Sentencia CL-128-20 — Registro 13732
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se reintegre a un puesto de trabajo por tratarse de un despido injusto, sin causa justa de despido, pago de salarios dejados de percibir, que se anule el trabajo temporal por poseer las obligaciones y derechos de un trabajador permanente y que mediante sentencia definitiva se ordene el nombramiento por acuerdo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas los artículos 03, 20, y 47 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva, que por ser disposiciones generales no puede ser objeto del ataque en este extraordinario recurso; b) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que los artículos 128 de la Constitución de la República y los artículos 3 y 47 del Código de Trabajo a que hace referencia, no ostentan esa calidad; d) Indicar correctamente las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y e) Formula extensos alegatos de instancia inoportunos para este extraordinario recurso."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, b) El artículo 863 del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien, tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; y, c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION.- El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de Representante Procesal del señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON y en fecha trece de agosto del dos mil veintiuno, por la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrentes/recurridos respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se reintegre a un puesto de trabajo por tratarse de un despido injusto, sin causa justa de despido, pago de salarios dejados de percibir, que se anule el trabajo temporal por poseer las obligaciones y derechos de un trabajador permanente y que mediante sentencia definitiva se ordene el nombramiento por acuerdo, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de enero del dos mil dieciocho, por el señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON, mayor de edad, soltero, hondureño, Motorista y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA ROSA PARSON MORALES, en su condición de Representante Procesal de la parte apelante-demandada.- II.- REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha seis de febrero del año dos mil diecinueve que corre a folios del 74 al 81 de la primera pieza de autos de la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR los numerales I, III y V de la parte dispositiva de la sentencia apelada. DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral II en cuanto a declarar SIN LUGAR lo ordenado por el Juzgado A-quo a que se proceda a tramitar un Acuerdo Ejecutivo para el nombramiento del demandante de manera permanente y CONFIRMAR dicho numeral en los demás pronunciamientos. - III.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo en el Ministerio Público, el 01 de octubre de 2010, bajo la modalidad por contrato con el cargo de Motorista, asignado en el Departamento de Seguridad Interna, no obstante, fue trasladado a varias fiscalías especiales, entre ellas la Fiscalía de la Mujer en el módulo de atención integral especializado (MAIE), bajo la jordana especial (laborando cualquier turno que se le asignara) devengando un salario mensual de exactos L. 10,085.00. A partir del 1 de octubre de 2017, fue trasladado a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, en donde el Jefe de Transporte señor Evan Vallecillo lo presentó ante el Coordinador dicha Fiscalía, Abogado Roger Ludovico Mathus, para notificar su nueva asignación en dicha dependencia y en la cual le daban la custodia de un vehículo Mitsubishi, color café, placa 0671, tipo pick up, laborando en el módulo de femicidios. El periodo de feriado de la semana morazánica del año 2017, inició el día 2 al 6 de octubre de 2017, según circular DRH 011-2017, emitido por la Jefe de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público: "Entendiéndose que todo el personal bajo la modalidad de acuerdo y de contrato que no haya gozado del derecho de vacaciones anticipadas en dicho periodo, por haber autorizado la Suprema autoridad nominadora de la Institución un periodo de vacaciones colectivas para todo personal del ministerio público". El día lunes 9 de octubre de 2017, el actor se presentó a sus labores cotidianas, procedió a preparar el vehículo asignado para iniciar las actividades asignadas, cuando fue visitado por el señor Evan Vallecillo, Jefe de Transporte, en la que le reprochó, porque no le contestó el teléfono en la semana morazánica, a lo que le respondió que en ningún momento recibió llamada por parte de él, ni del Jefe o de algún compañero; asimismo, quiso que le firmaba una circular