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Sentencia CL-143-19 — Registro 14488

Resumen

demanda laboral ordinaria de primera instancia para que se ordene el nombramiento en la categoría de Profesor Auxiliar en plaza permanente en el Departamento de Contaduría Pública y Finanzas de la UNAH

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de las referencias y premisas que hemos citado, debemos ser enfáticos en que tanto a nivel nacional como internacional existe jurisprudencia en cuanto a que el acceso a la justicia es un derecho humano que le asiste en forma intrínseca a todas las personas, las cuales a su vez tienen la facultad de constituirse como personas jurídicas y que de igual manera le deviene ese derecho a la protección de la tutela judicial efectiva, de la cual el Estado se compromete a garantizar siendo en el caso de marras los jueces y magistrados que conforman el poder judicial los obligados a dar una respuesta judicial plena a todas aquellas peticiones que se le someten a su conocimiento a través de los diferentes proceso judiciales. Manteniéndose la obligación por parte de los operadores de justicia en la materia laboral de tener una sensibilidad extrema en cuanto a la obligación de satisfacer esa respuesta judicial plena que se materializa a través de las diferentes resoluciones que se emiten en la forma de autos y sentencias, puesto que la justicia Social laboral, es uno de los factores de orden público tutelado por el Estado para garantizar el bienestar de la colectividad; y a su vez mantener la esfera del equilibrio tutelar protectorio sobre los factores económicos, que generan la producción derivada de la relación capital y trabajo, es por ello que es pertinente analizar lo dicho por el quejoso a través de la nulidad subsidiaria impetrada. "...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en la sentencia de fecha 19 de febrero de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual se reforma la emitida por el a-quo y consecuentemente declara con lugar la demanda, sin embargo, la misma incumple con el deber de motivación suficiente, razonable y exhaustiva, ya que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la implicación interpretación del derecho. El fallo impugnado carece de un análisis exhaustivo y suficientemente razonado de la prueba aportada al proceso, dado que en el existe el material probatorio (como ser el acta de constatación del inspector del trabajo, el dictamen emitido por el consejo local de la carrera docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el informe del departamento de Recursos Humanos,) para determinar la convicción del juzgador de instancia, a través de la emisión de los hechos probados que debió declarar el Tribunal Ad-Quem, al momento de reformar la sentencia emitida por el A-quo, puesto que los hechos probados declarados por ese Juez de letras en dicha sentencia, no se produce un encuadramiento jurídico a la pretensión material que invoca el demandante; lográndose observar que la sentencia del Ad-Quem carece de una valoración individual y conjuntiva de la prueba, lo que lo conlleva a no resolver conforme a derecho. Por las falencias antes señaladas en los requisitos internos del fallo impugnado, procede la nulidad del mismo.

9.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.

10.- Que en dicha resolución claramente se aprecia la insuficiente motivación y valoración del material probatorio aportado por las partes, así como dar respuesta a los agravios formulados por la apelante, realizando un completo análisis jurídico de la situación controvertida."...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que como lo mencionamos antes, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

