Sentencia CL-66-19 — Registro 11360
Resumen
Segunda instancia confirmó declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción y con lugar la demanda laboral de primera instancia para el pago de prestaciones sociales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones causadas, vacaciones proporcionales, reajuste salarial, salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme y demás derechos laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica la norma legal sustantiva violada, requisito sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) que la impetrante hace referencia a infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de agosto del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 27 de agosto del 2019, por la Abogada TEYDY WALESKA AGUILAR MATAMOROS, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DIANA MARISOL AVILA VASQUEZ, representada en juicio por el Abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral de primera instancia para el pago de prestaciones sociales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones causadas, vacaciones proporcionales, reajuste salarial, salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme y demás derechos laborales, más las costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 12 de mayo del 2015, por la señora DIANA MARISOL AVILA VASQUEZ, quien es mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, por medio de su representante legal en ese entonces, señora CAROLINA DOORES MENJIVAR GUTIERREZ y solidariamente el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada en ese entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 11 de enero del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 14 de noviembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION formulada por el apoderado procesal de las partes demandadas. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, DECIMO TERCER PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO PROPORCIONAL, VACACIONES CAUSADAS, VACACIONES PROPORCIONALES, REAJUSTE SALARIAL, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MOMENTO DEL DESPIDO INJUSTO HASTA QUE LA SENTENCIA RECAIGA EN EL CARACTER DE FIRME. Promovida por la señora DIANA MARISOL AVILA VASQUEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. Contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION a través de su representante legal CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ, y en contra del ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización) representado por el PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- TERCERO: EN CONSECUENCIA SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, por actos de la Secretaría de Estado en las Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y labor desempeñada en el Instituto de Migración y Extranjería, A PAGAR a favor de la trabajadora demandante DIANA MARISOL AVILA VASQUEZ la cantidad total que suma NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.92,122.94) que se desglosa en los conceptos de: Preaviso: L.19,730.67; Auxilio de Cesantía: L.29,596.00; Auxilio de Cesantía proporcional: L.9,454.28; Vacaciones Proporcionales: L.5,402.44; Décimo Tercer Proporcional: L.2,043.53; Décimo Cuarto Proporcional: L.6,271.53; Reajuste del Salario Mínimo: L.12,390.00; Vacaciones Pendientes: L.7,234.48.- Mas los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. CUARTO: SIN COSTAS…” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la Dirección General de Migración y Extranjería, en fecha 06 de abril del año 2011, desempeñándose como Inspector de Migración, prestando sus servicios en la delegación de migración del aeropuerto "La Mesa", devengaba un salario mensual de L.8,000.00, que desde el inicio fue contratada por tiempo determinado, firmando varios contratos consecutivos para realizar la misma función de Inspector de Migración, actividad que es permanente dentro de la institución, que fue despedida en forma arbitraria e injusta mediante memorándum No. 295-2015-GTH-INM de fecha 27 de marzo del año 2015 en la cual se le notificó la terminación de su contrato efectivo a partir del 31 de marzo del 2015. Esto en incumplimiento de lo estipulado en el artículo 117 del Código del Trabajo, que desde la fecha de ingreso a la institución había laborado de manera continua e ininterrumpida, gozando de todos las beneficios y derechos laborales reconocidos en el Código de Trabajo para los empleados permanentes, aguinaldo, catorceavo, vacaciones, además de estar afiliado al IHSS, con esta práctica la demandada reconoce la permanencia así como las elementos esenciales del contrato individual de trabajo, por cuanto que la relación que les unía con la institución siempre lo fue patrono-trabajador, y no coma esta pretendía tergiversar como "contrato de prestación de servicios profesionales", las cuales eran suscritos por plazas de unos o dos meses. En los contratos de prestación de servicios profesionales o técnicos el objeto es prestación de un servicio que requiere un grado académico superior o conocimientos especializados. Además, el elemento subordinación distingue la relación laboral de la relación administrativa de prestación de servicios profesionales o técnicos, elemento esté presente en su relación laboral desde el primer día de trabajo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando parcialmente el hecho primero de la demanda, únicamente en lo que se refiere a que la señora Diana Marisol Ávila Vásquez, sostuvo una relación contractual con el