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Sentencia CL-106-20 — Registro 13363

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, y, b) Señala que dirige su ataque por vía directa por interpretación errónea, pero incluye un acápite intitulado “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.” Lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propia de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice:CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de septiembre del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 7 de abril del 2021, por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HILARIO AVILA CRUZ, representado en juicio por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha 30 de junio del 2017, por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO, en su condición de Representante Procesal del señor HILARIO ÀVILA CRUZ, mayor de edad, casado, Vigilante, hondureño, con domicilio en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, contra la sociedad mercantil denominada CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por medio de su Gerente General señora SANDRA NOHEMI GUILLEN LAZO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 5 de febrero del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte demandante, contra la Sentencia de Juzgamiento proferida en fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO.- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.ANEXOS.- COSTAS DEL JUICIO.- SE ACREDITA REPRESENTACIÓN PROCESAL.- promovida por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO; en su condición de Representante Procesal del señor HILARIO ÁVILA CRUZ, en contra de la sociedad mercantil de Responsabilidad Limitada denominada “CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO. S. de R. L.” con sus siglas “C. M. Q.” a través de la señora SANDRA NOHEMI GUILLEN LAZO, en su condición de Gerente General de dicha sociedad. SE DECLARA PARCIALMENTE POR NO CONDENARSE EN COSTAS A LA DEMANDADA. SEGUNDO: REVOCAR, la sentencia recurrida dictada por el Juez de Primera Instancia en la fecha supra indicada, declarando CON LUGAR PARCIALMENTE la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO.- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.ANEXOS.- COSTAS DEL JUICIO.- SE ACREDITA REPRESENTACIÓN PROCESAL.- promovida por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO; en su condición de Representante Procesal del señor HILARIO ÁVILA CRUZ, en contra de la sociedad mercantil de Responsabilidad Limitada denominada “CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO. S. de R. L.” con sus siglas “C. M. Q.” a través de la señora SANDRA NOHEMI GUILLEN LAZO, en su condición de Gerente General de dicha sociedad, concediendo al trabajador en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales lo siguiente: por preaviso (60) L.19,183.80, cesantía (360) L. 115,102.80, cesantía proporcional (271) L.7,220.57, vacaciones proporcionales (271) L.4,813.71, aguinaldo proporcional (151) L. 3,448.59, décimo cuarto mes proporcional (331) L.7,559.49, vacaciones pendientes (20) L.6,394.60, salario adeudado L.24,665.25, reajuste de salario mínimo L.1,110.00, TOTAL: L.189,498.81.- MÁS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO HASTA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 1 de septiembre del 2004, ocupando el cargo de Vigilante y devengando un salario mensual de L. 8,000.00, siendo inferior al mínimo, expresó que durante los más 12 años de servicio mostró total diligencia y compromiso en el desempeño de su cargo, a pesar de ello, en fecha 30 de mayo del 2017, el demandado finalizó unilateralmente el Contrato de Trabajo, y mediante una nota hizo de su conocimiento lo siguiente: “Por medio de la presente se le notifica que a partir de la fecha se da por terminada la relación de trabajo que usted mantenía con Centro Médico Quirúrgico (C.M.Q), con causa justificada, y sin responsabilidad para el patrono, en vista de su inhabilidad manifiesta que hace imposible cumplir con el contrato de trabajo y siendo que usted, al cesar su contrato de trabajo queda automáticamente protegido por una jubilación, pensión de vejez o de retiro concedidas por el Estado o por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, agradeciendo el tiempo que ha prestado con su labor para C.M.Q le sugerimos pasar por la oficina de administración para que se le hagan efectivos los derechos irrenunciables conforme al cálculo extendido por el Ministerio de Trabajo con los datos proporcionados por el patrono, sirven de fundamento a la misma los artículos 112 letra j) y 120 letra f) del Código del Trabajo. Sin más que notificarle nos suscribimos de usted atentamente. Firma. Dra. Patricia Rubio. Administración”, el artículo 117 del Código del Trabajo, impone a la parte que termina unilateralmente un Contrato de Trabajo, la carga de expresar con claridad las causas que lo mueven a tomar dicha determinación, dicha omisión conduce a señalar que el despido tiene responsabilidad para el patrono por ser ilegal e injusto, debiendo ser condenado al pago de los conceptos reclamados, por ende dijo ser importante establecer en qué consiste la inhabilidad, de manera taxativa en la doctrina es la incapacidad, ineptitud o impedimento para el desempeño de un empleo, que imposibilitan el ejercicio de las funciones, si bien es cierto, en la nota del despido el patrono justificó la terminación del Contrato de Trabajo en la existencia de una inhabilidad manifiesta, no es menos cierto que dicha nota de despido no describe con claridad a que inhabilidad se refería específicamente, pues el