Sentencia CL-85-19 — Registro 11363
Resumen
Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales reconocidas por contrato colectivo de condiciones de trabajo; asimismo, demanda la impugnación de la separación del centro de trabajo realizado indebidamente en virtud de carecer de las formalidades y requisitos legales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala como infringidos los artículos 53 y 60 del Código del Trabajo, de los cuales, el primero no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; de igual manera, el segundo contiene varios párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; b) no se indica con claridad el concepto de la infracción; c) carece de precepto autorizante; y, d) omitió la explicación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de febrero del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de junio del 2019, por el Abogado VICTOR FERNANDO RODRIGUEZ B., mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora YAHAIRA ALEJANDRA MONCADA, como recurrente; además, es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, representada en juicio por la Abogada INGRID VARINIA FUENTES ROQUE. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales reconocidas por contrato colectivo de condiciones de trabajo; asimismo, demanda la impugnación de la separación del centro de trabajo realizado indebidamente en virtud de carecer de las formalidades y requisitos legales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 09 de febrero del 2018, por la señora YAHAIRA ALEJANDRA MONCADA, quien es mayores de edad, casada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL y representante legal, el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de enero del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 05 de noviembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que en su parte conducente dice: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA LABORAL ORDINARIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES RECONOCIDAS POR CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEMANDA LA IMPUGNACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE SEPARACION DEL CENTRO DE TRABAJO REALIZADO INDEBIDAMENTE EN VIRTUD DE CARECER DE LAS FORMALIDADES Y REQUISITOS LEGALES, promovida por la señora YAHAIRA ALEJANDRA MONCADA HERRERA, de generales ya conocidas EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS a través de su representante legal el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO.- SEGUNDO: ABSOLVER a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS a través de su representante legal el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO de toda responsabilidad económica derivada de las pretensiones del presente juicio. TERCERO: SE CONDENA a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS a través de su representante legal el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO pague a favor de la señora demandante YAHAIRA ALEJANDRA MONCADA HERRERA sus derechos adquiridos y adeudados que suman la cantidad total de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (L 44,844.08) que se desglosa en los siguientes conceptos: Vacaciones proporcionales: L.4,484.48; Décimo tercer proporcional: L.14,938.56; Décimo cuarto proporcional: L.7,076.16, y Vacaciones pendientes: L18,345.60.-CUARTO: SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que empezó a laborar para la hoy demandada el día primero de agosto el año 2000, con un salario promedio de L.9,000.00 y concluyó con un salario de L.15,724.80; que en fecha 17 de agosto del año 2016, la Municipalidad de San Pedro Sula, promovió solicitud a este Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, a través de juicio sumario laboral, autorización para desaforarla, en virtud de que en el momento de entablar ese proceso, ocupaba el cargo de Secretaria de Actas del Sindicato de Trabajadores Municipales, recayendo sentencia en fecha 24 de febrero del año 2017, y no estando conforme con el fallo por ser adverso a su pretensiones, agotó los recursos y demostrará que los ilícitos laborales señalados por el demandado no existían y que pertenecían a otra materia legal, tal exposición la hace con el afán de llegar a la conclusión que en fecha 12 de diciembre del año 2017, se le hizo llegar la transcripción literal del fallo emitido por ese Juzgado en la fecha indicada, y en material laboral se hace por medio de apoderado legal artículo 719, por lo cual no se impugna la sentencia emitida por ser firme, impugna la notificación del despido que obligadamente debía hacerle el patrono, reitera que el fallo ya era de su conocimiento a la fecha de comunicársele la supuesta nota de despido, pero procesalmente hablando sólo era la autorización para el despido, no para el despido en sí, El despido debía ser a posteriori, de la autorización judicial para despedirla tenía lato conocimiento en relación a lo expuesto, la nota en referencia que se le hizo llegar al señor Porfirio Díaz Sierra poniéndole del conocimiento del fallo judicial de fecha 24 de febrero del 2017, adolece de: a) claridad en que carácter actúa el señor Porfirio Díaz Sierra, b) precisión y claridad en la nota entregada, se imita a describir los considerandos del fallo, c) infracción directa