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Sentencia CL-103-20 — Registro 13162

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para que el patrono pruebe que fundó el despido en una justa causa, caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones a los puestos de trabajo ocupados al momento del despido, que se reconozca la relación de trabajo como permanente e indefinida y se ordene el nombramiento permanente, pago de salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales dejados de percibir a título de daños y perjuicios, el pago de beneficios contenidos en el contrato colectivo contados desde los dos años anteriores a la fecha en que los demandantes solicitarán los servicios de la Autoridad del Trabajo para que se les reconociera como empleados permanentes y el pago de las costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) entre otras, la norma que indica como violada (Artículo 46 b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y si bien es cierto otra norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; c) en el desarrollo del cargo hace referencia a la infracción directa, sin embargo alega apreciación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) realiza alegatos propios de instancia. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidos dias del mes de junio del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha seis de abril del dos mil veintiuno, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A.); además es parte recurrida, los señores DIANA STEPHANY TREJO CARDONA, VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALES y JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA, representados en juicio por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que el patrono pruebe que fundó el despido en una justa causa, caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones a los puestos de trabajo ocupados al momento del despido, que se reconozca la relación de trabajo como permanente e indefinida y se ordene el nombramiento permanente, pago de salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales dejados de percibir a título de daños y perjuicios, el pago de beneficios contenidos en el contrato colectivo contados desde los dos años anteriores a la fecha en que los demandantes solicitarán los servicios de la Autoridad del Trabajo para que se les reconociera como empleados permanentes y el pago de las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecinueve de julio del dos mil diecinueve, por el Abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ, en su condición de representante procesal de los señores DIANA STEPHANY TREJO CARDONA, en unión libre, Perito Mercantil y Contador Público, VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALES, casado, Albañil y JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA, en unión libre, Mecánico Automotriz, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, (S.A.N.A.A.), por medio de su Gerente General el señor ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando SIN LUGAR, la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PAGO, opuesto por el apoderado legal de la parte demandada por las razones expuestas en el numeral primero que refiere a los hechos probados. SEGUNDO (2): Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento Del Patrono para que pruebe que fundó el Despido en una Justa Causa Reconocida por la Ley; caso contrario se ordene el Reintegro en Iguales o Mejores Condiciones a los Puestos de Trabajo Ocupados al Momento del Despido por Haber Desempeñado Funciones Continuas y Permanentes Dentro de la Empresa y Ser Considerados Empleados Permanentes Para Todos los Fines Legales Correspondientes, Que se Reconozca la Relación de Trabajo como Permanente e Indefinida, Que se Respete la Condición de Empleados Permanentes y Se Ordene se Reconozca como tales emitiendo las Correspondientes Acciones de Personal de Nombramiento Permanente, Que se ordene la Inclusión en la Planilla de Empleados Permanentes; Pago de salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales dejados de percibir por todos los Demandantes a título de daños y perjuicios, Pago de Beneficios contenidos en el Contrato Colectivo contados desde los dos años anteriores a la fecha en que los Demandantes solicitaron los servicios de la Autoridad del Trabajo para que se les reconociera como empleados permanentes; promovida por el Abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ, accionando como Apoderada Judicial de los Señores: DIANA STEPHANY TREJO CARDONA, VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALES y JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA; contra la Entidad Estatal denominada SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, mejor conocida como S.A.N.A.A. o la denominación que ésta llegue a adoptar en el futuro; representada según Ley Constitutiva, por su Gerente General, Señora CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. TERCERO (3): En consecuencia, se CONDENA a la Entidad Estatal denominada SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS mejor conocida como S.A.N.A.A. o la denominación que ésta llegue a adoptar en el futuro; representada según su Ley Constitutiva por su Gerente General, Señora CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA, a lo siguiente: 1) REINTEGRAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES que las tenidas al momento de su despido a los Demandantes así: 1) DIANA