Sentencia CL-116-20 — Registro 13364
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la nivelación salarial conforme al salario devengado por otros empleados que ejercen y han ejercido las mismas funciones que realiza la demandante, pago de reajuste de salarios adeudados retroactivamente derivados de la misma nivelación y de acuerdo con la ley del salario mínimo y demás derechos y beneficios laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) No es clara ni precisa en el concepto de la infracción, alejándose de lo previsto en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) Los artículos 664, 665 del Código del Trabajo, no tienen la calidad de normas procesales que sirvieron de medio para la violación; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; d) En su explicación realiza alegatos propios de instancia, inoportunos en este recurso extraordinario.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que la Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas procesales que sirvieron de medio para la violación señala los artículos 729,730 del Código del Trabajo los cuales no ostentan esa calidad; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) Realiza alegatos propios de instancia"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha quince de junio del dos mil veintiuno, por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además es parte recurrida, la señora MARIA ELENA SABILLON PINEDA, representada en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la nivelación salarial conforme al salario devengado por otros empleados que ejercen y han ejercido las mismas funciones que realiza la demandante, pago de reajuste de salarios adeudados retroactivamente derivados de la misma nivelación y de acuerdo con la ley del salario mínimo y demás derechos y beneficios laborales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio del dos mil dieciséis, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora MARIA ELENA SABILLON PINEDA, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de septiembre del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA NIVELACION SALARIAL CONFORME AL SALARIO DEVENGADO POR OTROS EMPLEADOS QUE EJERCEN Y HAN EJERCIDO LAS MISMAS FUNCIONES QUE REALIZA LA DEMANDANTE AL AMPARO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL A TRABAJO IGUAL CORRESPONDE SALARIO IGUAL. PAGO DE REAJUSTE DE SALARIOS ADEUDADOS RETROACTIVAMENTE DERIVADOS DE LA MISMA NIVELACION Y DE ACUERDO CON LA LEY DEL SALARIO MINIMO Y DEMAS DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES; instaurada por la ABOGADA MARIA MARGARITA AGUILAR en su condición de Representante Procesal de la Señora MARIA ELENA SABILLON PINEDA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a lo siguiente: a) RECONOCER a la demandante MARIA ELENA SABILLON PINEDA la nivelación salarial con respecto al salario presupuestado para el cargo de Procuradores Legales, asimismo el reajuste de salario a partir del 22 de abril de 2014, en consecuencia el salario a devengar por la demandante asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS (Lps.36,455.00), por lo que se reajustan los salarios y demás derechos de la demandante desde el 22 de abril de 2014. Quedando pendiente por liquidar los reajustes de salario por vía contratación colectiva que se generen durante la sustanciación del juicio hasta la fecha que el fallo adquiera el carácter de firme. Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno corresponda. III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de la suma de Lps. 349,344.00; instaurada por la ABOGADA MARIA MARGARITA AGUILAR en su condición de Representante Procesal de la Señora MARIA ELENA SABILLON PINEDA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; en ABSOLVER: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA de pagar a la Señora MARIA ELENA SABILLON PINEDA dicho concepto. VI. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la demandante comenzó a laborar en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), en marzo de 1997 hasta el año 2002, desempeñándose como Procuradora Legal, sin que se le reconociera el Arancel del Profesional del Derecho; posteriormente, reingresó a la institución demandada en el año 2007, como Analista de Beneficios, pero desde el mes de octubre del 2007 y hasta la fecha fue trasladada a la División de Servicios Legales, desempeñándose funcionalmente como Procuradora Legal, devengando actualmente un salario de L.18,477.00. Que dentro de las funciones que realiza la demandante se encuentran las siguientes: revisión de borradores de protocolos de escrituras por préstamos hipotecarios que realizan los afiliados del Instituto, revisión de expedientes de préstamos de toda clase, revisión de escrituras en