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Sentencia CL-78-19 — Registro 11086

Resumen

Segunda instancia confirmó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones legales, auxilio de cesantía, salarios adeudados e indemnizaciones consistentes en los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos por mediar causas justas constitutivas de despido indirecto, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no se demuestra el error evidente y manifiesto; b) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso concluyendo conforme a su libre formación del convencimiento lo que corresponde."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no se demuestra el error evidente y manifiesto; b) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso concluyendo conforme a su libre formación del convencimiento lo que corresponde. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto este Tribunal estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes ya que en la sentencia impugnada se han realizado los pronunciamientos respectivos en relación a las pretensiones de las partes en consecuencia y tomado en cuenta que se ha confirmado el fallo de primera instancia e todos sus fundamentos, resulta inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 18 de julio del 2019, por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, como recurrente; además, es parte recurrida, la Sociedad Mercantil GENERAL DE BIENES RAÍCES, S.A. DE CV., representada en juicio por la Abogada FANNY RODRÍGUEZ DEL CID. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones legales, auxilio de cesantía, salarios adeudados e indemnizaciones consistentes en los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos por mediar causas justas constitutivas de despido indirecto, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de mayo del 2013, por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, mayor de edad, casada, Licenciada en Biología, hondureña y de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil GENERAL DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal señor RENÉ HUMBERTO BONILLA ARIAS, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de octubre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de mayo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, quien actúa como representante procesal de la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, contra la Sociedad GENERAL DE BIENES RAICES S.A. DE C.V., por medio de su Presidente del Consejo de Administración señor RENE HUMBERTO BONILLA ARIAS.- SEGUNDO ABSOLVER a la Sociedad la Sociedad GENERAL DE BIENES RAICES S.A. DE C.V., por medio de su Presidente del Consejo de Administración señor RENE HUMBERTO BONILLA ARIAS, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS….”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que desde que se constituyó la sociedad General de Bienes Raíces, S. A, de C. V., en fecha 06 de marzo del 2006, estatutariamente se desempeñó en el cargo de Gerente y Representante Legal; sociedad la que posteriormente por haber vendido las acciones, cambio de Consejo de Administración la que fue confirmada en el cargo de gerente por el nuevo consejo de Administración, pero que no obstante ser el giro principal de sociedad, la compra venta y arrendamiento de bienes inmuebles, la que representaba por la demandante en su condición de Gerente y Representante Legal, la sociedad adquirió adquirido varios inmuebles a nivel nacional, ya que como tal mantenía un capital entre el constitutivo y activos adquiridos de unos L. 40,000,000.00 aproximadamente, pero sus directivos nunca le pagaron sueldo alguno por esa actividad laboral, motivo por el cual y tomando en cuenta la responsabilidad del cargo y la capacidad económica de la empresa, es que reclamó como sueldo de los dos últimos años la cantidad de L.50,000.00 mensuales, resultando como salario ordinario promedio mensual la cantidad de L.58,333.34 habiendo finalizado su relación laboral el 25 de febrero del 2013; y se dio por despedida en forma indirecta, y que a mediados del mes de enero de 2013, obtuvo una serie de documentos que acreditan que los ejecutivos de la Sociedad GENERAL DE BIENES RAICES, S. A. de C. V., con residencia en el Salvador República de el Salvador, estaban utilizando al Contador de la empresa, para que firmara documentación importante, que por razón del cargo de Gerente General y Representante Legal de la Empresa, era una facultad exclusiva de la demandante, la que expuso como causas justas así: “Cuando se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad General de Bienes Raíces, S. A de C. y., se le ratificó el nombramiento como Gerente General de la sociedad, conservando amplias facultades como están establecidas en la Escritura de Constitución, ya que los nuevos socios y directivos son de nacionalidad salvadoreña, pero la situación es que se ha dado el similar problema de la empresa FERROMAX, ya que en ambas empresas son los mismos socios y directivos, pero los directivos han permitido que algunos asuntos que como gerente general le corresponde revisar y firmar, tales como los balances y declaraciones de Impuestos sobre Volumen de Ventas que se presentan ante la DEI y la Alcandía Municipal, permiten que los firme solamente el Contador de la empresa, el que también estampa su nombre y número de su Tarjeta de Identidad, en la parte que corresponde hacerlo al representante legal de la sociedad, lo que disminuye la categoría como gerente, usurpación del sus funciones y falsificación de la firma, además que la expone a que se pueda cometer un acto ilícito en su perjuicio, ya que en esas instituciones