STEPHANY TREJO CARDONA: En el cargo de SECRETARIA VACACIONISTA en el Departamento Comercial; 2) VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALES: En el cargo de PEON VALVULERO en el Departamento de Operación y Manteamiento, y 3) JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA: En el cargo de MECANICO en el Departamento de Operación y Mantenimiento; todos los cargos en la División del Litoral Atlántico dela Empresa Demandada en esta ciudad. II) INCLUIR a los Demandantes como Empleados Permanentes en los cargos en los que son reinstalados, por ser su contratación indefinida de conformidad con la Ley, debiendo emitirse las correspondientes acciones de personal o documentos de nombramiento permanente en los cargos y debiendo concedérseles todos los beneficios de la contratación colectiva que se conceden a los demás trabajadores permanentes de la empresa demandada. III) PAGAR a los Demandantes la cantidad de LPS. 223,604.31 (Doscientos Veintitrés Mil Seiscientos Cuatro Lempiras con Treinta y Un Centavos) en concepto de beneficios de la contratación colectiva NO concedidos y correspondientes a los dos años anteriores a la fecha en que iniciaron su aclamo de permanencia ante la autoridad del trabajo, desglosados así: 1) DIANA STEPHANY TREJO CARDONA: Año 2017: Salario Lps. 10,078.48: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (33 días): Lps. 11,086.33; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,250.00; Año 2018: Salario Lps. 10,698.30: Bonificación por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (36 días): Lps. 12,837.96; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,650.00; Año 2019: Salario Lps. 11,447.19: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (52 días): Lps. 19,841.80; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 7,050.00 TOTAL AÑOS 2017, 2018 Y 2019: LPS. 63,716.09; 2) JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA: Año 2017: Salario Lps. 13,000.00: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (36 días): Lps. 15,600.00; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,250.00; Año 2018: Salario Lps. 13,000.00: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la cláusula 43 (52 días): Lps. 22,533.33; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,650.00; Año 2019: Salario: Lps. 15,000.00: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida la Cláusula 43 (52 días): Lps. 26,000.00; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 7,050.00; TOTAL AÑOS 2017/2018 y 2019: LPS. 84,083.33; VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALES: Año 2017: Salario Lps. 10,078.48: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida la Cláusula 43 (52 días): Lps. 17,469.37; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,250.00; Año 2018: Salario Lps. 10,698.30; Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (52 días): Lps. 18,543.72; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,650.00; Año 2019: Salario: Lps. 11,447.19: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (52 días): Lps. 19,841.80; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 7,050.00; TOTAL AÑOS 2017, 2018 y 2019;

LPS. 75,804.89; pretensión que no fue objeto de controversia entre las partes, sin que la parte demandada haya objetado los beneficios reclamados y el monto de los mismos. IV) INDEMNIZAR a todos los o Demandantes con el pago de los salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales derivados de la contratación colectiva dejados de percibir en ausencia desde su despido hasta que se produzca la reinstalación en los cargo, debiendo para ello en la fase de ejecución hacerse le revisión exhaustiva de todo concepto que según la contratación colectiva constituya salario ya que debe formar parte de la fórmula para el cálculo del salario promedio mensual según señala el párrafo primero de página 9 de la Circular 1-2014 de la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal como se ha aplicado en otros procesos promovidos contra el mismo patrono. CUARTO (4): SE EXIME DEL PAGO DE LAS COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que los demandantes fueron contratados por la empresa demandada para prestar sus servicios bajo la modalidad de contrato, en la División del Litoral Atlántico del SANAA en esta ciudad en un horario de lunes a viernes de 7:00 A.M., a 4:00 P.M., de la manera siguiente: 1) Diana Stephany Trejo Cardona: Contratada en fecha 01 de Agosto de 2014 para prestar sus servicios como Secretaria Vacacionista en el Departamento Comercial de la División del Litoral Atlántico del SANAA, devengando el salario mínimo mensual, que para el 2017 era de L. 10,078.48, 2018: Lps. 10,698.30 y 2019: Lps. 11,447.19; 2) Víctor Manuel Escobar Gonzales: Contratado en fecha 16 de agosto de 2007 para prestar sus servicios como Peón Valvulero en el Departamento de Operación y Mantenimiento, devengando el salario mínimo mensual aprobado por el Poder Ejecutivo para el Sector de Electricidad, Gas y Agua con más de 151 empleados, que para el 2017 era de Lps. 10,078.48, 2018: Lps. 10,698.30 y 2019: Lps. 11,447.19; y 3) José Encarnación Barahona Sevilla: Contratado en fecha 22 de Julio de 2013 para prestar sus servicios como Mecánico en el Departamento de Operación y Mantenimiento, devengando el salario mensual de L.15,000.00. Que la relación laboral de los demandantes con la institución demandada venía siendo sustentada mediante la suscripción de contratos de trabajo por tiempo limitado, cuya vigencia era