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Sentencia CL-01-20 — Registro 13160

Resumen

Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa que motivó el incumplimiento del contrato de trabajo respecto a los reajustes salariales; pago de prestaciones laborales, reajustes, vacaciones proporcionales, décimo tercer y cuarto mes proporcional, preaviso, auxilio de cesantía, derechos laborales y demás beneficios, indemnizaciones que en derecho correspondan y a título de daños al pago de los salarios que se habrían percibido desde el incumplimiento al pago de las prestaciones laborales con sus respectivos reajustes y demás derechos y beneficios hasta la fecha que quede firme la sentencia condenatoria, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. "...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que reforma la sentencia de primera instancia, condenando a la parte demandada únicamente al pago de los derechos adquiridos excluyendo el preaviso, el auxilio de cesantía y la condena de salarios de percibir, se aprecia su incumplimiento del principio de la supremacía de la realidad ya que está acreditado en el juicio que la Escuela Privada denominada Santa María Bilingual School, no cancelaba a la demandante el salario mínimo, causa que dio a lugar a la terminación del contrato de trabajo por parte de la demandante que utilizó en su nota de fecha 22 de agosto del 2016 las expresiones de “renuncia” y “retiro”, (folio 21 de los autos de la primera pieza), pudiendo haber utilizado cualquiera otra como “abandono”, “ausencia”, “no asistencia”, “conservando sus derechos a prestaciones o indemnizaciones legales”, de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de Instituciones de Educación No Gubernamentales, aplicable a esta relación de TRABAJO DOCENTE, que tiene una regulación especial diferenciada de las disposiciones generales laborales, a lo que se agrega que la demandante solicita liquidación sobre las deducciones que se le hizo al INPREMA y que no fueron entregados a dicha institución por la parte patronal sobre la cual no se pronuncia, existiendo incongruencia en tal sentido, en dicha sentencia..."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. VIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. "...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de marzo del 2021, por la Abogada IXCILIA THEODORE GODOY, en su condición de representante procesal de la señora SAIRA JACQUELINE PADILLA ANDINO, como recurrente; además, es parte recurrida, la escuela privada SANTA MARIA BILINGUAL SCHOOL, representada en juicio por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa que motivó el incumplimiento del contrato de trabajo respecto a los reajustes salariales; pago de prestaciones laborales, reajustes, vacaciones proporcionales, décimo tercer y cuarto mes proporcional, preaviso, auxilio de cesantía, derechos laborales y demás beneficios, indemnizaciones que en derecho correspondan y a título de daños al pago de los salarios que se habrían percibido desde el incumplimiento al pago de las prestaciones laborales con sus respectivos reajustes y demás derechos y beneficios hasta la fecha que quede firme la sentencia condenatoria, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha 16 de enero del 2017, por el Abogado MARIO ALBERTO MARIN ARRIOLA, en su condición de representante legal de la señora SAIRA JACQUELINE PADILLA ANDINO, contra la escuela privada SANTA MARIA BILINGUAL SCHOOL, por medio de su Propietaria y Gerente General la señora DENIA IVETH NAVARRO, mayor de edad, Docente, hondureña y con domicilio en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de noviembre del 2019, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 08 de marzo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación; SEGUNDO: REFORMANDO la sentencia definitiva de que se ha hecho merito en este recurso, en el sentido de declarar parcialmente ha lugar la demanda incoada, respetando todos los conceptos condenados en primera instancia, excepto el preaviso, el auxilio de cesantía, y por la falta de claridad del fallo, se aclara que tampoco en este caso procede la condena de salarios dejados de percibir por las razones antes dichas. Se les pregunta si están de acuerdo y contestan la abogada Leiva que, si está de acuerdo con el fallo, el abogado Marín anuncia recurso. SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la escuela privada SANTA MARIA BILINGUAL SCHOOL, el 02 de marzo del 2009, como Docente, terminando la misma el 22 de septiembre del 2016, sin responsabilidad para ella, conservando su derecho al pago de prestaciones laborales de conformidad al artículo 67 inciso c y 69 del Reglamento de Instituciones de Educación no Gubernamentales vigente y aplicable al caso concreto en virtud del incumplimiento de la parte demandada para con sus obligaciones contractuales y legales. Devengando un salario base mensual de L.5,000.00 muy por debajo del salario mínimo, debiendo ser lo correcto al salario mínimo de L.7,958.33, cuya terminación de la relación laboral fue notificada por escrito previamente hecha al patrono por parte de la demandante en fecha 22 de agosto del 2016. La