era la persona que aparecía registrada como representante legal de la empresa, de eso obtuvo documentos recientes, más los que se encuentren en las declaraciones de la DEI, con el agravante que por ese cargo la empresa no le ha pagado sueldo alguno desde el tiempo que la representó, por el hecho de que tanto la empresa GENERAL DE BIENES RAICES S. A. de C. V, y FERROMAX, S. A. de C. V, funcionan en el mismo local, lo que es violatorio a las disposiciones del Código de Trabajo, al incumplir las obligaciones convencionales y legales; alegó, que la Sociedad GENERAL DE BIENES RAICES, S. A. de C. V., es una Sociedad constituida en Honduras, pero que los miembros Directivos actuales, residen en el Salvador, República de El Salvador, por lo que la forma usual de comunicación que mantenía por razón de su cargo de Gerente y Representante Legal de la sociedad, con dichos directivos, era costumbre por vía teléfono, correo electrónico enviando o recibiendo correspondencia escaneada, o vía fax en su caso, ya que el Ing. RENE HUMBERTO BONILLA ARIAS como jefe inmediato, ocasionalmente visita Honduras, pues es Director de la Junta Directiva de la Sociedad; que el 25 de febrero del 2013 la demandante presentó en las oficinas de FERROMAX, S. A de C.V., sita en Colonia Satélite, contiguo al Centro Comercial Chahin, salida a la carretera del sur, lugar utilizado como oficinas también de la Sociedad GENERAL DE BIENES RAICES, S. A. de C. V., ya que es de los mismos directivos, comunicó la terminación de la relación laboral, lo que hizo mediante el correo electrónico “FERROMAX CDS LRQ” Irq.gerencia@grupoferromax.com, que para efectos de comunicación mantiene la empresa en esa tienda, a los que se les escaneo la respectiva nota, donde se exponen las causas que le motivaron a tomar esa determinación y los fundamentos de derecho que se consideran violentados, a los correos electrónicos fsurianosiu@qalvanissa.com y renebonilla@galvanissa.com, con reporte de recibido al momento, la que para confirmar del recibo se comunicó de inmediato vía teléfono con el Ing. RENE HUMBERTO BONILLA ARIAS, el que así lo manifestó, la que también hizo entrega de la nota al señor Héctor Vargas, Gerente de Ventas la empresa, para lo cual la Inspectora del Trabajo actuante levantó la respectiva acta la que dio fe de las incidencias. Con el propósito de llegar a un arreglo conciliatorio se presentó ante el Ministerio del Trabajo, siendo imposible el mismo, se dio por agotado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, la Sociedad Mercantil GENERAL DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., contestó dicha demanda rechazando los hechos de la misma, alegando en su defensa que el despido indirecto, es la notificación que le hace el trabajador al patrono por haber incumplido éste alguna obligación legal o contractual en perjuicio del trabajador; y por ley se debe notificar de forma escrita por parte del trabajador al patrono, tal como lo dispone el artículo 115 del Código de Trabajo en relación con el artículo 117 del mismo cuerpo legal, por virtud del cual se manda a la parte que vaya a terminar la relación laboral, notificarlo por escrito y establecido la causal o motivo que lo obliga a tomar esa determinación; que la demandada no recibió por parte de la demandante notificación de despido indirecto como lo establece en el escrito de demanda; y sin pretender legitimar acción alguna de la demandante y, partiendo de que la nota de despido es la que se encuentra agregada al expediente de mérito, la que fue presentada con el escrito de demanda y se transcribe en el hecho segundo de dicho escrito, se puede determinar de la simple lectura de la misma que esta no es clara, ni precisa violentándole así el derecho a la defensa garantizada en el artículo 117 del Código del Trabajo; ya que en dicha carta no se establecieron con claridad los supuestos hechos por virtud de los cuales la demandante se da por despedida indirectamente, y que se evidencian de que la demandante no invoca una causal de despido, únicamente hace relación de supuestas acciones de los directivos de la sociedad, pero en ningún momento expresa en forma clara la supuesta causal de despido y mucho menos señala le fecha en que supuestamente se dieron los supuestos hechos y/o la persona especifica que los realiza; señala que los directivos han permito que los balances y declaración de impuesto sobre volumen de ventas que se acreditan ante la DEI y Municipalidades, sean firmados por el contador, sin señalarse fechas ciertas y exactas en que ocurrieron los supuestos hechos alegados, dejándose en consecuencia a la demandada indefensa por no poder determinarse específicamente a que declaraciones se refiere y cuando fueron las mismas supuestas firmadas; y que en cuanto a lo alegado por la demandante de que no se le ha pagado sueldo alguno, esta supuesta causal tampoco es clara ni precisa pues no se expresa cual es el supuesto salario adeudado, ni la forma, lugar y fecha en que supuestamente debió pagarse el mismo, violentándose de esta forma lo establecido el artículo 117 del Código de Trabajo y, en consecuencia vulnerándose el derecho a la defensa de la demandada; además manifestó que la demandante tampoco señala de que forma la demandada supuestamente incumplió las obligaciones convencionales y legales que como patrono le corresponden, se limita a decir que fueron incumplidas sin especificar cuales, como y cuando; que en definitiva, queda patente que la nota de despido acompañada por la demandante a su escrito de demanda, es completamente ilegal, pues la misma carece de precisión al no indicar cuando, como, donde y/o quienes dieron lugar a los