con fecha atrasada delegándole trabajo en el feriado morazánico, a lo que le respondió que no podía firmar dicho documento, pues no se lo entregó antes de que iniciara la semana morazánica, pues de haber recibido órdenes superiores para estar presente en la semana de feriado, el actor hubiese hecho presente como ya lo ha realizado en años anteriores. Posteriormente a dicho reclamo, se le practicó una audiencia de descargo el día 20 de octubre de 2017, a las 9:00 am, en la Jefatura de Recursos Humanos, en la que respondió a una serie de preguntas sobre lo acontecido durante y después de la semana morazánica y rechazando lo aseverado por el señor Evans Vallecillo, ya que nunca le entregaron el rol de turno en el feriado nacional, en la que manifestó que de haber recibido instrucciones específicas gustosamente se hubiese hecho presente a trabajar en la semana de feriado nacional, después de dicho suceso fue trasladado a la Fiscalía Especial de Protección al consumidor, siempre como Motorista, a partir del 30 de octubre de 2017, por lo que se hizo presente para ponerse a las órdenes de la Coordinadora de dicha Fiscalía Especial, Abogada Sara Patricia Sagastume Rice. Posteriormente, se le entregó la Resolución No FGR -683-2017, de fecha 15 de noviembre de 2017 y notificado en el despido a partir del 15 de diciembre de 2017, como último día que laboró dentro de la institución estatal emitida por el Fiscal General, que en su parte dispositiva ordena: "1.- declarar con lugar el procedimiento disciplinario incoado en contra del señor Elmer Darío Hernandez Castellón, en virtud de establecerse que el empleado antes referido incumplió con sus obligaciones contractuales y actividades específicas contenidas al cargo que desempeña el empleado.- 2.- Dar por terminado el contrato temporal de Prestación de Servicios FGR/OFCH No 1698-2017 con duración del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2017 en virtud de haberse establecido los supuestos contenidos en el artículo 167 No 3 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público”. En dicha Resolución de despido le aplican la Ley del Estatuto del Ministerio Público, cuando en su caso particular dicha ley le excluye de su campo de aplicación, tal como lo establece en el artículo 5 del Reglamento del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público que literalmente dice que: "quedaran comprendidos dentro del Sistema de Carera que reconoce la ley, el Estatuto y este Reglamento que además de cumplir con los requisitos en estos instrumentos legales, hubiere ingresado mediante nombramiento a prestar sus servicios en el Ministerio Público". Asimismo, en el Artículo 6.- Quedan excluidos del Sistema de Carrera del Ministerio Público: a) El Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto; b) Los Directores de la Dirección de Investigación Criminal, de la Dirección de Medicina Forense y de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico; c) Los que fueren contratados para prestar sus servicios profesionales o técnicos; d) Los servidores de confianza, los cuales serán identificados en el Reglamento, y; e) Los que fueren objeto de un nombramiento provisional. No obstante, a lo anteriormente expuesto, dicha medida disciplinaria no respetó el mismo Reglamento del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en caso de ser aplicable al demandante, ya que el supuesto incumplimiento a sus deberes es del 2 al 6 de octubre de 2017 y se emite Resolución de despido hasta el 15 de noviembre de 2017, que al tenor de lo establecido en el artículo 91 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en cuanto a las prescripciones han transcurrido más de los 30 días hábiles desde la fecha que la división de recursos humanos tuvo conocimiento por escrito de la supuesta comisión de la infracción. Artículo 90 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en caso de ser aplicable al demandante, que para la imposición de Medidas disciplinarias siguientes: a.) amonestación en 7 días, b.) la pérdida del derecho a ascensos en 15 días y c) suspensión por un mes, lo cual no se respetó la escala disciplinaria, ya que ni en la audiencia de descargo ni en la Resolución de despido, lograron demostrar la notificación al roll de turnos en los días feriados; asimismo, no se respetó el orden de la escala disciplinaria establecida, "siendo desproporcional la sanción aplicada a la supuesta falta cometida por carecer de pruebas que demuestren la desobediencia en presentarme en los días feriados a trabajar". Y siendo que el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, no le es aplicable por no ser personal nombrado por acuerdo, el artículo 863 del Código del Trabajo establece; que los derechos y acciones de los Patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescribe en un mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de este, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria; en este caso particular, han transcurrido más de los 30 días desde la fecha en que surgió la supuesta falta del 2 al 6 de octubre de 2017 al 15 de noviembre de 2017, en que surgió el despido ilegal e injustificado.