prorrogada periódicamente por lo que se entendía que dichos contratos eran celebrados por tiempo indefinido porque a la fecha de vencimiento de cada prórroga, subsistían y siguen subsistiendo las causas que le dieron origen, tal como lo establecen los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo; por lo cual los Demandantes debían ser considerados empleados permanentes y otorgárseles todos los beneficios que la Institución Demandada otorga a sus empleados permanentes conforme a la Contratación Colectiva. No obstante, los demandantes no recibían los beneficios que la contratación colectiva otorga a los Empleados Permanentes de la Institución Demandada y que se encuentran contenidos en las Cláusulas 17 (Bono Anual de Compensación que a 2019 es de Lps. 7,050.00), 43 (Bonificación de Vacaciones de acuerdo a la antigüedad en el servicio), 44 (Forma en que debe pagarse el Auxilio de Cesantía), 58 (Seguro de Vida para empleados permanentes), 84 (Aumento anual de acuerdo al costo de vida o inflación), debido a que la Cláusula 2 del referido Contrato Colectivo dispone que para ser considerado como empleado permanente dentro del FANAA se debe cotizar al Sindicato y tener la correspondiente acción de permanencia; condición que no es exigida por los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo y que por tanto de acuerdo a los artículos 128 de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo, debe tenerse por nula; por lo que se reclama el pago de los beneficios de la Contratación Colectiva correspondientes inclusive a los dos años anteriores a la fecha en que los Demandantes iniciaron el reclamo de permanencia ante la Autoridad del Trabajo (Marzo de 2017), tomando como fundamento el plazo contenido en los artículos 2295 del Código Civil y 43 de la Ley del Salario Mínimo, así como la inclusión en el seguro de vida del que habla la Cláusula 58, todas del Contrato Colectivo vigente dentro del SANAA. Lo anterior implica que los demandantes han sido discriminados al no otorgárseles, las mismas condiciones de empleo que el resto de los Empleados Permanentes del SANAA, lo cual es una clara discriminación. En fecha 29 de Marzo de 2019 los demandantes solicitaron el auxilio de la Sección de Inspección de la Oficina Regional de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en esta ciudad con el fin de que la Empresa Demandada les reconociera como empleados permanentes y les concediera todos los beneficios que se conceden a los trabajadores que ostentan tal categoría; para lo cual se programaron Audiencias para los días 05 y 24 de Abril y 06 de Mayo de 2019; procediendo a entregarse las correspondientes cédulas de citación a los Representantes del Patrono Demandado en esta ciudad; quien en un acto de represalia contra los demandantes por haber éstos solicitado el auxilio de la autoridad del trabajo para ser considerados como empleados permanentes de la Institución demandada, en fecha 30 de Abril de 2019 procedió a notificarles que a partir de dicha fecha se ponía fin a la relación de trabajo bajo el argumento que ese era el día fijado por las partes para la terminación de la relación laboral, reconociendo únicamente el pago de los derechos adquiridos dado que la terminación se funda en el numeral 1 del artículo 111 del Código del Trabajo, que no conlleva responsabilidad para las partes, por lo que los demandantes rechazan el pago de cualquier cantidad que en concepto de derechos adquiridos. 2. La parte demandada, el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, (S.A.N.A.A.), contestó dicha demanda señalando que el vínculo jurídico que existió con los demandantes fue de índole temporal, por lo que resulta improcedente invocar la figura del despido que alegan los demandantes a este caso concreto, aclarando que la terminación de la relación laboral fue convenida desde la suscripción de los contratos de trabajo. El artículo 26 del Código del Trabajo consigna que el contrato trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan, y tal como lo han señalado los demandantes ellos estipularon con su empleador que la relación de trabajo era por tiempo determinado. La índole jurídica fue temporal conforme al artículo 46 literal b) del Código del Trabajo y que ha operado la terminación laboral conforme al artículo 111 numeral 1) al haberse convenido entre ambas partes una causa de terminación que no es contraria a la ley. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha trece de noviembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando SIN LUGAR, la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PAGO, opuesto por el apoderado legal de la parte demandada por las razones expuestas en el numeral primero que refiere a los hechos probados. SEGUNDO (2): Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento Del Patrono para que pruebe que fundó el Despido en una Justa Causa Reconocida por la Ley; caso contrario se ordene el Reintegro en Iguales o Mejores Condiciones a los Puestos de Trabajo Ocupados al Momento del Despido por Haber Desempeñado Funciones Continuas y Permanentes Dentro de la Empresa y Ser Considerados Empleados Permanentes Para Todos los Fines Legales Correspondientes, Que se Reconozca la Relación de Trabajo como Permanente e Indefinida, Que se Respete la Condición de Empleados Permanentes y Se Ordene se Reconozca como tales emitiendo las Correspondientes Acciones de Personal de Nombramiento Permanente, Que se ordene la Inclusión en la Planilla de Empleados Permanentes; Pago de salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales dejados de percibir por todos los Demandantes a título de daños y perjuicios, Pago de Beneficios contenidos en el Contrato Colectivo contados desde los dos años anteriores a la fecha en que los Demandantes solicitaron los servicios de la Autoridad del Trabajo para que se les reconociera como empleados permanentes; promovida por el Abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ, accionando como Apoderada Judicial de los Señores: DIANA STEPHANY TREJO CARDONA, VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALES y JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA; contra la Entidad Estatal denominada SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, mejor conocida como S.A.N.A.A. o la denominación que ésta llegue a adoptar en el futuro; representada según Ley Constitutiva, por su Gerente General, Señora CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. TERCERO (3): En consecuencia, se CONDENA a la Entidad Estatal denominada SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS mejor conocida como S.A.N.A.A. o la denominación que ésta llegue a adoptar en el futuro; representada según su Ley Constitutiva por su Gerente General, Señora CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA, a lo siguiente: 1) REINTEGRAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES que las tenidas al momento de su despido a los Demandantes así: 1) DIANA STEPHANY TREJO CARDONA: En el cargo de SECRETARIA VACACIONISTA en el Departamento Comercial; 2) VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALES: En el cargo de PEON VALVULERO en el Departamento de Operación y Manteamiento, y 3) JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA: En el cargo de MECANICO en el Departamento de Operación y Mantenimiento; todos los cargos en la División del Litoral Atlántico dela Empresa Demandada en esta ciudad. II) INCLUIR a los Demandantes como Empleados Permanentes en los cargos en los que son reinstalados, por ser su contratación indefinida de conformidad con la Ley, debiendo emitirse las correspondientes acciones de personal o documentos de nombramiento permanente en los cargos y debiendo concedérseles todos los beneficios de la contratación colectiva que se conceden a los demás trabajadores permanentes de la empresa demandada. III) PAGAR a los Demandantes la cantidad de LPS. 223,604.31 (Doscientos Veintitrés Mil Seiscientos Cuatro Lempiras con Treinta y Un Centavos) en concepto de beneficios de la contratación colectiva NO concedidos y correspondientes a los dos años anteriores a la fecha en que iniciaron su aclamo de permanencia ante la autoridad del trabajo, desglosados así: 1) DIANA STEPHANY TREJO CARDONA: Año 2017: Salario Lps. 10,078.48: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (33 días): Lps. 11,086.33; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,250.00; Año 2018: Salario Lps. 10,698.30: Bonificación por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (36 días): Lps. 12,837.96; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,650.00; Año 2019: Salario Lps. 11,447.19: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (52 días): Lps. 19,841.80; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 7,050.00 TOTAL AÑOS 2017, 2018 Y 2019: LPS. 63,716.09; 2) JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA: Año 2017: Salario Lps. 13,000.00: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (36 días): Lps. 15,600.00; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,250.00; Año 2018: Salario Lps. 13,000.00: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la cláusula 43 (52 días): Lps. 22,533.33; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,650.00; Año 2019: Salario: Lps. 15,000.00: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida la Cláusula 43 (52 días): Lps. 26,000.00; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 7,050.00; TOTAL AÑOS 2017/2018 y 2019: LPS. 84,083.33; VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALES: Año 2017: Salario Lps. 10,078.48: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida la Cláusula 43 (52 días): Lps. 17,469.37; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,250.00; Año 2018: Salario Lps. 10,698.30; Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (52 días): Lps. 18,543.72; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 6,650.00; Año 2019: Salario: Lps. 11,447.19: Bonificación Por Vacaciones según antigüedad establecida en la Cláusula 43 (52 días): Lps. 19,841.80; Bono Anual de Compensación establecido en la Cláusula 17: Lps. 7,050.00; TOTAL AÑOS 2017, 2018 y 2019;

LPS. 75,804.89; pretensión que no fue objeto de controversia entre las partes, sin que la parte demandada haya objetado los beneficios reclamados y el monto de los mismos. IV) INDEMNIZAR a todos los o Demandantes con el pago de los salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales derivados de la contratación colectiva dejados de percibir en ausencia desde su despido hasta que se produzca la reinstalación en los cargo, debiendo para ello en la fase de ejecución hacerse le revisión exhaustiva de todo concepto que según la contratación colectiva constituya salario ya que debe formar parte de la fórmula para el cálculo del salario promedio mensual según señala el párrafo primero de página 9 de la Circular 1-2014 de la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal como se ha aplicado en otros procesos promovidos contra