supuestos motivos del despido indirecto, quedando en consecuencia la demandada en total indefensión para rebatir los argumentos de demanda, pues al no saber con exactitud las supuestas faltas cometidas ni las fechas precisas en que supuestamente se cometieron, no tiene forma de defenderse adecuadamente, a tal grado que no hay manera de determinar si las supuestas faltas que la demandante alega como motivo del despido indirecto, se encuentran prescritas a la fecha de la supuesta notificación del mismo; y que como se indicó antes, no recibió dicha notificación, por lo que a todas luces la carta de despido indirecto de que se ha hecho mérito, es violatoria del derecho a la defensa de la demandada; asimismo manifestó que con base a todo lo manifestado ha quedado en evidencia la flagrante violación al derecho de defensa, a tal grado que se le ha vedado la posibilidad de invocar la excepción de prescripción que pudiese proceder en el presente caso si existieren las faltas, o aun no existiendo, en vista de que la nota de despido indirecto no establecen los parámetros para determinarlo, negándose de esta forma el derecho a una adecuada defensa, derecho que le asiste por mandato constitucional. Igualmente alegó que sin pretenderse legitimar acción alguna de la demandante, debe quedar señalado que la supuesta notificación de despido indirecto no es legal, primero: por que como ya se dijo no recibió la notificación correspondiente; y, segundo: el acta levantada por el Inspector de Trabajo en la cual supuestamente se constata que la demandante notificó el despido indirecto, presentaba irregularidades no se puede obviar; y si bien es cierto el Inspector de Trabajo es un ministro de fe pública, no es menos cierto que éste no puede dar fe que la demandada haya recibido la nota de despido indirecto, residen en San Salvador, República de El Salvador, por lo que el Inspector de Trabajo simplemente no le consta que haya recibido dicho correo electrónico y, mucho menos le consta que haya recibido dicho correo electrónico y, mucho menos le consta que haya recibido la notificación del despido indirecto; que sumado a ello se incumplió con las formalidades requeridas por el Código del Trabajo en su artículo 117 con relación a la notificación; y que el acta de inspección hizo referencia a que se confirmó el recibo del correo dirigido al Señor Suriano con el Señor René Humberto Bonilla, sin embargo, no se aclara o específica como es que esta persona recibió un correo que su quiera estaba dirigido a él; además señaló, que el Señor Héctor Vargas, de quien se hace relación en el acta levantada por el Inspector de Trabajo y a quien supuestamente se le dejó copia de la carta de despido indirecto, ha presentado formal demanda ante este mismo Tribunal, arguyendo despido indirecto por parte de la Sociedad Ferromax, S.A. de C.V., sociedad a la que también han demandado, demandas estas que se encuentran registradas bajo los números 0801- 2013-00479 y 0801-2013-0567, respectivamente; es oportuno apuntar a este Tribunal la mala fe con la que actuó la demandante al alegar un supuesto despido indirecto no motivado, atendiendo únicamente intereses particulares, debiendo fijar especial atención en la conveniente colusión que existió entre la demandante y los empleados de la empresa FERROMAX, S.A. DE C.V., empresa de la cual es ex empleada la demandante, quienes igualmente han demandado a dicha sociedad para suponerse despedidos indirectamente, tal y como consta en los expedientes registrados en este Tribunal bajo los números 0801-2013-0565 y 0801-2013-0567 respectivamente, ex empleados estos que dejaron la empresa FERROMAX, S.A. DE V., en similar tiempo para laborar con la competencia directa de Ferromax en el mercado local, es decir con Ferretería Promasa; manifestó también que no solo basta el hecho que la parte demandante reclame un supuesto salario de L.50,000.00, sino que pueda probar que efectivamente es el salario que le correspondía, ya que según el artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República y los artículos 367 y 377 del Código de Trabajo, entre otras consideraciones establecen que para fijar el importe del salario se debe tomar en cuenta el tiempo de servicio, cantidad, calidad, aptitud del trabajador, debiendo entenderse por estos conceptos el tiempo de servicio y cantidad, la jornada de trabajo o la cantidad de horas que laboraba la demandante, no habiendo estado la demandante sometida a ninguna jornada de trabajo, y la demandante laboraba para otro patrono y que tampoco ostentaba título de Licenciada en Biología, cuya aptitud alcanzada se aleja de la requerida para desempeñar un cargo de gerencia para una empresa dedicada a bienes raíces; por lo que por todo lo señalado la demandante no pudo pretender exigir que se le pagara un salario de L.50,0000.00 mensuales; alegó además que demandante laboraba para la empresa FERROMAX, S.A. DE C.V., tal y como lo ha acreditado la misma demandante en el expediente registrado con el número 0801- 2013-0567 ante esa misma Judicatura, empresa en la cual fungía como Gerente General, cumpliendo con una jornada de trabajo, teniendo personal bajo su cargo y en la cual realizaba una serie de actividades propias de su cargo, devengaba al efecto un salario base de L.45,000.00; por lo que resulta simplemente infundada la pretensión de la demandante, quien reclamó un salario de L. 50,000.00 aún y cuando no cumplió con ninguna de las funciones de que se dio referencia. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, contra la Sociedad Mercantil GENERAL DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal el señor RENÉ HUMBERTO BONILLA ARIAS; absolvió a la Sociedad demandada de toda responsabilidad en el presente juicio, sin ostas; bajo el criterio que desde la presentación de la demanda, la parte actora dejó por sentado la inexistencia del elemento del salario corno retribución de sus servicios, ya que realiza una operación aritmética, que no fundamenta su origen, y presume un salario que debió de devengar desde hace dos años atrás, o sea, que nunca se estableció un salario por sus servicios por su supuesto empleador y ésta nunca reclamo dicha infracción; a su vez con toda la prueba aportada en el presente proceso no se ha acreditado el elemento subordinación continua del trabajador para con el empleador, en el entendido que la subordinación jurídica consiste en la obligación asumida por el trabajador, de someterse a las órdenes o instrucciones del patrono y la subordinación económica, ella reside en la necesidad que el trabajador tiene de la remuneración para la subsistencia, o, mejor dicho, en el carácter vital de la remuneración, partiendo de ello la parte demandante estaba en la obligación procesal de demostrar el poder de dirección que ejercía sobre ella su empleador, lo único que se logró identificar fueron sus funciones como gerente general y representante legal de forma aislada, pues no se constató de forma irrefutable una jornada u horario de trabajo y la dependencia continua a su empleador ni con fax, correo electrónico o llamadas telefónicas como aducen los testigos en sus deposiciones, estas estaban sujetas a comprobación.- Ante o expuesto, es del criterio de la que juzga, que al no haberse acreditado la relación laboral entre la señora demandante y la sociedad demandada, es obvio y evidente que no deviene el despido indirecto alegado por la parte actora, en consecuencia, la presente demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, salarios adeudados, bonificaciones deben de declararse sin lugar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 19 de octubre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la relación que unía a la demandante con la Sociedad General de Bienes Raíces S.A. de C.V., no puede considerarse de ninguna manera de naturaleza laboral, sino que más bien es de otro tipo, en consecuencia es procedente declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito; y que en vista de las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que la sentencia que se revisa en apelación, se encuentra dictada conforme a derecho por lo que procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 02 de mayo del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 18 de julio del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 22 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de agosto del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada FANNY RODRÍGUEZ DEL CID, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. 2. Que el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, en un primer motivo de casación alega: “Acusa la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley Sustantiva Nacional por infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba documental consistente en: Escritura de Constitución de la Sociedad General de Bienes Raíces S. A. de C. V. de fecha 6 de marzo de 2006, vista a folio 48 al 60; Instrumento No. 200 de Protocolización de Venta de Acciones, de fecha 5 de junio de 2006, vista a folio 71 al 75, ambas de la primera pieza de autos, admitida a la parte demandante, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que le llevó en forma indirecta a la violación del artículo 114 letra f) y j) del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación indirecta de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral l°. párrafo segundo del Código del Trabajo. DEMOSTRACIÓN DEL CARGO: La señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, promovió demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones legales, auxilio de cesantía, salarios adeudados e indemnizaciones consistentes en los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos, hasta que cause ejecutoria la sentencia, por mediar causas justas constitutivas de despido indirecto que fue objeto, más condena en costas, en contra de la Sociedad Mercantil denominada GENERAL DE BIENES RAICES S. A. de C. V., en base a lo que establece el artículo 114 letra f) y j) del Código del Trabajo. La Corte Sentenciadora al confirmar por mayoría de votos, el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, visto a folios 11 al 13 de la Segunda pieza de autos y la del Juzgado visto a folio 286 al 290 de la primera pieza de autos, incurrió en error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba documental, vistos a folios del 48 al 60 y del 71 al 75; de la primera pieza de autos, los cuales singularizo de la manera siguiente: 1) Escritura de Constitución de la Sociedad General de Bienes Raíces S.A. de C. V. de fecha 6 de marzo de 2006, 2) Protocolización de Venta de acciones por la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, a favor del señor FRANCISCO SURIANO SIU h, de fecha 5 junio de 2006, prueba documental que ha servido de fundamento al Tribunal Ad-quem para que, por mayoría de votos confirmar la sentencia de primera instancia, bajo la conclusión “que la demandante no tenía una relación laboral con la sociedad General de Bienes Raíces S. A. de C. y., ya que su condición era de socia”, conclusión que la materializa en el Considerando 3) de la sentencia el que dice: “Que las pruebas aportadas al juicio se acreditó que la demandante para quien laboraba era para la empresa Ferromax S.A. de C. V., y si bien es cierto ella era la gerente general y