.V. (AGROMESA S.A. DE C.V.), EMPRESA AGRÍCOLA MONTE ALTO S.A. DE C.V. (AGROMONTE S.A. DE C.V.), EMPRESA PALMAS DE SAN ALEJO S.A. DE C.V. (PALSA S.A. DE C.V.), EMPRESA SERVICIOS MECÁNICOS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (SERMISA S.A. DE C.V.), EMPRESA AGRÍCOLA TORNABA S.A. DE C.V. (AGROTOR S.A. DE C.V.), EMPRESA COMPAÑÍA AGRÍCOLA CEIBEÑA S.A. DE C.V. (CAISESA S.A. DE C.V.), con oficinas administrativas en la ciudad de San Pedro Sula; que la demandada dio por terminada la relación laboral con 80 trabajadores, de los cuales a 68 se le pagaron sus prestaciones y 12 demandaron porque nunca fueron localizados, en dos causas separadas; y que el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PÉREZ, en su condición de apoderado legal de los señores JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ LORENZO, JORGE ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER RAMOS HERNANDEZ Y OTROS, en fecha 17 de febrero del 2016, promovió demanda laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, en el Juzgado Seccional de La Ceiba, contra la empresa CAISESA, perteneciente al grupo JERAMAR, representada por Dany Gabrie, en su condición de representante de la empresa y contra SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE S. DE R.L.) y el 29 de febrero del 2016, el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PÉREZ, en su condición de apoderado legal de los señores JOSÉ ALFREDO MEDRANO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO PEÑA FIGUEROA, MANUEL DE JESUS VILLANUEVA Y OTROS, nuevamente interpuso una segunda demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, contra la empresa CAISESA perteneciente al grupo JAREMAR, representa por Dany Gabrie, en su condición de representante de la empresa y de SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE S. DE R.L.) y que ambas demandas concluyeron en sentencia condenatoria y firmes, condenando a SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE, S. DE R.L.) al pago de cinco millones de lempiras entre las dos demandas; a lo que la empresa obtuvo préstamos en diferentes instituciones bancarias para cumplir los compromisos de pago salarial de los trabajadores de los contratos embargados; y que posteriormente mediante Oficio No. 436-JTL-2019, de fecha 31 de enero del 2018, girado por el Juzgado de Letras sección Judicial de La Ceiba, decretó embargo sobre los contratos de cualquier naturaleza y pagos que pudiesen tener las siguientes empresas TORNABE (AGROTOR S.A. DE C.V.; INDUSTRIA ACEITERA (INDOSA); OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS (OLEPSA); BUFALO INDUSTRIAL (BUFINSA); PRODUCTORA DE ALIMENTOS (PROALSA), TRANSPORTES DEL LITORAL (TRANSLISA), así como a las empresas PALMAS DE SAN ALEJO, S.A. DE C.V.; AGRICOLA MOTE ALTO, S.A. DE C.V., SERVICIOS MECANICOS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., AGROPASO (dichas empresas forman parte del grupo JAREMAR) con la empresa SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE, S. DE R.L.) procedió a levantar embargo por la cantidad de L.1,791,685.35, para cubrir el total de la primera demanda y que en ese ínterin la empresa contratante GRUPO JAREMAR, el 14 de enero del 2019, procedió a notificarle a SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE, S. DE R.L.), la no renovación de los contratos por sus servicios; sin embargo, en días posteriores pidieron una prórroga hasta el 28 de febrero del 2019, fecha desde la cual fue materialmente imposible el sostenimiento operacional y administrativo de SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE, S. DE R.L.); además argumentaron, que a la fecha de la cancelación de los contratos por la prestación de los servicios de seguridad al grupo JAREMAR, la demandada contaba con unos 350 empleados de diferentes categorías, con muchos de los cuales se llegó a arreglo conciliatorio, inclusive operaciones desde el momento de la cancelación de dichos contratos, subsistiendo hasta el presente momento en el inventario de SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE, S. DE R.L.) algunas armas de fuego, chalecos; extremo que hizo imposible el cumplimiento por parte de esta patronal con las obligaciones de los ahora demandantes, por una decisión arbitraria de una Juez de otra jurisdicción, quien lejos de embargar solamente la utilidad neta de la sociedad SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE, S. DE R.L.) o haber nombrado un inventor con cargo a la caja, ordenó el embargo de la totalidad del monto obtenido por los contratos, dejando sin el salario de nuestros empleados, afectando los derechos laborales y los derechos humanos, además de los daños y perjuicios ocasionados a la demandada, misma que se vio obligada a la liquidación forzosa por el surgimiento del caso fortuito antes mencionado. Y B) La sociedad mercantil denominada GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S. A. DE C.V., contestó dicha demanda rechazando los hechos de la misma, alegando en su defensa que los extremos relativos a la fecha en que inició la relación laboral entre los demandantes y la sociedad mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L., el salario que devengaron y las circunstancias relativas a como terminaron su relación contractual les corresponderá probarlos y que la demandada no es parte en esa discusión; y que es una sociedad mercantil que tiene como actividad principal la agroindustria y dicha actividad la realiza en distintas plantas que tiene en lugares diversos del territorio nacional; que la sociedad mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L., por su naturaleza se dedicaba a proveer servicios de seguridad y que en algún momento brindó ese servicio a la demandada solidaria, utilizando para ello su propio personal de seguridad, el cual estaba bajo su dependencia y subordinación; alegó, que la demandada solidaria no contrataba guardias en particular, sino que la empresa de seguridad asignaba el personal que según su criterio podía cumplir con la prestación del servicio de seguridad; asimismo, manifestó que los demandantes dirigieron su acción contra SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. y de manera solidaria contra GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, como beneficiario de las labores que realizaban. Señaló que la demandada GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S. A. de C.V., no tiene ninguna responsabilidad solidaria derivada de la terminación de la relación de trabajo entre los señores demandantes y su patrono SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L., porque las labores de seguridad que le proveía esta, eran extrañas a la actividad normal de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS; eran labores tan extrañas o ajenas que no pudieron considerarse ni siquiera como inherentes, entendida la inherencia como las labores que son de su propia naturaleza o conexas cuando están relacionadas entre sí o unas son consecuencia de las otras. Asimismo, en audiencia, interpuso la EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA COMO DEFECTO PROCESAL DERIVADO DE LA INEXISTENCIA DE ESE PRESUPUESTO.