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Sentencia CL-164-19 — Registro 14472

Resumen

Segunda instancia reformó el recurso de apelación declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se cumpla con la reinstalación al puesto de trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley. (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el tema de la prescripción de la acción del despido y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; y, b) formula alegatos propios de instancia.

 

V.  Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes enero del dos mil veintiuno. La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Presidenta por Ley, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, RUBEN RIVERA FLORES Y ROXANA LICETH MORALES TORO; dicta la siguiente RESOLUCIÒN: VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 28 de agosto del 2019, por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrente; además es parte recurrida, el señor JOSÉ LUCIO MORALES CASTRO, representado en juicio por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se cumpla con la reinstalación al puesto de trabajo; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 06 de febrero del 2015, por el señor JOSÉ LUCIO MORALES CASTRO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su representante legal, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, Licenciada en Sociología, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 26 de febrero del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de fecha VEINTISEIS (26) de FEBRERO del presente año (2016) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial, en la demanda de la referencia en consecuencia se REFORMA la sentencia recurrida, (a que consiste en: I.- Declarar CON LUGAR la demanda laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido; al pago de salario adeudado correspondiente del 1 al 19 de enero del año 2015 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro; consecuentemente se CONDENA a la demandada al pago de la cantidad de L 1.2,213.09 en concepto de salario adeudado (19 días). II.- Fijar como monto total de la condena la cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L 29,527.73) que corresponde a los derechos adquiridos en los y conceptos otorgados por la iudex A-quo, más los diecinueve días concedidos en esta instancia; SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia en sus demás extremos es decir en cuanto a la condena en derechos adquiridos y exoneración de costas de primera instancia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia….”.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con la institución demandada mediante Acuerdo de empleado permanente en fecha 16 de junio del 2012, como Oficial Administrativo I, devengaba hasta la fecha del despido un salario mensual de L. 20,344.00, para hacer un promedio mensual de L. 23,734.66; y fue despedido en fecha 19 de enero del 2015, de acuerdo a la notificación del oficio No. 041-SEDP de fecha 16 de enero del 2015, cancelación que fue motivada por haber incurrido en faltas graves constitutivas de acoso sexual, al intentar besar a la fuerza a la estudiante de Odontología Nardy Juliette Hernández Chinchilla; el demandante recalcó que el contacto con dicha persona tuvo su génesis con motivo de que el Doctor Emilio Torres quién es el coordinador de la carrera de Odontología en el centro estudiantil, al tener conocimiento por su parte de querer hacerse una reparación odontológica, le asignó a dicha señorita como parte de su práctica profesional en la materia de prótesis fija III, lo que se traduce lógicamente en que su contacto y participación se reduce a la de simple paciente, pues en su condición no era la de administrador sino la de conejillo de indias para que dicha alumna pudiera llevar a cabo su práctica profesional y a la vez poder ahorrarse algún dinero, ya que solo requería los gastos de los materiales; manifestó que la notificación o sea que el oficio era de fecha 16 de enero, el mismo se le entregó hasta el 19 del mismo mes y que en ningún momento le permitieron auxiliarse de un delegado sindical para que lo representara o lo acompañara en el referido proceso, coartando su derecho que como afiliado al sindicato, que además de ello, le garantizaba la ley en el artículo 92 numeral 9 del Código de Trabajo; asimismo argumentó, que el procedimiento de despido que se le aplicó existe prescripción de acuerdo a los términos que establece el artículo 863 del Código del Trabajo, ya que la denuncia de la joven fue entablada en fecha 25 de noviembre del 2014, seguida del proceso de notificación del demandante en fecha 27 del mismo mes y año, dentro de las fechas 15 de diciembre de 2014 y 05 de enero del año 2015, se verificó el periodo de vacaciones de Ley, lo que se traduce que durante ese tiempo se suspende temporalmente el contrato de trabajo a pesar de ello y de haberse reanudado las labores el 05 de enero del 2015, no es sino hasta fecha el 19 de enero que se le notifica oficialmente el despido aun valorando el tiempo que tomó el periodo de vacaciones, transcurriendo 20 días entre el 25 de noviembre al 15 de diciembre del 2014, fecha que inició vacaciones; asimismo, transcurrieron 15 días entre el 05 de enero de 2015, fecha que retornó de vacaciones y el 19 de enero del 2015, fecha del despido, la sumatoria de ambos periodos equivale a 35 días calendario, lo que se vuelve extemporáneo el despido.