representante legal respectivamente de la Sociedad General de Bienes Raíces S. A. de C. V., sin embargo también es cierto que la demandante tenía la condición de socia en dicha sociedad tal como aparece de los documentos presentados, específicamente la escritura de Constitución de la sociedad, y es lógico suponer que es en esa condición que laboraba, pues no puede un trabajador común y corriente laborar sin devengar sueldo por casi siete años”. Criterio que reafirma en el CONSIDERANDO (4): cuando dice: “Que este Tribunal haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio, concluye que la demandante no tenía una relación laboral con la sociedad General de Bienes Raíces S. A. de C. V., ya que su condición era de socia”, misma que seguidamente en el Considerando 5) hace un parangón al concepto de socio. Sin duda, la Corte Sentenciadora en su análisis de la prueba citada, evidencia su error al concluir que la demandante “no tenía una relación laboral con la sociedad General de Bienes Raíces S. A. de C. V., ya que su condición era de socia”, en virtud que resulta de autos, en primer lugar que, la relación laboral propiamente dicha, no fue objeto de controversia entre las partes, en virtud que la parte demandada al contestar la demanda no objetó la relación laboral existente entre la sociedad demandada y mi representada, por consiguiente este punto al no haber existido controversia en juicio, ninguna de las partes aportó prueba al respecto, lo que denota error en el análisis de las pruebas citadas, resultado que el hecho de la relación laboral no se objetó, como está acreditado en el escrito de contestación de la demanda el que se aprecia a folios 28 al 34 de la primera pieza de autos. Por otra parte, en ninguna de las pruebas aportadas por las partes, se contrae a acreditar que la demandante con quien laboraba era con la empresa Ferromax S.A. de C.V., como también lo asevera, pues tampoco fue objeto de controversia, y sobre el hecho que la sentenciadora concluye “que la demandante no tenía una relación laboral con la sociedad General de Bienes Raíces S. A. de C. V., ya que su condición era de socia”, esta parte en lo que se refiere al análisis que hizo, específicamente a la escritura de Constitución de la sociedad General de Bienes Raíces S.A. de C. y., como bien puede verse que mi representada cuando se constituyó dicha sociedad, en fecha 6 de marzo de 2006, mantenía la condición de socia, la que también ostentaba el cargo de gerente general y representante legal respectivamente, pero dentro de ese Acervo probatorio propuesto y que dice analizó, refiriéndose a la prueba documental presentada por la parte demandante, la que fue individualizada, consistente en el instrumento de protocolización del acta donde consta que la demandante vendió sus acciones al señor FRANCISCO SURIANO SIU h, en fecha 5 de junio de 2006, la que desde esa fecha perdió la condición de socia, prueba que demuestra lo contrario a lo que asevera la Corte Sentenciadora, evidenciado que la juzgadora en su análisis no tomó en cuanta dicho medio de prueba consistente en el Instrumento Número 200 de venta de las acciones, de fecha 5 de junio de 2006, instrumento debidamente inscrito bajo el Número 74 Tomo 623, del Registro Mercantil de Francisco Morazán, Centro Asociado del IP, visto a folio de 71 al 75, de la primera pieza de autos, documento en el que consta los nuevos socios, y desde esa fecha estos eligieron un nuevo Consejo de Administración, los que ratificaron a la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, en el cargo de Gerente y Representante legal, circunstancia por la cual que, reafirmando desde la fecha 5 de junio de 2006, que vendió sus acciones, confirmando que desde entonces perdió la calidad de socio que primeramente mantenía, ostentando como consta, solamente el cargo de Gerente y Representante legal de la sociedad demandada, que si bien este punto la Juzgadora en su análisis así lo reconoce al decir en su fallo: “que si bien es cierto ella era la gerente general y representante legal respectivamente de la sociedad General de Bienes Raíces S. A. de C. V.,” (el subrayado es nuestro), lo que es correcto, ya que la misma desempeñando ese cargo, cumpliendo a cabalidad sus responsabilidades propias de la actividad de la empresa, vinculados solamente mediante una simple relación laboral, como es el caso esencial representar a la sociedad en los diferentes actos legales, que sin embargo denota que la juzgadora no analizó debidamente los medios de prueba singularizados, al desconocer el derecho de condición de empleado, constituyendo sin duda el medio de prueba Protocolización de Acta, de venta de las acciones, un medio de prueba fundamental, por cuanto por sí misma desvirtúa el argumento que sustenta la sentenciadora que, la demandante era socia de la sociedad demandada, por estar como se reitera, debidamente acreditado que la demandante ya no era socia de la sociedad demandada. Evidencia entonces que si el Tribunal sentenciador, hubiera hecho un análisis correcto y completo en la apreciación de los documentos singularizados, propuestos como prueba por la parte demandante, hubiera dado por establecido de forma indubitable la existencia de la relación laboral entre la demandante y la sociedad demandada, pero al no hacerlo, incurrió en violación de la Ley Sustantiva Nacional por infracción indirecta por apreciación errónea del medio de prueba propuesto y singularizado, que al confirmar por mayoría de votos la sentencia recurrida, incurrió de esta manera en error de hecho, que como consecuencia le llevó al desconocimiento del derecho que le otorga el artículo 114 letra f) y j) del Código