Sentencia CL-13-21 — Registro 13357
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos y salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Señala como normas infringidas los artículos 19, 21, 26 y 46 literal b) del Código del Trabajo, que por ser disposiciones generales no puede ser objeto del ataque en este recurso); b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación y, d) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de mayo del 2021, por la Abogada FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS como recurrente; además, es parte recurrida, la señora LILIAN AMALIA RIVERA CORRALES, representada en juicio por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos y salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de abril del 2017, por la señora LILIAN AMALIA RIVERA CORRALES, mayor de edad, hondureña, Técnico Bancario, casada, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de enero del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de julio del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS por la señora LILIAN AMALIA RIVERA CORRALES Contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través del abogado LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través del abogado LIDIA ESTELA CARDONA; A) pagar las Prestaciones Laborales a la demandante señora LILIAN AMALIA LILIAN AMALIA RIVERA CORRALES POR LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON CERO NUEVE CENTAVOS (L.464.216.09) desglosados en los siguientes conceptos: PREAVISO: L.112,000.00 AUXILIO DE CESANTÌA: L.280,000.00 AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L.28,933.39 VACACIONES PROPORCIONALES: L.19,282.70 DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.21,000.00 más los salarios dejados de percibir desde el despido hasta que sea firme la presente condenatoria los que serán liquidados en la etapa de ejecución de la sentencia; 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en fecha 26 de julio del 2011, contratada como Asistente de la Coordinación Nacional y posteriormente ascendida a Subdirectora del Programa Educatodos, devengando un salario mensual de L. 48,000.00, señalando que durante este tiempo se suscribieron 10 contratos por escrito, consecutivos e ininterrumpidos, con números 588-2011, 113-2012, 354-2012, 037-2013, 271-2013, 043-2014, 264-2014, 512-2014, 101-2015, 054-2016, señaló que durante el tiempo que laboró desarrolló sus labores con el mayor esmero y dedicación, siendo responsable con todas las actividades que le fueron encomendadas; en fecha 1 de diciembre del 2016, se le notificó su despido a partir del 31 de diciembre del 2016, sin causa alguna de justificación haciendo caso omiso a su antigüedad laboral y contratos consecutivos suscritos. Dando por agotada la vía administrativa ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud que las partes no lograron llegar a un acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que aceptó haber sostenido con la demandante una relación de servicio por periodo limitado y determinado, mediante la suscripción de un Contrato de Servicios Profesionales para el Programa Educatodos, desempeñándose en el cargo de Subdirector, con fecha de inicio y terminación de conformidad al artículo 127 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2017; asimismo, artículos 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, era del conocimiento de la demandante que en el Contrato de Personal para el Ejercicio Fiscal 2016 No.054-2016 se establecía: “en la cláusula primera que el mismo era un contrato de Servicios Profesionales; en la Cláusula cuarta en lo referente a su validez y vigencia se preceptuaba a partir del cuatro (04) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) fecha del vencimiento de su vigencia”, rechazó lo manifestado en lo que respecta a la nominación de salario mensual que aduce haber devengado, ya que se le contrató por el monto de L.571,200.00, valor que se cancelaría en un pago de 43,200.00, por los veintisiete días del mes de enero del 2016 y once pagos de L.48,000.00, por los meses de febrero a diciembre del 2016, conforme a lo pactado en la cláusula quinta del Contrato, por lo que en ninguno de los pagos cumplía una mensualidad; consideró que la parte demandante desea cambiar la naturaleza de sus Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Tiempo Limitado, pretendiendo que se trata de un Contrato Individual de Trabajo; indicó que los trabajadores contratados bajo cualquier modalidad deben cumplir cada una de las obligaciones que se derivan de su contratación, así como recibir sus beneficios de conformidad a Ley, y una remuneración como retribución por los servicios prestados, por consiguiente el demandante estaba sujeto a una serie de obligaciones por la actividad que desarrollaba conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que en el artículo 200 estatuye que las Secretarías de Estado podrán suscribir Contratos de Servicios Profesionales sujetas a cláusulas para su cumplimiento, tal como se desprende del artículo 202 del mismo cuerpo legal, no obstante al tenor de lo pactado entre las partes en la cláusula décima quinta del Contrato establecía que en caso de controversia o conflicto, se someterían a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo dispuesto en el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo anterior negó la existencia de un despido ilegal e injusto, pues conforme a lo pactado en el Contrato de Servicios Profesionales que en la cláusula cuarta dispone que la validez y vigencia del contrato sería a partir del 4 de enero al 31 de diciembre del 2016; de igual forma, la cláusula décimo séptima referente a la aceptación de términos, indica que ambas partes aceptan los términos del Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo, por lo que al no ser un despido ilegal e injusto y existir un plazo de terminación, cesaría sin responsabilidad para las partes, en consecuencia el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios es improcedente, ya que aun al aplicarse el Código de Trabajo no le asiste tal derecho, en cuanto al artículo 111 del citado Código, enlazado al artículo 113; en cuanto a los llamamientos realizados extrajudicialmente para dirimir el conflicto dijo que su representado no estaba en la obligación, ni facultado para reconocer tales derechos, en virtud que de haber cedido en tales pretensiones infringiría las disposiciones Constitucionales contenidas en los artículos 321 y 364.