el mismo patrono. CUARTO (4): SE EXIME DEL PAGO DE LAS COSTAS”. Bajo el criterio que la demandada aceptó en su escrito de contestación la relación con los demandantes, aceptó la terminación de la relación laboral, pero no por la figura del despido, sino por llegar a su fin los contratos de trabajo, omitiendo pronunciarse sobre los beneficios de la contratación colectiva reclamados por los actores y el reajuste de los mismos, así como sobre el hecho de que los demandantes fueron despedidos por haber reclamado su permanencia ante la autoridad del trabajo. En cuanto al vínculo laboral de los demandantes, esta se sustentaba mediante la suscripción periódica de contratos de trabajo por tiempo determinado, por lo que eran tenidos como empleados temporales sin concedérseles ninguno de los beneficios de la contratación colectiva, sin haberse acreditado la temporalidad de la relación laboral, por lo que al tenor de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, los demandantes eran empleados permanentes de la institución demandada y merecen el trato que les corresponde. Los demandantes, aun laborando para la empresa demandada, solicitaron la intervención de la autoridad del trabajo para que su patrono les reconociera como empleados permanentes y les otorgara los beneficios de la contratación colectiva correspondientes a los dos años anteriores a su reclamo, señalando el Ministerio del Trabajo audiencias para los días 05 de Abril, 24 de Abril y 06 de Mayo de 2019, todas recibidas por el patrono, quien en fecha 30 de Abril de 2019 notificó a los demandantes que se ponía fin a la relación laboral bajo el argumento de que sus contratos de trabajo vencían en esa misma fecha; tal determinación enviste el carácter de un despido injustificado dado que el patrono requería la existencia de una justa causa de terminación para poner fin a una relación laboral de carácter indefinido de conformidad con la ley, es claro que el despido de los actores se origina por el reclamo de permanencia presentado ante la autoridad del trabajo. Una vez despedidos los demandantes se procedió a elaborarles su cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes, ascendiendo a un total de L. 223,386.27 a favor de José Encarnación Barahona Sevilla; L. 258,778.88 a favor de Víctor Manuel Escobar Gonzales y L. 97,956.10 a favor de Diana Stephany Trejo Cardona, cantidades que fueron pagadas en su totalidad mediante el Sistema de Integración Financiera (SIAFI). En relación a lo anterior, los demandantes fijaron claramente su pretensión de emplazar a su patrono para que les conceda su reinstalación judicial en sus cargos; por lo que al no ser el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales el objeto del presente proceso, no procede interponer una excepción material de pago cuando no es esa la obligación reclamada por los actores, quienes tienen el derecho de escoger entre su reinstalación judicial o el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales adeudadas; tal elección no le corresponde al Patrono, quien no puede obligar a sus trabajadores a tomar sus prestaciones laborales para no pedir reintegro, o habiendo recibido el pago no renuncian a su derecho de la reinstalación judicial, puesto que en caso de haber pagado valores, el patrono tendrá el derecho en la fase de ejecución de que le repongan los montos que hubiera pagado. El hecho de que el trabajador reciba la indemnización y se aproveche de ella, no extingue el derecho a solicitar reintegró, pues, según se ha explicado, es al trabajador y no al patrono a quien le compete decidir entre uno y otro extremo. 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis de febrero del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la Constitución de la República en su artículo 129 garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, por lo tanto, la terminación de la relación laboral debe estar sustentada en una causa legal que justifique la misma. Que aún y cuando la parte recurrente aduce que la terminación del trabajo es legal el precepto legal que cita: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1. Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la Ley" (artículo 111.1 del Código del Trabajo) precepto legal que a todas luces no aplica, por cuanto en los contratos de trabajo de los trabajadores no se estableció que haya una causa de terminación del contrato que origine la terminación del mismo. Por otro lado, el derecho alternativo que otorga la Constitución de la República y el Código del Trabajo para escoger pago de prestaciones y demás derechos o el reintegro al trabajo al declararse injusto el despido es para el trabajador y no para el patrono, en tal sentido no se puede pretender obligar a los demandantes que acepten el pago de sus prestaciones por ser el deseo unilateral de la institución demandada y aunque exista un decreto 118-2003 citado por el recurrente, este no puede estar encima de la Constitución de la Republica la cual en su artículo 320 reza, que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicara la primera. 5. Mediante auto de fecha diez de marzo del dos mil veinte, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, (S.A.N.A.A.), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha seis de abril del dos mil veintiuno, compareció ante éste Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, (S.A.N.A.A.), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha seis de abril del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintitrés días del mes de abril del dos mil veintiuno, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción directa proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandante que obra a folios 7 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 46 literal b, 111 numeral 1 y 113 del código de trabajo. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL: consistente en: Notificación de vencimiento de contrato de trabajo que se encuentra agregado a folio 7 de la primera pieza de autos y documental vía oficio que obra del folio 124 al 131 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN PRIMERO: Honorables magistrados la sentencia casada no se encuentra conforme a los requisitos establecidos en el artículo 208 numeral 2 del código procesal civil que literalmente dice "En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido Objeto del debate" lo anterior reviste de mucha importancia ya que en el presente juicio uno de los puntos en controversia es el supuesto despido que sufrieron los demandantes , hecho que podrán constatar al momento de examinar la primera pieza de autos ya que en ningún momento mi representada acepta el despido resultando todo lo contrario mi representada jamás hizo tal acción.- Al no aceptar el supuesto despedido corresponde al trabajar ya que en materia laboral el "onusprobandi" ( carga de la prueba) de la existencia del despido alegado recae sobre el trabajador por lo que opera el principio de quien afirma la alteración del estado de lo normal deberá probarlo. El vínculo jurídico que existió entre mi representada y los hoy demandantes fue de índole temporal; por lo que resulta improcedente invocar la figura del despido que alegan los demandantes a este caso concreto, aclarando que la terminación de la relación laboral fue convenida desde la suscripción de los contratos de trabajo, en consecuencia, no procede aplicar los artículos 112 del Código de Trabajo al presente asunto. Resulta importante mencionar que mi representada está siendo objeto de una municipalización basada en el decreto 118-2003 en el cual se autoriza al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) para que cancele, otorgando el pago de las prestaciones e indemnizaciones respectivas, al personal que con motivo de la aplicación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento deje de laborar para la institución, es por ello que ha operado una terminación en base al artículo 111 numerales 1) : 1) Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la Ley; y por la finalización del contrato de trabajo… SEGUNDO: Siguiendo el hilo de ideas anteriormente referido y relacionándolo con el caso que nos atañe, la terminación de la relación con los hoy demandantes, se dio a raíz de las causales expuestas en el hecho primero, por ende mi representada procedió a elaborar el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes, ascendiendo a un total: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L.223.386.27) a favor del señor JOSE ENCARNACION BARAHONA SEVILLA, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS A FAVOR DE VICTOR MANUEL ESCOBAR GONZALEZ Y NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS A FAVOR DE LA SEÑORA DIANA STEPHANY TREJO CARDONA cantidad que fue pagada en su totalidad, mediante Sistema de administración financiera (SIAFI) a la cuenta bancaria que poseen los hoy demandantes- liberando de toda responsabilidad a mi representada. TERCERO: Es importante resaltar que nuestra legislación laboral contempla en el derecho alternativo consistente en el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones de trabajo más los salarios dejados de percibir y siendo que cualquier opción que tome el trabajador excluye a la otra y en el caso de autos los hoy demandantes optaron por el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que le correspondían por lo tanto la acción tendiente al reintegro a su puestos de trabajo resulta improcedente violentando nuestro código de trabajo y constitución de la república.- aunado a lo anterior resulta un grave acto inmoral y reñido contra la buena fe y buenas costumbres el hecho de que los demandante faltando a la verdad omita en su escrito de demanda que RECIBIERON las cantidades descritas en concepto de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y ahora comparezca ante este tribunal pretendiendo que sea reintegrado a su puesto de trabajo junto con el pago de los salarios dejados de percibir.- cuarto: por lo expuesto honorable tribunal podemos concluir en lo siguiente a) el derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones y el derecho al reintegro al puesto de trabajo son derechos alternos y no se pueden consignar los dos al mismo tiempo, por ende la presente acción es improcedente b) los hoy demandante recibió a su entera satisfacción el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y c) la terminación de la relación laboral opero conforme al artículo 111 numeral 1”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) entre otras, la norma que indica como violada (Artículo 46 b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y si bien es cierto otra norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; c) en el desarrollo del cargo hace referencia a la infracción directa, sin embargo alega apreciación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) realiza alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL103-2020. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.