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Sentencia CL-594-18 — Registro 10232

Resumen

Segunda instancia confirmó parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de salarios dejados de percibir, más el pago del reajuste salarial en base a la figura Constitucional de “a trabajo igual corresponde salario igual”, pago de horas extras y vacaciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo que indica como infringido, no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) falta a la claridad y precisión, al indicar causales diferentes del recurso de casación, como ser la aplicación indebida, interpretación errónea y la falta de apreciación o valoración de las pruebas, que debió invocar de forma separada y con su estructura debida, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; c) el precepto autorizante se ha señalado de forma imprecisa, ya que cita el artículo 765 del Código del Trabajo numeral primero y sus dos párrafos, los cuales contienen distintas causales del recurso; y, d) realiza alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."De este tema se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo."...

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”(Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, del 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14).- VII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de mayo del 2019, por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora LORENA PAOLA ZAVALA FLORES, representada en juicio por el Abogado OSMAN NOE ACOSA BENAVIDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de salarios dejados de percibir, más el pago del reajuste salarial en base a la figura Constitucional de “a trabajo igual corresponde salario igual”, pago de horas extras y vacaciones, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de junio del 2015, por la señora LORENA PAOLA ZAVALA FLORES, mayor de edad, casada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ejercida en ese entonces por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de octubre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de mayo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LORENA PAOLA ZAVALA FLORES contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. - SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante de la señora LORENA PAOLA ZAVALA FLORES con el ESTADO DE HONDURAS específicamente con el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps.37,187.50; auxilio de cesantía Lps.74,375.00; auxilio de cesantía proporcional Lps.5,268.21; vacaciones Lps.18,666.80, vacaciones proporcionales Lps.1,729.21; décimo tercer mes proporcional Lps.1,599.05; décimo cuarto mes proporcional Lps.10,846.32 lo que asciende a un total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (Lps.149.672.09),_más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme.- TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de las vacaciones de los periodos 2012-20 13 a la señora LORENA PAOL.A ZAVALA FLORES, por la cantidad de (Lps.7,875.00) y para el periodo 2013-2014 la cantidad de (Lps.9,100.00); - CUARTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago del décimo tercer y cuarto mes a la señora LORENA PAOLA ZAVALA FLORES del periodo 2012-2013 la cantidad de (Lps.31,500.00) y para el periodo 2013- 2015 la cantidad de (Lps.27,500.00) QUINTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal Procurador General de la República Abogado LORENA PAOLA ZAVALA FLORES al reajuste salarial retroactivo de salario de la demandante LORENA PAOLA ZAVALA FLORES. SEXTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de horas extras de la señora LORENA PAOLA ZAVALA FLORES. - SEPTIMO: SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION interpuesta por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, actuando en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. - OCTAVO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar para el Estado de Honduras a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, desde el 10 de octubre del 2010, desempeñando el puesto de implementador, ejerciendo también funciones de asesoría a calificadores y Registradores del Instituto de la Propiedad de este Departamento, devengando un salario mensual de L.16,500.00; que en fecha 16 de enero del 2015, la hoy demandada le notificó por escrito la terminación de su contratación laboral por vencimiento de contrato, mismo que es efectivo a partir del 31 de enero del 2015, situación que considera ilegal y violatoria del derecho del trabajo que es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución de la República en sus artículos 127, 128, 129 y 134 con relación a los artículos 1, 3 4, 5, 8, 10, 47, 48 52 párrafo tercero, 113, 117 y 347 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además los convenios 100 y 111 de la OIT.- Asimismo, solicita el pago del reajuste salarial que es un derecho que le corresponde y al amparo del artículo 128 numeral 3) Constitucional, pues resulta que mientras la demandante devengaba un salario de L.16,500.00 mensuales, valor este todavía por debajo del Arancel del salario mínimo del Profesional del Derecho, sin embargo, otros compañeros de trabajo de menor antigüedad incluso devengan sueldos mensuales de L.60,000.00 ejerciendo las mismas funciones.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando parcialmente la demanda exponiendo que si es cierto que la demandante sostuvo una relación de prestación de servicios profesionales con el Instituto de la Propiedad, bajo la modalidad de Contrato de Servicios Técnicos de campo como Extractor, siendo lo pactado en concepto de pago de honorarios, no un salario mensual como lo aduce la demandante, se acepta en lo referente a la terminación del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula 12, Causas de Terminación de Contrato literal g), el término del contrato finalizando el mismo 31 de enero del 2015; señala que si bien es cierto, la demandante prestó sus servicios profesionales bajo las condiciones contractuales legalmente establecidas, consentidas y aceptadas, estas no generan relación de empleo y lo que reciba la demandante son honorarios, no salario como aduce en este hecho, por lo tanto la demandada no está obligada a realizar el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, ni mucho menos reajuste salarial, que su intención era alegar la normativa