Sentencia CL-565-19 — Registro 12164
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Que en su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) No es claro y preciso en el concepto de la infracción, ya que invoca los tres conceptos de la violación directa, al enunciar: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea…”; c) El precepto autorizante señalado no es compatible, ya que el mismo es propio de los casos de infracción civil al indicar el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil; y, d) Realiza extensos alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de octubre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de febrero del 2020, por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores LENIN ARLINSON PACHECO MONCADA, CELYCA MIREYA VELASQUEZ MOLINA, MARCIO ALEJANDRO ORDONEZ MANZANAREZ, JOSE FRANCISCO ESPINOZA MEDINA, LUIS ALBERTO MARTINEZ E IRAIZ REBECA ZELAYA DIAZ; representados en juicio por la Abogada DULCE MARIA ZAVALA MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir; costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre del 2014, por los señores: 1) LENIN ARLISON PACHECO MONCADA, 2) CELYCA MIREYA VELASQUEZ MOLINA, 3) MARCIO ALEJANDRO ORDONEZ MANZANARES, 4) JOSE FRANCISCO ESPINOZA MEDINA, 5) LUIS ALBERTO MARTINEZ y 6) IRAIZ REBECA ZELAYA DIAZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, (INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de julio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 06 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA; 1) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION; opuesta por el representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DANOS Y PERJUICIOS, instaurada por los señores: 1) LENIN ARLISON PACHECO MONCADA, 2) CELYCA MIREYA VELASQUEZ MOLINA, 3) MARCIO ALEJANDRO ORDONEZ MANZANARES, 4) JOSE FRANCISCO ESPINOZA MEDINA, 5) LUIS ALBERTO MARTINEZ, y 6) IRAIZ REBECA ZELAYA DIAZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a troves de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 3) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a troves de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA A PAGAR LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.466,372.28); Desglosados así: 1) LENIN ARLISON PACHECO MONCADA, la cantidad de L.70,320.09 en los conceptos de PREAVISO L.18,666.68 AUXILIO DE CESANTIA L.37,333.76 AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.6,013.76; VACACIONES PROPORCIONALES L.4,010.21; AGUINALDO PROPORCIONAL: L.6,688.08; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.2,688.03; VACACIONES PENDIENTES L.933.33; 2) CELYCA MIREYA VELASQUEZ MOLINA, la cantidad de L.74,887.58 en los conceptos de PREAVISO L.18,340.00 AUXILIO DE CESANTIA L.36,680.00 AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.4,560.60; VACACIONES PROPORCIONALES L.3,038.36; AGUINALDO PROPORCIONAL: L.6,570. 96; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.2,640.96; VACACIONES PENDIENTES L.3,056.70; 3) MARCIO ALEJANDRO ORDONEZ MANZANARES, la cantidad de L.81,248.00 en los conceptos de PREAVISO L.21,000.00 AUXILIO DE CESANTIA L.31,500.00 AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.5,250.00; VACACIONES L. 9,450.00; VACACIONES PROPORCIONAL: L.3,500.00; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L.7,524.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.3,024.00; 4) JOSE FRANCISCO ESPINOZA MEDINA, la cantidad de L.91,612.76 en los conceptos de PREAVISO L.18,666.00 AUXILIO DE CESANTIA L.56,000.00 AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.1,555.00; VACACIONES L.4,977.76; VACACIONES PROPORCIONAL: L.1,036.00; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L.6,688.08; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.2,688.03; 5) LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ, la cantidad de L75,197.08 en los conceptos de PREAVISO L.18,341.00 AUXILIO DE CESANTIA L.36,682.00 AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.4,560.75.00; VACACIONES L.3,362.48; VACACIONES PROPORCIONAL: L.3,038.46; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L.6,571.21; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.2,641.06; 6) IRAIZ REBECA ZELAYA DIAZ la cantidad de L.73,106.67 en los conceptos de PREAVISO L.18,341.04 AUXILIO DE CESANTIA L.36,682.08 AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.4,484.33; VACACIONES L.1,528.40; VACACIONES PROPORCIONAL: L.2,989.55; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L.6,505.71; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.2,575.56; Mis los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido de cada uno de los demandantes hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria, los cuales quedan sujetos a la liquidación que se efectué en su momento oportuno; 4) SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que empezaron a trabajar en el Instituto Nacional de Migración así: Lenin Arlison Pacheco Moncada, el 10 de marzo del 2010, desempeñándose al momento del despido como Inspector de Migración, devengaba un salario mensual promedio al momento de la cancelación de L.8,000.00; Celyca Mireya Velásquez Molina, el 03 de mayo del 2010, desempeñándose al momento del despido como Inspector de Migración, devengaba un salario mensual promedio al momento de la cancelación L.7,860.00; Marcio Alejandro Ordoñez Manzanares, el 02 de mayo del 2010, desempeñándose al momento del despido como Inspector de Migración, devengaba un salario mensual promedio al momento de la cancelación L.9,000.00; José Francisco Espinoza Medina el 01 de septiembre del 2008, desempeñándose al momento del despido como Transcriptor