demandante había estado desempeñado su cargo, con lo que se prueba que no tenía ningún impedimento para desempeñar sus funciones, de igual manera dejó en conocimiento que la sanción del despido se aplica a consecuencia de un proceso donde se garantiza la defensión del empleado, pero no existió un proceso de descargo que le otorgara la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa tipificado en la Constitución de la República, impidiendo examinar las causales o motivos invocados por el patrono en la nota del despido, también señaló que la cesantía es un respaldo que adquiere el trabajador al finalizar una relación de trabajo, ya sea por un despido injustificado o en virtud de un despido indirecto como lo tipifica el artículo 114 del Código del Trabajo, el demandante indicó que no le asistía el pago de sus derechos irrenunciables, ya que según dicha nota de despido quedaba protegido por una jubilación, pensión de vejez o de retiro concedida por el Estado y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); sin embargo, tal pensión era por invalidez, a consecuencia de un accidente de trabajo que sufrió con anterioridad, pero incluso bajo dichas condiciones el demandado decidió contratarlo. Por lo que tal pensión no era por jubilación, vejez o de retiro, como lo ha querido hacer ver la parte patronal en su nota de despido basándose en el artículo 120 numeral f), por lo cual considera que le asiste el derecho del pago de auxilio de cesantía y sus demás derechos.- 2. La parte demandada, sociedad mercantil denominada CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contestó dicha demanda, señalando que el demandante al momento de la contestación de la demanda tenía 76 años de edad y cuando ingresó a laborar tenía 64 años, además estaba cubierto con un beneficio por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no obstante se le hicieron las observaciones legales pertinentes, pero ante su solicitud y viendo su necesidad personal, se le permitió cuidar la puerta de entrada, sin embargo no tardó mucho tiempo en presentar debilidades en su desempeño, se dormía sentado tanto en el turno de noche como en el día, razón por la cual desde hace más de ocho años se venía desempeñando como recolector de basura y mandadero de la clínica, de manera que es falso que se desempeñó en los últimos seis meses como Vigilante, destacando que por su avanzada edad ya no podía desempeñar un trabajo en forma diligente y efectiva, ya que pasaba la mayor parte del día descansando sentado en una silla, inclusive sus familiares les solicitaron que lo despacharan y le dieran los derechos que le corresponden, extremo al que accedieron; en cuanto a la avanzada edad, padecimientos físicos, y agotamiento natural del demandante, indicó que había una inhabilidad manifiesta, que no requería de dictámenes médicos, pruebas científicas, documentales, ni testificales para apreciarlo, simplemente bastaba ver al demandante, por ello se le notificó que pasara por las oficinas administrativas para el pago de sus derechos irrenunciables. También expresó que en la notificación del despido está claramente establecida cual es la causa de terminación de la relación laboral; sin embargo, la parte demandante hace alusión a cierta doctrina, la cual no tiene sustento por cuanto no se indica si la misma es de orden nacional o no, aun con este argumento ninguna doctrina estará por sobre lo estipulado en las disposiciones del artículo 120 letra f) del Código de Trabajo que literalmente dice: “No tendrá derecho a auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una jubilación, pensión de vejez o de retiro concedidas por el Estado o por el Instituto Hondureño de Seguridad”, de igual forma, el artículo 401 del citado Código taxativamente expresa: "Todos los patronos están obligados a pagar las prestaciones establecidas en éste Título, salvo las excepciones que en el mismo se consagran. Estas prestaciones dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo de ellas sea asumido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”, por ende al tomar la determinación de poner fin al Contrato de Trabajo, no violó la Ley, ni despidió de forma injusta al trabajador; en consecuencia, se allanó a las pretensiones correctas si los derechos que le corresponden obedecen al espíritu de la Ley, pero por el hecho de estar protegido por una pensión, ya no tiene derecho a demandar por prestaciones e indemnizaciones laborales, por lo que reconoce el pago de los derechos irrenunciables, salarios dejados de pagarle, treceavo y catorceavo mes proporcional, en cuyo caso pagaría en forma inmediata, ya que los artículos 120 letra f) y 401, del Código de Trabajo, demuestran lo contrario a la pretensión del demandante en cuanto al reconocimiento del auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales, ya que en la misma norma laboral sustantiva expresamente señala que el trabajador por la condición de su beneficio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no tiene derecho a los conceptos reclamados.