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Sentencia CL-83-19 — Registro 11362

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la reinstalación a un puesto de trabajo y restitución a las funciones de una trabajadora, en virtud de haber sido suspendida de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, en represalia por haber interpuesto una acción judicial en este juzgado para que se declare la permanencia a sus labores, pago de salarios dejados de percibir, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."ue también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, se comparte el criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando: “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14)."...

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas, los artículos 2 numeral 2 y 665 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural; por lo que debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; además, que la prueba que se singulariza no fue apreciada, aparece que el Juzgador si la apreció y valoró, arribando a la conclusión que esos contratos de servicios profesionales son típicos contratos de trabajo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…” (ver sentencias del 14 de diciembre del 2016, expediente CL 326-15 y 6 de diciembre del 2018, expediente CL454-17)."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de febrero del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de junio del 2019, por la Abogada ENA ELIZABETH LAGOS PACHECO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora MARTHA JOSE REYES GONZALES, representada en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la reinstalación a un puesto de trabajo y restitución a las funciones de una trabajadora, en virtud de haber sido suspendida de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, en represalia por haber interpuesto una acción judicial en este juzgado para que se declare la permanencia a sus labores, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de junio del 2015, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de apoderada legal de la señora MARTHA JOSE REYES GONZALES, quien es mayor de edad, hondureña, casada, Secretaria Bilingüe y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada en ese entonces por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de octubre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de mayo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO, RESTITUCION A LAS FUNCIONES POR HABER SIDO SUSPENDIDA DE LA MISMA, PERMANENCIA A LAS LABORES MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS instaurada por la señora MARTHA JOSÉ REYES GONZALES contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; 2) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A: REINTEGRAR a la demandante, a su puesto de trabajo en forma permanente por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido, con la restitución de las funciones que la demandante desempeñaba como Secretaria de la Administración; B) al reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea EJECUTORIA la presente sentencia condenatoria; derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno. 3) SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos desde el 01 de febrero de 2012, desempeñándose en el puesto de Secretaria de Administración, en la Región Departamental de Salud N°17 Valle, devengando un salario de L.7,663.67; que en fecha 08 de agosto de 2014, se presentó demanda para que se declare por tiempo indefinido su relación laboral, juicio que se encuentra registrado bajo el número 996-14-J5. Resulta que, derivado de la acción incoada después de laborar por más de 3 años de manera continua e ininterrumpida, realizando las mismas funciones, la demandada no renovó su contrato de trabajo con vigencia de marzo de 2015, a pesar de estar consciente que le asiste el derecho de permanencia. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la relación que sostuvieron las partes fue concertada bajo la modalidad de contrato a término con fecha de inicio y con fecha de finalización y no de forma permanente como lo ha pretendido hacer ver la demandante. Para lo cual se estableció la cláusula octava del contrato que la jurisdicción en el caso de controversia entre las partes se somete al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, por lo que la competencia no corresponde al Juzgado de Trabajo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda de mérito, CONDENÓ al ESTADO DE HONDURAS a REINTEGRAR a la demandante a su puesto de trabajo, en forma permanente por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido, con la restitución de las funciones que la demandante desempeñaba como Secretaria de la Administración; al reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea EJECUTORIA la sentencia condenatoria, sin costas; bajo el criterio que la relación laboral entre las partes no forma parte de la controversia, en vista de haber sido aceptada por el representante de la parte demandada en la contestación de la demanda, relación sostenida mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales. En cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral, se probó de los contratos de servicios profesionales que la demandante inició a laborar para la Secretaría de Salud el 01 de febrero de 2012, en el cargo de Secretaria de la Administración y con un salario de L.7,663.67. Asimismo, se acreditó con el medio de prueba documental que la demandante laboró de manera continua mediante contratos de servicios profesionales, hasta el 31 de marzo del 2015; que corresponde a la parte demandada la justificación del despido alegado, basando su defensa en el hecho que la demandante no fue despedida, sino que su contrato de servicios profesionales llegó a su término, y se pudo constatar que la contratación por prestación servicios, catalogado a tiempo determinado según cláusulas contractuales se desnaturalizó en razón del tiempo transcurrido, pues como se puede observar la renovación de los mismos, propició la continuidad laboral por más de 1 año, tal como lo establece el artículo 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, ya que la demandante laboró desde el año 2012 hasta el 2015, en tal sentido deberá entenderse que el contrato es por tiempo indeterminado; asimismo, del análisis de los contratos de servicios profesionales se desprende que concurren los requisitos para la existencia de contrato de trabajo, como lo es la realización de una actividad en forma personal de la demandante como Secretaria de la Administración de la Región Departamental de Salud N°17 de Valle, adscrita la Secretaría de Salud, actividad que no se considera una técnica o profesional en razón de sus funciones; asimismo, se constató la existencia de una retribución o salario y la continuada subordinación denotada en la obligación de la demandante a cumplir órdenes del empleador, sujeta a un jefe inmediato al respeto de una jornada de trabajo, y al no dejarla continuar laborando le violentaron el derecho a la estabilidad laboral, lo que acarrea la obligación de satisfacer al trabajador los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 12 de octubre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se probó que los contratos de trabajo de servicios profesionales de la demandante, son típicos contratos de trabajo, sobre todo porque fueron celebrados en forma continua en una actividad laboral de carácter permanente y por tal razón debe de tenerse como empleada permanente desde el inicio de su relación de trabajo. 5.-Mediante auto de fecha 2 de mayo del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ENA ELIZABETH LAGOS PACHECO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 20 de junio del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada ENA ELIZABETH LAGOS PACHECO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de agosto del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada ENA ELIZABETH LAGOS PACHECO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documentales que obran en la pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La orden sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 2 numeral 2), 665 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas es contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar en este motivo es la siguiente: DOCUMENTAL consistente en: Los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, agregados al expediente 00733-20 15, específicamente la existencia de la cláusula OCTAVA: JURISDICCION APLICABLE: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del ligo del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. El Tribunal ad quem en el fallo impugnado ante VOS, Honorable Cote Suprema de Justicia no ha apreciado las pruebas supra denunciadas lo que ha llevado a declarar con lugar la demanda promovida por la señora Martha José Reyes Gonzales, esta prueba inapreciada con particular claridad señala que no existió relación de trabajo entre mi representado el Estado de Honduras y la demandante, sino todo lo contrario la demandante, únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras contratos de prestación de servicios profesionales y únicos por tiempo determinado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener más efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación consecuentemente mi representado, no tiene n obligaciones de las que se generaron de dichos contratos.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas, los artículos 2 numeral 2 y 665 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural; por lo que debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; además, que la prueba que se singulariza no fue apreciada, aparece que el Juzgador si la apreció y valoró, arribando a la conclusión que esos contratos de servicios profesionales son típicos contratos de trabajo. IV.- De este tema se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- V.- Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…” (ver sentencias del 14 de diciembre del 2016, expediente CL 326-15 y 6 de diciembre del 2018, expediente CL454-17). V.- Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, se comparte el criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando: “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14). VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19, 20, 21, 23, 24, 47, 52, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve días del mes de octubre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL83-2019.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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