Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-93-19 — Registro 10633

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, reajuste a salarios conforme al estatutos del médico empleado, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde el momento del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) señala por un lado que el error de hecho deriva por la no apreciación de la prueba y por otro, alude a la apreciación errónea, d) formula alegatos propios de instancia.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la naturaleza o carácter permanente o temporal de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. b) el precepto autorizante que señala no es el correspondiente, ya que lo debió de enmarcar en las causales contenidas en el artículo 765 del Código de Trabajo; c) formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 25 de junio del 2019, por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora KARLA YOBANA PUERTO RAMOS, representada en juicio por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, reajuste a salarios conforme al estatutos del médico empleado, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde el momento del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de octubre del 2014, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de apoderada legal de la señora KARLA YOBANA PUERTO RAMOS, quien es mayor de edad, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada en ese entonces por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de octubre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 05 de junio del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora KARLA YOBANA PUERTO RAMOS, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía a la demandante KARLA YOBANA PUERTO RAMOS con el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, desde el 01 de Junio del 2010 siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso: L.92,599.16; Auxilio de Cesantía: L.185,198.32; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.3,858.27; Vacaciones Proporcionales: L.1,265.51; décimo tercer mes Proporcional: L.23,149.65; Décimo cuarto mes Proporcional: L.39,685.36; lo que asciende a un total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (Lps.345,756.27). más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme.- TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora KARLA YOBANA PUERTO RAMOS el reajuste de salario en base al Estatuto del Medico empleado por la cantidad de: Salario (Lps.674,620.92); décimo cuarto mes reajuste (Lps.13,716.59); décimo cuarto mes reajuste (Lps.13,716.59).- CUARTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de las vacaciones adeudadas de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 a la señora KARLA YOBANA PUERTO RAMOS, por la cantidad de (Lps.103,402.41). QUINTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a laborar para la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en fecha 1 de junio del 2010, mediante contrato de trabajo por tiempo determinado, en el puesto de Médico General, devengando un salario mensual de L.26,400.00, inició a laborar de forma pacífica, continua e ininterrumpida, realizando sus labores de forma eficiente sin tener ningún problema en el trabajo, pero en fecha 01 de julio del 2014, estando incapacitada la demandante, se le manifestó de forma verbal por parte de la señora SURJA SANDOVAL, en su condición de Jefe de Recursos Humanos del HOSPITAL ANIBAL MURILLO, que su contrato no sería renovado, por lo que en fecha 21 de agosto del 2014, acudieron a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a solicitar un Inspector del Trabajo para que constatara el despido verbal que se le había hecho a la demandante, expone que la demandante suscribió contrato de servicios profesionales, mismo que es contrario a derecho, ya que era una trabajadora de dicha institución, desempeñando en el puesto de Médico General, teniendo un horario de trabajo y demás un salario mensual, constituyendo los elementos esenciales para que existiera contrato de trabajo, siendo en este caso los contratos que la demandante celebró con la Secretaría de Salud una simulación del contrato, constituyéndose un fraude a ley, en vista de lo tipificado por el Artículo 47 del Código del Trabajo, es tal que a demandante se desempeñaba como Médico General y sus funciones eran indispensables, ya que ella prestaba asistencia médica y además hacia guardia en el Hospital, al cual asignada por órdenes de autoridades superiores de la institución hoy demandada, por lo que se intuye que el puesto tiene naturaleza permanente, incluso ya fue contratada la Doctora MAUREM ANTONIA ZAVALA, en el puesto que se desempeñaba la demandante, como se pudo constatar en el acta levantada por el Inspector del Trabajo, así lo manifestó la Jefa de Recursos Humanos del HOSPITAL ANIBAL MURILLO, expuso de igual manera, que ella había recibido órdenes del Director del Hospital antes mencionado para no renovar el contrato de la demandante, además manifiestan que la demandante no recibía su salario conforme al arancel y a los Estatutos del Médico Empleado de Honduras, haciendo referencia o antes mencionado que la demandante debió estar recibiendo un salario hasta la fecha por la cantidad de Lps. 39,685.36, según lo indica la Ley del Estatuto del Médico Empleado en su artículo 9 numeral 4: que establece literalmente “son obligaciones de los patronos o empleadores lo siguiente: a) pagar al médico empleado la remuneración establecida en las condiciones y periodos señalados por la ley”, pero el salario de la demandante era por la cantidad de (Lps.26,400.00); cantidad que se queda corta al compararla con las remuneraciones legales establecidas, por lo que solicita el reajuste de los salarios de la demandante desde el inicio de sus labores, hasta la fecha en que fue despedida de forma verbal.