- 3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha 6 de noviembre del 2019, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda promovida por el señor Hilario Ávila Cruz, contra la empresa denominada Centro Médico Quirúrgico, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a través de la señora Sandra Nohemí Guillén Lazo, en su condición de Gerente General; ABSOLVIÓ de toda responsabilidad laboral al demandado, del pago de Prestaciones e Indemnizaciones laborales, dejando a salvo el derecho del trabajador a percibir el pago de los derechos irrenunciables que le correspondan; SIN COSTAS. Bajo el criterio que corresponde al trabajador acreditar su despido y al patrono la justa causa del mismo, la parte demandante no logró acreditar el despido directo ilegal e injustificado del que fue objeto; tampoco se acreditó la causa por la que se despidió al trabajador; sin embargo, en la nota del despido entregada, la Administradora manifestó que quedaría protegido por una jubilación, pensión de vejez o retiro concedido por el Estado, manifestándole que pasara a la oficina de administración para que se le hicieran efectivos sus derechos irrenunciables, habiéndose acreditado plenamente que el demandante recibía mensualmente por motivo de enfermedad una pensión por invalidez desde el 28 de agosto de 1992, con un pago mensual por la cantidad de L 1,490.00 y a partir del 5 de julio del 2017, solicitó jubilación por vejez, la cual recibía a partir de enero del 2018, con número de pago 14786, con un pago mensual de L. 5,260.01, por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por ende de conformidad con lo que establece el artículo 120 literal f) del Código de Trabajo, no tendrá derecho de auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato, quede automáticamente protegido por una jubilación, pensión de vejez o de retiro concedidas por el Estado o por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido, ni cuando el trabajador quede por el mismo hecho del despido acogido a los beneficios del Seguro contra el desempleo involuntario de esta última Institución, o cuando en caso de fallecimiento del trabajador por un riesgo profesional, el patrono demuestre que tenía asegurado a éste contra dicho riesgo, cuando el deceso del trabajador ocurra por otra causa y el fallecido estuviere amparado contra el riesgo de muerte en el mencionado Instituto, por lo anterior declaró Sin Lugar la demanda ordinaria laboral y absolvió de responsabilidad al demandado.- 4. La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 5 de febrero del 2020, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte demandante, contra la Sentencia de Juzgamiento proferida en fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO.- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.ANEXOS.- COSTAS DEL JUICIO.- SE ACREDITA REPRESENTACIÓN PROCESAL.- promovida por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO; en su condición de Representante Procesal del señor HILARIO ÁVILA CRUZ, en contra de la sociedad mercantil de Responsabilidad Limitada denominada “CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO. S. de R. L.” con sus siglas “C. M. Q.” a través de la señora SANDRA NOHEMI GUILLEN LAZO, en su condición de Gerente General de dicha sociedad. SE DECLARA PARCIALMENTE POR NO CONDENARSE EN COSTAS A LA DEMANDADA. SEGUNDO: REVOCAR, la sentencia recurrida dictada por el Juez de Primera Instancia en la fecha supra indicada, declarando CON LUGAR PARCIALMENTE la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO.- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.ANEXOS.- COSTAS DEL JUICIO.- SE ACREDITA REPRESENTACIÓN PROCESAL.- promovida por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO; en su condición de Representante Procesal del señor HILARIO ÁVILA CRUZ, en contra de la sociedad mercantil de Responsabilidad Limitada denominada “CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO. S. de R. L.” con sus siglas “C. M. Q.” a través de la señora SANDRA NOHEMI GUILLEN LAZO, en su condición de Gerente General de dicha sociedad, concediendo al trabajador en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales lo siguiente: por preaviso (60) L.19,183.80, cesantía (360) L. 115,102.80, cesantía proporcional (271) L.7,220.57, vacaciones proporcionales (271) L.4,813.71, aguinaldo proporcional (151) L. 3,448.59, décimo cuarto mes proporcional (331) L.7,559.49, vacaciones pendientes (20) L.6,394.60, salario adeudado L.24,665.25, reajuste de salario mínimo L.1,110.00, TOTAL: L.189,498.81.- MÁS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO HASTA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que al realizar el análisis de los medios de prueba evacuados en juicio y haciendo una interpretación de los diferentes conceptos reunidos en el caso, estimó que los mismos no son suficientes para justificar la terminación de la relación laboral, puesto que al ser contratado en el año 2004 y habiendo sido aceptado en la contestación de la demanda, que observaron durante los primeros meses de contratación, que el demandante no realizaba su trabajo adecuadamente como Vigilante y además, teniendo conocimiento que tenía una incapacidad parcial permanente, permitió que continuara laborando durante 12 años aproximadamente, es decir, que consintió su permanencia en la Empresa y no puede ser una causal de despido un hecho consentido, por consiguiente la causal que invoca el demandado para dar por concluida la relación laboral no es válida, por ende revocó la sentencia dictada en primera instancia; el artículo 120 literal f), reformado mediante Decreto número 56-2015, Ley Marco del Sistema de Protección Social refiere: “si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a éste un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas... f) No tendrá derecho de auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una pensión concedida o financiadas directa o indirectamente por el Estado o por un Instituto Previsional Público cuyo valor actual en la proporción aportada por el Estado sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por auxilio de cesantía según el tiempo servido ni cuando el trabajador por el mismo hecho del despido