del Trabajo, en la parte que dice: Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el despido indirecto. Que si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, también es cierto que debe de inspirarse en los principios científicos que informan la sana critica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además al proferir su decisión, debe de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Reglas procesales que debió de haber observado la Corte recurrida en la apreciación correcta de la prueba que he singularizado, pero resulta obvio que la sentenciadora no realizó el análisis completo de todas las pruebas aportadas al proceso, conforme el principio de la libre formación del convencimiento, y que tal falencia le hizo incurrir en infracción indirecta por error de hecho por apreciación errónea de los documentos que obran a folio arriba citados que obran en autos, por consiguiente procede casar este motivo.”. 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no se demuestra el error evidente y manifiesto; b) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso concluyendo conforme a su libre formación del convencimiento lo que corresponde. 4. Que en un segundo motivo se aduce: “Acusa la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley Sustantiva Nacional proveniente de apreciación errónea de la prueba, documental consistente en: Instrumento No. 206 de Compra Venta de un Inmueble, de fecha 21 de junio de 2016, visto a folios al 103 al 106 de autos; Instrumento No. 371 de Protocolización de un Acuerdo de aumento de capital, de fecha 22 de octubre de 2016, visto a folio 122 al 124 de autos; Instrumento No. 212 de Compra Venta de un Inmueble, de fecha 30 de mayo de 2007, visto a folios 128 y 129 de autos, Instrumento N° 1087 de Compra venta de un Inmueble de fecha 18 de diciembre de 2007, visto a folio 131 al 135 de autos; Instrumento N° 1088 de Compra venta de un Inmueble, de fecha 18 de diciembre de 2007, visto a folio 144 al 147 de autos; Instrumento No. 190 de Compra Venta de un Inmueble, de fecha 10 de abril de 2008, visto a folio 150 al 154 de autos; Instrumento No. 333 de Compra Venta de un Inmueble, de fecha 11 de julio de 2008, visto a folio de 156 al 161 de autos; Instrumento No. 393 de Compra Venta de un Inmueble, de fecha 28 de agosto de 2008, visto a folio de 163 al 167 de autos; todos de la primera pieza de autos, lo que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que le llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 113 interpretado, párrafo tercero letra a), 114 letra f) y j) y 120 reformado, párrafo primero letra c) todos del Código del Trabajo, en relación a los artículos 20, 21, 30 y 114 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación indirecta de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1°. párrafo segundo del Código del Trabajo. DEMOSTRACIÓN DEL CARGO: La señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, promovió demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones legales, auxilio de cesantía, salarios adeudados e indemnizaciones consistentes en los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos, hasta que cause ejecutoria la sentencia, por mediar causas justas constitutivas de despido indirecto que fue objeto, más condena en costas, en contra de la Sociedad Mercantil denominada GENERAL DE BIENES RAICES S. A. de C. V. conforme lo establece las causas contenidas en el artículo 114 del Código del Trabajo. La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, visto a folios 286 al 290 de la primera pieza de autos, incurrió en error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba documental, visto a folios 103 al 106 de autos; del 122 al 124 de autos; del 128 y 129 de autos; del 131 al 135 de autos; del 144 al 147 de autos; del 150 al 154 de autos; del 156 al 161 de autos; y del 163 al 167 de autos; todos de la primera pieza de autos; Instrumentos en los cuales está acreditado que en todos la demandante actúa en su condición de Gerente y Representante Legal de la Sociedad demandada, General de Bienes Raíces SA. de C.V., error que le ha servido de fundamento al Tribunal Ad-quem para confirmar por mayoría de votos la sentencia recurrida, bajo el criterio que: “no puede darse por establecido la existencia de un contrato de trabajo”, cuando expresa en el CONSIDERANDO (6): “Que si bien es cierto la parte demandante propuso pruebas tendientes a acreditar que la labor que desarrollaba era de naturaleza laboral; sin embargo también es cierto que para poder determinar que un contrato es laboral, sin lugar a dudas, es necesario que aparezca demostrado que llena todos los requisitos indispensables que individualizan un acuerdo de tal naturaleza; porque no es la calidad de la labor lo que distingue esa relación, si no de modo primordial la subordinación o dependencia del asalariado con respecto al patrono, un salario como retribución de su servicio, por tanto si no resulta acreditado estos elementos, no puede darse por establecido la existencia de un contrato de trabajo”, profundizando en su análisis en el Considerando 7, la que razona de manera general los elementos del contrato de trabajo. Denota que la Corte Sentenciadora en su análisis establece que la demandante propuso pruebas tendientes a acreditar que la labor que desarrollaba era de naturaleza laboral, sin embargo, al extender su razonamiento factico concluye que “no puede darse por establecido la existencia de un contrato de trabajo”. Honorable Tribunal de Alzada, consta de autos, lo que así se alegó en el momento procesal oportuno, que no existe entre la demandante y la sociedad demandada, un contrato por