12.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes mayo del año dos mil veintiuno. La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados propietarios, ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, Y COMO MAGISTRADOS INTEGRANTES: GARIN ENOC URQUIA CASTRO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, RUBEN RIVERA FLORES Y ROXANA LICETH MORALES TORO.- procedieron a emitir el siguiente fallo. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante la Sala Laboral Contencioso administrativo, en fecha 13 de septiembre del 2019, por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH); como recurrente; además es parte recurrida, el señor OSCAR ARMANDO UMAÑA FIGUEROA, representado en juicio por el Abogado ANDRÉS PORFIRIO HERNANDEZ RODRÍGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral ordinaria de primera instancia para que se ordene el nombramiento en la categoría de Profesor Auxiliar en plaza permanente en el Departamento de Contaduría Pública y Finanzas de la UNAH, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula Departamento Cortes, en fecha 27 de abril del 2015, por el señor OSCAR ARMANDO UMAÑA FIGUEROA, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal la señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de febrero del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de San Pedro Sula, Departamento Cortes, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 20 de enero del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal de la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial el veinte de enero del dos mil dieciséis (20/01/16), en la demanda laboral de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, la que consiste en: I.) Declarar CON LUGAR la demanda promovida por el señor OSCAR ARMANDO UMAÑA FIGUEROA, por ende, se CONDENA a la demandada a adjudicar la plaza al demandante en la categoría de profesor auxiliar en plaza permanente, en el departamento de Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), debiendo la demandada emitir el respectivo acuerdo, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir a partir de la fecha en que se tuvo que materializar la contratación según el documento visible a folio 151 de la primera pieza y que corresponde al 20 de enero del 2015; SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en sus demás extremos; es decir, en cuanto a la exoneración de costas. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia…”.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- La Honorable Sala de la Laboral-Contencioso Administrativo en fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve admitió a trámite el presente recurso de casación continuando el procedimiento legal correspondiente, habiendo celebrado sesión plenaria no hubo unanimidad por lo cual se pronunció por Mayoría de Votos por Disentir el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE procedió este último a emitir y fundamentar su Voto Particular en fecha uno de marzo del año dos mil veintiuno el cual consta de autos. 2.- El voto de la mayoría de la sala, fallo sobre el recurso lo siguiente: A) CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida y, en consecuencia. B) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA promovida por el señor OSCAR ARMANDO UMAÑA FIGUEROA contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su Rector en funciones. C) CONDENA a la demandada a adjudicar al demandante, la plaza que concursar, en la categoría de profesor auxiliar en forma permanente, en el departamento de Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), debiendo la demandada emitir el respectivo acuerdo. D) SIN COSTAS. 3.- El voto Particular de la sala, fallo sobre el recurso de la siguiente manera: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en sus en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de manera subsidiaria; 3) SIN COSTAS. 4.- Que trasladadas al Pleno de Magistrados las presentes diligencias, los Magistrados que integraron en dicha sesión, procedieron a la discusión tanto el Voto de la Mayoría como el Voto Particular, adoptando resolución distinta a la elaborada por los miembros de la sala; siendo la referida resolución por Mayoría de Votos de los Magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia, por haber disentido los magistrados RINA ALVARADO MORENO, EDWIN ORTEZ, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, y REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

  1. Que por disposición del artículo 316 de la Constitución de la República, en donde establece, entre otros acápites, que cuando las sentencias de las Salas se pronuncien por unanimidad de votos se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas, y cuando No exista unanimidad en la toma de decisión del asunto sometido a su conocimiento los Magistrados que hayan participado en la discusión de la Sala no deben de integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, al haberse emitido un pronunciamiento en la Sala Laboral- Contencioso Administrativo por Mayoría de Votos se remitió al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia el caso sub examine, para que sea éste el que resuelva el caso de forma definitiva, en ese sentido y en virtud de que en las presentes diligencias no se logró el fallo por la unanimidad de sus miembros se ordenó la integración de este Alto Tribunal, para que en Sesión de Pleno puede revisar, discutir y valorar tanto la fundamentación de hecho como la fundamentación jurídica del caso concreto y pronunciarse en consecuencia.-

2.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.-

3.- Este pleno de la Corte, previo a entrar a conocer los motivos de casación y al existir la impetración de invocación sobre la existencia de una nulidad subsidiaria, considera que es necesario conocer la misma de manera previa, por tratarse de una pretensión de forma, que podría traer consigo la existencia de violación a derechos fundamentales que acarrea como consecuencia la nulidad de la sentencia que ahora se impugna a través de este recurso extraordinario