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 28 de enero del 2020, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LÓPEZ, en su condición de representante procesal de los señores: VÍCTOR ALEXIS CASTILLO; SIMEÓN CRUZ HERNANDEZ; JUAN BENITO BELTRAND CASTILLO; ARÍSTIDES ALDANA CASTEJÓN; DARWIN BENJAMÍN CASTILLO RIVERA; RAMON ALBERTO BETANCOURTH; BENJAMÍN BAJURTO BAJURTO; AGUSTÍN BAUTISTA SÁNCHEZ ALVAREZ; MIGUEL ÁNGEL ÁVILA SIERRA; ALEX YOVANI HENRÍQUEZ; ISAÍAS MIRANDA RAMÍREZ; RONY YOVANY GALEANO MURCIA; SERGIO ANÍBAL LANDAVERDE OSORIO; ALLAN MAURICIO MARTÍNEZ LÓPEZ; DEONY ALEXIS FLORES; JUAN ELEAZAR MADRID RAMOS; OSCAR ALEXIS BACA CANALES; EVIS CASY PEDRO; JOSÉ JAVIER ARAGÓN MURILLO; DONIMAN GALEAS BORDAS; OSCAR RANDOLFO MUÑOZ; JOSÉ RAÚL ROMERO SERRANO, contra la empresa SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L., también conocida como SEPROSE, S. DE R.L., por medio de su representante legal el señor ALVING JESUS LAÍNEZ MÉNDEZ y de forma solidaria contra la empresa GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V., por medio de su representante legal el señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS, condenó a las sociedades demandadas, a pagar la cantidad L.1,951,876.05; distribuidos así: VÍCTOR ALEXIS CASTILLO, la cantidad de L.100,235.456; SIMEÓN CRUZ HERNANDEZ, la cantidad de L. 93,560.27; JUAN BENITO BELTRAN, la cantidad de L. 92,289.20; ARÍSTIDES ALDANA CASTEJÓN, la cantidad de L.55,670.32; DARWIN BENJAMÍN CASTILLO RIVERA, la cantidad de L.67,075.60; RAMON ALBERTO BETANCOURTH, la cantidad de L.138,974.66; BENJAMÍN BAJURTO BAJURTO, la cantidad de L. 28,058.33; AGUSTÍN BAUTISTA SÁNCHEZ ALVAREZ, la cantidad de L. 89,285.05; MIGUEL ÁNGEL ÁVILA SIERRA, la cantidad de L. 97,329.16); ALEX YOVANI HENRÍQUEZ, la cantidad de L.141,412.50; ISAÍAS MIRANDA RAMÍREZ, la cantidad de L. 97,076.37; RONY YOVANY GALEANO MURCIA, la cantidad de L. 95,812.48; SERGIO ANÍBAL LANDAVERDE OSORIO, la cantidad de L.47,552.56; ALLAN MAURICIO MARTÍNEZ LÓPEZ, la cantidad de L.180,472.71; DEONY ALEXIS FLORES, la cantidad de L. 97,076.37; JUAN ELEAZAR MADRID RAMOS, la cantidad de L.88,348.87; OSCAR ALEXIS BACA CANALES, la cantidad de L. 82,922.29; EVIS CASY

PEDRO, la cantidad de L. 57,823.69; JOSÉ JAVIER ARAGÓN MURILLO, la cantidad de L. 83,931.82; DONIMAN GALEAS BORDAS FERRERA, la cantidad de L. 52,250.02; OSCAR RANDOLFO MUÑOZ, la cantidad de L.108,495.41; JOSÉ RAÚL ROMERO SERRANO, la cantidad de L. 56,222.91; en concepto de pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos; absolvió a las sociedades demandadas, de la responsabilidad del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; y declaró sin lugar la Excepción de Falta de Legitimación Pasiva como Defecto Procesal derivado de la inexistencia de ese presupuesto; interpuesta por la parte demandada solidaria; sin costas; bajo el criterio que en el sub judice, es visto de la contestación de la demanda que GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A., reconoce su responsabilidad solidaria en razón de la suscripción de un contrato por hora entre el codemandado y los trabajadores demandantes; sin embargo, de las pruebas aportadas al proceso se concluye la existencia de un contrato por tiempo indefinido, como ya se dejó establecido, por lo que la responsabilidad económica del presente caso debe ser asumida por esta de forma solidaria en los términos que antes se expuso, de ahí que las pretensiones de la representación procesal demandante son procedentes (criterio sostenido por el Tribunal de Alzada); que la parte demandada solidaria interpuso la expresión de FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA COMO DEFECTO PROCESAL DERIVADO DE LA INEXISTENCIA DE ESE PRESUPUESTO; que con relación a dicha excepción según la doctrina, por legitimación en la causa se entiende la identidad del actor como la persona a quien la ley le concede la acción instaurada (legitimación pasiva), y la identidad del demandado como la persona contra quien es concedida la acción (legitimación pasiva), por ende, la legitimación en la causa se refiere a la titularidad del derecho de acción o de contradicción, respectivamente para que en un proceso laboral exista la legitimación en la causa pasiva, es indispensable que la acción se instaure contra la persona natural o jurídica, que tenga o haya tenido la calidad de patrono o contra el responsable solidariamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 reformado del Código del Trabajo, por el Decreto número 45 de fecha 17 de febrero del año 1961 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 705 del Código del Trabajo, en todo caso la demanda se dirigirá contra la parte a quien se reclame o contra su representante cuando este tenga la facultad de comparecer en juicio en nombre del aquél.- En el caso de autos, el denunciante niega tener responsabilidad alguna con los demandantes; sin embargo, de los autos resulta acreditado que era la beneficiaria del servicio que prestaban los trabajadores demandantes a la sociedad SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L.; por tal razón, procede declarar sin lugar dicha excepción.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 31 de agosto del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la representación procesal demandada de forma solidaria ha interpuesto la excepción de falta de legitimación pasiva basado en la inexistencia de la responsabilidad solidaria de sociedad mercantil denominada GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V., al sostener que su giro mercantil es distinto al de la empresa demandada de forma principal; en razón de dicho planteamiento, corresponde a ésta alzada determinar si concurren o no los presupuestos del artículo 7 del Código del Trabajo para establecer la procedencia o no de la excepción planteada. Dicha disposición legal en el párrafo segundo contempla la responsabilidad solidaria por parte del beneficiario del trabajo o dueño de la obra, de las obligaciones de los contratistas frente a sus trabajadores por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio; solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios. En un asunto similar al que nos ocupa conocido vía recurso de casación número 490-15, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó su criterio fijado en la sentencia del 7 de diciembre del 2015, dictada en el expediente CL 310-15, donde señaló que: “...al tema de la interpretación del articulo 7 párrafo segundo reformado del Código del Trabajo, el cual establece la solidaridad en la tercerización de obras o labores, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, toda