escrito de trabajo, como lo exige el Código del Trabajo, (la negrita es nuestra), omisión que es imputable al patrono de conformidad como lo expresa los artículos 20, 21 y 30 del Código del Trabajo, que literalmente el segundo dice: “La inexistencia del contrato escrito exigido por este Código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo, u omita algunos de sus requisitos, hará presumir, en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario”. Mandato que lo tutela activamente la Corte Suprema de Justicia Sala de lo Laboral, cuando en la Circular No. 638 de fecha 5 de junino de 2014, instruye a las Cortes de Apelaciones del Trabajo, Juzgados del Trabajo de la República, etc, Unificar su criterio y aplicar la presunción al no haber contrato por escrito. En el presente caso consta que, no existe en autos un contrato de trabajo por escrito, como tampoco existe ningún medio de prueba propuesta por el patrono, orientada a desvirtuar lo alegado por la demandante, por lo que siendo el patrono el obligado en acreditar la existencia del contrato por escrito, bajo el cargo que, la omisión presume en caso de controversia, como así ocurre en el presente caso, que las estipulaciones de trabajo alegadas por la trabajadora demandante son ciertas, resultando que no es dable imputar a la trabajadora demandante la falta de contrato laboral por escrito y beneficiar al patrono por su propia omisión, y en ese vínculo resulta que el criterio de la juzgadora en materia jurídica, al no estar respaldada por razonamientos legales, esto es: facticos, probatorios y jurídicos carece de eficacia y la hace incurrir en error de hecho al analizar una prueba inexistente, reforzado por el hecho que la relación laboral no fue objeto de controversia en el juicio. Si el Tribunal sentenciador, hubiera hecho una apreciación correcta, además de los documentos singularizados propuestos como prueba en cuanto a la actividad laboral, hubiera aplicado la presunción que regula la referida norma, prescindiendo de los innecesarios razonamientos sobre los requisitos del contrato de trabajo, que aplicados en el caso concreto, resultan ineficaz, en virtud que la misma presunción referente a la falta de contrato y unido a la presunción de subordinación que alega la demandante, al no haber prueba en contrario, invalida dicho razonamiento y en ese nexo la sentenciadora hubiese dado por establecido de forma indubitable, primero la naturaleza del trabajo que desarrollaba era materia laboral, y que lo alegado por la demandante en la demanda es cierto sin objeción alguna, por estar cubierto por una presunción de legalidad, pero al no hacerlo, incurrió en violación de la Ley Sustantiva Nacional por infracción indirecta por apreciación errónea del medio de prueba singularizado, incurriendo en error de hecho, lo que le llevó al desconocimiento del derecho que le otorga el artículos 113 interpretado, párrafo tercero letra a), y 120 reformado, párrafo primero letra c) todos del Código de Trabajo, en relación a los artículos 20, 21, 30 y 114 del Código del Trabajo. Que si bien es cierto el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, también es cierto que debe de inspirarse en los principios científicos que informan la sana critica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además al proferir su decisión, debe de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Reglas procesales que debió de haber observado la Corte recurrida en la apreciación correcta de la prueba que he singularizado, además de ello dio por acreditado un hecho como ser la existencia de un contrato de trabajo, sin prueba alguna, resulta establecido que la sentenciadora no realizó un debido análisis de todas las pruebas aportadas al proceso, conforme el principio de la libre formación del convencimiento. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio, y tal falencia le hizo incurrir en infracción indirecta por error de hecho por apreciación errónea de los documentos que obran en los folios citados, por consiguiente, procede casar este motivo.”. 5. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no se demuestra el error evidente y manifiesto; b) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso concluyendo conforme a su libre formación del convencimiento lo que corresponde. 6. Que se solicita nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “SE PONE DE MANIFIESTO EL INCUMPLIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL MANDATO EMITIDO POR ESTA CORTE SALA DE LO LABORAL PRODUCTO DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UNA SENTENCIA POR EL HECHO QUE OMITIÓ PRONUNCARSE SOBRE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y ORDENO QUE SE REPUSIERA AL ESTADO QUE TENIA CUANDO SE COMETIÓ LA FALTA PERO NO LO HIZO. ASIMISMO, LA SENTENCIA RECURRIDA TIENE VICIOS DE NULIDAD POR LA INSUFICIENTE MOTIVACION E INCONGRUENCIA. Es el caso que esta Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en fecha 24 de marzo de 2017, dictó sentencia en el Recurso de Casación interpuesto por el suscrito, en contra de la sentencia de fecha 12 de noviembre del año 2015, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia la sentencia de fecha 28 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, Certificación vista a folio 275 al 281 vuelto de la primera pieza de autos.. En el numeral VII de dicha sentencia esta Sala Laboral expone: “Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 12 de noviembre de 2015, que confirma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento en fecha 28 de agosto de 2015, la cual ha declarado sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE y absuelve a la demandada