Estado de Honduras, a través de la secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales, con fecha de inicio y terminación, desempeñándose en el cargo de inspector de Migración y devengando un salario mensual de L.8,000.00, no obstante que además de que estos contratos fueron consentidos y aceptados sin objeción alguna por la demandante, se rechaza específicamente la fecha que puntualiza servicio el actor de la demanda como inicio de su prestación de servicios profesionales, rechazando el hecho segundo de la demanda en virtud que lo argumentado por la demandante, no contiene un aporte jurídico a lo que nos ocupa en la presente demanda, sin embargo tal y como lo se expuso, ella tenía completo conocimiento que su contrato de prestación de servicios profesionales, tenía una fecha de terminación, que el Memorandum No. 295-2015-GTH-INM de fecha 27 de marzo del año 2015, no se hizo con otro propósito, que en aras de la buena y sana administración, ya que la actora, de la demanda de antemano conocía la fecha de terminación de su relación, sin embargo no puede argumentar la antigüedad contractual y que tenía una fecha de terminación laboral, que la demandante no puede calificar coma simulación o fraude de ley, el haber suscrito contratos a término para la prestación de sus servicios profesionales porque entonces estarían afirmando que El Estado no tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por lo tanto estaríamos frente a contratos sin validez jurídica y en su defecto las contratos firmados por la demandante no tienen existencia, ni objeto de reclamo, en cuanto a su permanencia y otros derechos que pide y que obviamente son ilusorias por no pertenecerle por el simple hecho que las contratos cumplen la prestación de servicios para lo cual fue contratada de forma temporal par periodo determinado. 3.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, contestó dicha demanda sosteniendo la misma alegatos de la parte demandada el Estado de Honduras. 4.- En la audiencia primera de trámite de fecha 9 de marzo del 2016 las partes demandadas interpusieron la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION alegando que el último contrato suscrito entre las partes tuvo una duración de 63 días, sin haber interpuesto objeción alguna de acuerdo al artículo 867 del Código de trabajo, derecho que dejaron fenecer irremediablemente para el respectivo reclamo la demandante tenía el término de 2 meses, y no existió prorroga ni expresa ni tácita, sino terminación del término de duración de dicho contrato. 5.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 14 de noviembre del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION formulada por el apoderado procesal de las partes demandadas, declaró CON LUGAR la demanda laboral de primera instancia para el pago de prestaciones sociales, decimotercer proporcional, decimocuarto proporcional, vacaciones causadas, vacaciones proporcionales, reajuste salarial, salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia recaiga en el carácter de firme, en consecuencia CONDENO al demandado A PAGAR a favor de la demandante la cantidad total que suma L.92,122.94, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que conformidad a la prueba jurídicamente relevante, la relación que se venía sosteniendo por la parte demandante y la parte demandada empezó mediante contrato de prestación de servicios en fecha 12 de abril del año 2011, configurándose como una contratación laboral de carácter permanente y continua, puesto que tal actividad de prestación de servicios se extendió en el tiempo hasta la fecha del último contrato de prestación de servicios, ya que en fecha 27 de marzo del año 2015, se firmó el contrato estableciéndose en el mismo que la terminación laboral era el día 31 de marzo del 2015, por lo cual tal actividad no puede ser considerada coma actividad de contratación temporal, porque se mantuvo de forma ininterrumpida y continua, de igual forma no se puede considerar una contratación de prestación de servicios civil o de prestación de servicios temporal, porque la demandante no gozaba de independencia funcional, técnica o administrativa, al contrario se probó que ella mantuvo durante todo el tiempo de contratación, subordinación y continua dependencia a favor de la demandada, teniendo un respectivo horario, jefe inmediato, funciones que cumplir, se probó que la demandada ejercía sanciones en contra de ella, lo que acredita una marcada subordinación, el argumento de la parte demandada relativo a que la contratación es civil y temporal, no prospera ni mucho menos puede hacer considerar que la relación es de índole contencioso administrativo, ya que no nace ni se encuentra cimentada en un decreto o acuerdo ejecutivo, no cabe causal del excepción del artículo 2 del Código del Trabajo. También es necesario destacar que esta relación de trabajo realizada por la demandante está reconocida por el Código del Trabajo en el artículo 46 literal a) sobre los contratos indeterminados y el articulo 47 del Código del Trabajo, que el tiempo de servicio se contara desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. En tal sentido el contrato de trabajo se perfecciono a favor de la demandante, par media de las reiterados contratos de prestaciones de servicios que se han venido sosteniendo, los cuales ya establecen una relación de trabajo, por más de 1 año, es decir, la permanencia de esta trabajadora la concede la misma normativa laboral, sin que la parte demandada destruya tal presunción a favor de esta