del Código del Trabajo, hubiese presentado reclamo oportuno dentro del marco de lo que establece el artículo 867 de dicho estamento legal; en la audiencia primera de trámite interpuso excepción perentoria de prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando parcialmente CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, CONDENÓ al demandado a RECONOCER la relación de trabajo permanente con la demandante, condenando al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, lo que asciende a un total de L.149.672.09, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el fallo adquiera el carácter de firme, CONDENO al demandado al pago de las vacaciones de los periodos 2012-2013 de la demandante por la cantidad de L.7,875.00 y para el periodo 2013-2014 la cantidad de L.9,100.00, al pago del décimo tercer y cuarto mes del periodo 2012-2013 la cantidad de L.31,500.00 y para el periodo 2013-2015 la cantidad de L.27,500.00, ABSOLVIO al demandado del pago de reajuste salarial retroactivo de salario y del pago de horas extras, declaró SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, sin costas; bajo el criterio que que la demandante labora para el Instituto de la Propiedad (IP) a partir del 19 de octubre del 2010, suscribiendo contratos de trabajo por tiempo determinado de forma sucesiva con el mismo empleador y desempeñándose en dos cargos (IMPLEMENTADOR SURE Y EXTRACTADOR), hasta el último contrato de fecha 31 de enero del 2015, con un salario mensual ya promediado de Lps.15,937.50, renovándose éstos contratos de manera ininterrumpida y conforme a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo, se ha generado de ésta forma un derecho adquirido y establecido en la normativa laboral, al evidenciarse que han concurrido los elementos del contrato de trabajo establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo y se han dado los presupuestos legales de la conversión de un contrato de trabajo suscrito originalmente como temporal a un contrato de trabajo por tiempo indefinido, que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo, que el puesto de trabajo que desempeña la demandante en la institución, no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de la creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales; en cuanto a la excepción perentoria de prescripción, misma que motiva y fundamenta en el artículo 867 del Código del Trabajo, así: “A la demandante le prescribió el derecho de acción en cuanto a lo que reclama, en vista de que tenían dos meses para incoar la demanda, contados desde la fecha en que supuestamente se les violentó su derecho”; y la demandante Lorena Paola Zavala Flores, al haber sido contratada por tiempo determinado y al haber sido prorrogada su contratación, ya había adquirido su derecho a la permanencia, ante ello el argumento de prescripción de la acción sostenido por la apoderada de la parte demandada de que la demandante devenía realizar sus acciones con anterior a la realizada, no opera en el proceso que nos ocupa, en vista de ello es procedente declarar SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la apoderada demandada; que la parte demandante solicita el reajuste de salario en vista de que la demandante venía desempeñando las mismas funciones de otros compañeros y estos devengaban un salario mayor al de ella, de lo cual se desprende lo siguiente: es evidente que la demandante se desempeñaba funciones de IMPLEMENTADOR SURE; asimismo, hace referencia que devenga un salario inferior al devengado por un profesional del derecho; sin embargo, la normativa que alude la parte demandante a efecto de solicitar el reajuste salarial, específicamente el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, ha sido anulada mediante sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha 27 de noviembre del año 2009, confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 24 de enero del 2011 y declarado sin lugar el recurso de casación por parte de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 19 de febrero del año 2013, por lo que este precepto al ser anulado no es parte de nuestro ordenamiento jurídico y no siendo factible su aplicación; en cuanto a la exigencia en la cuantía de la demanda del pago de HORAS EXTRAS, no las detalla, cuales meses o días corresponde que se le adeudan a la demandante por parte de la institución demandada, ni tampoco ha generado prueba para dilucidar lo peticionado; quedó demostrado que la parte demandada no siguió las disposiciones legales para despedir a un empleado, por lo tanto el despido del demandante es ilegal e injustificado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 19 de octubre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto los contratos celebrados entre las partes establecen fecha de inicio y finalización de los mismos, no pueden ser considerados como contratos por tiempo determinado, y en la nota de despido no se le indica ninguna causal de las establecidas en el Código de Trabajo, por lo tanto el despido es ilegal e injusto.- 5.-Mediante auto de fecha 2 de abril del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 28 de mayo del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 30 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional, en aplicación indebida de los artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil; 11 de la Ley de Servicio Civil; 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 numeral 11, 200, 201, 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; 74 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del año 2015, por falta de apreciación y valoración de los medios de prueba documentales presentados en juicio, como ser Contratos de Prestación de Servicios y de Servicios de Contratista Proveedor de Servicios, con sus respectivos Términos de Referencia, en los cuales se detallan los objetivos y funciones de la Consultoría, dichas Consultorías se efectuaron de conformidad a las normas de selección y contratación de consultores del Banco Mundial; encontrándose detallados los referidos contratos en las notas PATH II-CN-972/2015 y PATH II- CN-100/2017 (visibles a folios 284, 285, 356, 357 y 358, de la pieza principal de autos). De igual manera considera mi representado que no se apreció y por consiguiente no se valoró, que la demandante señora LORENA PAOLA ZAVALA FLORES, interpuso renuncia del cargo que desempeñaba como Extractador, en