2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que el demandante comenzó a laborar para la demandada en fecha 18 de junio del año 2012, en el cargo de Oficial Administrativo I, y a la fecha del despido devengaba un salario mensual de L.19,283.84; que la estudiante de Odontología Nardy Julliette Hernández, necesitaba un paciente para realizar una de sus prácticas y consecuentemente aprobar una de sus asignaturas, fue así que conoció al señor José Lucio Morales Castro, quién se ofreció como paciente para que dicha estudiante realizara su práctica con él y lógicamente para no incurrir en gastos mayores, producto de la relación practicante-paciente que se originó, fue lógico que hubiera intercambio de número telefónicos ente la estudiante y el demandante a efectos de concertar citas odontológicas (y no de otra naturaleza) y de darle seguimiento al tratamiento, que aprovechando de dicha circunstancias el demandante, tal como se desprende de los informes del Comisionado Universitario de Derechos Humanos, comenzó a enviarle mensajes impropios a la estudiante, tales como: “Solo quiero un beso; Solo un besito nada más; quiero que nos miremos ahora en la tarde y nos tomemos el café que tanto ha costado...; que pasa que no contesta; decídase y si la sacan de la casa se va conmigo y yo le doy sus estudios, usted me gusta y todo, por lo tanto estaría dispuesto a todo”; además de hacerle propuestas directamente y de pedirle en repetidas ocasiones que tuviera citas a solas, y sugerirle que se presentara en la oficina, cuando las secretarias se hubieran ido y él estuviera solo, entre otras cuestiones; manifestó en fecha 07 de noviembre del 2014, el demandante citó a la estudiante para supuestamente entregarle el dinero que le debía por el trabajo odontológico, llegando al lugar de encuentro, el demandante le manifestó que ya se había marchado y que debería ir a buscarlo a su oficina una vez en la oficina el demandante besó por la fuerza a la joven estudiante quién logró escapar llena de miedo y angustia; asimismo, rechazó la prescripción, ya que efectivamente la denuncia fue interpuesta en fecha 25 de noviembre del 2014, sin embargo, se interpuso ante el Comisionado Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, órgano que por ley es independiente en el ejercicio de sus funciones, y no es un representante del patrono, a raíz de dicha denuncia el Comisionado Universitario se dio a la tarea de realizar las investigaciones para comprobar la veracidad de la misma y no podía antes de eso remitir la denuncia con su respectivo informe a la demandada, fue hasta el 19 de diciembre del 2014, recibió el informe correspondiente del caso, tal como se comprueba con el recibido estampado en el miso, siendo que la acción del patrono para sancionar a sus empleados prescribe en el término de un mes, la demandada tenía hasta el 19 de enero para notificar la sanción de despido, tal como lo señala el mismo demandante, por lo tanto no existe la prescripción alegada.