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que rechaza las pretensiones en virtud de según constancia emitida por la Doctora KATHIA VANESSA HERNANDEZ, jefa del Departamento de Contratos, la demandante empezó a laborar para la Secretaría de Salud, bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, a partir del 04 de enero del 2011, en el cargo de Médico General de Guardia en el Hospital Dr. ANIBAL MURILLO ESCOBAR, de la ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro y no fue a partir del 01 de junio del 2010, como erróneamente lo plantea la demandante, lo que no informa la ahora demandante en forma maliciosa es que después de someterse a concurso médico y cumplir con los requisitos que establece la ley del Estatuto Médico Empleado, su reglamento de aplicación el reglamento de concursos así como la Ley de Servicio Civil y su respectivo reglamento, la demandada la selecciona y nombra de forma permanente mediante Acuerdo No. 3098, en fecha 01 de junio del 2010, en el cargo de Médico General Seis Horas, en el Césamo de Isleta, Sonaguera, dependiente de la Departamental de Colón No. 2; en donde afirma que la demandante inició a laborar de manera pacífica continua e ininterrumpida es totalmente falso, ya que en varias oportunidades se presentaron en la jornada de guardia (en la noche), mujeres embarazadas, niños y adultos enfermos y la demandante no se encontraba, no podía atenderlos porque no había llegado desde Isletas, Departamento de Colón, donde trabajaba en forma permanente en la jornada diurna a cumplir con su jornada de guardia, ya que son varias horas conduciendo, tenía permiso, se encontraba con incapacidad o pagaba otro Médico para que realizara su trabajo como Médico General de Guardia en la emergencia del Hospital Dr. Anibal Murillo, dicha ausencia perjudicaba grandemente la población, ya que son varias comunidades que trabajaban en los diferentes campos bananeros y al asistir al Hospital específicamente en emergencias (jornada de Guardia) en la noche no se encontraba la demandante, en referencia en fecha 01 de julio, estando incapacitada manifestó de forma verbal por parte de la señora SURIA SANDOVAL que su contrato no sería renovado, por lo que no podrían seguir renovando dicho contrato, se le informó de manera verbal que si se encontraba enferma no podía cumplir su jornada de Guardia en el Hospital Sr. Aníbal Murillo Escobar de Olanchito, pero si cumplía aparentemente con su jornada diurna en el Césamo de Isletas, Departamental de Colón, No. 2; el objeto era trabajar lo menos posible en la noche en la jornada de guardia, pero si cobrar su salario de L.22,025.25, en la jornada de guardia más, su salario como Médico General en la jornada diurna de L.33,249.15, haciendo un total al mes de L.55,270.40; en cuanto al supuesto despido verbal que fue objeto, dicho despido no existió, lo que sucedió fue que el contrato de Servicios Profesionales y Técnicos en la jornada de Guardia, llegó a su fin y se le comunicó a través de la Jefa de Recursos Humanos que su contrato no sería renovado; se rechaza la pretensión en cuanto a que la demandante debió estar ganando la cantidad de L.39,685.36 según supuestamente lo indica la Ley del Estatuto del Médico Empleado, acaso la demandante es ignorante no sabía lo que estaba firmando, sus facultades son limitadas, que ignoró el salario que se establecía en los contratos por lo que rechaza EL REAJUSTE solicitado.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 5 de junio del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, CONDENO al demandado a reconocer una relación de trabajo permanente la que sostenía a la demandante desde el 01 de junio del 2010, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales, lo que asciende a un total de L.345,756.27, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme; CONDENO al ESTADO DE HONDURAS al reajuste de salario en base al Estatuto del Médico Empleado por la cantidad de: Salario L.674,620.92; decimocuarto mes reajuste L.13,716.59; decimocuarto mes reajuste L.13,716.59); CONDENO al demandado al pago de las vacaciones adeudadas de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, a la demandante cantidad de L.103,402.41, sin costas; bajo el criterio que se puede observar, la demandante ha sido contratada como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir, siempre necesitará el cargo de MEDICO GENERAL DE GUARDIA en el HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR, deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo, que el puesto de trabajo que desempeña la demandante en la institución, no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales, concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal, el Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, SON NULOS IPSO JURE dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes, no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio, es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió el demandante, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido del demandante, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por el demandante, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. Que salario mínimo, es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir, a sus necesidades normales y a las de su familia; asimismo, el Estatuto del Médico Empleado manda en su artículo 32. “El salario o sueldo que devengará el médico empleado podrá ser estipulado mediante contratos