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que cómo se puede desprender que, en la Cláusula Cuarta del citado contrato, el mismo tendría un período de vigencia del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2017, cuya remuneración era por la cantidad de L. 10,085.26. De acuerdo al Memorando DGF No. 2177-2017, de fecha 19 de septiembre del 2017, fue en fecha 20 de septiembre del 2017, que el demandante fue rotado a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, como Motorista y no en la fecha que establece; sin embargo, dicho traslado se debió a solicitud del mismo, tal como se desprende del Acta de Audiencia de Descargo de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), donde el manifestó: “me avoque a la Abogada Loany Patricia Alvarado, para que me ayudara con mi traslado, hacia Cooperación Externa o a una Fiscalía... ", denotando con lo anterior que el mismo solicitó el cambio. No obstante, dicho extremo en virtud de no ser relevante al objeto del debate, ya que como bien lo ha planteado el demandante, el objeto del misma versa sobre la terminación de la relación temporal de servicios profesionales por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por lo que el presente hecho al no tener relación sobre el conflicto suscitado entre las partes, dicho extremo es impertinente e improcedente por no guardar relación con el hecho acaecido que dio como resultado la terminación de la relación de servicios profesionales. Sin embargo, del Acta de Audiencia de Descargo, el demandante de forma reiterativa manifiesta que sus supuestos reclamos y problemas personales jamás los realizó por escrito, por lo que no existe prueba documental de lo que el manifiesta. No obstante a lo que la parte actora argumenta de lo que establece la Circular D.R.H.-OI 1-2017, de fecha 26 de septiembre del 2017, en la cual se establece que: "Se exceptúa del goce de dicho período de vacaciones, aquellos funcionarios, servidores y empleados que tengan que realizar Audiencias o Turnos, Personal Médico y Técnico de la Dirección de Medicina Forense, Personal de seguridad y todo aquel personal que por disposición de su superior jerárquico, deban de realizar actividades inherentes al cargo que desempeñan, lo anterior de que sin perjuicio de que se les sea concedido dicho periodo de vacaciones en fecha posterior". De igual forma, era del conocimiento de todos los motoristas de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, el rol de turno de motoristas, correspondientes al mes de octubre del 2017, en el cual se estableció que del lunes 2 al domingo 8 de octubre, tomarían los motoristas Elmer Darío Hernández y Nelson Ariel Salgado, por lo que dicho extremo es infundado, en cuanto a que el mismo era de conocimiento de todos los motoristas. Por otra parte, todo el personal que labora para el Ministerio Público, es de su conocimiento que dada la naturaleza de los servicios que prestan a la ciudadanía les toca desempeñar las mismas en días feriados, el cual en otro período le son reconocido el goce de sus vacaciones, por lo que lo manifestado por la parte recurrente es improcedente. El ahora demandante hizo caso omiso, tanto de lo antes referido de la Circular D.R.H.-OI 1-2017, de la cual solo refiere la fracción de la circular que le interesa que ella conozca y tampoco acató lo relativo al rol de turnos mensual, del cual el demandante está enterado que todos los meses existe una programación para todos los motoristas que se encuentran asignados a fiscalías, como es su caso, por lo cual, falta a la verdad si dice que no le fue entregado dicho rol de turnos, dejando de asistir a su trabajo sin justificación alguna. Cabe resaltar, que mensualmente, en cada fiscalía especial, así como en el rol de transporte, los motoristas están debidamente enterados que existe un rol de turnos, debido a la atención que presta el Ministerio Público a la sociedad, por lo cual, es completamente rechazable, que el ahora demandante venga a argumentar de que no se le entregó el rol de turnos o que no sabía que estaba de turno y utilice excusa, para no presentarse a su trabajo a realizar las tareas asignadas, siendo esto de un perjuicio enorme para la institución. Si bien es cierto, al demandante se le realizó una Audiencia de Descargo, este no pudo hacer descargo alguno de los hechos que se le imputaron, los cuales