Sentencia CL-187-20 — Registro 13369
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago del reajuste al salario mínimo como Médico Empleado conforme a la Ley del Estatuto del Médico Empleado y las reformas a la Ley del Estatuto del Médico Empleado, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas el artículo 691 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y , b) Formula alegatos propios de instancia.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. Y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de septiembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintidós de febrero del dos mil veintiuno, por el Abogado GUALBERTO ESPINAL MONTEILH, en su condición de representante procesal de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, como recurrente; además es parte recurrida, los señores FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR y CESAR IVAN DEL CID VASQUEZ, representados en juicio por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago del reajuste al salario mínimo como Médico Empleado conforme a la Ley del Estatuto del Médico Empleado y las reformas a la Ley del Estatuto del Médico Empleado, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho de marzo del dos mil diecinueve, por el Abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUTIÉRREZ, en su condición de apoderado judicial de los señores FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR y CESAR IVÁN DEL CID VÁSQUEZ, ambos mayores de edad, casados, Médicos Generales, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, por medio de su Alcalde Municipal señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de enero del dos mil veinte, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “
FALLA: PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA. - SEGUNDO: DECLARAR PARCIALMENTE HA LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA. SUBSISTIENDO EL RECLAMO DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA.- TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DEL REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO COMO MEDICO EMPLEADO CONFORME A LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO ÚNICAMENTE DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS ANTERIORES AL RECLAMO ADMINISTRATIVO, DECLARANDO CON LUGAR LA NIVELACIÓN SALARIAL PRETENDIDA. Promovida por el abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, mayor de edad, casado, abogado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 2980, actuando en su condición de apoderado judicial de los señores FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR con número de identidad 1804-1956-01534 y del señor CESAR IVÁN DELCID VÁSQUEZ, con número de identidad 0501-1954-0267, contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. CUARTO: SE CONDENA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO PARA QUE PROCEDA HA PAGAR A FAVOR DE LOS DEMANDANTES FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR Y CESAR IVÁN DEL CID VÁSQUEZ UN TOTAL DE UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L 1,527,704.02), que desglosados comprenden a favor de la trabajadora FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR la cantidad total que suma SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L 736,852.16). Que incluye los conceptos de: Reajustes salariales año 2017 incluido el reajuste del décimo tercer y décimo cuarto: L 227,730.86; Reajustes salariales año 2018 Y 2019 incluido el reajuste del décimo tercer y décimo cuarto de cada año: L 536,121.32. Y a favor del trabajador CESAR IVÁN DELCID VÁSQUEZ la cantidad total que suma SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L 736,852.16). Que incluye los conceptos de: Reajustes salariales año 2017 incluido el reajuste del décimo tercer y décimo cuarto: L 227,730.86; Reajustes salariales año 2018 Y 2019 incluido el reajuste del décimo tercer y décimo cuarto de cada año: L 536,121.32. Más los reajustes salariales que les corresponden a cada demandante si la demandada no procede a realizar la nivelación salarial obligatoria tomando en cuenta el salario mínimo vigente conforme la Lev del Estatuto Medico Empleado y que es Fijada por el Colegio Médico de Honduras.- OUINTO: SE CONDENA A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal, que proceda a realizar la NIVELACIÓN SALARIAL CONFORME AL SALARIO MÍNIMO VIGENTE QUE AUTORIZA LA LEY DEL ESTATUTO MEDICO EMPLEADO Y APROBADO POR EL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS A FAVOR DE LOS DEMANDANTES FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR Y CESAR IVÁN DEL CID VÁSQUEZ. SEXTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para la demandada de la siguiente manera: FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR, fue contratada mediante contrato individual de trabajo escrito y por tiempo indefinido por la Corporación Municipal de San Pedro Sula, en fecha 15 de febrero del año dos mil diez, a efecto de