3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 26 de febrero del 2016, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral promovida por el señor JOSÉ LUCIO MORALES CASTRO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su representante legal, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ; absolvió a la parte demandada de la responsabilidad de reintegrar al demandante así como el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; condenó a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de L.17,314.64, en concepto de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional; décimo cuarto mes proporcional, sin costas; bajo el criterio que este Tribunal llega al convencimiento que la demandada probó en juicio la justa causa que tuvo para poner fin a la relación de trabajo, llevan a este convencimiento las circunstancias de que el trabajador demandante aceptó en el interrogatorio rendido ante este Tribunal haberle enviado mensajes por whatsApp del teléfono móvil o celular, los cuales de la propia lectura de los mismos tienen insinuaciones de parte del demandante hacia la estudiante, que si bien es cierto no es jerárquico de la estudiante también no es menos cierto que el demandante tenía conocimiento que esta debía terminar su trabajo de lo contrario saldría perjudicada y pondría en riesgo su asignatura que cursaba, que las palabras utilizadas por el demandante para dirigirse hacia la estudiante en las conversaciones sostenidas vía mensajes whatsapp, no eran las apropiadas; eran insinuadoras a un romance en las cuales le pedía un beso, le llamaba amorcito, y otras frases, que también en la declaración rendida ante este Tribunal por la estudiante Nardi Julliette Hernández Chinchilla, esta declaró que el demandante la besó a la fuerza, aceptó haber autorizado el vaciado de su línea de celular y haber presentado la denuncia ante el Comisionado Universitario por esa situación; que la parte demandante alega que al patrono le prescribió el derecho para sancionar al demandante por la falta cometida, lo cual no es cierto porque el derecho de la demandada para sancionar al trabajador comenzó desde el momento que tuvo conocimiento y esto ocurrió cuando fue notificada la rectora de la UNAH, en fecha 19 de diciembre el año 2014, por parte de la comisionada Universitaria Maria Antonia Navarro Bustillo, y el despido fue notificado el 19 de enero del año 2015, el cual fue notificado en tiempo, razón por la cual el derecho de la demandada para sancionar la falta no había prescrito; la parte actora alega que no permitió auxiliarse de un delegado sindical para que lo representara o lo acompañara, sin embargo en el acta de descargo consta que estuvo presente el presidente de SITRAUNAH sección N° 2, Licenciado José Carlos Leiva López, lo que significa que si se hizo acompañar de un representante sindical; que la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no, la demandada no ha pagado esos derechos, razón por la cual procede ordenar su pago en la proporción que son debidos.