fueron ratificados con las declaraciones voluntarias que rindieron sus jefes inmediatos, los que contradicen lo declarado por el ahora demandante en su audiencia de descargo, por lo que al contrastar todas estas declaraciones, resulta que el recurrente no fue capaz de realizar ningún descargo de los hechos que se le imputaban. Cabe resaltar, que producto de las declaraciones realizadas por el hoy demandante se procedió a tomar declaraciones a testigos, en el Acta de Declaración perteneciente al señor Daniel Alberto Funes Rico, quien manifestó que se le notificó el día jueves 28 de septiembre, de manera personal por parte del señor Evans Vallecillo, lo cual el no dijo nada pero apagó su celular, igual el día sábado se le llamó personalmente para recordarle que él se encontraba de turno, por tal razón el celular se encontraba apagado, para lo cual nuevamente se llamó el día lunes, para instruirle o notificarle que tenía que ir a realizar un traslado de testigos protegidos de un fiscal para cubrir una audiencia programada el día lunes 02 de octubre y de nuevo su celular se encontraba apagado... ' denotando con lo expuesto que se notificó de forma verbal, así como se intentó localizarlo mediante llamadas telefónicas sin obtener respuesta, aunado a este Motoristas se realiza mensual, teniendo conocimiento el personal que presta sus servicios; sin embargo y como se puede constatar, de lo relatado por el señor Funes Rico, el no solo incumplió su rol, sino que además se llevó las llaves del vehículo a él asignado sin autorización y por ende causando perjuicio, ya que siendo el vehículo que quedaba a disposición para realizar trámites relacionados con los servicios que presta la Institución se tuvieron que tomar otras medidas. Con lo anterior se denota, que ante este supuesto el mismo Código de Trabajo ya preceptúa en el artículo 98 "Se prohíbe a los Trabajadores: I. Faltar al trabajo... sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono; ... 4. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo... sin permiso del patrono... " Por lo que al ausentarse sin tener permiso por parte de su superior jerárquico y al llevarse las llaves del vehículo a él asignado, el cual es la herramienta de su trabajo, el mismo infringió disposiciones normativas. Por lo que, ante este supuesto, el artículo 112 del mismo cuerpo legal establece: "Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: ... l) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98". Por lo que la defensa concluye que la demandada actuó conforme a derecho correspondía. El demandante alegó que en la resolución antes referida, se da por terminado el contrato en virtud de haberse establecido los supuestos contenidos en el artículo 167 No. 3 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público... "pero intencionalmente no termina lo establecido en esa misma parte de la resolución, la cual seguidamente de tal aseveración, se establece que dichos supuestos "se encuentran vinculados directamente con el articulo 112 literal h del Código de Trabajo vigente", quedando a la vista la intención de confundir con este hecho, con los argumentos incompletos y convenientes que este realiza, razón por la cual se Rechazan los mismos. Que la resolución a que hace alusión la parte actora y en la cual la Autoridad Nominadora del Ministerio Público (Fiscal General de la República) declara con lugar el procedimiento disciplinario aplicado al ahora demandante, tiene su fundamento legal en las disposiciones del Código de Trabajo vigente, existiendo inevitablemente una vinculación de estos con la normativa especial del Ministerio Público, pero tal terminación de contrato se fundamenta en las disposiciones legales del Código del Trabajo. No obstante, a lo anterior, es necesario reseñar que según lo manda el artículo 24 numeral 13, dispone taxativamente que: "Corresponde al Fiscal General de la República; 13. Nombrar, contratar, trasladar, permutar, cancelar, sancionar y remover al personal del Ministerio Público.", es decir, que, conforme a la ley, en el Ministerio Público, es el Fiscal General el único que tiene la potestad de cancelar o remover al personal de la institución; hacemos alusión a lo anterior. La Autoridad Nominadora, desde el momento que tuvo en conocimiento el incidente que motivó la terminación del Contrato del ahora demandante, así como sus descargos y demás elementos que llevaron a la convicción de la actuación anómala del demandante emitió la resolución, en donde motivadamente su decisión, dio por terminada la relación contractual.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero del mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. QUE SE ORDENE EL
