Sentencia CL-143-20 — Registro 13365
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones por despido injusto, arbitrario e ilegal, pago de beneficios sociales no cancelados desde la fecha de inicio de la relación contractual, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo se ejecute el reintegro, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Como norma infringida señala el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, que por ser disposición general no puede ser objeto del ataque en este recurso; b) Entre las normas procesales que sirvieron de medio para la violación señala los artículos 720, 730,732 del Código del Trabajo, los cuales no tienen esa categoría; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; y, d) Formula extensos alegatos propios de instancia.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha quince de junio del dos mil veintiuno, por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además es parte recurrida, la señora CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES, representada en juicio por el Abogado JOHEL EDGARDO GUILLEN MARADIAGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones por despido injusto, arbitrario e ilegal, pago de beneficios sociales no cancelados desde la fecha de inicio de la relación contractual, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo se ejecute el reintegro, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, por la señora CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES, mayor de edad, Perito Mercantil y Contador Púbico, casada, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Directora Ejecutiva, la señora MARTHA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- 2.- REFORMAR la sentencia definitiva que se conoce en el recurso de apelación, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho, que corre agregada a folios 69 y 70 de la primera pieza del expediente, en la forma siguiente:.- UNO: CONFIRMAR el numeral 1) de la parte resolutiva de la sentencia que declara CON LUGAR la demanda.- DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a declarar LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS suscritos por la demandante CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES y el INJUPEMP por la simulación de los mismos, dejando subsistente la parte final del mismo, en cuanto a que la relación de trabajo con la demandante y el INJUPEMP fue por tiempo indefinido, reconociéndole su antigüedad a partir del 04 de mayo del año 2010.- TRES: CONFIRMAR el numeral 3) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a la condena al INJUPEMP a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo o a otro de igual categoría o mejores condiciones.- 3.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), el 04 de mayo del 2010, bajo el cargo de Auxiliar de Tesorería, Departamento de Tesorería, con un salario mensual de L.7,686.03 y posteriormente la demandante fue sujeta a cambio de estructura de puesto y cargo a partir del mes de enero año 2016, pasando a formar parte del puesto Oficial de Control de Ingresos del Departamento de Ingresos, dentro del área administrativa, cuya partida presupuestaria en salario oscilaba en L. 10,000.00, a través de la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales con la institución ahora demandada; que al momento del despido la demandante estaba devengando un salario mensual de L.10,000.00. La relación laboral se desarrolló de forma normal durante 6 años, 9 meses, 27 días de antigüedad, hasta que en fecha 28 febrero del 2017, la jefa del Departamento de Recursos Humanos de dicha institución le notificó a la demandante su despido en forma verbal y donde no se le renovaría contrato de trabajo; que en fecha l4 de febrero del 2017, la demandante presentó reclamo administrativo en la Oficina de Secretaría Legal de INJUPEMP para que se le declarare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos conforme a lo señalado en el artículo No. 47 del Código de Trabajo, a la vez solicitó en su momento el Acuerdo de Nombramiento y a raíz de dicho reclamo es que fue despedida verbalmente sin ningún tipo de justificación para la renovación de su contrato, pues es un derecho justo para la demandante; por otra parte el despido es injustificado porque no le expresan con claridad y precisión la causal de despido y de no renovación del contrato de trabajo, ya que no especifica si es inhabilidad o ineficiencia lo que corresponde; así mismo, el contrato de la demandante reunía los tres elementos que constituyen los contratos de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que le agreguen.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que el Código del Trabajo en su artículo 46 literal b), regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados "cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo", esta disposición ha sido observada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en La Gaceta el 7 de abril de 1971, para cada periodo anual, el Congreso Nacional de la República le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos, cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos, por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las instituciones del Estado y no exclusivamente para INJUPEMP, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior, constituye la razón que justifica el por qué el demandado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada. Si resulta que el periodo anual para el cual fue aprobado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual concluye el 31 de diciembre de cada año, pero si se da el caso de que en el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recursos para contratar la celebración de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado de la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para el nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso de la ahora demandante durante el tiempo que se mantuvo la relación. La hoy demandante fue contratada por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la Partida y asignación Presupuestaria registrada con la nomenclatura 24900, la cual es de naturaleza excepcional para pago