4.- Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Se solicita se declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada el martes diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por haber sido proferida sin sujetarse a los lineamientos que sobre esta materia regula el Código del Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil, violando con ello normas de orden público, que por lo tanto no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y su nulidad puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ella y cuando conste en autos puede declararse de oficio aunque las partes no la aleguen; tal deficiencia se detalla así: 1°. En la parte dispositiva de la sentencia recurrida, emitida por unanimidad, la Corte Sentenciadora como consecuencia de la declaratoria ha lugar del recurso de apelación, REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, en consecuencia declara CON LUGAR la demanda promovida por el señor OSCAR ARMANDO UMANA FIGUEROA, y por ende, CONDENA a la demandada a: 1) Adjudicar la plaza al demandante en la categoría de profesor auxiliar en plaza permanente, en el Departamento de Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) debiendo la demandada emitir el respectivo acuerdo, y, 2) MÁS A TÍTULO DE DANOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE TUVO QUE MATERIALIZAR LA CONTRATACIÓN SEGÚN EL DOCUMENTO VISIBLE A FOLIO 151 DE LA PRIMERA PIEZA Y QUE CORRESPONDE AL 20 DE ENERO DEL 2015, el subrayado y la negrilla es nuestro, ya que al condenar los salarios dejados de percibir la sentencia se torna incongruente con la pretensión planteada por la parte actora, violentado lo establecido en el Artículo 208.1 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente, tal incongruencia resulta evidente ya que visible a folio sesenta y dos (62) de la primera pieza se encuentra el acta de la audiencia de conciliación de fecha 28 de Septiembre del 2015, momento procesal en el que el apoderado actor, “haciendo uso del derecho consignado en su favor en el Artículo 706 del Código de Trabajo, CORRIGIO la demanda DESISTIENDO de la PRETENSIÓN de PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, pidiendo al tribunal la continuación del trámite, única y exclusivamente con el reclamo judicial planteado para que al demandante Oscar Armando Umaña se le nombrase como profesor auxiliar”, extremo que según se lee en el texto de dicha acta, no fue objetado por mi representada y que en consecuencia fue así resuelto por el Juzgado teniendo como única pretensión en este juicio el nombramiento como profesor auxiliar del demandante.- Honorables Magistrados, la Corte Sentenciadora no puede condenar a mi representada a reconocer una pretensión que ha sido DESISTIDA por el actor, y al hacerlo lo único que logra es evidentemente violentar la regla de la congruencia establecida en el artículo 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 858 del Código del Trabajo, por consiguiente procede la nulidad de la sentencia que también violenta el derecho a la tutela judicial efectiva”.

5.- En cuanto a la nulidad invocada este Tribunal Supremo desea de forma previa referirse a la justicia laboral frente al Estado: “La administración de justicia es un servicio muy importante que todo Estado democrático tiene la obligación de prestar a sus ciudadanos; tan importante como la educación, la salud, la inclusión social, y debe proporcionarla en condiciones de modernidad y eficiencia. Incluso se ha acuñado la expresión “justicia democrática”, entendiéndose por ésta la enfocada en función del ser humano y que se caracterice por su “independencia, acceso, transparencia, participación ciudadana y tutela judicial efectiva”, precisándose “que sin estos elementos interactuando entre sí, no se puede hablar de una administración de justicia de calidad”[1]. El acceso efectivo a la justicia representa el derecho humano más importante en un sistema legal igualitario moderno que pretenda garantizar y no sólo proclamar derechos[2]. En la medida que los derechos fundamentales en el trabajo constituyen un conjunto mínimo y universalmente aceptado de derechos laborales incorporados en las respectivas legislaciones nacionales y en la cultura laboral de los diferentes países de la región, la Agenda Hemisférica establece dos ámbitos de actuación claramente diferenciables (derecho sustantivo y derecho procesal del trabajo), indicando que “un alto índice de ratificación no es suficiente. Es necesario que estos principios y derechos se apliquen efectivamente. Así, para cualquier principio se propone actuar en dos niveles: en primer lugar, a nivel normativo/institucional, lo que supone contar con leyes adecuadas a las normas internacionales, así como con procedimientos justos y efectivos asociados a estas leyes y con instituciones sólidas que los implementen; (…)[3]. En la Agenda Hemisférica de la OIT se señala que, en el caso de América Latina y el Caribe, el cumplimiento de las normas sobre derechos laborales y, muy especialmente, sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo (objetivo estratégico núm. 1) es un objetivo central de toda política de generación de trabajo decente. Como la OIT ha señalado en reiteradas ocasiones, la región ha avanzado significativamente en la ratificación de estos convenios; sin embargo, ello no significa, lamentablemente, que las legislaciones nacionales se adecuen siempre a los mismos y que, aún adecuándose, se aplique de manera efectiva[4].