vez que las mismas no se trate de labores extrañas a la actividad normal de la empresa o negocio y que en el caso de autos los tribunales de grado han apreciado que las mismas han podido ser efectuadas por la empresa demandada o en la forma que ha contratado a un tercero, quiere ello decir que si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que éste adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales ... estudiado el caso en examen se estima, que el juzgador de instancia al momento de dictar su fallo ha resuelto la situación controvertida de conformidad con el tema de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 7 reformado del Código del Trabajo, toda vez que ha estimado que han concurrido los supuestos que dicha norma prevé en los casos de tercerización o triangulación ...” En el caso que nos ocupa, la empresa demandada de forma principal suscribió contratos de servicios de seguridad con varias empresas del GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C. V., según lo constató la iudex A-quo (folio: 305pp), resultando de autos que los demandantes fueron contratados por la empresa de seguridad SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R. L., para realizar labores vinculadas a la seguridad, por lo que, considerando el criterio establecido en el numeral anterior, en este caso es preciso concluir que al ser GRUPO JAREMAR beneficiario de la obra, es en realidad sujeto patronal y por tanto responsable de forma solidaria tal y como lo estimó la Juez de primera instancia y por ende la excepción de falta de legitimación no procede, pues aunque el giro mercantil de las empresas son distintas, la actividad de seguridad ha podido ser efectuada por la accionada de forma solidaria y decidió contratar a un tercero; por las razones antes expuestas, ésta alzada estima procedente CONFIRMAR la sentencia impugnada.- 5.- Mediante auto de fecha 07 de octubre del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HÉCTOR HORACIO NAVARRO BARAHONA, en su condición de representante procesal de sociedad mercantil GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 24 de mayo del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V., formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, de forma extemporánea; por lo que en proveído de fecha 03 de septiembre del 2021, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LÓPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el Abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del Código del Trabajo, en relación con el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del mismo cuerpo normativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICIÓN SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye el artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del Código del Trabajo, en relación al párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del mismo cuerpo normativo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: Respecto a la interpretación errónea como motivo de casación, este alto tribunal ha señalado reiteradamente que "la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo Asimismo, esta honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, ha señalado que la violación directa de la Ley, por cualquiera de sus modalidades, como ser infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, exige que la sentencia se encuentre en abierta y manifiesta rebeldía contra la norma legal, por omisión, abuso o desacierto en su aplicación, con prescindencia del material probatorio2. La violación por vía directa indicada (interpretación errónea), se produce cuando se aplica la Ley que corresponde, pero se la da un alcance diferente o interpretación equivocada y siempre con independencia de toda cuestión probatorio, ya que lo que se discute es el derecho3. La interpretación errónea de la ley ocurre cuando el juzgador, a pesar de haber escogido la norma aplicable al caso concreto (situación fáctica planteada), le da un alcance que no tiene a la proposición jurídica completa que aplica, es decir, comete un error cuando la interpreta. El error puede cometerse porque se le da a la norma que se aplica un sentido jurídico que no tiene, o se le atribuyen consecuencias que son contrarias a su propio contenido. Por lo tanto, sin instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas evacuadas, sino basándonos en los hechos aceptados por las partes y reconocidos por el tribunal, explicamos la infracción de la siguiente manera: En el caso que nos ocupa, pese a que la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, determinó en el cuadro fáctico el hecho que las labores realizadas por los demandantes como guardias de seguridad empleados por la empresa SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L., implicaban labores extrañas a la actividad normal de la empresa GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V. (véase fundamento de derecho tercero), estimó la existencia de la responsabilidad solidaria en el pago de derechos y prestaciones a favor de los actores. Al hacer esto, el iudex ad quem interpreta erróneamente el artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del Código del Trabajo, mismo que reza lo siguiente: “Artículo 95. Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: 1. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos en el contrato, o en los establecidos por las leyes y reglamentos de trabajo, o por los reglamentos internos o convenios colectivos, o en su defecto por la costumbre”. Sobre esta norma debemos hacer la aclaración que si bien, tanto la sentencia de primera instancia como la proferida por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo que confirma el fallo del a quo, en ninguna de estas dos sentencias se consigna en los fundamentos de derecho el artículo 95 en su preámbulo y numeral 1, es una omisión implícita en el texto de los fallos, por cuanto esta disposición regula las obligaciones de los patronos incluyendo el pago de las remuneraciones respecto a su trabajador, las cuales deben realizarse en las condiciones que establezcan los contratos, leyes o reglamentos, todo lo cual es parte del reclamo planteado por la parte demandante. Por tanto, aunque no se encuentre expresamente citada se aprecia su aplicación. Relacionado a esto, el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado de este mismo cuerpo legal, dispone: “Artículo 7. Intermediario: es (…). Son contratistas (…). Pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, será solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios" (lo resaltado es nuestro). El párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código de Trabajo, vuelve extensiva la aplicación del artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del mismo texto legal, respecto a los beneficiarios de los servicios prestados por los trabajadores. Es decir, con