NOMBRAMIENTO POR ACUERDO; instaurada por el Señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 01 de octubre de 2010 para lo cual deberá emitir el Acuerdo de nombramiento correspondiente en el cual se nombre al Señor ELMER DANILO HERNANDEZ CASTELLON; III. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON para declarar la nulidad del trabajo temporal; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al Señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON dichos conceptos. V.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que si bien es cierto, la parte demandada señala que al demandante se le dio por terminado el Contrato Temporal de Prestación de Servicios por haberse ausentado de sus labores de manera reiterativa durante la Semana Morazánica comprendida del lunes 02 al domingo 08 de octubre de 2017, a pesar de habérsele instruido de manera verbal y por escrito tanto a usted como a todo el personal tanto fiscal como administrativo de los roles de turno, no menos cierto es, que con fecha 10 de octubre de 2017, la Institución demandada tuvo conocimiento de la falta cometida por el actor tal y como consta con la Nota de fecha 10 de octubre de 2017, por parte del Abogado Roberto Blen Andino, Fiscal Sub Jefe Nacional de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, dirigida al Abogado NELDIN FUENTES, Supervisor Nacional del Ministerio Público, por medio del cual le envían el informe presentado por el Licenciado Daniel Rico, encargado de transporte de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y se procedió a emitir Resolución N° FCR 683-2017, de fecha 15 de noviembre de 2017, por parte de la Fiscalía General de la República, la cual entre otras cosas RESUELVE: Dar por terminado el Contrato Temporal de Prestación de servicios con duración del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017, en virtud de haberse establecido los supuestos contenidos en el artículo 167 numeral 3 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y se le notifica la misma al demandante en fecha 15 de diciembre de 2017; como puede apreciarse, desde que la Institución demandada tuvo conocimiento de la falta cometida por este, el 10 de octubre de 2017 al 15 de noviembre de 2017, la Institución demandada procede al despido del demandante, transcurrió un plazo equivalente a un (1) mes, con cinco (5) días, cuyos resultados en consecuencia son extemporáneos, al no haberse ceñido al plazo que señala el artículo 863 del Código del Trabajo, de donde se desprende que el despido del actor es extemporáneo al no habérsele notificado en tiempo y legal forma, resultando improductivo e ilegal.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA ROSA PARSON MORALES, en su condición de Representante Procesal de la parte apelante-demandada.- II.- REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha seis de febrero del año dos mil diecinueve que corre a folios del 74 al 81 de la primera pieza de autos de la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR los numerales I, III y V de la parte dispositiva de la sentencia apelada. DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral II en cuanto a declarar SIN LUGAR lo ordenado por el Juzgado A-quo a que se proceda a tramitar un Acuerdo Ejecutivo para el nombramiento del demandante de manera permanente y CONFIRMAR dicho numeral en los demás pronunciamientos. - III.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el demandante en su libelo de la demanda como alegato de defensa, manifiesta que no solo la acción tomada por el Ministerio Público a través del Fiscal General, se encuentra prescrita por el Código del Trabajo, sino que también a la luz de la Ley del Estatuto del Ministerio Público, que le fue aplicado en la resolución emitida, ya que este dispone que una vez que la División de Recursos Humanos tiene conocimiento, por escrito, de la comisión de una falta, esta prescribe igualmente en 30 días, sin tomar en cuenta que, la misma Ley lo excluye de su ámbito de aplicación, pero si le fuera aplicable, ya la sanción tampoco procedería. En ese sentido, siendo que el demandante es servicio excluido, con mucha más razón, le es aplicable las disposiciones del Código del Trabajo, en base al Principio Protectorio en su regla de aplicación de la norma más favorable, ya que si no le es aplicable el Estatuto y Reglamento, que garantiza a los empleados de carrera, que una vez que la División de Recursos Humanos conozca por escrito de una falta tienen 30 días para ser sancionados sino prescribe, se violentarían derechos del demandante, si en el caso de él, pudiera despedirse o darse por terminada la relación laboral sin responsabilidad, alegando que es hasta que el Fiscal General, que es la máxima autoridad toma conocimiento que empiezan a transcurrir los plazos, cuando ya