de Datos, devengaba un salario mensual promedio al momento de la cancelación L.8,000.00; Luis Alberto Martínez, el 03 de mayo del 2010, desempeñándose al momento del despido como Inspector de Migración, devengaba un salario mensual promedio al momento de la cancelación L.7,860.44 e Iraiz Rebeca Zelaya Diaz, el 03 de mayo del 2010, desempeñándose al momento del despido como Inspector de Migración, devengaba un salario mensual promedio al momento de la cancelación L.7,860.44 y que mediante nota de fecha 28 de octubre del 2014, fueron notificados de la terminación del contrato de trabajo, el cual a partir del 01 de noviembre, ya no sería renovado, causal no tipificada en el Código de Trabajo en su artículo 112; asimismo, manifestaron que a raíz del despido injusto, ilegal del que fueron objeto, citaron a la demandada para que compareciera a la audiencia de conciliación ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a la cual no concurrió, dando por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que acepta parcialmente el hecho primero de la demanda, porque los señores demandantes comenzaron a prestar sus servicios profesionales al Instituto Nacional de Migración mediante Contratos de servicios personales por tiempos determinados y en el cargo que aducen en la demanda de mérito y regidos como bien aducen los demandantes por cláusulas contractuales acordadas por las partes en los Contratos de Servicios a término respectivo vigente hasta el 28 de octubre del 2014, y que al tener fecha de inicio y terminación, y consentida, aceptada y aprobada por las partes contratantes no pueden ser considerados como empleados permanentes, al estar regidas sus obligaciones en cláusulas contractual es legalmente establecidas y acordadas por las partes y para lo cual se contó con la aprobación del presupuesto respectivo que respaldaría el pago o cumplimiento por la prestación de sus servicios profesionales durante el término establecido en el contrato; y fuera de ello no existe obligación alguna para con los demandantes, en virtud que la separación de sus cargos no obedece a ningún despido sino que al acaecimiento de la llegada de la fecha de finalización de los contratos que suscribieron los demandantes, hasta el 28 de octubre del 2014; razón por la cual atendiendo el principio de la buena y sana administración se procedió a notificarles, mediante MEMORANDUM NO.113-2014 DRII-DGME de fecha 28 de octubre de 2014, la finalización de la relación contractual a término y que no les sería renovado, teniendo como objetivo además realizar la respectiva liquidación para la devolución del equipo de trabajo que se les había asignado, en tal sentido señora Juez, teniendo conocimiento previo de demandantes de la fecha en que finalizaría relación contractual no pueden aducir que existió antigüedad contractual en su caso, ya que los mismos actores de la demanda manifiestan que les fue notificado la terminación de su contrato, ya que dicha locución evidencia el conocimiento que tenían estos de la fecha que finalizaba su obligación contractual con mi representado. Sin embargo, al haber incoado la demanda de mérito, no cabe duda la aviesa intensión que sostenían los demandantes al hacer caso omiso a lo que se habían comprometido con mi representado mediante el contrato a término, por lo cual no era necesario que existiera causal alguna para dar por terminada la relación contractual de los demandantes con mi representado y que ellos al no haber ejercido las acciones de ley dentro de lo que establecía el Artículo 867 del Código del Trabajo en el que ampararían su reclamo, al no hacer uso del derecho dejaron irremediablemente fenecer el término para ejercer la acción que le permitía dicha normativa; sin embargo, los contratos firmados por los demandantes están sujetos al derecho Administrativo y por ende a la Ley de lo Contencioso Administrativo como lo establece la Cláusula Novena de los contratos respectivos que dispone que dichos contratos estarán sujetos a la Ley Orgánica del Presupuesto y a las Disposiciones Generales para la Ejecución de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las instituciones Descentralizadas, para el ejercicio fiscal 2014. Asimismo, la Cláusula Décima de tales contratos declaran que las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas y condiciones establecidas en el contrato; alegó que el Tribunal donde debieron presentar su reclamo, era el juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la Cláusula Novena de sus respectivos contratos aceptados y consentidos por los demandantes en la que se estableció que "EL CONTRATISTA", se somete expresamente a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo" y no ante este Juzgado de Letras del Trabajo como erróneamente interpusieron su acción los demandantes. Y que debido a que no fue despido del que fueron objeto los demandantes sino que la separación de su relación contractual se debió a la llegada de la fecha de terminación de sus contratos, circunstancia que era del conocimiento previo de los demandantes y que aceptaron sin objeción alguna al respecto ante las autoridades respectivas, durante el término de vigencia de sus contratos a efecto de ejercer sus derechos en ese tiempo y solicitar se les nombrara en su cargo de forma permanente con la creación de una plaza. Derecho que dejaron fenecer irremediablemente y que al no haber prorroga en sus contratos la relación contractual finalizaba sin obligación alguna de las partes, siendo el beneficio reclamado por los demandantes un derecho que solamente le asiste al personal nombrado de forma permanente por la Administración Pública, mediante Acuerdo Ministerial respectivo; manifestó también que, no habiendo existido ninguna relación laboral entre el demandado y los demandantes, sino que la misma era únicamente de carácter administrativo, el reclamo presentado por los mismos es improcedente. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de septiembre del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores: LENIN ARLISON PACHECO MONCADA, CELYCA MIREYA VELASQUEZ MOLINA, MARCIO ALEJANDRO ORDONEZ MANZANARES, JOSE FRANCISCO ESPINOZA MEDINA, LUIS ALBERTO MARTINEZ e IRAIZ REBECA ZELAYA DIAZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, (INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; declaró sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción; opuesta por el representante de la parte demandada; condenó a las partes demandadas a pagar la cantidad de L.466,372.28; en concepto de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes; más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido de cada uno de los demandantes hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria, los cuales quedan sujetos a la liquidación que se efectué en su momento oportuno; sin costas; bajo el criterio que la parte demandada no ha probado la naturaleza temporal de la contratación suscrita con las demandantes, pues como se observa al subsistir la causa del contrato, la parte demandada debió garantizar la estabilidad laboral a los demandantes, lo que contrario sensu, decidió prescindir de los servicios bajo un fundamento legal que no puede estar por encima de las disposiciones de orden público del Código del Trabajo, en tal sentido al haberse comprobado fehacientemente la simulación contractual, bajo la forma de un contrato administrativo a tiempo determinado, escondiéndose bajo dicha figura una verdadera relación laboral por tiempo indefinido; es por ello que el acto de privar de continuar ejerciendo la labor asignada es una terminación unilateral del contrato por el empleador sin causa justificada lo que violenta directamente el derecho a la defensa y a la estabilidad laboral, acarreando la obligación de satisfacer a los trabajadores los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República, por lo antes expuesto se declara con lugar la presente demanda, ordenando el pago de prestaciones laborales, consistentes en preaviso y auxilio de cesantía en las importes que correspondan con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria, la cual será objeto de liquidación en su momento oportuno. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 31 de julio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, en el caso de autos, al haberles notificado el patrono la terminación del contrato únicamente invocando la fecha de finalización, violenta, el Principio de Estabilidad Laboral, que nace del derecho al trabajo que es de índole Constitucional, ya que la permanencia en el trabajo debe ser la regla y no la excepción, siempre y cuando subsistan las causas que le dieron origen y el cargo a desempeñar, cuando no se incurra en una de las causas que faculten al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Y que al haber despedido a los demandantes sin que medie una causa de justificación y sin procedimiento alguno, el mismo se vuelve ilegal e injusto, procediendo como consecuencia la responsabilidad contemplada en el ordenamiento jurídico laboral, más la sanción indemnizatoria de salarios dejados de percibir, y al haberse desnaturalizado tanto el contrato de servicios profesionales como el de trabajo, se determina que hay una simulación de contrato, sobre lo cual ya hay basta jurisprudencia en esta materia, dictada tanto por la honorable Corte Suprema de Justicia como por este Tribunal de Alzada, y en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, el Juez interpretará en estos casos no los documentos, ni el nombre con el cual se le denomine al contrato o las cláusulas que se le agreguen, sino que lo que sucede en la realidad de forma objetiva, y en este caso, en la realidad lo que existe es una relación de trabajo, que debe ser regulada por las Normas Laborales, en aplicación además del Principio Protectorio que doctrinariamente se dice que es la columna vertebral del derecho del trabajo, encaminada a salvaguardar las derechos de las trabajadores, cuando en una relación de esta naturaleza se estén vulnerando en detrimento de sus intereses, por lo que cabe hacer acopio del mismo, en su regla de aplicación de la interpretación más beneficiosa y de la norma más favorable y que es precisamente por estas apreciaciones e interpretaciones, que el Juez de instancia a determinado declarar con lugar la demandada incoada, condenando a las derechos que le asisten a los demandantes, por no haberse acreditado que el despido fue justificado, y es por ello que esta Corte de Apelaciones, considera que debe confirmar la sentencia que se ha recurrido ante esta instancia, ya que la misma esta dictada conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 20 de noviembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARJORIE XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 21 de febrero del 2020, compareció ante este Tribunal el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 16 de marzo del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DULCE MARIA ZAVALA MEJIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.-Que el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en su primer y único motivo de casación aduce: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el párrafo primero del articulo 765 numeral uno del Código del Trabajo, relacionado este último con el artículo 719 del Código Procesal Civil en su numeral 2. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo en forma definitiva y unánime de votos la sentencia dictada en fecha seis (06) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha seis (06) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), visibles a folios del 2901 al 2907 del tomo VI, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre el Demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causal de despido alguna, en vista de que dichos contratos tienen una fecha de terminación y los mismos son regulados por una Ley especial que en el presente caso es el Reglamento de la Ley de servicio Civil, subrayo targo los demandantes bajo su consentimiento aceptaron dicho contrato y que de igual forma aceptaron en sus clausula novena que de suscitar un conflicto estos se remitirían al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, situación está que a contrario sensu resulto como un grave perjuicio al estado de Honduras, en vista de que los mismos obviando un precepto jurídico y no pormenorizado que estable que todos los contratos son Ley entre las partes, aun a sabiendas de ello interpusieron su demanda ante un juzgado que no es competente y aunque dicha controversia haya sido resuelta en incidentes anteriores, me resulta saludable volver a exponérselo a esta Honorable Corte Suprema Justicia. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. - La Prueba singularizada y apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: DOCUMENTOS PUBLICOS. El Juzgador no valorizo la actividad pues como se aprecia en el Contrato de Servicios Profesionales en las Cláusulas Cuarta, Séptima y Novena; en su orden resaltan y claramente dejan evidencia que los demandantes poseían una buena capacidad cognitiva de que no eran empleados permanentes, por ende no tenían derecho a prestaciones ni derechos ulteriores a la finalización de los contratos, así mismo la fecha de terminación del contrato era algo ya establecido y aceptado por los hoy demandantes y para concluir bajo el régimen de contratación que estaban sometidos y las leyes que regían sus contratos; quedo demostrado que por parte del Instituto se cumplió para con los demandantes con todo lo pactado en virtud de una Contratación de Servicios Profesionales y por lo tanto la causa de No renovarles su contrato es legal y debe declararse sin lugar el pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir. Por otra parte, en los Considerando tres, cuatro cinco y seis del Fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo en su orden establece que "las labores para las cuales fueron contratados son de naturaleza permanente; Que Corresponde al Derecho Laboral conocer esta causa y que se violentó el principio de estabilidad laboral; Que el despido sin causa es ilegal e injusto; Que se pretendió simular la contratación en base a los principios del Derecho Laboral" de esta forma determino declarar con lugar la demanda incoada, condenando a los derechos que le asisten a los demandantes por no haberse acreditado que el despido fue justificado, sin apreciar el A-quo, y el Ad-quem, que previo a la fecha de dictar sentencia, estaba ya vigente el DECRETO EJECUTIVO PCM 031-2014 PUBLICADO EN LA GACETA NO.33,468 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2014 que contiene la ley de creación del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; decreto que en su artículo 1 atribuyen la creación del Instituto Nacional de Migración es un ente desconcentrado de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con personalidad jurídica propia, independencia administrativa, funcional, Limitando entonces el cumplimiento de condena a prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por tanto consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo y del Ad-quem, en vista que el reclamante presto sus servicios para la extinta Dirección General de Migración y Extranjería, institución que era parte de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Considerando que con fundamento en el artículo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni perjuicios, decisión que debería "superar el ejercicio de la facultad, Llevarla más allá de donde la ejercito el Aquo" y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de fecha Treinta y Uno (31) de julio del ario dos mil diecinueve (2019), pronunciada por la Corte de Apelaciones del trabajo de esta Sección Judicial, que conociendo vía Recurso de apelación confirmo la sentencia definitiva de Primera Instancia dictada en fecha seis (06) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral para para el pago de prestaciones sociales.- a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir Promovida por los señores . Lenin Arlison Pacheco Mocada, Celyca Mireya Velásquez Molina, Alejandro Ordoñez Manzanares, José francisco Espinoza Medina, Luis Alberto Martínez e Iraiz Rebeca Zelaya Diaz, en contra de mi representado el Estado de Honduras”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Que en su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) No es claro y preciso en el concepto de la infracción, ya que invoca los tres conceptos de la violación directa, al enunciar: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea…”; c) El precepto autorizante señalado no es compatible, ya que el mismo es propio de los casos de infracción civil al indicar el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil; y, d) Realiza extensos alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL565-2019.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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