fundamento en el citado párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, la obligación de pago de las remuneraciones estipulada en el artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del mismo cuerpo legal no solamente corresponde ser impuesta al patrono, sino también al beneficiario de la labor, siempre y cuando concurra el presupuesto legal que consiste en que las labores prestadas NO sean EXTRAÑAS a la actividad normal de la empresa beneficiaria. Por tanto, si las labores resultan extrañas a la actividad normal de la empresa beneficiaria, no habrá responsabilidad solidaria por parte de esta. Sin embargo, la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, en su fundamento de derecho tercero, incurre en la infracción denunciada al interpretar erróneamente estas disposiciones legales cuando señala: “TERCERO: En el caso que nos ocupa, la empresa demandada de forma principal suscribió contratos de servicios de seguridad con varias empresas del GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V. según lo constató la iudex a-quo (folio: 305pp), resultando de autos que los demandantes fueron contratados por la empresa de seguridad (SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L.) para realizar labores vinculadas a la seguridad, por lo que considerando el criterio establecido en el numeral anterior, en este caso es preciso concluir que al ser GRUPO JAREMAR beneficiario de la obra, es en realidad sujeto patronal, y por tanto responsable de forma solidaria tal y como lo estimó la Juez de primera instancia y por ende la excepción de falta de legitimación no procede, pues aunque el giro mercantil de las empresas son distintas, la actividad de seguridad ha podido ser efectuada por la accionada de forma solidaria y decidió contratar a un tercero" (lo resaltado y subrayado es nuestro). Por lo tanto, la interpretación errónea de estas normas se torna evidente, pues aun cuando la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo reconoce paladinamente que el giro mercantil del contratista (SEPROSE), difiere del giro mercantil del beneficiario (GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V.), estimó igualmente procedente la imposición de la obligación solidaria respecto al pago de derechos y prestaciones laborales de los demandantes, violentando con ello la norma sustantiva invocada, en tanto que los empleados de SEPROESE realizaban labores extrañas a la actividad normal de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., no correspondiendo la atribución de responsabilidad para el beneficiario. La correcta interpretación del artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 relacionado con párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del mismo cuerpo normativo, tiene como resultado apreciar que, por tratarse la actividad de los empleados de SEPROSE de labores extrañas a la actividad normal de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., no corresponde imponer la obligación solidaria del pago de los salarios y demás derechos laborales reclamados por los demandantes respecto a la sociedad mercantil GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., ya que dicha solidaridad solamente concurre cuando el beneficiario del trabajo ejecuta labores similares a las que recibe por parte del contratista, supuesto de hecho no recogido en el factum de la sentencia impugnada. Por tal razón, este motivo es procedente y debe ser estimado, al ser la interpretación errónea de los artículos infringidos evidente y determinante en el sentido del fallo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la causa invocada para la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICIÓN SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: El párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo establece lo que esta honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo denomina tercerización o triangulación, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 7. Intermediario: es (…). Son contratistas (…). Pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, será solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios " (lo resaltado es nuestro). Conforme a la jurisprudencia de este alto tribunal de justicia4, para que concurra la solidaridad en la tercerización de obras o labores, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, se requiere que (1) se haya contratado a terceros para que adelanten una actividad y (2) que dicha actividad implique una labor que no sea extraña a lo que constituya lo primordial de las actividades empresariales. No obstante, la honorable Corte de Apelaciones, en su fundamento de derecho tercero interpreta erróneamente esta disposición legal cuando señala: “TERCERO: En el caso que nos ocupa, la empresa demandada de forma principal suscribió contratos de servicios de seguridad con varias empresas del GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V. según lo constató la iudex a-quo (folio: 305pp), resultando de autos que los demandantes fueron contratados por la empresa de seguridad (SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L.) para realizar labores vinculadas a la seguridad, por lo que considerando el criterio establecido en el numeral anterior, en este caso es preciso concluir que al ser GRUPO JAREMAR beneficiario de la obra, es en realidad sujeto patronal, y por tanto responsable de forma solidaria tal y como lo estimó la Juez de primera instancia y por ende la excepción de falta de legitimación no procede, pues aunque el giro mercantil de las empresas son distintas, la actividad de seguridad ha podido ser efectuada por la accionada de forma solidaria y decidió contratar a un tercero". Se colige de esto que, si las partes y la propia honorable Corte de Apelaciones del Trabajo reconocen la naturaleza disímil de los giros comerciales de SEPROSE y de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., la imposición de la responsabilidad solidaria frente a esta última resulta improcedente. El párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, es claro en estipular que las actividades prestadas por el contratista no deben ser extrañas a las realizadas por el beneficiario para que exista solidaridad; sin ese presupuesto legal, no es posible subsumir el cuadro fáctico dentro de la norma infringida. Por todos estos fundamentos, es procedente admitir este motivo y casar la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, este alto tribunal proceda a dictar nueva sentencia interpretando correctamente el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo. En relación, se aclara que si bien el precepto designado como infringido se encuentra dentro de Título I, Disposiciones Generales, Capítulo Único, Disposiciones Generales, lo que sugiere que se trata de una norma general, inviolable en casación, no es menos cierto que el contenido específico de la