el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II), a partir del 29 de febrero de 2012, ya que inicio sus labores como Implementador SURE, desde 01 de marzo de 2012 (visibles a folios 142, 231 y 232, respectivamente de la pieza principal de autos). Siendo que en el Manual Procesal Laboral, están contemplados los principios que rigen el derecho laboral que los jueces/as deben tomar en consideración en los procesos laborales. De todos es conocido que los ordenamientos jurídicos presentan algún tipo de imprecisiones o insuficiencias, a las que nos referimos como vacíos, lagunas, contradicciones, vaguedad, ambigüedad, oscuridad entre otros y los cuales son llenados por las interpretaciones que se hacen de las leyes al momento de aplicarlas al caso concreto, en razón de los principios generales y procesales del derecho del trabajo. Es por ello que los Jueces para la aplicación del derecho, siempre deben acudir a la interpretación, a fin de conocer cuál es el alcance de una norma y poder así aplicarla al caso concreto. Asimismo una de las funciones de los principios laborales es la interpretativa mediante la cual, debe efectuarse la operación lógica-valorativa del alcance de las normas aplicables, con respecto a las situaciones no previstas y la virtualidad de las previstas, que se resolverán aplicando el principio respectivo, dicha aplicación le compete al Juez que emite la Sentencia Definitiva respectiva, para un caso concreto. El principio dispositivo es aquel en el que se asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso, en cambio el principio Inquisitivo, es otorgado al órgano jurisdiccional quien debe actuar por sí investigando los hechos probados, en consecuencia en el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Juez no aprecio las pruebas aportadas, como ser los diferentes Contratos de Prestación de Servicios y Servicios de Contratista Proveedor de Servicios, con sus respectivos términos de referencia de las consultorías, realizadas por la demandante LORENA PAOLA ZAVALA FLORES. En consecuencia el Juez, no aplicó los principios que rigen el derecho laboral como ser: Principio de Justicia Social (según el cual se debe dar a cada uno lo suyo en función de procurar el bien común y el bienestar general), Principio de la Primacía de la Realidad (Los jueces pueden dictar sus fallos haciendo mayor acopio a la equidad y a la justicia, tomando en cuenta prioritariamente las circunstancias probadas en autos, comprobadas por el Juez vivencialmente, de dominio público, de cómo se regulan y que tratamiento se proporciona a aspectos puntuales de la relación laboral), Principio de Independencia del Funcionario Judicial (Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con independencia, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho) y Principio de Verdad Procesal (Los Juzgados deben emitir sus fallos con base en las pruebas aportadas, independientemente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba). REGLAS PROCESALES VIOLADAS. La norma adjetiva que sirven como medio para acreditar que infringió la NORMA sustantiva señalada, están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Articulo 765 numeral 1, párrafos primero y segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE MOTIVO QUE SE HACE ASI. La referida sentencia recurrida, violenta lo estipulado en los artículos 46 inciso b) del Código Laboral que establece que “El Contrato individual de trabajo puede ser: a).. . .b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; relacionado con el artículol348 del Código Civil, que contempla: “Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, a tal efecto en el presente caso, el Juzgador no aprecio ni valoró los medios de prueba documentales como ser: Contratos de Prestación de Servicios y de Servicios de Contratista Proveedor de Servicios, con sus respectivos Términos de Referencia, en los cuales se detallan los objetivos y funciones de la Consultoría, por los cuales quedo comprobado que la demandante presto sus servicios como consultor del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II), así como la renuncia presentada por la demandante señora LORENA PAOLA ZAVALA FLORES, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado, dichos contratos estaban regidos por leyes administrativas y con fuerza legal entre las partes que lo suscribieron y de conformidad al Artículo 3, inciso a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos que celebren los Poderes del Estado”. Por lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tampoco valoró debidamente las pruebas propuestas y aportadas por mi representado, al considerar que las labores que realizaba la demandante eran de carácter permanente y que los contratos suscritos por la demandante LORENA PAOLA ZAVALA FLORES, con el PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH II), eran celebrados por tiempo indefinido. En virtud de antes expuesto solicito, CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida de fecha diecinueve (19) de octubre (10) del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo que indica como infringido, no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) falta a la claridad y precisión, al indicar causales diferentes del recurso de casación, como ser la aplicación indebida, interpretación errónea y la falta de apreciación o valoración de las pruebas, que debió invocar de forma separada y con su estructura debida, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; c) el precepto autorizante se ha señalado de forma imprecisa, ya que cita el artículo 765 del Código del Trabajo numeral primero y sus dos párrafos, los cuales contienen distintas causales del recurso; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV.- De este tema se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- V.- Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…” (ver sentencias del 14 de diciembre del 2016, expediente CL 326-15 y 6 de diciembre de 2018, expediente CL454-17).- VI.- Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”(Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, del 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14).- VII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 21, 47, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 594-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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