hay una disposición interna que establece lo contrario para otros empleados y podrían estimarse incluso que se está actuando con discriminación, hacia el trabajador, es por ello que una vez que se ha valorado en el caso de autos que la falta cometida o no por el demandante, no podía sancionarse, por prescripción del plazo no cabe pronunciarse sobre ese hecho, que dio origen a la terminación del contrato, siendo por esa misma razón que procede declarar con lugar la demanda y orden de reintegro, con los correspondientes salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia. También constituye pretensión la nulidad del trabajo temporal y los derechos de los empleados permanentes, los cuales no proceden porque la institución honró esos conceptos. En cuanto a la permanencia, dado que el trabajo que realizaba el demandante es de naturaleza permanente y continua en la institución, debe entenderse que, por el Principio de Estabilidad Laboral, al ser reintegrado el demandante, será como empleado permanente de dicha institución, con todos los derechos que le corresponden, ya que, el trabajo indefinido debe ser la regla y la temporalidad la excepción, correspondiendo al patrono probar porque el trabajo es de naturaleza temporal, lo cual no ocurrió en el caso de autos.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada DIANA ROSA PARSON MORALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS y por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación de los recursos, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los recurrentes por el término de veinte días, para que formularan sus demandas de casación de la siguiente forma: a) al apoderado demandante dicho término le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y b) a la representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior.- 6. En fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte de la recurrente, ordenándose el traslado a la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, por el término de veinte días, para que formule su demanda de casación; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de agosto del dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación exponiendo un motivo de casación, por parte de la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, omitiéndose el traslado; ordenando dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común por el término de diez días, el cual surtirá efecto en la Secretaría donde se mantendrán los autos a su disposición.- 7. Que mediante autos de fecha treinta y uno de agosto y diez de septiembre de dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia tuvo por contestado en tiempo los recursos de casación por parte de la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON y por la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, respectivamente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON, en su primer y único motivo de casación alega: “ En este acto impugno el fallo emitido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán por ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida en la que restringe, disminuye, tergiversa el derecho que tiene mi representado a la ESTABILIDAD LABORAL O LA PERMANENCIA en su relación de trabajo, ya que al revocar la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras del trabajo en la que reconoce el derecho a que se le otorgue el NOMBRAMIENTO POR ACUERDO, vuelve mi representado a ser vulnerable a ser despedido en relación con el artículo 3, 20, 47 del Código del Trabajo en relación con los articulo 128 y 129 de la Constitución de la Republica. NORMAS PROCESALES VIOLENTADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violentadas por la sentencia recurrida están contenidas en los articulo 128 y 129 de la Constitución de la Republica en relación con los artículos 3, 20, 47, 52, 867 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACION. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral que fundamental la Sentencia recurrida están contenidas en los artículos 62, 303 y 304 de la Constitución de la Republica, articulo 46 literal b) 113, 116, 117 ,120 123, 349, 664,665, 666, del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO DE ESTE MOTIVO. El motivo se encuentra comprendido en los artículos 128 de la Constitución de la Republica en relación con el articulo 3 y 47 del Código del trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en el fallo impugnado establece en su criterio: "CONSIDERANDO SEPTIMO (7): Que también constituye pretensiones la nulidad del trabajo temporal y los derechos de los trabajadores permanentes, los cuales no proceden porque la institución honro esos conceptos. En cuanto a la permanencia dado que el trabajo que realizaba