protocolos, vistos buenos en protocolos, entre otras, a pesar de las funciones que realiza, su salario es menor que el resto de sus colegas que laboran dentro de la institución demandada y que desempeñan las mismas funciones que la demandante y con una antigüedad menor y devengan un salario de L.31,000.00 mensuales, muy superior al salario de la demandante. Con lo anteriormente queda claro que se violenta la garantía constitucional establecida en el artículo 128 numeral 3, que establece: “A trabajo igual corresponde salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales…”, en relación con los artículos 18, 367 del Código del Trabajo; 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Como se puede ver no existe fundamento legal alguno que justifique el trato desigual a la demandante como una empleada de la demandada. La demandante acudió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada siendo imposible el mismo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que la demandante laboró para la demandada en un primer término del año 1997 al año 2002, dato que resulta irrelevante, ya que el periodo laborado fue concluido de pleno derecho y solo es historial laboral de que la demandante prestó un servicio y su empleador le canceló sus derechos correspondientes. En marzo del año 2007, la demandante ingresa a INJUPEMP, mediante Acuerdo de Nombramiento de Analista de Beneficios, que es el cargo que la ahora demandante ha ostentado desde entonces. Si bien es cierto la trabajadora fue trasladada a la División Legal, no lo fue en el año 2007, si no hasta octubre del 2010, con motivo de haberse suprimido del Departamento de Control y Gestión. Resulta que en fecha 11 de octubre del año 2010, el INJUPEMP, dando cumplimiento al Acuerdo Administrativo del Tribunal Superior de Cuentas TSC No.007/2010, en que se ordena que a partir del 16 de noviembre del año 2010, no deben existir unidades o dependencias para ejercer controles previos dentro de las entidades incluidas en el ámbito de competencia de la Oficina Nacional de Control Interno de las Instituciones Públicas (ONADICI) y amparado mediante Resolución de la otra Junta Directiva del INJUPEMP número 02-2010, en donde en cumplimiento del Acuerdo mencionado se autorizó al Director Ejecutivo del INJUPEMP, para que haga la evaluación y remoción o traslado de personal que estaba asignado en la Unidad de Control Interno a otras Divisiones, Departamentos o Unidades de la Institución, en virtud de que la oficina antes mencionada fue abolida por orden del Tribunal Superior de Cuentas y la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno de las Instituciones Públicas (ONADICI). Resultando que en Acta de Disolución del Departamento de Control de Gestión actualmente adscrita a la Unidad de Auditoría Interna de la Institución y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de la Junta Directiva No. 02-1184, punto N.-05 de fecha 25 de agosto del 2010, con la presencia de los representantes de las distintas Divisiones de la institución, se procedió a conformar el Comité de Transición del Departamento de Control de Gestión que en ese entonces adscrita a la Unidad de Auditoría Interna, el cual será coordinado por la Licenciada Belki Aguilar Zelaya, quedando conformada por los Jefes de División y Unidades. Se acordó en dicha Acta la redistribución del personal de control de gestión en las diferentes divisiones, los que servirán de apoyo en cada uno de los procesos a fin de fortalecer los controles y aprovechar el recurso humano capacitado de la institución. De lo antes expuesto se desprende, que la demandante fue trasladada a la División Legal con el objeto de continuar realizando funciones de control en los procesos vinculados a la parte demandada, es así que la función desarrollada por la demandante únicamente representa Control de Gestión, es por ello, que la función a ella asignada no es la de un Procurador Legal de la División Legal sino las de hacer una revisión de los instrumentos públicos que han sido previamente aprobados por los procuradores legales de la división, es decir, que sirva de filtro para el visto bueno de la jefatura y posterior firma de la dirección interina, la revisión consiste en verificar los datos, hoja de análisis de los préstamos que contiene cantidades, fechas e información general de los préstamos hipotecarios aprobados por el Comité de Crédito, ya que en razón de la constitución de su patrimonio institucional de conformidad al artículo 27 de la Ley del INJUPEMP, está constituido por los rendimientos e intereses obtenidos de las inversiones realizadas, inversión que es desarrollada a través de un programa de préstamos (servicios), como ser préstamos hipotecarios y personales. Su función de Gestión y Control Interno dentro de la División Legal no es de Procuración Legal sino como filtro y no modifica en sentido alguno las condiciones contractuales existentes entre las partes cumpliendo la institución hasta la actualidad con sus obligaciones laborales para con la demandada, por lo que se rechaza lo argumentado de haber discriminación de ninguna clase, debido a que el marco de la contratación le ha sido respetado en su totalidad.