ya que no acredita una contratación meramente civil, o puramente accidental, al contrario está probado la relación es continua y el cargo ha sido ocupado por nuevo personal contratado, por lo cual tal labor es de índole permanente por ser fundamental dentro de la institución demandada Migración y Extranjería, vale establecer que a la parte demandante se le reconocen derechos de decimotercer, decimocuarto y vacaciones, lo que configura salario de índole permanente, por lo que toca reconocer que la demandante mantenía contratos continuos y permanentes, se le reconoce su antigüedad y las funciones que esta realizaban son de la naturaleza continua, no son labores extrañas, ni meramente accidentales, o de obra determinada, de igual forma su permanencia por más de un año, le otorga el derecho a su estabilidad laboral, la demandada no pudo revertir en juicio esta circunstancia de cargo y función permanente ya que con los documentos solicitado por la parte demandada sobre libramientos de oficios para acreditar que la demandante no gestiono ni realizo acciones para adquirir su permanencia, no pueden esto ser un obstáculo para que la demandante no pueda ahora exigir tal derecho, que la patronal la ha cesado del cargo sin motivo o justificación alguna, lo ha hecho mediante "TERMINACION POR ESCRITO MEDIANTE MEMORANDUM", aduciendo que no le renovara el contrato sin dar mayor explicaci6n, quebrantándole mediante tal forma, su estabilidad laboral, y no obedeciendo a hechos que hagan caer a la trabajadora en una falta grave, la parte demandada lo ha hecho considerando que la trabajadora tiene una relación de prestación de servicios por tiempo definido o temporal, sin embargo ha quedado demostrado esto no es así, por tanto únicamente puede ser un despido justo y legal si cumple con los requisitos de procedimiento de audiencias de descargo e invocar la causal en la respectiva nota de despido, quedando aun así todo trabajador en el derecho de acudir a los juzgados del Trabajo emplazando al patrono exigiendo se pruebe esta justa causa de despido, lo que le permite a este juzgador llegar a la convicción que en el presente caso la terminación laboral se ha realizado mediante un despido injusto y no apegado a la normativa laboral, el artículo 862 del Código del Trabajo establece que la Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código o sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo el derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse, la prescripción ya consumada, sea expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables. De igual forma de conformidad al artículo 864 del Código del Trabajo los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de 2 meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones, respectivamente y el termino de prescripción se interrumpe de conformidad al artículo 868 del Código del Trabajo, que dice: "El término de prescripción se interrumpe: a) por demanda o gestión ante la autoridad competente....". En este caso, no ha operado la prescripción, ya que como la labor ha sido continua e ininterrumpida no puede considerarse como un acto que tuvo que ejercerse en cada contrato de prestación de servicios, sino que esta se debe contabilizar desde la fecha de terminación de la relación laboral que realice la demandada en perjuicio de la demandante, y habiendo hecho el simple análisis y la respectiva operación aritmética, la prescripción no ha acontecido, ya que la gestión ante autoridad administrativa, el cierre de esta y la interposición de la demanda se hizo dentro del plazo legal que autoriza el articulo 864 precitado. 6.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 11 de enero del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo al principio de la primacía de la realidad la actora cumple con los 3 requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo. 7.- Mediante auto de fecha 2 de mayo del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada TEYDY WALESKA AGUILAR MATAMOROS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 8.- En fecha 27 de agosto del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada TEYDY WALESKA AGUILAR MATAMOROS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo UN motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 4 de noviembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 9.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada TEYDY WALESKA AGUILAR MATAMOROS, en el primer y único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Fallo en forma definitiva y unánime de votos la sentencia dictada en fecha once (11) enero del ario dos mil diecinueve (2019), visibles a folios16 al 20 de la pieza Separada de autos, en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, de fecha catorce (14) de noviembre del ario dos mil dieciocho(2018), visibles a folios del 618 al 625 v. de la pieza principal de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en vista de que los Honorables Magistrados en el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo aquilatan una mala aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre la demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de contrato de Servicios Profesionales por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber Dejado a su fecha de finalización ya establecida en la Cláusula Séptima, hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE La Prueba singularizada apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en Documentos públicos. El Juzgador también erra cuando