Sentencia CL-567-18 — Registro 10230
Resumen
Segunda instancia reformó declarandó con lugar la demanda ordinaria laboral para la reinstalación del puesto de trabajo y restitución de las funciones, en virtud de haber sido suspendido de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo y por tener ya una acción judicial para que se declare la permanencia en las labores, pago de salarios dejados de percibir, reajuste al salario mínimo y las costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 2 párrafo primero y 3 del Código del Trabajo que se indican como violados, no ostentan el carácter de normas sustantivas, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) se formula el concepto de aplicación indebida, pero se omite establecer la disposición que debió aplicarse por el Juzgador; c) alude que se ha interpretado una de esas normas señaladas como infringidas, pero el Decreto Legislativo No. 89 a que hace referencia, lo que interpretó fue el artículo 113 del referido Código, por lo que es confusa su indicación; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) como en el motivo anterior, los artículos 2 párrafo primero y 3 del Código del Trabajo que indica como infringidos, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, c) no singulariza con claridad y precisión la prueba e incluye como tal, a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, cuando esos ordenamientos jurídicos no son objeto probatorio.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 06 de junio del 2019, por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor SANTOS LUCAS CANALES CERRATO, representado en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la reinstalación del puesto de trabajo y restitución de las funciones, en virtud de haber sido suspendido de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo y por tener ya una acción judicial para que se declare la permanencia en las labores, pago de salarios dejados de percibir, reajuste al salario mínimo y las costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de junio del 2014, por el señor SANTOS LUCAS CANALES CERRATO, mayor de edad, soltero, Encargado de Bodega y Distribuidor de Abate, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia definitiva de fecha 17 de septiembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO en su condición de apoderada apelante-demandante.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 02 de mayo del 2018 que corre a folios del 113 al 115 de la primera pieza de autos así: 1) REVOCAR numerales primero y segundo en la forma siguiente 1.- a) Declarar CON LUGAR la demanda promovida por el señor SANTOS LUCAS CANALES CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para el reintegro a su puesto de trabajo, se declare la permanencia en sus labores; pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización de daños y perjuicios y reajuste del salario mínimo.- b) Condena al ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República a reintegrar a su puesto de trabajo que tenía al momento de su despido el señor SANTOS LUCAS CANALES CERRATO, con la permanencia en su relación laboral o por tiempo indefinido; además con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo y demás derechos que provienen del reintegro de su puesto de trabajo.- III.- CONFIRMAR numerales tercero y cuarto de la parte dispositiva de la sentencia apelada.- IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para el demandado, el 10 de abril del 2013, como Auxiliar de Técnicos de Salud Ambiental (T.S.A.) en la sección de control de vectores en la Región Metropolitana, devengaba un salario mensual de L. 6,131.00; y que el 06 de marzo del 2014, presentó demanda judicial ante el Juzgado para que se le declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, al amparo de los artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, juicio registrado bajo el número 00222-14; manifestó que una vez vencido el último contrato de trabajo la demandada no renovó el mismo, a pesar de que le asiste el derecho a la permanencia por la continuidad de dichos contratos, por lo que se vio obligado a pedir por la vía administrativa ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones, y al no ser posible el mismo se dio por agotado el trámite administrativo, a fin de incoar demanda con la finalidad de obtener por la vía judicial la reinstalación al puesto de trabajo y restitución a sus funciones; alegó además que los contratos reunían los 3 elementos de un contrato de trabajo, tal como lo establece el artículo 20 del Código del Trabajo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la misma, apoyando su defensa en que el demandante dejó de promover la acción en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, y que no le asiste el derecho subjetivo que reclama en virtud de que simplemente el contrato dejó de tener vigencia por el mero lapso de tiempo fijado en el mismo; y asimismo el demandante consintió y aceptó en su totalidad las condiciones del contrato de Servicios Profesionales y Técnicos por tiempo determinado, y que quedó establecido que en caso de controversia se sometería al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y nunca ante el Juzgado del Trabajo y la acción fue presentada ante un Juzgado cuya competencia no corresponde al conocimiento de las causas relativas a los Contratos de Servicios Profesionales que celebren los Poderes del Estado con personas naturales.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor SANTOS LUCAS CANALES CERRATO, contra el ESTADO DE HONDURAS; ABSOLVIÓ a la parte demandada de toda responsabilidad en el presente juicio en relación al reintegro a su puesto de trabajo y salarios dejados de percibir; CONDENÓ a la parte demandada al reajuste de salario mínimo al demandante para el año 2013, por la cantidad de L.7,309.05, sin costas; bajo el criterio que el trabajador al pretender hacer valer los derechos establecidos en el artículo 113 del Código del Trabajo, deberá de reunir los presupuestos de hecho y de derecho que establece dicha norma, es decir, primeramente la obtención de la permanencia laboral, presupuesto imprescindible para considerar una relación por tiempo indefinido y que conlleve a una terminación de relación laboral por un despido ilegal e injusto, cuya consecuencia el reintegro del trabajador a sus labores tal como lo ha pretendido la parte actora; sin embargo, como se reitera ese presupuesto no se acredita en el proceso, por lo expuesto se debe de declarar sin lugar la presente demanda laboral, es por ello que no es susceptible el señor Santos Lucas Canales Cerrato de las pretensiones del mismo referente al pago de salarios dejados de percibir; que ha quedado establecido el salario mensual que devengaba el demandante por la cantidad de L. 6,136.00, en virtud de lo cual es procedente conceder como derecho adquirido el reajuste de salario mínimo al demandante aludido, haciendo referencia a los preceptos legales contentivos a la Ley de Salario Mínimo y haciendo una revisión del Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo para el año 2013, el salario correspondiente para el año en mención, periodo en el cual laboró el demandante en la institución demandada desde el 10 de abril al 31 de diciembre del 2013, acreditado con la constancia emitida por el Jefe Programa Control de Vectores, el reajuste correspondiente es por la cantidad de L. 7,309.05.