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA NIVELACION SALARIAL CONFORME AL SALARIO DEVENGADO POR OTROS EMPLEADOS QUE EJERCEN Y HAN EJERCIDO LAS MISMAS FUNCIONES QUE REALIZA LA DEMANDANTE AL AMPARO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL A TRABAJO IGUAL CORRESPONDE SALARIO IGUAL. PAGO DE REAJUSTE DE SALARIOS ADEUDADOS RETROACTIVAMENTE DERIVADOS DE LA MISMA NIVELACION Y DE ACUERDO CON LA LEY DEL SALARIO MINIMO Y DEMAS DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES; instaurada por la ABOGADA MARIA MARGARITA AGUILAR en su condición de Representante Procesal de la Señora MARIA ELENA SABILLON PINEDA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a lo siguiente: a) RECONOCER a la demandante MARIA ELENA SABILLON PINEDA la nivelación salarial con respecto al salario presupuestado para el cargo de Procuradores Legales, asimismo el reajuste de salario a partir del 22 de abril de 2014, en consecuencia el salario a devengar por la demandante asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS (Lps.36,455.00), por lo que se reajustan los salarios y demás derechos de la demandante desde el 22 de abril de 2014. Quedando pendiente por liquidar los reajustes de salario por vía contratación colectiva que se generen durante la sustanciación del juicio hasta la fecha que el fallo adquiera el carácter de firme. Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno corresponda. III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de la suma de Lps. 349,344.00; instaurada por la ABOGADA MARIA MARGARITA AGUILAR en su condición de Representante Procesal de la Señora MARIA ELENA SABILLON PINEDA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; en ABSOLVER: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA de pagar a la Señora MARIA ELENA SABILLON PINEDA dicho concepto. VI. SIN COSTAS…” Bajo el criterio que, está probado en autos de forma contundente la antigüedad laboral de la demandante, quien inició el 01 de marzo de 2007, percibiendo un salario mensual inferior al de sus compañeros de trabajo, los que realizan las mismas funciones; ya que consta en autos que la demandante percibe un salario de L.20,089.00, salario inferior a los que devengan trabajadores que ostentan el mismo puesto de la demandante, independientemente de la antigüedad laboral, pues se cumple con lo señalado por el artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República, requisito que ya está cumplido por la demandante y que además posee una suficiente antigüedad laboral, hasta superior a la de los compañeros que perciben el salario de L. 36,455.00, situación que la hace merecedora de dicho derecho, es así que a la demandante le corresponde percibir el salario que perciben sus compañeros que realizan las mismas funciones. Que de igual forma, se acreditó en autos que los compañeros de trabajo de la demandante, en el mismo puesto que desempeñan aquellos y con menor antigüedad perciben un salario superior, otro de los aspectos a valorar para otorgar la garantía social solicitada, son las condiciones de eficiencia en el trabajo en las que se han desenvuelto las personas que ostentan el mismo cargo y funciones y reciben diferentes oportunidades (salario), doctrinariamente éstas: "condiciones de eficiencia en el trabajo" se refieren a la producción máxima de la labor ejecutada por los trabajadores, con los recursos y herramientas disponibles y en el caso que nos ocupa, la parte demandante acreditó su trabajo, sus funciones, sin que la contraparte desvaneciera dichos actos, o en su caso, acreditase la ineficiencia laboral de la demandante con respecto a la labor de sus compañeros de trabajo; de todo lo anterior constatado, es más que suficiente para concluir que a la demandante se le ha violentado su derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo y ha sido objeto de discriminación laboral, al haber permitido el empleador o contratar con posterioridad a la contratación de la parte actora, a otros trabajadores en el mismo cargo de Procuradores Legales con salarios superiores al que percibe la demandante, siendo irrelevante bajo que modalidad contractual hayan sido contratados, pues lo único que hace la diferencia para obtener un salario igualitario es el valor del trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba aportados al proceso se comprobó lo siguiente: 1) Quedó probado que se cumple con los requisitos del artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República y 367 del Código del Trabajo. 