4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 08 de marzo del 2019, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en el sentido de que declaró con lugar la demanda laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido; al pago de salario adeudado, correspondiente del 1 al 19 de enero del 2015 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro; condenó a la demandada al pago de la cantidad de L. 12,213.09 en concepto de salario adeudado (19 días); fijó como monto total de la condena la cantidad de L. 29,527.73 que corresponde a los derechos adquiridos en los montos y conceptos otorgados por la Audex A-quo, más los 19 días concedidos en esta instancia; confirmó la sentencia en sus demás extremos, es decir, en cuanto a la condena en derechos adquiridos y exoneración de costas de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que del análisis de la probanzas resulta acreditado que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Consejo Universitario, quien es el órgano máximo de dirección superior aprobó el Reglamento Especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual en la Universidad, dando creación a la Unidad contra el Acoso Sexual, bajo la dirección del Comisionado Universitario quien se encarga de recibir e investigar las denuncias relacionadas con el tema entre otros; así como de emitir las recomendaciones sobre las sanciones disciplinarias que deban aplicarse, reglándose en el artículo 9 de referido Reglamento que el procedimiento de instrucción y de imposición de sanciones debe concluirse en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha del auto de apertura, término que resulta coincidente con el establecido en el artículo antes invocado; de autos consta que el empleador procedió a ponerle fin a la relación de trabajo el día 19 de enero del año 2015, en razón del procedimiento investigativo que dio inicio con la denuncia interpuesta contra el señor José Lucio Morales el 25 de noviembre del 2014, por acoso sexual, ante el Comisionado Universitario delegado de la Unidad de Acoso Sexual, órgano encargado de instruir el proceso disciplinario administrativo en representación de la UNAH, según lo establece el artículo 11 del Reglamento Especial para prevenir, atender, erradicar y sancionar el acoso sexual en la UNAH; emitiendo el auto de apertura en fecha cinco (5) de diciembre de 2014, y concluyendo la investigación en fecha 11 de diciembre de 2014, resultado este que fue remitido a la Rectoría de la UNAH el 18 de diciembre de ese mismo año, siendo recibido por esa dependencia un día después, según consta en el documento, comunicando la decisión de despedir el 19 de enero del 2015, mediante nota de fecha 16 de ese mismo mes y año. De lo anterior se concluye, que el plazo para despedir y al que se ha hecho mención en el fundamento anterior había vencido para aplicar la sanción correspondiente, ya que al ser el Delegado Regional del Comisionado Universitario de la UNAH/VS, un órgano dependiente de la accionada para presentar el informe en referencia; el plazo para investigar comenzó a correr a partir de la fecha en que se emitió el auto de apertura de la denuncia (5 de diciembre 2014) de conformidad al artículo 9 del mencionado Reglamento es que coincidente con el plazo establecido en el artículo 863 del Código del Trabajo, de ahí que, teniendo determinado el comportamiento imputado al denunciado y recomendándose el despido como sanción a aplicar el 11 de diciembre de 2014, la demandada pudo ejercitar su poder disciplinario dentro del mes en cuestión; sin embargo, el cese laboral se comunicó el 19 de enero de 2015, mediante nota de fecha 16 de ese mismo mes y año; de tal forma que el despido efectuado de la manera en que se hizo es contrario a lo que la normativa relacionada establece; pues no es posible computar dicho plazo a partir de la fecha en que se recibió el informe final en la Rectora de la UNAH, como lo entiende la accionada pues su propia reglamentación establece el momento en que inicia el mismo consecuentemente para la fecha en que se produjo la desvinculación laboral el derecho de la demandada para despedir, estaba prescrito tal y como lo ha venido sosteniendo el apoderado judicial demandante en el curso del juicio; pues tanto el procedimiento como los plazos que se establecen en el Reglamento antes mencionado a los efectos y finalidad del mismo, tienen que entenderse que están comprendidos en la norma general (artículo 863 del Código del Trabajo), en concordancia con los principios de oportunidad y razonabilidad que rigen en el ámbito disciplinario en las relaciones de trabajo, así como con el principio protector que rige en el derecho sustantivo laboral; así las cosas, y al haber operado la prescripción, no resulta necesario analizar y valorar las pruebas que la demandada haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo, ya que si el acreedor no ejerce su acción en el tiempo que señala la ley, tiene que soportar la consecuencia de que su derecho prescriba desde que pudo obrar y no accionó, tal y como ocurre en el presente caso. En cuanto a la pretensión del actor que se le haga efectivo el pago de quince días de salario, correspondientes al mes de enero del año 2015, del acta de reconocimiento judicial practicado por la iudex a-quo se estableció que la demandada le adeuda salario del 1 al 19 de enero de ese año, por lo que estando acreditado en autos tal extremo, es procedente dicho reclamo por lo que la accionada deberá hacer el pago respectivo. Por las razones antes expuestas, este Tribunal considera que la sentencia recurrida, debe reformarse.

5.- Mediante auto de fecha 20 de junio del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.

6.- En fecha 28 de agosto del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 29 de agosto del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de septiembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.

7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.

8.- Que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020) en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicta sentencia la que puede ser vista de los folios 46 al 53 de la pieza de casación, y que por mayoría de votos de sus miembros declaro No Ha Lugar el recurso de casación de que se hace merito en su único motivo. Contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 08 de marzo del año 2019, siendo disidente el Magistrado Pineda Valle, quien en su voto particular resolvió: Declarar LA NULIDAD de la sentencia definitiva de fecha 08 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.-

II.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.