desempeñarse como Encargada del Centro de Salud Municipal Seis de Mayo, ubicado en la colonia Rivera Hernández, de la ciudad de San Pedro Sula, con un horario de trabajo de 7:00 am a 1:00 pm, de lunes a viernes, teniendo como jefe inmediato al Doctor Juan José Leiva, devengando un salario mensual por la cantidad de L.21,000.00, verificándose el pago de sus salarios mediante depósitos en su cuenta de ahorros en la institución bancaria BANPAIS; y, CESAR IVÁN DEL CID VÁSQUEZ, fue contratado por la Municipalidad de San Pedro Sula, mediante contrato individual de trabajo escrito y por tiempo indefinido, en fecha 15 de febrero del 2010, hasta la fecha, a efecto de desempeñar la posición de Médico General en el Centro de Salud Colonia Vida Nueva, Sector Cofradía, de la ciudad de San Pedro Sula y dependiente de Salud Municipal, con un horario de Lunes a Viernes de 7:00 am a 1:00 pm, teniendo como Jefe inmediato al Doctor Juan José Leiva, devengando un salario mensual por la cantidad de L.21,000.00. Desde que los demandantes fueron nombrados en sus respectivos cargos, el patrono en ningún momento les canceló el salario mínimo correspondiente y establecido por la Ley del Estatuto del Médico Empleado y las Reformas a la Ley del Estatuto del Médico Empleado, que establecen el sueldo base más los incrementos anuales que los médicos empleados deben devengar por rubro de servicios prestados a las empresas, dicho Estatuto y Reglamento establecen que los sueldos de los Médicos Empleados deberán incrementarse cada dos años, por cual en la Tabla de salarios e incrementos publicado por el Colegio Médico se establece que durante el año 2010, los demandantes debieron haber iniciado devengado salarios en la forma siguiente: 1) Años 2010 y 2011: L. 28,911.61 mensuales; 2) Años 2012 y 2013: L. 31,802.77 mensuales; 3) Años 2014 y 2015: L.34,506.01 mensuales: 4) Años 2016 y 2017: L. 37,266.49 mensuales; 5) Año 2018: L.40,147.19 mensuales, por lo que habiéndose mantenido su salario estático en la cantidad de L.21,000.00 mensuales, se les ha producido un grave perjuicio a sus derechos económicos a los demandantes, por cuanto el referido Estatuto es una ley vigente dirigida a los profesionales de las ciencias médicas empleados, mediante remuneración fija, tal como lo establece en su artículo 4 de dicha ley que a la letra reza: “La presente ley es aplicable a los médicos debidamente registrados en el Colegio Médico de Honduras" requisito que cumplen los demandantes, del mismo modo cumplen con los requisitos exigidos en el artículo número 5 de la Ley del Estatuto del Medico Empleado; del mismo modo, les son aplicables lo dispuesto en los artículos 53 y 54 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado Vigente.- 2. La parte demandada, la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, contestó dicha demanda señalando que los demandantes iniciaron su relación laboral en fecha 15 de febrero del 2010, teniendo como jefe inmediato al Doctor Juan José Leiva, devengado un salario ordinario mensual de L.21,000.00, mismo que ellos aceptaron, firmando el Contrato Individual de Trabajo. Por otra parte, el momento procesal oportuno para que ellos procedieran a la acción de reclamar el reajuste demandado prescribió, según lo estipulado en los artículos 862 y 867 del Código del Trabajo, que dice: “Artículo 862. Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código o que sea consecuencia de la aplicación de este, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este Capítulo. El derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse la prescripción ya consumada, sea expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables”. “Artículo 867. Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronas y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar a sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que deberán probar en juicio. El término de prescripción para el cobro de jornadas extraordinarias de trabajo empezara a contarse el día en que fue pagada o debió pagarse el salario ordinario correspondiente al periodo en que hubiere sido laborado el trabajo extraordinario”. Por otra parte, en fecha 1 de octubre del año 2015, la demandada fue requerida por la Receptora del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, a fin de dar cumplimiento a la sentencia que obra en el expediente No. 605-2014, en donde se solicita: “…para que INMEDIATAMENTE PROCEDA A REINTEGRAR a la trabajadora FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR a su puesto de trabajo en igualdad o mejores condiciones de las que gozaba al momento del despido…”, consecuentemente, se procedió a reintegrarla en su antiguo puesto de trabajo, acción que además de haber sido reconocida y aceptada por la ahora demandante, es conforme a derecho. En ese sentido, pretender nuevamente una acción que ya fue resuelta en este mismo Juzgado, conformándose así una pretensión que ya es cosa juzgada y que fue cumplida por la demandada, por lo que la actual demanda debe ser declarada sin lugar por improcedente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de enero del dos mil veinte, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “
FALLA: PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA. SEGUNDO: DECLARAR PARCIALMENTE HA LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA. SUBSISTIENDO EL RECLAMO DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA.- TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DEL REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO COMO MEDICO EMPLEADO CONFORME A LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO ÚNICAMENTE DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS ANTERIORES AL RECLAMO ADMINISTRATIVO, DECLARANDO CON LUGAR LA NIVELACIÓN SALARIAL PRETENDIDA. Promovida por el abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, mayor de edad, casado, abogado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 2980, actuando en su condición de apoderado judicial de los señores FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR con número de identidad 1804-1956-01534 y del señor CESAR IVÁN DELCID VÁSQUEZ, con número de identidad 0501-1954-0267, contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. CUARTO: SE CONDENA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO PARA QUE PROCEDA HA PAGAR A FAVOR DE LOS DEMANDANTES FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR Y CESAR IVÁN DEL CID VÁSQUEZ UN TOTAL DE UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L 1,527,704.02), que desglosados comprenden a favor de la trabajadora FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR la cantidad total que suma SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L 736,852.16). Que incluye los conceptos de: Reajustes salariales año 2017 incluido el reajuste del décimo tercer y décimo cuarto: L 227,730.86; Reajustes salariales año 2018 Y 2019 incluido el reajuste del décimo tercer y décimo cuarto de cada año: L 536,121.32. Y a favor del trabajador CESAR IVÁN DELCID VÁSQUEZ la cantidad total que suma SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L 736,852.16). Que incluye los conceptos de: Reajustes salariales año 2017 incluido el reajuste del décimo tercer y décimo cuarto: L 227,730.86; Reajustes salariales año 2018 Y 2019 incluido el reajuste del décimo tercer y décimo cuarto de cada año: L 536,121.32. Más los reajustes salariales que les corresponden a cada demandante si la demandada no procede a realizar la nivelación salarial obligatoria tomando en cuenta el salario mínimo vigente conforme la Lev del Estatuto Medico Empleado y que es Fijada por el Colegio Médico de Honduras.- OUINTO: SE CONDENA A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal, que proceda a realizar la NIVELACIÓN SALARIAL CONFORME AL SALARIO MÍNIMO VIGENTE QUE AUTORIZA LA LEY DEL ESTATUTO MEDICO EMPLEADO Y APROBADO POR EL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS A FAVOR DE LOS DEMANDANTES FRANCISCA ANTONIA MALDONADO UMANZOR Y CESAR IVÁN DEL CID VÁSQUEZ. SEXTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, en el presente caso, la demandada afirma la existencia de cosa juzgada, con relación al reclamo planteado por la demandante Francisca Antonia Maldonado, relacionando su pretensión a la ejercitada en el expediente 0501-2014-00605. Sin embargo, tal como se probó con el medio de prueba Reconocimiento Judicial, la señora Francisca Antonia Maldonado, en tal proceso no formuló acción de nivelación de salario conforme la Ley del Estatuto del Médico Empleado y sus reformas, únicamente ejerció la acción de reintegro, por lo que la pretensión que se ha formulado en este caso no es idéntica pretensión a la formulada en el expediente referenciado por la parte demandada. En consecuencia, no es procedente la excepción de cosa juzgada, al concurrir los presupuestos que exige tal institución jurídica que son identidad de objeto y causa más haya de existir identidad de personas involucradas en el conflicto. La parte demandada ha interpuesto la excepción de prescripción haciendo valer sus argumentos defensivos en los mismos hechos de la contestación y su respectiva valoración en las alegaciones finales. Que se ha llegado al convencimiento tomando en cuenta toda la prueba documental aportada al proceso y la respectiva interpretación y aplicación que se debe realizar en este caso, que no es aplicable el artículo 867 del Código del Trabajo, como término de prescripción de la acción de nivelación o reajuste del salario mínimo que debía devengar el médico empleado, ya que lo procedente con el fin de encontrar la equidad y en aplicación de la norma más favorable, por analogía según el artículo 858 del Código del Trabajo, en este caso lo procedente es lo dispuesto en el artículo 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, a fin de configurar un plazo de prescripción de dos años y así ser de aplicación al presente caso los reajustes