6.- Asimismo esta Corte Suprema de Justicia desea citar algunas premisas legales como ser: “Que conforme al artículo 90 de la Constitución de la Republica nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. Que articulo 321 en relación con el 323 de la Constitución de la Republica establece: los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”

7.- de las referencias y premisas que hemos citado, debemos ser enfáticos en que tanto a nivel nacional como internacional existe jurisprudencia en cuanto a que el acceso a la justicia es un derecho humano que le asiste en forma intrínseca a todas las personas, las cuales a su vez tienen la facultad de constituirse como personas jurídicas y que de igual manera le deviene ese derecho a la protección de la tutela judicial efectiva, de la cual el Estado se compromete a garantizar siendo en el caso de marras los jueces y magistrados que conforman el poder judicial los obligados a dar una respuesta judicial plena a todas aquellas peticiones que se le someten a su conocimiento a través de los diferentes proceso judiciales. Manteniéndose la obligación por parte de los operadores de justicia en la materia laboral de tener una sensibilidad extrema en cuanto a la obligación de satisfacer esa respuesta judicial plena que se materializa a través de las diferentes resoluciones que se emiten en la forma de autos y sentencias, puesto que la justicia Social laboral, es uno de los factores de orden público tutelado por el Estado para garantizar el bienestar de la colectividad; y a su vez mantener la esfera del equilibrio tutelar protectorio sobre los factores económicos, que generan la producción derivada de la relación capital y trabajo, es por ello que es pertinente analizar lo dicho por el quejoso a través de la nulidad subsidiaria impetrada.

8.- Que en la sentencia de fecha 19 de febrero de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual se reforma la emitida por el a-quo y consecuentemente declara con lugar la demanda, sin embargo, la misma incumple con el deber de motivación suficiente, razonable y exhaustiva, ya que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la implicación interpretación del derecho. El fallo impugnado carece de un análisis exhaustivo y suficientemente razonado de la prueba aportada al proceso, dado que en el existe el material probatorio (como ser el acta de constatación del inspector del trabajo, el dictamen emitido por el consejo local de la carrera docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el informe del departamento de Recursos Humanos,) para determinar la convicción del juzgador de instancia, a través de la emisión de los hechos probados que debió declarar el Tribunal Ad-Quem, al momento de reformar la sentencia emitida por el A-quo, puesto que los hechos probados declarados por ese Juez de letras en dicha sentencia, no se produce un encuadramiento jurídico a la pretensión material que invoca el demandante; lográndose observar que la sentencia del Ad-Quem carece de una valoración individual y conjuntiva de la prueba, lo que lo conlleva a no resolver conforme a derecho. Por las falencias antes señaladas en los requisitos internos del fallo impugnado, procede la nulidad del mismo.

9.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.

10.- Que en dicha resolución claramente se aprecia la insuficiente motivación y valoración del material probatorio aportado por las partes, así como dar respuesta a los agravios formulados por la apelante, realizando un completo análisis jurídico de la situación controvertida.

11.- Que como lo mencionamos antes, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

12.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.

13.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos, disintiendo los Magistrados REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO HA LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada, sobre la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero del año 2019 dictada por la Corte de Apelaciones del trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, y que obra a folios del expediente principal. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrado Integrante YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA. NOTIFIQUESE.

Expediente S.L 143-2019

[1] Mora Mora, Luis Paulino, “Una justicia democrática para la Costa Rica del siglo XXI”, Poder Judicial, Costa Rica, pág. 3.

2 Capelletti, Mauro, Garth, Bryant. El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos (1ra Edición). México: Fondo de Cultura Económica, 1996; pág. 12-13.

[2]

[3] OIT, Trabajo decente en las América: una agenda hemisférica, 2006-2015, Informe del Director General, Juan Somavia, XVI Reunión Regional Americana, Brasilia, Oficina Internacional del Trabajo, mayo de 2006 (el subrayado es nuestro), pág. 21.

[4] Ibídem, pág. 31.