en su parte dispositiva de la sentencia elude la decisión judicial sobre la pretensión de mi representado en su condición de demandada de deducir la responsabilidad laboral en consecuencia debió apreciar y valorar los medios probatorios aportados por la parte demandada a efecto de lograr una decisión acertada en el sentido que la ahora demandante suscribió contratos de servicios profesionales o personales con mi representado siendo que el último contrato de servicios profesionales suscritos con la demandante con una fecha de finalización al (31) de marzo del 2015 sin objeción alguna de su parte en el término que le otorga el Código del trabajo en su Artículo 867, por lo que dejo fenecer irremediablemente su derecho para el respectivo reclamo la demandante, el cual dispone: Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este C6odigo, de sus reglamentos o de las leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, Prescriben en el término de dos (2) meses", aunado a la vez lo que instituye el Articulo 46 b) del mismo estamento legal que dice: los contratos individuales pueden ser también por tiempo limitado cuando se especifique la fecha para su terminación en concordancia a lo que dispuesto en el Articulo 48 Del mismo código del trabajo, que señala en su párrafo segundo: "no obstante todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prorroga expresa o tácita... y en el caso que nos ocupa señores magistrados, el contrato suscrito por la demandante y mi representado no existió prorroga ni expresa ni tacita sino que aparte de que la demandante desde el inicio era de su conocimiento la fecha que finalizaba su relación contractual con mi representado, Ejerciendo tal procedimiento dentro del marco que formula la Cláusula Tercera suscrita por las partes que establece: No se considerara para ningún efecto, al contratado, bajo esta modalidad como empleado permanente, por lo cual LA SECRETARIA, no contrae compromisos en el contratista en concepto de prestaciones laborales, ni cualquier otro derecho de los que gozan los empleados permanentes de la Secretaria tal como lo establece el artículo 3 literal L)de la Ley de Servicio civil y de conformidad al Artículo 111 del Derecho Legislativo No.360-13, contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015detallado en el libelo de la Contestación de la Demanda, asimismo, en estricta observancia del Articulo 203 de la ley de Servicio Civil. Este tipo de contrataciones se formalizará mediante Acuerdo Interno de cada institución del sector público... Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiéndose considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contara desde que este personal tome posesión del cargo ... "; asimismo, en apego estricto de lo que establece la Cláusula Novena precitada, la cual fue aceptada y consentida por las partes reclamantes en el contrato, por tanto, le prescribió el derecho y acción para interponer el respectivo reclamo o solicitud de permanencia a la demandante, consecuentemente se señala que la jurisdicción que debe conocer sobre la acción incoada indebidamente por la demandante, es en todo caso, la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, y en ningún momento corresponde al juzgado de Letras del Trabajo el conocimiento de la misma. En base a la cláusula NOVENA, del contrato de prestación de servicios suscrito entre la demandante y mi representado establece de manera clara que en caso de conflicto la misma se va a dirimir en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.- En consecuencia se puede afirmar que no existió relación de trabajo, sino todo lo contrario se comprobó que la ahora demandante, únicamente suscribieron con mi representado el Estado De Honduras contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener más efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación, consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron en dichos contratos, de igual manera con los acuerdos de aprobación agregados al expediente administrativo de personal debidamente compulsado de la demandante, se puede constatar que los contratos de prestación de Servicios Profesionales son sujetos a aprobaciones mediante acuerdo por parte del señor secretario de Estado Secretaria de Estados en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia. Gobernación, y Descentralización, a través de la suprimida Dirección General de Migración y Extranjería ahora Instituto Nacional de Migración, en aplicación de los Decretos Ejecutivos y en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio Fiscal 2011,2012,2013, 2014 y 2015 Lo anterior se Expresa por que el fuero donde debió promover su acción la demandante, es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, pues como anteriormente se ha expresado la ley atribuye al indicado Juzgado, el conocimiento de las controversias de carácter particular o general, en que se vea involucrada la Administración pública, ya que la competencia es la facultad que tiene cada Juez y Tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones y en el caso particular el Juzgado de letras del Trabajo NO es competente para conocer dicho asunto.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica la norma legal sustantiva violada, requisito sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) que la impetrante hace referencia a infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL66-2019.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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