norma en su párrafo segundo, segunda oración, determina obligaciones de carácter sustantivo, habilitando su censura directa en casación. El carácter sustantivo de la norma, deriva de su contenido, no de su ubicación sistemáticamente en el Código del Trabajo. Así, la correcta interpretación del párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, tiene como resultado apreciar que, por tratarse la actividad de los empleados de SEPROSE de labores extrañas a la actividad normal de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., no corresponde imponer la obligación solidaria del pago de los salarios y demás derechos laborales reclamados por los demandantes respecto a la sociedad mercantil GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., ya que dicha solidaridad solamente concurre cuando el beneficiario del trabajo ejecuta labores similares a las que recibe por parte del contratista, supuesto de hecho no recogido en el factum de la sentencia impugnada. Por tal razón, este motivo es procedente y debe ser estimado, ya que la interpretación errónea del precepto infringido es evidente y determinante en el sentido del fallo”.- V. Que el cargo que antecede resulta inestimable, que en al igual que el anterior motivo: a) Se formula el concepto de infracción directa, modalidad de violación a la ley sustantiva que debe alegar al margen del material probatorio y, es el caso, que en su explicación se insta a la valoración de la prueba, lo cual es incompatible con dicho concepto; b) En la explicación indica que la norma aplicada indebidamente es el artículo 07 en su párrafo segundo del Código del Trabajo, el cual fue aplicado correctamente, de allí deriva su solidaridad al ser beneficiario con la seguridad que debió efectuar en forma directa y, b) Realiza alegatos propios de instancia.- VI. Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del Código del Trabajo, en relación con el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del mismo cuerpo normativo y del artículo 64 numeral 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICIÓN SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye el artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del Código del Trabajo, en relación con el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del mismo cuerpo normativo y del artículo 64 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: Como hemos señalado ya, en el caso que nos ocupa, pese a que la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, determinó en el cuadro fáctico el hecho que las labores realizadas por los demandantes como guardias de seguridad empleados por la empresa SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L., implicaban labores extrañas a la actividad normal de la empresa GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V. (véase fundamento de derecho tercero), estimó la existencia de la responsabilidad solidaria en el pago de derechos y prestaciones a favor de los actores. Al hacer esto, el iudex ad quem interpreta erróneamente el artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del Código del Trabajo, mismo que reza lo siguiente: “Artículo 95. Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: 1. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos en el contrato, o en los establecidos por las leyes y reglamentos de trabajo, o por los reglamentos internos o convenios colectivos, o en su defecto por la costumbre". Sobre esta norma debemos hacer la aclaración que si bien, tanto la sentencia de primera instancia como la proferida por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo que confirma el fallo del a quo, en ninguna de estas dos sentencias se consigna en los fundamentos de derecho el artículo 95 en su preámbulo y numeral 1, es una omisión implícita en el texto de los fallos, por cuanto esta disposición regula las obligaciones de los patronos incluyendo el pago de las remuneraciones respecto a su trabajador, las cuales deben realizarse en las condiciones que establezcan los contratos, leyes o reglamentos, todo lo cual es parte del reclamo planteado por la parte demandante. Por tanto, aunque no se encuentre expresamente citada se aprecia su aplicación. Relacionado a esto, el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado de este mismo cuerpo legal, dispone: "Artículo 7. Intermediario: es (…). Son contratistas (…). Pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, será solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios" (lo resaltado es nuestro). Por otra parte, el artículo 64 numeral 2 del Código Procesal Civil, reza: "Artículo 64.- LEGITIMACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 1. (…). 2. Las leyes podrán otorgar en determinados supuestos, bien por tratarse de una sustitución procesal, bien por razones de interés público o social, legitimación extraordinaria a personas distintas de los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso". En el presente caso, a través del párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, la ley determina un supuesto específico por razones de interés social de legitimación extraordinaria a persona distinta de los titulares de la relación jurídica, en los términos del artículo 64 numeral 2 del Código Procesal Civil, habida cuenta de que impone al beneficiario la responsabilidad solidaria de los derechos laborales que corresponden a los empleados del contratista, sin ser verdadero patrón de los mismos. En este orden de ideas, el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código de Trabajo, vuelve extensiva la aplicación del artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del mismo texto legal, respecto a los beneficiarios de los servicios prestados por los trabajadores. Con fundamento en el citado párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código de Trabajo, la obligación de pago de las remuneraciones estipulada en el artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 del mismo cuerpo legal no solamente corresponde ser impuesta al patrono, sino también al beneficiario de la labor, siempre y cuando concurra el presupuesto legal que consiste en que las labores prestadas NO sean EXTRAÑAS a la actividad normal de la empresa beneficiaria. Por tanto, si las labores resultan extrañas a la actividad normal de la empresa beneficiaria, no habrá responsabilidad solidaria por parte de esta. No obstante, la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, en su fundamento de derecho tercero, incurre en la infracción denunciada al interpretar erróneamente estas disposiciones legales cuando señala: “TERCERO: En el caso que nos ocupa, la empresa demandada de forma principal suscribió contratos de servicios de seguridad con varias empresas del GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V. según lo constató la iudex a-quo (folio: 305pp), resultando de autos que los demandantes fueron