reciba una Prima de Antigüedad del Régimen de Cobertura Laboral del Sistema de Protección Social…”, en el presente caso siendo que quedó demostrado en juicio que el demandante gozaba de una pensión por incapacidad parcial permanente desde el 28 de agosto de 1992, con un pago de L. 1,490.00; sin embargo, de acuerdo a los principios que rigen en el derecho laboral, Principio de Primacía de la Realidad, prevalecen los aspectos fácticos sustanciales por sobre los jurídico formales, siendo así que si bien el artículo 120 literal f) indica que no tendrá derecho el auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una pensión concedida, o financiadas directa o indirectamente por el Estado, cuyo valor actual en la proporción aportada por el Estado sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por auxilio de cesantía según el tiempo servido, si bien el demandante se encuentra protegido por una pensión concedida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que recibe una renta vitalicia de L. 1,400.00 por una incapacidad parcial permanente, tal concepto recibido es sumamente inferior a lo que le correspondería por auxilio de cesantía; por tal razón, debe concedérsele el auxilio de cesantía que no es más que la indemnización que hace el patrono al trabajador con la finalidad de cubrir sus necesidades y calidad de vida por un periodo de tiempo mientras el trabajador queda cesante, de conformidad al artículo 113 del Código del Trabajo, si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y en virtud que el patrono no demostró la justa causa del despido, está en la obligación de pagar la indemnización que corresponde y los salarios dejados de percibir.- 5. Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, en su condición de representante procesal del CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 7 de abril del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 7 de abril del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de mayo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva nacional por interpretación errónea del articulo 120 literal F del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 120 literal f) del Código de Trabajo vigente en Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION Con el fin de no incurrir en alegatos de instancia, esta parte recurrente no pretende entablar una monografía de la aplicación de la norma estatal, si de señalar la interpretación errónea que ha incurrido el Ad Quem en la interpretación (como dice su fallo) de la norma aplicable al caso. De lo anterior, lo siguiente: El Ad Quem ha preferido indemnizar a un empleado que ha sido indemnizado por la institución del Estado competente en esta materia. En palabras lógicas, se trata de una doble indemnización, hecho que no puede ocurrir, pues la parte recurrida no puede gozar de un beneficio como es la jubilación, continuar laborando y cobrar una indemnización por despido, porque lógicamente el Instituto Hondureño de Seguridad Social de conocer este hecho, suspendería ipso facto los pagos por jubilación, hecho que la recurrida ha mantenido en secreto, cometiendo fraude a la institucionalidad y al régimen de pensión, invalidez, jubilación y muerte. El Ad Quem, debió interpretar la norma establecida como violentada en la misma forma en la que fue interpretada por el A Quo, y llegar a la conclusión que en primera instancia, la parte recurrida debió notificar al I.H.S.S. que seguía laborando, que su jubilación quedaba supeditada a su nueva relación de trabajo y que como consecuencia de esta, el empleador tenía obligaciones para con el I.H.S.S. y la parte recurrida, lógicamente, el examen de la terminación laboral debió enmarcarse en el proceso de fraude cometido por la recurrida y bajo la mala fe contractual con la que actuó, indemnizar al I.H.S.S. con las aportaciones dejadas de pagar y absolver de toda indemnización por despido que ocurriese como consecuencia de la relación laboral. En definitiva este es clásico ejemplo de querer generar oportunidades de empleo, a personas discapacitadas (por orden de ley) y pagar el precio del engaño del trabajador frente a la buena fe contractual del empleador, porque resulta necesario que mi representada tuvo motivos suficientes para concluir el contrato de trabajo en el periodo de prueba, sin embargo, bajo los mismos principios del derecho del trabajo, la primacía de la realidad de nuestro país y las condiciones laborales existentes ponen en precariedad la dignidad de las personas, y por un esfuerzo de honrarle este derecho humano al recurrido se hizo un esfuerzo, no necesario, de mantenerle activo en su adultez; claro está, esto es una interpretación de nuestra realidad, que roza el paradigma vigente y que invita a esta Corte Suprema de Justicia, más allá del fondo del asunto, a ser protagonista en este estado de Derecho y resolver, con claridad suficiente, las diversas interpretaciones que ocurren de la simple lectura del articulo 120 literal f, del código del Trabajo, para que se construya un mejor derecho laboral, uno más vigente, más efectivo y más tangible y que lógicamente inclinen la balanza de la justicia hacia la parte recurrente”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, y, b) Señala que dirige su ataque por vía directa por interpretación errónea, pero incluye un acápite intitulado “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.” Lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propia de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 106-20.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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