individuales, contratos colectivos o asignados presupuestariamente, pero en ningún caso serán inferiores al mínimo prescrito por la presente Ley...”, y el Reglamento la Ley del Estatuto Médico Empleado manda en su artículo 62 que: “La jornada de guardia tendrá un salario equivalente a una jornada ordinaria diurna de seis (6) horas;” por lo que analizada la prueba quedó acreditado en autos que el salario que devengada la hoy demandante era por la cantidad de L.26,460.30, mismo que no corresponde al salario que debía de devengar la demandante según lo manda el Estatuto del Médico Empleado en relación con el artículo 9, por lo que es procedente declarar con lugar el reajuste de salario, décimo tercer y cuarto mes de salario, vacaciones y bono de vacaciones como lo manda el Estatuto del Médico Empleado, solicitado por la demandante y siendo que el derecho que reclama constituye un derecho adquirido por la demandante y un derecho imprescriptible, por lo que es procedente también conceder dicho reajuste desde la fecha de inicio de la relación laboral.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 23 de octubre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el demandado al contratar a sus trabajadores lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolas en plazas vacantes cuya naturaleza es permanente, lo que ha llevado a que la trabajadora solicite la permanencia y se le considere como trabajadora permanente, ya que con los medios de prueba aportados al juicio, se ha dejado claro que dichos contratos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, y le corresponde el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, así como el reajuste de salario solicitado.- 5.- Mediante auto de fecha 21 de mayo del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 25 de junio del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de agosto del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en su primer motivo de casación aduce; “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 97 numerales 1, 2 y 13. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 97 numerales 1, 2 y 13 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 97 numeral 1, 2 y 13 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo la señora KARLA YOBANA PUERTO RAMOS fue a través de CONTRATOS DE SERVCIOS PROFESIONALES Y TECNICOS y dicha doctora no realizaba personalmente la labor en los términos estipulados en el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, ya que al estar nombrada en forma permanente en Isletas en jornada Diurna, no realizaba su trabajo en el cargo de guardia en la emergencia del hospital Anibal Murillo Escobar- El mismo artículo establece que son obligaciones de los trabajadores realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les imparta el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido 2 ejecutar por si mismo su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado, esmero en el tiempo lugar y condiciones convenidos. -y cumplir las demás obligaciones que les imponga este código, las leyes reglamentos de trabajo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la naturaleza o carácter permanente o temporal de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. b) el precepto autorizante que señala no es el correspondiente, ya que lo debió de enmarcar en las causales contenidas en el artículo 765 del Código de Trabajo; c) formula alegatos propios de instancia.- IV.- Se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17).- V.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016 expedientes AL 777-14 y AL 1134-15).- VI. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por no apreciar los medios de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifestó en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 97 numerales 1,2 y 13 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo: NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental: Admitida a la parte demandada (ver folios 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, de la primera pieza, en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y evacuados en su oportunidad la relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que en forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios, científicos que informan la sana critica de la prueba , tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación particular si se hubieses apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la doctora KARLA YOBANA PUERTO RAMOS no desempeño el cargo de médico de Guardia de emergencia, para el cual fue nombrada mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos en forma continua e ininterrumpida, en virtud que siempre presentaba incapacidades, estaba enferma, solicitaba permiso e inclusive pagaba a otro médico para que realizaba su trabajo, pero el cargo de nombramiento permanente en Isletas en Jornada Diurna si realizaba su trabajo; el asunto en definitiva era cobrar su salario otorgado mediante contrato de servicios profesionales y técnicos en la plaza de guardia en el Hospital Aníbal Murillo sin trabajar, y ahora utiliza los órganos jurisdiccionales para ejercer derechos que no le corresponden, ya que un elemento esencial de la realización de trabajo es prestar el servicio en forma personal”.- VII.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) señala por un lado que el error de hecho deriva por la no apreciación de la prueba y por otro, alude a la apreciación errónea, d) formula alegatos propios de instancia.- VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 93-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Artículo 128 Constitucional