contratados por la empresa de seguridad (SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L.) para realizar labores vinculadas a la seguridad, por lo que considerando el criterio establecido en el numeral anterior, en este caso es preciso concluir que al ser GRUPO JAREMAR beneficiario de la obra, es en realidad sujeto patronal, y por tanto responsable de forma solidaria tal y como lo estimó la Juez de primera instancia y por ende la excepción de falta de legitimación no procede, pues aunque el giro mercantil de las empresas son distintas, la actividad de seguridad ha podido ser efectuada por la accionada de forma solidaria y decidió contratar a un tercero" (lo resaltado y subrayado es nuestro). Por lo tanto, la interpretación errónea de estas normas se torna evidente, pues aún y cuando la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo reconoce paladinamente que el giro mercantil del contratista (SEPROSE), difiere del giro mercantil del beneficiario (GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V.), estimó igualmente procedente la imposición de la obligación solidaria respecto al pago de derechos y prestaciones laborales de los demandantes, desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva, violentando con ello la norma sustantiva invocada, en tanto que los empleados de SEPROESE realizaban labores extrañas a la actividad normal de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., no correspondiendo la atribución de responsabilidad para el beneficiario. La correcta interpretación del artículo 95 en su preámbulo y numeral 1 relacionado con el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo y del artículo 64 numeral 2 del Código Procesal Civil, tiene como resultado apreciar que, por tratarse la actividad de los empleados de SEPROSE de labores extrañas a la actividad normal de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., las personas que constituyen la parte demandante no se encontraban legitimadas para pretender imponer la obligación solidaria del pago de los salarios y demás derechos laborales reclamados a la sociedad mercantil GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., ya que dicha solidaridad solamente concurre cuando el beneficiario del trabajo ejecuta labores similares a las que recibe por parte del contratista, supuesto de hecho no recogido en el factum de la sentencia impugnada. Por tal razón, este motivo es procedente y debe ser estimado, ya que la interpretación errónea de los artículos infringidos es evidente y determinante en el sentido del fallo”.- VII. Que el cargo que antecede resulta inestimable, al igual que a los dos anteriores motivos: a) Se formula el concepto de infracción directa, modalidad de violación a la ley sustantiva que debe alegar al margen del material probatorio y, es el caso, que en su explicación se insta a la valoración de la prueba, lo cual es incompatible con dicho concepto; y, b) Se realizan en el desarrollo alegatos de instancia, inoportunos en este recurso extraordinario.- VIII. Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, en relación con el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del mismo cuerpo normativo. Precepto autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. Disposición sustantiva infringida: La disposición sustantiva infringida la constituye el artículo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, en relación al párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del mismo cuerpo normativo. Concepto de la infracción: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: Respecto a la interpretación errónea como motivo de casación, este alto tribunal ha señalado reiteradamente que "la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo "5. Asimismo, esta honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, ha señalado que la violación directa de la Ley, por cualquiera de sus modalidades, como ser infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, exige que la sentencia se encuentre en abierta y manifiesta rebeldía contra la norma legal, por omisión, abuso o desacierto en su aplicación, con prescindencia del material probatorio6. La violación por vía directa indicada (interpretación errónea), se produce cuando se aplica la Ley que corresponde, pero se la da un alcance diferente o interpretación equivocada y siempre con independencia de toda cuestión probatorio, ya que lo que se discute es el derecho7. La interpretación errónea de la ley ocurre cuando el juzgador, a pesar de haber escogido la norma aplicable al caso concreto (situación fáctica planteada), le da un alcance que no tiene a la proposición jurídica completa que aplica, es decir, comete un error cuando la interpreta. El error puede cometerse porque se le da a la norma que se aplica un sentido jurídico que no tiene, o se le atribuyen consecuencias que son contrarias a su propio contenido. Por lo tanto, sin instar la revisión de los hechos, ni la interpretación y valoración de las pruebas evacuadas, sino basándonos en los hechos aceptados por las partes y reconocidos por el tribunal, explicamos la infracción de la siguiente manera: En el caso que nos ocupa, pese a que la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, determinó en el cuadro fáctico el hecho que las labores realizadas por los demandantes como guardias de seguridad empleados por la empresa SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L., implicaban labores extrañas a la actividad normal de la empresa GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V. (véase fundamento de derecho tercero), estimó la existencia de la responsabilidad solidaria en el pago de derechos y prestaciones a favor de los actores. Al hacer esto, el iudex ad quem interpreta erróneamente el artículo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, mismo que reza lo siguiente: "Artículo 113. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salaros que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva". Relacionado a esto, el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado de este mismo cuerpo legal, dispone: “Artículo 7. Intermediario: es (…). Son contratistas (…). Pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, será solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios" (lo resaltado es nuestro). El párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código de Trabajo, vuelve extensiva la aplicación del artículo 113 párrafo primero interpretado del mismo texto legal, respecto a los beneficiarios de los servicios prestados por los trabajadores. Es decir, con fundamento en el citado párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, la obligación de pago de las indemnizaciones estipulado en el artículo 113 párrafo primero interpretado del mismo cuerpo legal no solamente corresponde ser impuesta al patrono, sino también al beneficiario de la labor, siempre y cuando concurra