de contratistas con carácter de no permanentes, de apoyo a los trabajadores permanentes para realizar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados permanentes, por lo que la contratación fue formalizada para que realizara por tiempo limitado actividades de apoyo al personal permanente de la Oficina Principal, tomando en cuenta el resultado del trabajo realizado y por aprobar el Congreso Nacional de la República, los fondos en las partidas y asignación presupuestaria relacionadas; la hoy demandante se le contrató siempre por tiempo determinado, por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en las Partidas Presupuestarias antes relacionadas, la cual como se ha expuesto ya es de naturaleza excepcional, los fondos aprobados son para financiar específicamente el pago de honorarios a personas naturales contratadas para ejecutar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados con status permanente. Resulta evidente que el demandado, en el caso de la contratación de la hoy demandante, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida y asignación presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes, el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código del Trabajo, de lo cual la hoy demandante estaba debidamente enterada para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato, como acontece en la presente demanda. Por lo anterior, la presente demanda incoada es totalmente improcedente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de octubre del dos mil dieciocho, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de la Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, en consecuencia 2) Declara la Nulidad de los contratos suscritos por la demandante CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES y el INJUPEMP por la simulación de los mismos, en consecuencia la relación de trabajo con la demandante y el INJUPEMP fue por tiempo indefinido, reconociéndole su antigüedad a partir del 4 de mayo del año 2010. 3) CONDENA al INJUPEMP a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo de OFICIAL DE CONTROL DE INGRESOS en iguales o mejores condiciones y pagar a la demandante CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reinstalada en su puesto de trabajo reconociéndole todos los derechos otorgados a los empleados permanentes a partir de la fecha en que adquirió la antigüedad y a título de daños y perjuicio se condena al pago de los salarios dejados de percibir desde el momento en que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS…” Bajo el criterio que, de la documentación aportada al proceso, resulta evidente de la sucesiva contratación de la demandante para ocupar un mismo puesto de trabajo en el INJUPEMP, que las labores que desempeñaba eran de naturaleza permanente, es decir, que los contratos celebrados se consideran por tiempo indefinido; por lo cual, se considera que siendo que la causa que dio origen a la contratación es de naturaleza permanente en el INJUPEMP, por su reiterada subsistencia lo que origina la permanencia de la relación laboral, lo que viene a irrumpir en un derecho laboral adquirido en la trabajadora demandante como ser el derecho a la continuidad y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; se declaran nulos los contratos de trabajo suscritos por la demandante, haciendo la salvedad que la nulidad se decreta solamente de los contratos como consecuencia del acto simulado y no de la relación de trabajo de la demandante, la cual por la contratación continua para desempeñar las mismas labores, fue por tiempo indeterminado a partir del inicio de la relación laboral el 4 de mayo del año 2010, por lo tanto, al concluir la relación de trabajo sin responsabilidad del patrono debió sustentarse en algunas de las causales contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, no siendo así el despido de la demandante es ilegal y además injusto, de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- 2.- REFORMAR la sentencia definitiva que se conoce en el recurso de apelación, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho, que corre agregada a folios 69 y 70 de la primera pieza del expediente, en la forma siguiente:.- UNO: CONFIRMAR el numeral 1) de la parte resolutiva de la sentencia que declara CON LUGAR la demanda.- DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a declarar LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS suscritos por la demandante CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES y el INJUPEMP por la simulación de los mismos, dejando subsistente la parte final del mismo, en cuanto a que la relación de trabajo con la demandante y el INJUPEMP fue por tiempo indefinido, reconociéndole su antigüedad a partir del 04 de mayo del año 2010.- TRES: CONFIRMAR el numeral 3) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a la condena al INJUPEMP a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo o a otro de igual categoría o mejores condiciones.- 3.- SIN COSTAS…” Bajo el criterio que la Juez A-quo en el caso en análisis, declara la Nulidad de los contratos suscritos por la demandante, pero por una parte no señala con la debida claridad, cuáles de todos esos contratos son los que está anulando y por otra parte no indica cuáles fueron los requisitos que en los mismos no se cumplieron para que sean objeto de una nulidad, al tenor de lo que dispone el artículo 211 del Código Procesal Civil que preceptúa: “El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales darán lugar a su nulidad o a su anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes...” El artículo 208 del Código Procesal Civil, en aplicación supletoria del artículo 858 del Código del Trabajo, preceptúa lo relativo a la Congruencia en los términos siguientes: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenado o absolviendo al o demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate", entendiéndose que el principio de Congruencia, implica por una parte, que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes y por otra parte, la obligación del juzgador de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el proceso, a todas las alegaciones efectuadas por las