del artículo 117 se habla de conocimiento previo que se debió dar eso es preaviso, la nota no se ajusta a requisitos legales, d) La supuesta nota de despido contiene un defecto de forma no se ajusta a lo establecido, relata alegatos de instancia. Al carecer la nota de comunicación del despido de las formalidades legítimas, es como que no se haya comunicado, no desconoce el contenido del fallo emitido por el Juzgado en fecha 24 de febrero del año 2017, como lo dice es firme, pero falta un requisito administrativo para que surta efecto la debida comunicación del preaviso, es por tal razón que apegada a las disposiciones del Contrato Colectivo celebrado entre las partes de esta demanda y precisamente en aplicación del artículo 516 párrafo segundo del Código del Trabajo, Cláusula 49 y 50 del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo, esta última cláusula 50 establece el pago de prestaciones por despido, no establece esta cláusula sin con o sin causa justa, lo que la ley no prohíbe lo permite y establece requisitos fundamentales de tener más de un año de trabajar para la Municipalidad que es su caso, por lo cual la nota que se le entregó establece que se avoque para pago de derechos adquiridos contradiciendo lo que dispone el Contrato Colectivo que es ley patrono-trabajador y como han expresado que no le pagaran sus prestaciones interpone la demanda, además ya fue desaforada por resolución judicial consecuentemente la totalidad de prestaciones laborales se le deben cancelar. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que la señora Yahaira Alejandra Moncada Herrera, ingresó el 1de agosto del año 2000, teniendo un salario inicial de L.3,500.00 y en efecto concluyendo a la fecha del despido con justa causa un salario de L.15,724.80, en fecha 12 de diciembre del año 2017, se notificó en legal y debida forma en cada uno de los considerandos los motivos, el proceso realizado, y fundamentos legales para dar por terminada la relación laboral con la señora Yahaira Alejandra Moncada Herrera, a la cual se adjuntó Certificación de la Sentencia Definitiva de fecha 24 de febrero del año 2017, de la autorización para despido con justa causa proferida por este honorable Juzgado, la demandante erróneamente cree que el Juzgado le debió notificar personalmente a ella, certificación que en virtud de encontrarse firme y debidamente notificada a las partes fue entregada por los Juzgados en fecha 11 de diciembre del año 2017, notificación entregada a la demandante firmada y sellada por su persona en calidad de representante de la autoridad nominadora, siendo esta autoridad el Alcalde Municipal y por estipulación del artículo 6 del Código del Trabajo Vigente, el artículo 117 del Código del Trabajo al que hace alusión el demandante no procede en este caso, ya que su representada no dio por terminada la relación laboral utilizando la figura de preaviso estipulada en el artículo 111 literal 12) como pretende hacer creer, sino que su despido procedió de acorde a lo estipulado en el artículo 111 numeral 10, en vista de que el patrono tenia justa causa para dar por terminada la relación laboral de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 del mismo cuerpo de leyes, así mismo este digno juzgado autorizó, por haberse comprobado la Justa Causa, para proceder al despido, informándole en su notificación de terminación de la relación laboral el fundamento legal relacionado al artículo 112 inciso a), b), e) y L) del Código del Trabajo. Y los fundamentos legales invocados fueron invocados en la demanda para la obtención de la autorización de despido con justa causa. Y conforme el artículo 113 del Código del Trabajo no le corresponde ningún tipo de indemnización que según el Código del Trabajo le puede corresponder, en este caso su patrono probó la justa causa para el despido. Que el despido fue utilizando la figura del artículo 111 numeral 12 y numeral 10 y comprobada por la vía judicial y que el mismo Código del Trabajo vigente faculta al patrono para finalizar la relación de trabajo por Causa Justa sin responsabilidad de su parte, la demandante pretende obtener beneficios que no le corresponden invocando una cláusula de un contrato colectivo no vigente y aseverando que lo que la ley no prohíbe lo permite, olvidando que la misma Constitución de la República en su artículo 70 indica que nadie está obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito, en este caso su representada está obligada a cumplir la ley, porque está legalmente prescrito el procedimiento y derechos que corresponden en caso de despido con justa causa a la señora Yahaira Alejandra Moncada Herrera, quien pretende que su representada obvie lo estipulado en la ley, y los jueces de trabajo conforme el artículo 667 están obligados a cumplir la Constitución y la ley, cita el artículo 321 constitucional, por otra parte, el contrato colectivo vigente y reconocido por la Secretaría de Trabajo desconoce la cláusula invocada por la demandante, razón por la cual es improcedente lo que trate obtener beneficios saltando lo estipulado en la ley, lo peticionado por el demandante es contrario a ley, en virtud de que mediante sentencia definitiva el juzgado autorizó despido con justa causa de la demandante. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 05 de noviembre del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda, ABSOLVIO a la demandada de toda responsabilidad económica derivada de las pretensiones del presente juicio; CONDENO a la demandada al pago a favor de la demandante de sus derechos adquiridos y adeudados que suman la cantidad total L.44,844.08, sin costas; bajo el criterio que que la nota de despido se hizo efectiva en fecha 12 de diciembre del año 2017, por el apoderado de la patronal a la señora demandante, la cual se le entregó y esta recibió efectivamente, tal como lo aceptó en la prueba de interrogatorio de parte, en la carta de despido se le expone de forma clara, precisa y motivada los hechos graves en que incurrió y que le fueron comprobados y así mismo le invoca la patronal el fundamento de derecho que permite el despido, la patronal con senda carta de despido cumple lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, no adolece de falta de formalidades establecidas por la ley, al contario es del criterio este juzgador que el despido explica que el procedimiento de descargos a la trabajadora demandante se le viene realizando desde el 29 de julio del año 2016 y hasta que fue comprobada la justa causa de despido y autorizado el mismo por el Juzgado de Letras del Trabajo competente procedieron a removerla del cargo notificándole su despido en la fecha 12 de diciembre del año 2017, amparados en sentencia firme dictada en fecha 24 de febrero del año 2017 y confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, motivación suficiente que acredita que la notificación es válida, apegada a derecho, no adolece de vicios y la patronal ha realizado su despido respetando el reglamento interno, respetando el Código del Trabajo respecto a la protección por fuero sindical y el despido se encuentra totalmente justificado en causa legal que permite a la patronal despedir sin responsabilidad patronal. 4.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 25 de enero del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el despido del cual fue objeto la demandante esta realizado en legal y debida forma, ya que previo a la realización del mismo, la demandada fue legalmente autorizada para despedirla, al haber la demandada comprobado la comisión de las faltas por parte de la demandante. 5.-Mediante auto de fecha 28 de marzo del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado VICTOR FERNANDO RODRIGUEZ B., en su condición de representante procesal de la señora YAHAIRA ALEJANDRA MONCADA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.-En fecha 11 de junio del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado VICTOR FERNANDO RODRIGUEZ B., en su condición de representante procesal de la señora YAHAIRA ALEJANDRA MONCADA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de junio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada INGRID VARINIA FUENTES ROQUE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que el Impetrante ha omitido los requisitos legales para la formalización del recurso, de conformidad al artículo 769 del Código de Trabajo, entre otros, no señala ni desarrolla la parte petitoria de su demanda de casación y el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Al no haberse desarrollado la parte petitoria, impide a este Tribunal el conocimiento del recurso, ya que no se establece como se pretende que este Tribunal emita un fallo en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente. III.- Que por otro lado, el Abogado VICTOR FERNANDO RODRIGUEZ BETANCOURTH, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho ser violatoria de ley sustantiva, explico la violación de la siguiente manera: 1.-El señor juez omite observar el contenido de las clausulas 49 y 50 del Contrato colectivo de Condiciones de trabajo, que obliga al patrono al pago de prestaciones sociales en relación a los artículo 53 Y 60 del Código de trabajo como norma sustantiva violada directamente, no disponen las clausulas violentadas sin con justa causa o sin ella deba pagarse las prestaciones al trabajador despedido, imperando el principio indubio pro operario al omitir pronunciarse sobre lo que se demanda e insertar disposiciones ajenas a lo pedido en la parte dispositiva de la sentencia incurre en nulidad, la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho. PRECEPTO LEGAL DE ORDEN NACIONAL VIOLADO: ARTICULOS 53 Y 60 DEL CODIGO DE TRABAJO. CONCEPTO DE LA INFRACCION: FALTA DE APLICACIÓN DIRECTA DE LAS CLAUSULAS 49 Y 50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO EN RELACION A LOS ARTIU LOS 60 Y 53 DEL CODIGO DE TRABAJO.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala como infringidos los artículos 53 y 60 del Código del Trabajo, de los cuales, el primero no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; de igual manera, el segundo contiene varios párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; b) no se indica con claridad el concepto de la infracción; c) carece de precepto autorizante; y, d) omitió la explicación. IV.-Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de octubre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL85-2019.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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