el presupuesto legal que consiste en que las labores prestadas NO sean EXTRAÑAS a la actividad normal de la empresa beneficiaria. Por tanto, si las labores resultan extrañas a la actividad normal de la empresa beneficiaria, no habrá responsabilidad solidaria por parte de esta. Sin embargo, la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, en su fundamento de derecho tercero, incurre en la infracción denunciada al interpretar erróneamente estas disposiciones legales cuando señala: “TERCERO: En el caso que nos ocupa, la empresa demandada de forma principal suscribió contratos de servicios de seguridad con varias empresas del GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V. según lo constató la iudex a-quo (folio: 305pp), resultando de autos que los demandantes fueron contratados por la empresa de seguridad (SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L.) para realizar labores vinculadas a la seguridad, por lo que considerando el criterio establecido en el numeral anterior, en este caso es preciso concluir que al ser GRUPO JAREMAR beneficiario de la obra, es en realidad sujeto patronal, y por tanto responsable de forma solidaria tal y como lo estimó la Juez de primera instancia y por ende la excepción de falta de legitimación no procede, pues aunque el giro mercantil de las empresas son distintas, la actividad de seguridad ha podido ser efectuada por la accionada de forma solidaria y decidió contratar a un tercero" (lo resaltado y subrayado es nuestro). Por lo tanto, la interpretación errónea de estas normas se torna evidente, pues aun cuando la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo reconoce paladinamente que el giro mercantil del contratista (SEPROSE), difiere del giro mercantil del beneficiario (GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V.), estimó igualmente procedente la imposición de la obligación solidaria respecto al pago de derechos y prestaciones laborales de los demandantes, violentando con ello la norma sustantiva invocada, en tanto que los empleados de SEPROESE realizaban labores extrañas a la actividad normal de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., no correspondiendo la atribución de responsabilidad para el beneficiario. La correcta interpretación del artículo 113 párrafo primero interpretado relacionado con párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del mismo cuerpo normativo, tiene como resultado apreciar que, por tratarse la actividad de los empleados de SEPROSE de labores extrañas a la actividad normal de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., no corresponde imponer la obligación solidaria del pago de los salarios y demás derechos laborales reclamados por los demandantes respecto a la sociedad mercantil GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., ya que dicha solidaridad solamente concurre cuando el beneficiario del trabajo ejecuta labores similares a las que recibe por parte del contratista, supuesto de hecho no recogido en el factum de la sentencia impugnada. Por tal razón, este motivo es procedente y debe ser estimado, al ser la interpretación errónea de los artículos infringidos evidente y determinante en el sentido del fallo”.- IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Toda violación directa de la ley (ya sea por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea), según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación; se ha establecido que la misma se produce con prescindencia o exclusión de los hechos controvertidos sometidos al material probatorio, por ello, en este caso donde uno de los temas del debate es relacionado con la terminación de la relación laboral y que la demandada fue beneficiaria de la actividad de seguridad que pudo haberse efectuado en forma solidaria, lo cual fue objeto del material probatorio, no era la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; y, b) El artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso.- X. Que el demandante en casación formula un quinto motivo pretendiendo lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 95 en su preámbulo y numeral 1, en relación con el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, proveniente de error de hecho por apreciación errónea de la prueba documental. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA QUE FUE ERRÓNEAMENTE APRECIADA: 1) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil COMPAÑÍA AGRÍCOLA CEIBEÑA, S.A. DE C.V. (CAICESA) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a Folios números 306 a 309 de la primera pieza de autos; 2) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil AGRÍCOLA TORNABE, S.A. DE C.V. (AGROTOR) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a Folios números 310 a 313 de la primera pieza de autos; 3) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAL GUAYMAS, S.A. DE C.V. (AGROGUAY) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a Folios números 314 a 318 de la primera pieza de autos; 4) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BETEL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil AGRÍCOLA MONTE ALTO, S.A. DE C.V. (AGROMONTE) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a Folios números 319 a 322 de la primera pieza de autos; 5) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAL MEZAPA, S.A. DE C.V. (AGROMESA) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a Folios números 323 a 326 de la primera pieza de autos; 6) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAL SAVA, S.A. DE C.V. (AGROINSA) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a Folios números 327 a 330 de la primera pieza de autos; 7) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAL CAMINO REAL, S.A. DE C.V. (AGROCRESA) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a folios números 331 a 334 de la primera pieza de autos; 8) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil SERVICIOS MECÁNICOS E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (SERMISA) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a Folios números 335 a 338 de la primera pieza de autos; 9) Contrato Privado para Servicios de Seguridad suscrito por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y la sociedad mercantil PALMAS DE SAN ALEJO, S.A. DE C.V. (PALSA) de fecha 15 de enero de 2018 que obra a Folios números 339 a 342 de la primera pieza de autos; 10) Acta de Reconocimiento Judicial de fecha 25 de noviembre de 2019 que corre a Folio número 305 de la primera pieza de autos, donde se constataron las actividades comerciales e industriales a las que se dedica GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V., la cual consiste en la fabricación de productos como mantecas, salsas, frijoles, dulces, sopas instantáneas y galletas, así como también se incorporaron documentalmente los contratos antes descritos; de toda la cual se desprende que