Sociedad GENERAL DE BIENES RAÍCES S. A. DE C. y., al pago de los conceptos a favor de la demandante, bajo el criterio que no se acreditó la causal por despido indirecto invocada por la trabajadora; sin embargo, el mismo difiere del embozado por el Juzgador de primera instancia, por ende reconoce que existió relación laboral entre las partes, pero omitió pronunciarse sobre los derechos adquiridos que le corresponden a la trabajadora de conformidad a la Ley, lo cual provoca nulidad del fallo”. Ver Certificación del Ad-quem, a folios 273 al 274 vuelto de la primera pieza de autos. Entendiendo este fallo, como así consta de autos, que quien omitió pronunciarse sobre los derechos adquiridos que le corresponden a la trabajadora de conformidad a la Ley, fue la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, sin embargo, la Corte de Apelaciones del Trabajo, eludiendo su responsabilidad que era cumplir con lo dictado en dicho fallo por esta Sala de lo Laboral, en el sentido que se pronunciara sobre los derechos adquiridos, pero la Corte de Apelaciones, lejos de cumplir ese mandato, en fecha 20 de junio de 2017, emitió sentencia en la que declaró nulidad de la sentencia de primera instancia, y distorsionando el espíritu de lo ordenado por la Sala Laboral, instruye al Juzgado de primera instancia, se pronuncie sobre si procede reconocer derechos adquiridos, (ver Certificación de sentencia a folio 282 al 283 vuelto de la primera pieza de autos), como puede apreciarse, la Corte de Apelaciones, traslada esa responsabilidad al Juzgado de Letras del Trabajo, pero a la vez distorsiona el fallo dictado por esta Sala Laboral, al decir: “para que se pronuncie sobre si procede reconocer derechos adquiridos”. (que no fue esto lo que ordenó la Sala de lo Laboral). Derivado de esta instrucción, el Juzgado de Letras del Trabajo, lejos de cumplir con lo ordenado, en fecha 30 de mayo de 2018, emitió sentencia en la que declaró Sin Lugar la demanda, por considerar que no hubo relación laboral, ver sentencia a folio 286 al 290 de la primera pieza de autos; así la Corte de Apelaciones del Trabajo, en fecha 19 de octubre del 2018, emitió sentencia en la que Confirmó la sentencia de Primera Instancia, ver sentencia a folio 11 al 13 de la segunda pieza de autos, sin embargo, la sentenciadora no obstante que no cumplió con lo ordenado por esta Sala de lo Laboral, la sentencia como tal, no es congruente en su contexto, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo sustenta su fallo en hechos no controvertidos en el proceso, y que no fueron fijados en el objeto del proceso, tal como que “concluye que la demandante no tenía una relación laboral con la sociedad General de Bienes Raíces S. A. de C. V., ya que su condición era de socia”, pero que este punto no se fijó como objeto del proceso, hecho que influye negativamente al momento de resolver, ya que se violenta el principio de congruencia y tutela judicial efectiva, así como el derecho de defensa. Violación a este principio que se extiende cuando la Corte sentenciadora, omite expresar la formalidad legal de como Primer punto, declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, como se puede apreciar en la parte resolutiva que dice. POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por MAYORIA DE VOTOS, por haber desistido el Magistrado OCAMPO OROZCO, etc FALLA: CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho etc. Circunstancia que hace que la referida sentencia no cumpla los requisitos que establece la ley. Honorables Magistrados de la Corte de Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo, el Recurso de Casación, de acuerdo al párrafo primero del artículo 716, del Código Procesal Civil, tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. Que el hecho que se haya juzgado a mi mandante violentando la disposición contenida en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Que con base en el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, “Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra autos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, algún de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente” y, según el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1, dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos y obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, y el artículo 25 numero 1, manda: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recuso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. Conforme lo establece el artículo 323 de la Constitución de la República, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de le ley es nulo e implica responsabilidad, por lo que la Honorable Corte Sala de lo Laboral, haciendo uso de la prerrogativa que la Ley le otorga, y como consta de autos, puede declarar de oficio la nulidad absoluta de actuaciones señalada.”. 7. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto este Tribunal estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes ya que en la sentencia impugnada se han realizado los pronunciamientos respectivos en relación a las pretensiones de las partes en consecuencia y tomado en cuenta que se ha confirmado el fallo de primera instancia e todos sus fundamentos, resulta inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.

  1. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación, y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR LO TANTO. La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de noviembre del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL78-2019.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

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