demandante fue una empleada responsable, respetuosa, cumpliendo con sus obligaciones laborales, no obstante, la demandada incumplió con el contrato de trabajo en diferentes formas: al no efectuar el pago de las cuotas deducidas en concepto de aportaciones mensualmente ante el INPREMA; de igual forma, pagándole a la demandante un salario mensual el cual era menor al salario mínimo conforme lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Instituciones de Educación no Gubernamentales vigente y aplicable al caso concreto, no teniendo respuesta positiva por parte de la demandada, esta continúo incumpliendo tales obligaciones contractuales y legales, por lo que se vio en la necesidad la demandante de dar por terminada dicha relación laboral; se procedió a solicitar los servicios de un inspector de trabajo, con el objeto de constatar en las oficinas de la demandada los extremos antes mencionados y que si existía contrato de trabajo por escrito entre las partes, constatándose que no se puso a la vista dicho contrato. En busca de un arreglo conciliatorio entre las partes y con la finalidad de agostar el trámite administrativo, la demandante acudió a las oficinas de la Secretaría del Trabajo por medio de la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Trujillo, en donde la parte demandada fue citada, en procura de conciliar lo referente al pago de las prestaciones y derechos laborales y demás conceptos reclamados de conformidad al artículo 67 inciso c y 69 del Reglamento de Instituciones de Educación no Gubernamentales vigente, misma que resultó infructuosa o imposible. 2. La parte demandada, la escuela privada SANTA MARIA BILINGUAL SCHOOL, contestó dicha demanda señalando que la demandante si laboró para la demandada, como también se acepta que la demandante presentó su renuncia por escrito tal y como lo acredita el acta de constatación de fecha 30 de septiembre del 2016, levantada por el inspector de trabajo, rechazando todo lo relacionado a que fue una empleada responsable y respetuosa, ya que si lo hubiese sido, no hubiera renunciado antes de dar por terminado el contrato. Se desconoce los supuestos intentos, para con el reajuste del salario, como con el pago de las cuotas deducidas, aceptando parcialmente lo relacionado a que la demandante en fecha 22 de agosto del 2016, notificó su renuncia al contrato de trabajo y que sí existe dicho contrato de trabajo escrito; así mismo, lo relacionado a la búsqueda de un arreglo conciliatorio, la demandada nunca dejó de ir a las audiencias en la Procuraduría Regional del Trabajo. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha 08 de marzo del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA QUE MOTIVO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO RESPECTO A LOS REAJUSTES SALARIALES, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, REAJUSTES, VACACIONES PROPORCIONALES, DECIMO TERCER MES Y CUARTO MES PROPORCIONAL, PREAVISO, AUXILIO DE CESANTIA, PAGO DE DEMAS BENEFICIOS Y DERECHOS LABORALES, INDEMNIZACIONES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN Y A TITULO DE DAÑOS AL PAGO DE LOS SALARIOS QUE SE HABRIAN PERCIBIDO DESDE EL INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES CON SUS RESPECTIVOS REAJUSTES Y DEMAS DERECHOS Y BENEFICIOS HASTA LA FECHA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA. COSTAS DEL JUICIO promovida por el Abogado MARIO ALBERTO MARIN ARRIOLA en representación de la señora SAIRA YACQUELIN PADILLA ANDINO, contra la Escuela Privada denominada o conocida como SANTA MARIA BILINGUAL SCHOOL representada por la señora DENIA IVETH NAVARRO representada por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA.- SEGUNDO: CONDENAR a la Escuela Privada denominada o conocida como SANTA MARIA BILINGUAL SCHOOL representada por la señora DENIA IVETH NAVARRO, A PAGAR a la Señora SAIRA YACQUELIN PADILLA ANDINO la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO TRES CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 156,164.03) por los conceptos siguientes: Preaviso DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 18,569.40), Cesantía SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 64,992,90), Cesantía Proporcional CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 5,183.96), Vacaciones Proporcional TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L.3,455.97), Aguinaldo Proporcional CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS (5,791.95), Décimo Cuarto Mes Proporcional MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS (1,812.75), haciendo un total de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 99,806.93) más otros derechos Reajuste de Salario Mínimo CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS DE LEMPIRAS (L.56,357.10) Haciendo un total de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO TRES CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 156,164.03).- TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que al haber probado en juicio que la demandante tuvo motivos o causas suficientes para tal reclamo en defensa de sus derechos laborales, porque existiendo una relación de trabajo, lo que conlleva que al acreditarse la justa causa de la demandante, se determina que el mismo está amparado en derecho, de esta manera este juzgador después de haber valorado toda la prueba en su conjunto ha llegado a la conclusión mediante las pruebas ofertadas por la demandante, que la terminación del contrato de trabajo utilizando la renuncia presentada, fue justa y legal, en virtud a lo establecido en el artículo 67 inciso c y 69 del Reglamento de Instituciones de Educación no Gubernamentales, Acuerdo número 1363-SE-2014, en relación a lo establecido en los artículos 3, 4, 116, 117, 118, 119, 120 del Código del Trabajo; así mismo, tiene derecho al reajuste del salario mínimo en virtud de no haberse pagado el mismo que establece el Código del Trabajo a favor de la demandante. 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 21 de noviembre del 2019, dictó sentencia que dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación; SEGUNDO: REFORMANDO la sentencia definitiva de que se ha hecho merito en este recurso, en el sentido de declarar parcialmente ha lugar la demanda incoada, respetando todos los conceptos condenados en primera instancia, excepto el preaviso, el auxilio de cesantía, y por la falta de claridad del fallo, se aclara que tampoco en este caso procede la condena de salarios dejados de percibir por las razones antes dichas. Se les pregunta si están de acuerdo y contestan la abogada Leiva que si está de acuerdo con el fallo, el abogado Marín anuncia recurso. SIN COSTAS”, fundamentándose en el criterio que el término “Renuncia no solo existe en la doctrina, sino que es una terminología especifica de la materia laboral que recoge dicha institución que es el cese de la relación laboral en forma unilateral (derecho subjetivo) por parte del trabajador de conformidad a su derecho individual establecido en el artículo 127 de la Constitución de la República, convenio 029 de la OIT sobre el trabajo forzoso, artículos 117 y 120 reformado del Código del Trabajo. En tal sentido, el A-quo, no respetando el principio de legalidad, llegó a una conclusión equivocada. Lo anterior, por que dicho ente juzgador está más bien en la obligación de analizar la distribución de la carga probatoria y el derecho a aplicar el caso concreto según su libre arbitrio e independencia judicial, en base al sistema de valoración probatoria que permite el artículo 739 del Código del Trabajo, motivar en su sentencia y emitir el fallo. Es si en el caso de autos, la actora no tiene derecho al preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, ya que se probó su renuncia. (Ver folios 5 y 21 de la primera pieza de autos). Lo cual no necesitaba ni ser probado, puesto que como dice la apelante, la demandante lo acepta en el hecho cuarto de su demanda. Por lo tanto, la sentencia no está dictada acorde a derecho y debe reformarse. 5. Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO ALBERTO MARIN ARRIOLA, en su condición de representante procesal de la señora SAIRA JACQUELIN PADILLA ANDINO, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 11 de marzo del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada IXCILIA THEODORE GODOY, en su condición de representante procesal de la señora SAIRA JACQUELIN PADILLA ANDINO, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 12 de marzo del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de abril del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que reforma la sentencia de primera instancia, condenando a la parte demandada únicamente al pago de los derechos adquiridos excluyendo el preaviso, el auxilio de cesantía y la condena de salarios de percibir, se aprecia su incumplimiento del principio de la supremacía de la realidad ya que está acreditado en el juicio que la Escuela Privada denominada Santa María Bilingual School, no cancelaba a la demandante el salario mínimo, causa que dio a lugar a la terminación del contrato de trabajo por parte de la demandante que utilizó en su nota de fecha 22 de agosto del 2016 las expresiones de “renuncia” y “retiro”, (folio 21 de los autos de la primera pieza), pudiendo haber utilizado cualquiera otra como “abandono”, “ausencia”, “no asistencia”, “conservando sus derechos a prestaciones o indemnizaciones legales”, de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de Instituciones de Educación No Gubernamentales, aplicable a esta relación de TRABAJO DOCENTE, que tiene una regulación especial diferenciada de las disposiciones generales laborales, a lo que se agrega que la demandante solicita liquidación sobre las deducciones que se le hizo al INPREMA y que no fueron entregados a dicha institución por la parte patronal sobre la cual no se pronuncia, existiendo incongruencia en tal sentido, en dicha sentencia. VII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. VIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, 67 inciso b) y c) y 69 del Reglamento de Instituciones de Educación no Gubernamentales. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 21 de noviembre del 2019, visible a folios del 07 al 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL01-2020. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.