2) Está probado de igual forma el trabajo, sus funciones, salario y sin que la parte demandada desvaneciera los mismos. 3) Con los medios de prueba acreditados por la parte demandante, quedó probado la justificación de sus pretensiones, lo que hace que se le adjudique la ratificación de sus derechos y que la misma parte demandada no acreditó.- 5. Mediante auto de fecha diez de marzo del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha quince de junio del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha quince de junio del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de agosto del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su primer motivo de casación alega: “NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma Sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 95 numeral 19); 111 numerales 1) y 9) 116, 120, 126 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. PRIMERO: Señores Magistrados la demandante fue trasladada a la División de servicios Legales con el objeto de continuar realizando funciones de control en los procesos vinculados a mi representada, es así que la función a ella asignada no es la de un Procurador Legal de la División Legal, en ningún tiempo ejerció actos de procuración, sino las de hacer una revisión de los Instrumentos Públicos que han sido previamente revisados por los Procuradores legales de la división, es decir que sirva de filtro para el visto Bueno de la Jefatura y posterior firma de la dirección Interina, la revisión consiste en verificar los datos del anacre, hoja de análisis de los préstamos que contiene cantidades, fechas e información general de los préstamos hipotecarios aprobados por el comité de crédito, ya que mi representado en razón de la constitución de su patrimonio institucional de conformidad al artículo 27 de la ley del INJUPEMP, está constituido por los rendimientos e intereses obtenidos de las inversiones realizadas, inversión que es desarrollada a través de un programa de préstamos hipotecarios y personales, su función de gestión y control interno de la división Legal, no es de procuradora Legal, sino como se ha dicho de filtro y no modifica en sentido alguno las condiciones contractuales existentes entre las parte, cumpliendo la institución hasta la actualidad con sus obligaciones laborales para con la demandada por lo que se rechaza lo argumentado de haber discriminación de ninguna clase, debido a que el marco de la contratación de la ha sido respetado en su totalidad. Lo expuesto en este primer motivo hace admisible el Recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida. “.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) No es clara ni precisa en el concepto de la infracción, alejándose de lo previsto en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) Los artículos 664, 665 del Código del Trabajo, no tienen la calidad de normas procesales que sirvieron de medio para la violación; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; d) En su explicación realiza alegatos propios de instancia, inoportunos en este recurso extraordinario.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de aplicación indebida de lo dispuesto en el Código del Trabajo”.- V. Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que la Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción.- VI. Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalado así: Medio de Prueba Documental Publico, Documental Vía oficio. Lo expuesto en este segundo y tercer motivo hace admisible el recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas Sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 95 numeral 19); 111 numerales 1) y 9), 116, 120, 126 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casacón está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorio Medio de Prueba Documental: Referente a toda la documentación que describe las funciones de los Procuradores Legales de la División Legal, ahora Unidad Legal aportada y acreditada en juicio, con la cual se acreditó que la demandante estaba asignadas a otras funciones en dicha Unidad, por lo cual hace que la sentencia recurrida sea casada en este motivo también”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas procesales que sirvieron de medio para la violación señala los artículos 729,730 del Código del Trabajo los cuales no ostentan esa calidad; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) Realiza alegatos propios de instancia.- VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 116-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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