solicitados conforme la Ley del Estatuto Médico Empleado de los últimos dos. Es así que la prescripción procede de manera parcial. Es importante recordar, que en la actualidad entre los demandantes y la demandada existe una relación laboral, por lo que ha quedado probado que a los demandantes Francisca Antonia Maldonado Umanzor y Cesar Iván Del Cid Vásquez, se les adeudan los reajustes solicitados de los últimos dos años desde que gestionaron el reclamo administrativo en diciembre del año 2018, ya que desde tal fecha se inició la acción y por tanto interrumpieron la prescripción, reajustes de salario mínimo conforme a la Ley del Estatuto Médico Empleado, les corresponden de forma retroactiva en los años ya precitados y aumento que deben materializarse hasta la fecha en que sea firme la presente resolución judicial, y aumento que se debe realizar de forma obligatoria a partir de la firmeza respetando el mínimo fijado por el Colegio Médico de Honduras, que para ese año se encuentre vigente, actualmente el salario mínimo legalmente autorizado para un Médico Empleado es de L.40,147.19, ya que toda empresa sea pública o privada que contrate los servicios de un Médico debidamente inscrito en el Colegio Médico de Honduras, debe pagarle el mínimo legalmente autorizado, de manera que siendo los demandantes Médicos inscritos y prestando el servicio a la Municipalidad de San Pedro Sula, ejerciendo su profesión como Médico General en el lugar designado a cada uno de ellos, el reajuste y nivelación de los conceptos reclamados, es procedente en los términos ya apuntados, ya que la prescripción no enerva la totalidad de la acción, al haber prosperado parcialmente, en virtud que constituyen los últimos dos años derechos adquiridos a su favor que la patronal les adeuda, de tal suerte que deben ser pagados, tomando como salario para el año 2017, la cantidad de L. 37,266.49. Devengando los demandantes un salario de L.21,000.00, genera una diferencia de L.16,266.49, que, multiplicado por 12 meses, más la diferencia del décimo tercer y décimo cuarto mes del año 2017, genera para ese año un total de reajuste de L.227,730.86. Y para los años 2018 y 2019, la cantidad de L.40,147.19 y devengando un salario de L.21,000.00 genera una diferencia de L.19,147.19, que multiplicado por 24 meses más la diferencia del décimo tercer y décimo cuarto mes del año 2018 y 2019, genera para los años 2018 y 2019, un total de reajuste de L. 536,121.32. A favor de cada uno de los demandantes corresponde un monto total de L. 736,852.16, valores económicos que se cuantifican en este caso como conceptos adeudados por reajuste salarial de los últimos dos años, previos al reclamo administrativo y por encontrarse sosteniendo la relación laboral en la actualidad, se ha cuantificado todo el año 2019, la demandada se encuentra obligada a realizar el incremento salarial que se ajuste al mínimo legalmente establecido para el presente año en que la sentencia se ha dictado, máxime una vez adquiera firmeza. Debiendo cuantificarse en el caso que la demandada no haya realizado la nivelación salarial, los montos adeudados, los cuales se podrán cuantificar incluso en la etapa de ejecución de sentencia, esto tomando en consideración la facultad de extra y ultra petita que reconoce el artículo 728 del Código del Trabajo, por ser el salario mínimo un derecho fundamental.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada sostiene que la relación laboral comenzó en el año dos mil diez, por lo que el momento procesal oportuno para que los actores procedieran a reclamar el reajuste al pago de salario fue, a los 2 meses luego de haber firmado el Contrato, por lo que hasta la fecha el derecho que les correspondía a ambos empleados está prescrito según lo estipulado en los artículos 862 y 867 del Código del Trabajo; argumentos que no resultan atendibles por cuanto la situación que se dirime en el caso sub judice, se relaciona con la figura del salario conforme el Estatuto del Médico Empleado, el que conforme a la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia (Recurso de Casación Laboral No.483-2001) y lo dispuesto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo prescriben en el término de dos años tal y como lo estimó el juez de primera instancia, no existiendo en consecuencia la infracción invocada por el recurrente; a lo anterior se suma, que los salarios como obligación patronal se generan cada mes, siendo a partir del incumplimiento total o parcial de dicha obligación que nace el derecho del empleado para formular el respectivo reclamo como ocurrió en el caso de mérito. La Ley del Estatuto del Médico Empleado es aplicable a los Médicos debidamente registrados en el Colegio Médico de Honduras y su salario debe estar conforme a lo establecido en el artículo 33 reformado de dicha normativa, obrando a folio 39 de la primera pieza, los montos que deben devengar dichos profesionales; en el caso de mérito, según los documentos aportados al