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de junio del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS por la señora LILIAN AMALIA RIVERA CORRALES Contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través del abogado LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través del abogado LIDIA ESTELA CARDONA; A) pagar las Prestaciones Laborales a la demandante señora LILIAN AMALIA LILIAN AMALIA RIVERA CORRALES POR LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON CERO NUEVE CENTAVOS (L.464.216.09) desglosados en los siguientes conceptos: PREAVISO: L.112,000.00 AUXILIO DE CESANTÌA: L.280,000.00 AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L.28,933.39 VACACIONES PROPORCIONALES: L.19,282.70 DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.21,000.00 más los salarios dejados de percibir desde el despido hasta que sea firme la presente condenatoria los que serán liquidados en la etapa de ejecución de la sentencia; 3) SIN COSTAS…” Bajo el criterio que se probó la continuidad laboral al haberse renovado la contratación sin interrupción por más de 6 años, además se aportó al juicio el oficio No. 1628SE-2016, de fecha 01 de diciembre del 2016, donde se comunicaba a la demandante “por instrucciones del Señor Secretario de Estado en los Despachos de Educación, la vigencia de su contrato de servicios profesionales vence el 31 de diciembre del presente año, en tal sentido la relación finaliza la fecha indicada”, notificación que fue recibida bajo protesto; con el propósito de probar los hechos y razones de su defensa, la parte demandada presentó los Contratos suscritos desde la fecha de inicio de la relación laboral, dichos documentos no probaron la naturaleza temporal del contrato, contrario sensu probó que la naturaleza de las labores efectuadas en el cargo de Subdirectora del Programa Educatodos eran permanentes, ya que no se probó la finalización de dicho programa, es decir, que al subsistir la causa del contrato, subsiste la necesidad de contratación de los servicios, por ende se acreditó la condición de continuidad; de igual modo, una vez revisados los Contratos se constató la existencia de los 3 requisitos esenciales del Contrato de Trabajo, al expresar de manera clara la labor a desempeñar, subordinación por la existencia de un Jefe Inmediato, cumplimiento de un horario, conjuntamente el salario reconocía el goce de hasta 12 días de vacaciones en el año; si bien es cierto, en materia contractual rige el Principio de pacta sunt servanda, el cual significa que las cláusulas de los Contratos deben cumplirse de buena fe, no obstante los Contratos de Trabajo por ser de regulación especial y por la desventaja que lleva consigo el trabajador por la relación de subordinación, se presume que deben tener incluidos expresa o tácitamente los contenidos mínimos de protección a los derechos de los Trabajadores, establecidos en las normas laborales so pena de nulidad, al tenor de lo establecido en la Constitución de la República y Código de Trabajo, siendo así que se tendrá la cláusula del vencimiento o del término de finalización como nula, por existir violación al derecho de estabilidad laboral, tal como lo establece el artículo 129 de la Constitución de la República, por las razones antes expuestas, al dar por terminada la relación laboral de forma unilateral, se configuró un despido ilegal e injustificado, por lo que declaró con lugar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales consistentes en preaviso, auxilio de cesantía y los salarios dejados de percibir a título daños y perjuicios, en cuanto al pago del décimo cuarto mes de salario proporcional y vacaciones proporcionales, no consta que los mismos hayan sido satisfechos, procediendo la aplicación de las presunciones legales, en consecuencia declaró con lugar el pago de los mismos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de enero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que está probada la relación laboral entre las partes, ya que de la revisión de los Contratos se desprende que los mismos han perdurado en el tiempo por su renovación, lo que provocó que se vuelvan de carácter indefinido al ser suscritos de forma continua y en una labor de carácter permanente, independiente de la denominación que se les dio, pues en esencia son Contratos de Trabajo; aunado a ello, el demandado no logró acreditar la razón por la cual considera que eran Contratos a Término, pues de ser así no estarían suscritos por un término de 6 años, además al renovarlos se volvieron de carácter indefinido; conforme el Principio de Primacía de la Realidad, no es relevante lo que digan los documentos o lo que se pactó entre las partes, si la realidad demuestra algo diferente y al quedar probado que los Contratos no eran de consultoría, ni servicios profesionales sino de trabajo, no se pueden vulnerar los derechos al trabajador, más bien el patrono debió reconocer el derecho a la permanencia del trabajador, para no restringir o menoscabar los derechos adquiridos durante ese tiempo; asimismo, consideró que existió una simulación contractual, debido a la celebración de un Contrato de contenido irreal, es por ello que la doctrina y jurisprudencia son consistentes al establecer que el Contrato de Trabajo se presume si cumple los requisitos del mismo, independiente del nombre con que las partes lo identifiquen y si llegara a suceder sus disposiciones serían nulas, ya que constituyen un fraude a la seguridad social que implican la renuncia a derechos y garantías establecidos en el marco jurídico nacional e internacional.- 5. Mediante auto de fecha 15 de febrero del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE EDUARDO PACHECO MOREL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 27 de mayo del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 27 de mayo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 4 de agosto del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 54 al 141, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización. Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración” que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece “se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato” el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quem en virtud de darle una connotación diferente al concederle reintegro y permanencia así como salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios desde que se produjo el despido hasta que se haga efectivo el reintegro a su puesto de trabajo, la demandante nunca dejó de laborar ya que ha sido contratado a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece “Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado…” artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1º del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1º Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley.- Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÌ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye la permanencia es decir que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de dar permanencia ya que su contratación están bajo lo que establece el artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” Además no se puede hacer erogación de pagos de salarios dejados de percibir por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. Además el Código de Trabajo solo regula el capital-trabajo, no cuestiones de permanencia y salarios dejados de percibir eso le corresponde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1º del Código del Trabajo)”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Señala como normas infringidas los artículos 19, 21, 26 y 46 literal b) del Código del Trabajo, que por ser disposiciones generales no puede ser objeto del ataque en este recurso); b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación y, d) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 13-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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