partes; y al analizar las pretensiones de la parte demandante, específicamente en la Suma de la Demanda, en los acápites "LO QUE SE DEMANDA" y "PETICION" y en ninguno de los hechos de la misma, la demandante se está refiriendo a una nulidad, ni mucho menos está solicitando nulidad para que ésta sea declarada; sin embargo, la Juez A-quo, hace pronunciamientos sobre situaciones que no le han sido peticionadas. Si bien el artículo 3 del Código del Trabajo establece que: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores", pero se repite, la Juez de primera instancia, calificó que la sucesiva contratación de la demandante la llevaron al convencimiento que las labores por ella desempeñadas eran de naturaleza permanente, lo que no producía ninguna renuncia, disminución o tergiversación de sus derechos, por lo que muy acertadamente lo subsumió en lo que establece el artículo 47 del Código del Trabajo que dispone: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas"; es decir, no importa el término que se utilice para identificarlos, pero si se reúnen los tres elementos del Contrato de Trabajo y la labor para la cual fuere contratada es de naturaleza permanente, sus derechos están garantizados por la Constitución y las leyes laborales y sus reglamentos. Que si bien, la Constitución de la República no se refiere expresamente al principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia, pero se podría inferir que al establecer en el artículo 304 de la Carta Magna: "Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado..." se encuentran incorporados los objetivos mismos de la Corte Suprema de Justicia, que persigue la labor de impartir justicia y de la realización del derecho a la igualdad contenida en el artículo 80 de la misma Constitución, en que toda persona tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades. Que corresponde a los Tribunales de Justicia aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado y siendo que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo y por las motivaciones anteriormente expuestas, se es de la firme convicción que la sentencia definitiva proferida en el presente caso que se conoce en vía de apelación no se encuentra dictada conforme a los lineamientos que franquean las leyes sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede su reformatoria, únicamente en lo que se refiere a la declaratoria de nulidad de los contratos, porque el fallador de segunda instancia no puede hacer modificaciones que impliquen agravar la situación del único apelante, cuando ello implique reformar la sentencia en perjuicio del vencido, ya que el principio de la "non reformatio in pejus" prevalece sobre el principio de legalidad.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha quince de junio del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha quince de junio del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha seis de agosto del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOHEL EDGARDO GUILLEN MARADIAGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden Nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 literal b) y c), articulo 100 literal 5) del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden Nacional violada, está contenida en el artículo 46 literal b) y c) del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo, que establece como causal de casación "ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por infracción directa", ya que se dejó de valorar que la misma naturaleza de las planillas antes mencionada, que en ese tipo de contratación su espíritu, es ser un apoyo al personal de carácter permanente; bajo esa premisa mi representado contrato a la señora CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código de Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. PRIMER MOTIVO: El Código de Trabajo en su artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados "Cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo"; esta disposición ha sido observada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ( INJUPEMP), para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en la Gaceta el 7 de Abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la Republica le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos. Por el hecho de disponer de recursos aprobados en el presupuesto Anual para contratar personas naturales que le presten servicios personales o profesionales DE CARÁCTER NO PERMANENTE para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para mi representado, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior constituye la razón que justifica el por qué mi representado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada que nunca debe pasar al siguiente año. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la Republica por lo tanto no requiere de ser aprobado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas infringidas incluye el artículo 46 literal b) y c) del Código del Trabajo, que por ser disposición general no puede ser objeto del ataque en este recurso y el artículo 100 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código de Trabajo”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, d) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Si resulta que el periodo anual para el cual fue aprobado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual, concluye pero si se da el caso de que el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recurso para contratar la celebración de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado de la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso de la hoy demandante, durante el tiempo que mantuvo una relación contractual. Los argumentos de este hecho se sustentan en Leyes vigentes de la Republica por lo tanto no requiere de ser probado. La forma de contratación original y las posteriores de la ahora demandante, jurídicamente se subsumen en lo que dispone el artículo 46 letra b) del código de Trabajo, si era el caso que no estaba de acuerdo con la forma de sus contratación, lo procedente era que hubiese manifestado y formulado desde el inicio de sus relación laboral, resulta improcedente y además extemporáneo, condiciones, de lo que se colige que en sus condiciones ha sido siempre la modalidad contratación por tiempo definido, resultando que el derecho no es de presunciones "o que quiso decir o no decir" de tal manera que mi representada ha sido respetuosa de las disposiciones legales que han ligado a la demandante con el INJUPEMP, es por tal razón que dicha acción de la demanda es totalmente improcedente, Lo expuesto en este hecho ha sido debidamente probado en juicio. Resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de la hoy demandante ha observado y ha cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución presupuestaria, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo, de lo cual la ahora demandante estaba debidamente enterada, para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes Pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato como acontece en la demanda. Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente. Lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentre previsto en la legislación laboral vigente, no obstante, se acredito debidamente de juicio. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 46 Literal b) del código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se la casación está comprendido en el artículo 765 ordinal segundo del Código de Trabajo, que establece como causal de casación "ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por falta de apreciación de determinada prueba. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 732, 738, 739, del Código de Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorios propuestos en la audiencia preliminar consistente en: 1) Documental a) oficio referente al Juicio incoado por la señora CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES, referido a informar sobre la naturaleza o giro del INJUPEMP, y constancia de fecha 21 de febrero del año 2018 en atención al oficio (corre a folios 60 y 61 de la primera pieza). Copias de las sentencias definitivas de la primera y segunda instancia y así como la Casación. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La parte demandada al contestar la demandada rechazo lo que se demanda y los asertos en que estos se sustenta y la cuantía reclamada, en su defensa fundamentalmente expone que el Código de Trabajo regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo cuando deben ser celebrados; disposición que ha sido observada por la demandada para contratar el personal de carácter no permanente, por ser una institución del Estado de Honduras para la cual cada periodo anual el Congreso Nacional de la Republica, aprueba un presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligada a cumplir irrestrictamente, conforme la Ley Orgánica de Presupuesto; de ahí que cuando las circunstancias lo exigen, a fin de apoyar el personal permanente, el Instituto procede a celebrar con personas naturales por tiempo limitado, tomando como base la disponibilidad de los recursos presupuestarios. La entidad demandada y el actor suscribieron contrato temporal de servicios profesionales, llegada la fecha pactada para la finalización de los servicios, terminó la relación contractual de pleno derecho, habiendo cumplido ambas partes lo acordado sin responsabilidad; circunstancia por la que se rechaza el despido alegado por los demandantes. Señala que ha sido criterio de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el ciudadano que crea tener acción o derecho a solicitar permanencia o el reconocimiento de derechos de trabajador permanente, como el caso de mérito, dicha petición debe accionarse ante los órganos jurisdiccionales durante la vigencia del vínculo contractual, caso contrario el nexo se extingue y con este la acción. Es en razón del periodo anual, la aprobación del presupuesto, la vigencia del contrato y el resultado de la actividad realizada efectivamente por la persona contratada el año anterior, que existe la posibilidad de contratarlos de nuevo; siendo esto lo acontecido para los demandantes. La forma de las contrataciones original y las posteriores del actor jurídicamente se subsumen en el artículo 46 precitado, INJUPEMP en el caso de contratación que nos ocupa, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre la demandante y la accionada en el marco de lo establecido en el código del Trabajo, de lo cual el actor pues estaba debidamente enterado, para los efectos de que con posterioridad Ninguna de las partes pretendiera sorprender a la otra alegando términos distintos a los consignados contractualmente.- I. El 09 de octubre del año 2018, el Juzgado de primera instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda presentada por la Señora CLAUDIA JEANETTE RIVERA REYES, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada por la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, II.- CONDENAR: AL Instituto Nacional de Jubilaciones y pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) por medio de su directora Ejecutiva y representante legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.- La parte demandada manifestó su inconformidad interponiendo el recurso de Apelación que nos ocupa, Como la causa justa para la terminación del contrato de trabajo fue válidamente alegada en juicio, la falta de apreciación de los medios de prueba antes singularizados, causan la violación directa de la norma sustantiva de orden nacional por error de hecho por la cual se acusa a la sentencia recurrida. Lo expuesto en este motivo hace admisible el Recurso de Casación y es suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Como norma infringida señala el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, que por ser disposición general no puede ser objeto del ataque en este recurso; b) Entre las normas procesales que sirvieron de medio para la violación señala los artículos 720, 730,732 del Código del Trabajo, los cuales no tienen esa categoría; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; y, d) Formula extensos alegatos propios de instancia.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 143-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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