III.- Que el Abogado DENISS ALEJANDRO ORELLANA REYES en su primer y único motivo de casación expone “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 863 del Código del Trabajo y que se ve reflejado en la sentencia recurrida, específicamente en el ordinal tercero del acápite denominado fundamentos de derecho y que obra a folios 75 vuelto y 76 de la segunda pieza de autos.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La Corte sentenciadora, al revocar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en Interpretación Errónea del artículo 863 del Código del Trabajo, al hacerlo de una forma restrictiva y en perjuicio de mi representada. Sucede Honorables Magistrados, que la veracidad de los hechos de acoso sexual denunciados por la estudiante Nardy Hernández, fue corroborada por el Comisionado Universitario hasta concluir con el informe final que corre a folios del 218 al 374 de la primera pieza, y dicho órgano independiente notifico formalmente a la Rectoría de la Institución mediante oficio CU/565-14 de fecha 18 de diciembre del 2014 recibido en fecha 19 de diciembre del 2014.- Hasta el momento en que se recibió el informe final de la mencionada denuncia, mi representada tuvo conocimiento de los hechos que involucraban al empleado demandante, razón por la cual inicio el proceso administrativo con las respectivas audiencias de descargo que terminaron con su despido en fecha 19 de enero del 2015.- La Corte recurrida en el caso que nos ocupa es del criterio que desde que el Comisionado Universitario determino el comportamiento imputado al denunciado, recomendando su despido como sanción a aplicar el 11 de diciembre del 2014, la demandada pudo ejercer su poder disciplinario dentro del mes en cuestión, sin embargo Honorables Magistrados, el Comisionado Universitario por ley en casos como el presente solo corrobora los hechos denunciados, y hace las recomendaciones a la Rectoría de aquello que considera oportuno aplicar para resolver esa situación, nunca forma parte de un procedimiento disciplinario por que no está facultado para ello, para la aplicación de un procedimiento disciplinario mi representada una vez en conocimiento de los hechos inicia su proceso, tal y como sucedió en el caso que nos ocupa, donde una vez comunicada su situación se convocó al demandante a la audiencia de derecho a la defensa respectiva y finalmente con base en lo recabado se le despidió en legal y debida forma. La interpretación correcta y justa, considerando la prueba mencionada debió establecer lo mismo que el Juzgador de Primera Instancia observo, es decir, que mi representada tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la sanción disciplinaria hasta que el Comisionado Universitario le hizo entrega formal del informe final de la investigación y corroboración de los hechos denunciados y que involucraban al demandante en una situación de acoso sexual en perjuicio de una estudiante del campus de la ciudad de San Pedro Sula el día 19 de diciembre del 2014, por lo que todo lo actuado posteriormente y que concluyo con el despido del demandante el 19 de enero del 2015, fue efectuado de manera legal y sin violentarle las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.- Cabe señalar que esta Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo en su momento y en el presente juicio anulo la sentencia anteriormente dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo señalando en el punto VII del acápite de los fundamentos de derecho de la sentencia dictada en fecha 15 de octubre del 2018 y cuya certificación obra a folios del 46 al 50 de la segunda pieza, que el adquem omitió valorar y considerar el argumento expuesto por mi representada, de que el plazo de prescripción comenzó a correr hasta que el Comisionado Universitario de Derechos Humanos termino su investigación y rindió el informe correspondiente, que fue en fecha 19 de diciembre de 2014, por lo que la notificación del despido se realizó dentro del mes, es decir el 19 de enero del 2015, dado que dicho órgano es independiente en el ejercicio de sus funciones y que el mismo debió realizar las investigaciones para corroborar la veracidad de la denuncia.- Por lo expuesto Honorables Magistrados, resulta lógico concluir que el fallo recurrido es contrario a derecho, por lo que es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación”.

IV.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley. (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el tema de la prescripción de la acción del despido y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; y, b) formula alegatos propios de instancia.

V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.

PARTE DISPOSITIVA

POR TANTO: El Pleno de La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por Mayoría de votos al disentir los Magistrados REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ Y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución a las partes personadas, se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de estilo, para los efectos legales consiguientes.- NOTIFÍQUESE.

Expediente: S.L 164-2019