el demandante es de naturaleza permanente y continua en la institución, debe entenderse que, por el Principio de Estabilidad Laboral, que garantiza nuestra Constitución de la Republica, al ser reintegrado el demandante, será como empleado permanente de dicha institución, con todos los derechos que corresponden, ya que el trabajo indefinido debe ser la regla y la temporalidad la excepción, correspondiendo al patrono probar porque el trabajo es de naturaleza temporal, lo cual no ocurrió en el caso de los autos." "CONSIDERANDO OCTAVO (8) que por las razones antes expuestas, esta Corte observa únicamente, que no es atribución del Juez de primera instancia, ordenar el nombramiento por acuerdo del demandante, ya que sería un contrasentido, dado que el acuerdo del que gozan los empleados del Ejecutivo los convierte en empleados públicos, quedando por fuera del ámbito de aplicación del derecho del trabajo, bajo el cual se está protegiendo los derechos del demandante, es por ello que procede su reformatoria, en el sentido de no condenar al Estado de Honduras, a través de la institución demandada a emitir el acuerdo correspondiente, confirmando los demás pronunciamientos." Con el criterio emitido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán considero que existe un análisis erróneo ya que LOS CONTRATOS TEMPORALES al que está sometido mi representado y al no establecer en forma clara, precisa y objetiva el Tribunal la anulación de los trabajos temporales a los que ha sido sometido mi representado por más de 7 años consecutivos, ya que la Juez de primera instancia tuvo a la vista las condiciones contractuales que lesionan los derechos individuales de un trabajador permanente, ya que el Patrono (MINISTERIO PUBLICO) NO SOLO TERGIVERSA, LESIONA Y DISTORCIONA) las condiciones de trabajador que se mantenido en forma continua, sino que omite el contenido del artículo 47 del Código del Trabajo que refiere a los contratos individuales de contratos continuos, pues esta modalidad de contrato de servicios se enmarca dentro del contrato administrativo que discrimina en igualdad de condiciones a todos los trabajadores por cuanto los trabajadores con la modalidad temporal no obtienen los mismos beneficios de un trabajador permanente, dejándolo en desventaja con sus derechos en relación a otros trabajadores que si gozan de los beneficios de un trabajador permanente, mediante un acuerdo administrativo no así con sus obligaciones que si se encuentran enmarcadas en igualdad de condiciones. En este orden claro de ideas es Facultad y Potestad del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO la aplicación a la Constitución de la Republica en su artículo 128 “anular todos aquellos actos estipulaciones y condiciones que impliquen la renuncia, disminución restricciones o que tergiversen los derechos laborales” que la Constitución de la Republica GARANTICEN A TODOS LOS TRABAJADORES cuando han sido afectados, discriminando los derechos a la estabilidad o permanencia en su actividad laboral. Queda claro que mi representado consintió las condiciones impuestas para laborar dentro del Ministerio Publico bajo la modalidad de contrato de forma temporal a pesar de existir FRAUDE A LA LEY LABORAL, pero de esto puede apreciarse el tipo de contratación jurídica que subsistía entre las partes, a pesar que existe una clara SIMULACION DE UN CONTRATO TEMPORAL, ya que al asignársele trabajos permanentes y continuos aun en días festivos y de feriados reflejan una labor por tiempo indefinida; siendo ATIPICO ESTE TIPO DE CONTRATOS porque conlleva la existencia de un actividad laboral permanente; de esta forma considero que el criterio emitido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo es completamente injusto y sin respaldo legal, ya que de esta forma AVALAN LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS O TEMPORALES, AVALAN LA VULNERABILIDAD EN LA PERMANENCIA O ESTABILIDAD LABORAL, AVALAN LA DISMINUCION DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES PERMANENTES Y SUS BENEFICIOS. Si el fallo de carácter firme ANULA LOS CONTRATOS TEMPORALES Y SE ORDENA EL NOMBRAMIENTO POR ACUERDO, se está evitando la discriminación laboral, se está dando fiel cumplimiento a la garantía Constitucional de la ESTABILIDAD LABORAL EN SU CARGO, en virtud de haberse acreditado al Tribunal los 3 elementos esenciales de un contrato individual de trabajo; caso contrario en caso de dar fiel cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia impugnada mi representado CONTINUARA AL SER REINTEGRADO A CONTINUAR CONTRATOS TEMPORALES, sin darse cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3 y 128 del Código del Trabajo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas los artículos 03, 20, y 47 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva, que por ser disposiciones generales no puede ser objeto del ataque en este extraordinario recurso; b) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que los artículos 128 de la Constitución de la República y los artículos 3 y 47 del Código de Trabajo a que hace referencia, no ostentan esa calidad; d) Indicar correctamente las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y e) Formula extensos alegatos de instancia inoportunos para este extraordinario recurso.