la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo ha incurrido en error de hecho al haber apreciado erróneamente estos medios probatorios en su conjunto y que llevó en forma indirecta a la violación del artículo 95 párrafo primero numeral 1 en relación al párrafo segundo, segunda oración del 7 reformado, ambos del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: La infracción por error de hecho por apreciación errónea de la prueba debe de estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y para que la violación se configure son necesarios los requisitos siguientes: 1) debe de existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba; 2) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y 4) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada en la prueba de que se trate. La sentencia impugnada en su fundamento de derecho tercero, incurre en la infracción denunciada al señalar: “TERCERO: En el caso que nos ocupa, la empresa demandada de forma principal suscribió contratos de servicios de seguridad con varias empresas del GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V. según lo constató la iudex a-quo (folio: 305pp), resultando de autos que los demandantes fueron contratados por la empresa de seguridad (SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L.) para realizar labores vinculadas a la seguridad, por lo que considerando el criterio establecido en el numeral anterior, en este caso es preciso concluir que al ser GRUPO JAREMAR beneficiario de la obra, es en realidad sujeto patronal, y por tanto responsable de forma solidaria tal y como lo estimó la Juez de primera instancia y por ende la excepción de falta de legitimación no procede, pues aunque el giro mercantil de las empresas son distintas, la actividad de seguridad ha podido ser efectuada por la accionada de forma solidaria y decidió contratar a un tercero" (lo resaltado y subrayado es nuestro). Con base en razonamiento antes expuesto, la honorable Corte de Apelaciones confirma la sentencia proferida por el iudex a quo, estimando la existencia de la responsabilidad solidaria; esto al apreciar erróneamente los Contratos para Servicios de Seguridad que fueron suscritos en fecha 15 de enero de 2018 entre la sociedad mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) y las sociedades mercantiles COMPAÑÍA AGRÍCOLA CEIBEÑA, S.A. DE C.V. (CAICESA), AGRÍCOLA TORNABE, S.A. DE C.V. (AGROTOR), AGROINDUSTRIAL GUAYMAS, S.A. DE C.V. (AGROGUAY), AGRÍCOLA MONTE ALTO, S.A. DE C.V. (AGROMONTE), AGROINDUSTRIAL MEZAPA, S.A. DE C.V. (AGROMESA), AGROINDUSTRIAL SAVA, S.A. DE C.V. (AGROINSA), AGROINDUSTRIAL CAMINO REAL, S.A. DE C.V. (AGROCRESA) SERVICIOS MECÁNICOS E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (SERMISA), PALMAS DE SAN ALEJO, S.A. DE C.V. (PALSA), documentos relacionados a la Acta de Reconocimiento Judicial de fecha 25 de noviembre de 2019 donde se constató que los servicios prestados por los demandantes como empleados de SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L. (SEPROSE) como guardias de seguridad NO ES UNA ACTIVIDAD NORMAL U ORDINARIA del giro social de las empresas beneficiarias. Si el iduex ad qeuem hubiera apreciado correctamente estos medios probatorios habría arribado a la conclusión que por tratarse de actividades extrañas a la empresa no devenía procedente responsabilizar al beneficiario por el pago de los derechos laborales reclamados, toda vez que dicha obligación según el artículo 95 párrafo primero numeral 1 en relación con el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado, ambos del Código del Trabajo, es aplicable cuando las empresas beneficiarias de las labores ejecutadas bajo tercerización no ejecuten labores de similar naturaleza, es decir, que no sean extrañas al giro social del beneficiario. Evidentemente, según se extrae con nitidez de los contratos in comento, las labores de seguridad no son parte del giro social de GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V., sino que es un servicio que dada la situación social de inseguridad del país es contratado por la vasta mayoría de empresas; pero ello no significa en manera alguna que GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V. ofrezca a sus clientes o terceros servicios de esta naturaleza. Ante el desacierto del tribunal de segunda instancia en relación a los aludidos contratos, es de derecho estimar el presente motivo”.- XI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos invocar, alegatos propios de instancia.- XII. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Esta honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo ha señalado reiteradamente que "Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en material laboral, dispone que el órgano deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente"8, así como también que "es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigorosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente "9. Bajo este entendido, este alto tribunal ha sostenido inveteradamente que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen10. En virtud de esto, en forma subsidiaria se solicita la nulidad absoluta de la sentencia recurrida proferida en fecha 17 de agosto de 2020 por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por cuanto ha incurrido en defectos por motivación insuficiente, ya que en cuanto a los presupuestos legales que estipula el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, mismo que regula la solidaridad en las obligaciones laborales, únicamente se refirió al presupuesto que refiere a ser beneficiario de una labor tercerizada, pero no explica por qué razón estima procedente la declaración de solidaridad aun y cuando las labores entre SEPROSE y GRUPO JAREMAR no son relacionadas, es decir, son extrañas una respecto a la otra empresa. omo podrá apreciar esta alzada, la honorable Corte de Apelaciones en su fundamento de derecho tercero no explica con la suficiencia requerida su postura, sino que tergiversa la letra de la ley, la cual es clara en cuanto a establecer como presupuesto para la solidaridad que las labores entre contratista y beneficiario sean similares y no extrañas. Esta infracción deviene en menoscabo del derecho de defensa y debido proceso ya que mi representada no ha obtenido una respuesta del órgano jurisdiccional que sea suficientemente motivada conforme a una verdadera argumentación basada en los hechos y en el derecho aplicable, en lugar de ello, ha expuesto su parecer de manera somera y alejándose de lo presupuestado en la norma”.- XIII. Que si bien, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XIV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cinco motivos de casación. Y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cinco motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 195-20.- Firma y sello.- OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.