juicio, los demandantes realizaban labores como Profesionales de la medicina y por lo cual devengaban un salario de L. 21,000.00, monto inferior al que correspondía devengar, razón por lo cual es procedente el reajuste concedido por el juez de primera instancia, pues aun y cuando se pactó y pagó un salario distinto, según el artículo 32 de dicho Estatuto, "El salario o sueldo que devengará el médico empleado podrá ser estipulado mediante contratos individuales, contratos colectivos o asignados presupuestariamente, pero en ningún caso serán inferiores al mínimo prescrito por la presente Ley”; Estatuto que tiene rango de Ley, puesto que el origen, discusión y aprobación de su contenido ha sido efectuado a través del Órgano competente (Congreso Nacional), cumpliéndose con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la Ley.- 5. Mediante auto de fecha siete de octubre del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GUALBERTO ESPINAL MONTEILH, en su condición de representante procesal de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintidós de febrero del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal el Abogado GUALBERTO ESPINAL MONTEILH, en su condición de representante procesal de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de febrero del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional, tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el Abogado GUALBERTO ESPINAL MONTEILH, en su primer y único motivo de casación alega: “Infracción directa de la ley sustantiva contenida en el artículo 691 del Código de Trabajo por Falta de Aplicación.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA.
Reiteradamente a mantenido esta corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley, parte de la base que la sentencia le otorgue a una norma sustantiva un sentido y un alcance que no tiene, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la ley. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 691 del Código de Trabajo establece: "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse sólo cuando el actor, a su elección, haya agotado bien el procedimiento gubernativo o bien el procedimiento reglamentario correspondiente”. De Conformidad con la norma sustantiva laboral citada, para proceder a demandar a las entidades del Estado, ya sean autónomas, centralizadas o descentralizadas como en el caso de la municipalidad de San Pedro Sula, en tal sentido actor previo a presentar su demanda debió agotar la etapa administrativa conciliatoria en la Secretaria del Trabajo del lugar de su elección, sin embargo, consta en autos que tal obligación irrenunciable y de estricto cumplimiento file omitida por los actores, en consecuencia, al haberse violentado tal disposición sustantiva, la que inclusive debió ser tutelado de oficio por el mismo juzgador, extremo que sucedió en el presente caso de autos. No obstante, la claridad y precisión establecida en la norma legal señalada, la corte sentenciadora deja de aplicarla totalmente, configurándose la violación señalada y por tanto es procedente la prosperidad del cargo señalado, teniendo en cuenta además la jurisprudencia uniforme que tiene establecida esta sala laboral en varios recursos de casación, entre ellos señalamos el expediente SL. 26-2010.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas el artículo 691 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y , b) Formula alegatos propios de instancia.- IV. El impetrante alega nulidad subsidiaria, la cual aduce que: “
Con fundamento en la facultad que tienen los tribunales, al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega en forma subsidiaría LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: De conformidad con lo establecido en el artículo 691 del Código de Trabajo, "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse sólo cuando el actor, a su elección, haya agotado bien el procedimiento gubernativo o bien el procedimiento reglamentario correspondiente". En el caso de autos, los actores no cumplieron con la obligación ineludible de agotar el trámite administrativo, incumplimiento que no puede ser subsanado de oficio y que inclusive el Juez debió observar de oficio y consta en autos no lo hizo, pues tal y Como se observa en autos a folio 43 de la primera pieza, los actores únicamente enviaron una citación, pero no consta en autos que se haya agotado y tenido por cerrado dicho trámite administrativo gubernativo, en tal sentido se ha violentado además de la norma legal citada, el artículo 90 de la Constitución de La República en relación al debido proceso.- En consecuencia de lo expuesto y establecido con absoluta claridad y precisión, es evidente que debe declararse con lugar la nulidad planteada”.- V. Que si bien, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. Y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 187-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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