- IV. Que la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo de casación sostiene: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma incompleta del artículo 863, mismo que va relacionado con el articulo 24 numeral 24 de la Ley del Ministerio Publico, y Omitió valorar la placabilidad. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACIÓN: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: se acusa la Sentencia Recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva contenida en el artículo 24 numeral 24 de la ley del Ministerio Publico, y la disposición legal contenida en el Código del Trabajo artículo 863, párrafo primero, en donde el tribunal Ad quem, aplicó de forma incorrecta al no relacionar ambas disposiciones legales. El tribunal sentenciador, reforma y confirma parcialmente la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, en el fallo de la sentencia o recurrida, la Corte Sentenciadora, y condena al Estado de Honduras a través del Ministerio Publico, al reintegro del demandado, y al pago de indemnizaciones legales; esto lo hace aplicando la norma pertinente en forma incompleta. No obstante que, el tribunal Ad quem, valora que existía una circular dirigida a todo el personal, y un rol de turno, del cual el hoy demandante era parte de ese rol de turno para la semana, o el feriado Morazánico. En tal sentido, el Ad quem afirma que, se conoció de la falta Grave cometida por el demandante, cuando el superior jerárquico pone en conocimiento la misma. Ante esta aseveración el Ad quem, no valoró lo establecido en el artículo 24, numeral 24 de la ley del Ministerio Público, que estipula que, el Fiscal General de la Republica es el único facultado por dicha Ley, para contratar, nombrar, sancionar, despedir y cancelar al personal del Ministerio Público, y él, como única autoridad facultada para tales acciones, tiene conocimiento de las faltas graves, cometidas por el demandante, hasta en fecha en fecha 15 de noviembre del 2017, que emite la Resolución No. FGR-683-2017, por lo tanto, el despido fue legal y con justa causa. Este tribunal de alzada, no aplica correctamente, la disposición legal contenida en el artículo 24, numeral 24 de la ley del Ministerio Publico, la cual claramente establece que el Fiscal General de la Republica, es el único autorizado para realizar despidos en la institución, desconociendo asimismo, que, el conocimiento de la falta grave cometida por el señor Elmer Darío Hernández Castellón, fue puesta en conocimiento ante el único facultado por la ley para despedir, que es la máxima autoridad del Ministerio Publico; en fecha 15 de noviembre del 2017, fecha en que se emite la Resolución No. FGR-683-2017, y su despido fue efectuado en fecha 15 de diciembre del 2017, por lo que conforme al artículo 863 del Código de Trabajo, el despido fue realizado dentro del plazo que dicha disposición legal otorga para realizarlo. Siendo incorrecta la valoración que hace el tribunal de alzada, en la aplicación de las disposiciones legales antes relacionadas. Por lo anteriormente expuesto, es procedente Casar la sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha 25 de noviembre del 2019, en los pronunciamientos de la corte sentenciadora, según las observaciones en los considerandos 4, 5, y 6 de la sentencia que está siendo recurrida. Exceptuando lo establecido en el Numeral II y III, del Fallo emitido en esta Sentencia recurrida”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, b) El artículo 863 del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien, tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; y, c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia.- VI. Por las razones expuestas anteriormente, no procede la admisión de los recursos de casación formalizado por los Abogados DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON, en su único motivo y, YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER DARIO HERNANDEZ CASTELLON, en su único motivo. 2) DECLARANDO NO HABER LUGAR al recurso formulado por la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo de casación. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 128-20.- Firma y sello.- OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.