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 17 de septiembre del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, de la manera siguiente: Revocando los numerales primero y segundo, en el sentido de declarar con lugar la demanda laboral, condenó a la parte demandada a reintegrar a su puesto de trabajo que tenía al momento de su despido el demandante, con la permanencia en su relación laboral o por tiempo indefinido; además con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo y demás derechos que provienen del reintegro de su puesto de trabajo, y confirmó los numerales tercero y cuarto de la parte dispositiva de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que quedó probado que el demandante fue contratado por medio de contratos por tiempo indeterminado por lo que se declara con lugar su permanencia, por desempeñar un puesto de naturaleza permanente en la institución demandada pero las sucesivas y continuas contrataciones, determina que hubo una continuidad en el servicio, en actividades de naturaleza permanente, con lo que se materializa la existencia de los elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo y que en relación a los artículos 47 y 52 de este mismo ordenamiento legal hace evidente la existencia de una relación laboral por tiempo indeterminado; que el empleador al ponerle fin a la relación laboral sin sustento de causa legal establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo violenta el derecho del trabajador y las garantías constitucionales contenida en el artículo 129 de esta Carta Magna; que la parte demandada con sus medios de prueba no justificó el despido ilegal que fue objeto el demandante; asimismo, la Juez sentenciadora no es objetiva en su análisis y valoración de los medios de prueba aportados en el proceso incurriendo con ello en el vicio de la incongruencia provocando con ello un desajuste entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes y que constituyen el objeto del proceso, además vulnerando los principios de defensión, contradicción y con ello la tutela judicial efectiva al declarar sin lugar la demanda, violando los derechos de empleo y estabilidad laboral al demandante, que son garantías constitucionales por tal motivo procede la reformatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 27 de marzo del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 06 de junio del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 17 de junio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de agosto del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma indebida del artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal Ad Quem, lo aplicó, pero EN FORMA INDEBIDA, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL al reintegro a su puesto de trabajo, se declare la permanencia en sus labores, pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización de daños y perjuicios y reajuste del salario mínimo, aplicando la norma pertinente pero en forma indebida, como ser la contenida en el artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. El tribunal sentenciador de manera reformatoria cambia la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reintegro a su puesto de trabajo, se declare la permanencia en sus labores, pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización de daños y perjuicios y reajuste del salario mínimo aplicando la norma pertinente pero en forma indebida que autoriza tal pretensión, y el Decreto Legislativo que lo interpreta como ser el número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. Se produce así la aplicación indebida de la ley sustantiva.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 2 párrafo primero y 3 del Código del Trabajo que se indican como violados, no ostentan el carácter de normas sustantivas, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) se formula el concepto de aplicación indebida, pero se omite establecer la disposición que debió aplicarse por el Juzgador; c) alude que se ha interpretado una de esas normas señaladas como infringidas, pero el Decreto Legislativo No. 89 a que hace referencia, lo que interpretó fue el artículo 113 del referido Código, por lo que es confusa su indicación; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de la prueba presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Donde se establece que fue contratado por tiempo determinado mediante los acuerdos ministeriales y su permanencia se da mediante un proceso de selección el cual está regido por Leyes y Reglamentos Específicos. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto ya que que el trabajador se encontraba con la prestación de sus servicios personales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios personales por un periodo determinado con fecha de inicio y de finalización, el cual era del conocimiento de él consintiendo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte.- Además el firmo contratos de servicios técnico de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstos para los contratos de consultoría, según la ley de contratación del estado donde la vigencia no puede exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originó. Además, para que un empleado ostente a la reinstalación se debe cumplir con el régimen del servicio civil donde comprenderá a los servidores públicos que laboran en las secretarias de estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca la ley y su reglamento extremo que no fue cumplido ante la dirección de servicio civil conforme el procedimiento para evaluación establecido en la ley.”.- V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) como en el motivo anterior, los artículos 2 párrafo primero y 3 del Código del Trabajo que indica como infringidos, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, c) no singulariza con claridad y precisión la prueba e incluye como tal, a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, cuando esos ordenamientos jurídicos no son objeto probatorio.- VI.- La impetrante solicita se declare la nulidad subsidiaria del fallo, por lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha diecisiete de septiembre 2018 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. b) El contenido de la sentencia establece que no se encontraba la comparecencia de los apoderados de las partes cuando dictó sentencia, pero establece que quedan notificados en estrados los apoderados de las partes. La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la de Servicio Civil que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil para que le fuera reconocido el estatus que pretende le sea otorgado por esta Corte al margen de lo que establecen las leyes especiales establecidas al efecto, las que determinan un análisis conforme a ley para la creación de una plaza y un presupuesto permanente para la permanencia de un cargo y no como quiere hacerlo ver al juzgador de la causa, que sin haber ejercido el procedimiento establecido en dicho artículo y lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, desea se le reconozca un status que legalmente no le ha sido otorgado mediante el acuerdo respectivo”.- VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos y sin lugar la nulidad solicitada de forma Subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 567-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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