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Sentencia CL-56-19 — Registro 11651

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generados por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, más el pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, pago de salarios dejados de percibir, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Impetrante ha omitido los requisitos legales para la formalización del recurso, de conformidad al artículo 769 del Código de Trabajo, entre otros, no señala ni desarrolla la parte petitoria de su demanda de casación y el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Al no haberse desarrollado la parte petitoria, impide a este Tribunal el conocimiento del recurso, ya que no se establece como se pretende que este Tribunal emita un fallo en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible por las razones siguientes: a) la norma que indica como infringida, el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no tiene el carácter sustantivo exigido por el numeral 5) literal a) del artículo 769 del Código de Trabajo, ni es del orden laboral; y, b) la causal por falta de competencia genérica y el precepto autorizante invocado, no corresponden a la jurisdicción laboral. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciocho de julio del dos mil diecinueve, por el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, son parte recurrida, las señoras MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ y MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS, representadas en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generados por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, más el pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio del dos mil catorce, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de las señoras MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ, Licenciada en Periodismo y MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS, Ingeniera en Sistemas, ambas mayores de edad, hondureñas, solteras y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL), dependiente de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ Y MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenga el demandante señor las señoras MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ desde 01 de Marzo del 2007, Y MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS desde 24 de Octubre del 2007, con el ESTADO DE HONDURAS, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: 1) MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ: Preaviso Lps. 84,000.00; auxilio de cesantía Lps. 252,000.00; auxilio de cesantía proporcional Lps. 42,000.00, vacaciones proporcionales Lps. 28,000.00; decimo tercer mes proporcional Lps. 7,000.00; décimo cuarto mes proporcional Lps. 28,000.00; lo que asciende a un total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 441,000.00), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme; 2) MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS: Preaviso Lps. 46,666.00; auxilio de cesantia Lps. 139,998.00; auxilio de cesantía proporcional Lps. 7,780.00; vacaciones proporcionales Lps. 5,446.00; décimo tercer proporcional Lps. 3,890.00; décimo cuarto mes proporcional Lps. 17,116.00, lo que asciende a un total de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS (Lps. 220,896.00), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de las vacaciones de los periodos 2012-2013 y 2013-2014 de la siguiente forma: MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ (Lps. 48,000.00) y para la señora MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS la cantidad (Lps. 26,666.40). CUARTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de décimo tercer y cuarto mes de los periodos 2012-2013 2013-2014, a las señoras MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ Y MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS. QUINTO (5): SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con el ESTADO DE HONDURAS, a través del PROGRAMA DE VIVIENDAS CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL), dependiente de la Presidencia de la República de Honduras, de la manera siguiente: MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ, el 01 de marzo del 2007, en el puesto de Oficial de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, devengando un salario mensual de L.36,000.00, y la señora MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS, el 24 de octubre del 2007, en el cargo de Oficial de Soporte Técnico, devengando un salario mensual de L.20,000.00, ambas desempeñándose de manera continua e ininterrumpida en el mismo puesto y funciones desde el inicio laboral, bajo la subordinación de un empleador y mediante la suscripción de varios contratos de trabajo bajo la modalidad de servicios profesionales. En cuanto a la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida, el artículo 47 del Código del Trabajo menciona que se tendrán por celebrados por tiempo indefinido, si al momento de su vencimiento, subsisten las causas que dieron origen al mismo, sin importar el nombre que se consigne, de igual forma el artículo 52 de la misma legislación, reconoce que si una vez transcurrido un año se celebra un nuevo contrato entre las mismas partes y para la misma clase de trabajo, se tendrá éste por celebrado de forma indefinida. El empleador trató de encubrir la relación de trabajo, mediante contratos transitorios o temporales, con el fin de ocultar la verdadera naturaleza del contrato de trabajo y evadir las obligaciones reconocidas a los trabajadores, y que según el artículo 3 del Código del Trabajo serán nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen la renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de los trabajadores, también el artículo 128 párrafo primero de la Constitución de la República, establece que son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, diminución, restrinjan o tergiversen los derechos reconocidos a favor de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de la intención de la parte demandada, por intentar encubrir la relación laboral, por contratos de servicios profesionales, por lo que se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo para que exista un contrato de trabajo, y no deja de serlo por razón del nombre, condición o modalidad que se estipule. Las partes demandantes se presentaron ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, sin poder llegar a un acuerdo conciliatorio, dándose por agotado el trámite administrativo previo. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que no existe una relación de trabajo entre El Estado de Honduras y las demandantes, en virtud que celebraron un contrato administrativo de servicios profesionales, aceptando en la cláusula décima, que dada la naturaleza del contrato, el mismo sería regido conforme al Derecho Administrativo, y que en caso de controversia, el asunto se sometería a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo y en vista que el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, faculta a tal órgano jurídico para conocer de las cuestiones referentes a este tipo de contratos que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, razón por la cual no existe ninguna obligación laboral con las demandantes, pues su relación es meramente de carácter administrativo y ellas aceptaron firmando sin objeción los términos del contrato suscrito. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando parcialmente CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de Representante Procesal de las señoras MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ y MAYRA LETICIA FUNEZ RODAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto las demandantes fueron contratadas como temporales, por su continuidad tanto en el tiempo, mismo puesto de trabajo y empleador, son de naturaleza indefinida, deduciendo que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada, provocó la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo, también agrega que por el puesto de trabajo que desempeñaban las demandantes en la institución, sus funciones no pueden considerarse temporales, pues los servicios que proporcionaban, son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de la creación del cargo, por lo que no puede ser accidental, concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal, el Código del Trabajo y sus principios resuelven este tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del mismo cuerpo legal, que versa que serán nulos ipso jure todos los actos y violaciones contra los trabajadores, con disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, Leyes y Reglamentos otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo o pacto, por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretende rehuir sus obligaciones patronales, son nulos dichos contrato de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo, haciendo la aclaración que, lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes, no respecto a la decisión de relacionarse o vincularse jurídicamente, en consecuencia, se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas del Derecho al Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio, por consiguiente, es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribieron las demandantes, debiendo el empleador someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que al no existir una causa legal de justificación del despido de las demandantes, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por las demandantes, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. Que el Principio de Estabilidad Laboral del Derecho del Trabajo impone que el contrato de trabajo deba ser de duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido injustificado, de modo tal que éste tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a ellas que justifiquen su exclusión. Siendo que la contratación simulada no estipulaba lo referente a las vacaciones, y en virtud que la contratación fue por tiempo indeterminado, procede el pago de las vacaciones correspondiente a los años laborados desde el periodo del 2012-2014; en cuanto a la pretensión del pago del décimo tercero y cuarto mes de los periodos 2012-2013, 2013-2014 consta de autos el pago a las demandantes en tales conceptos por lo que tal pretensión deberá ser declarada sin lugar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba acreditados por las partes al proceso, quedó probado en la secuela del juicio, que las demandantes sostuvieron una relación laboral con el empleador, iniciada mediante contratos de servicios profesionales, suscritos en forma ininterrumpida, desempeñando el mismo puesto y actividad laboral, con la que surge un derecho, protegido con la aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, convirtiendo la relación laboral por tiempo indefinido. Que el Derecho Laboral es de orden público y no solo busca la aplicación de la ley, sino la rectitud y buena fe que deben prevalecer al celebrar un contrato, y las actuaciones que quebranten estos conceptos infringen los artículos 20, 47 y 52 del Código del Trabajo y el artículo 128 de la Constitución de la República, que es lo que el empleador cometió, al negar los derechos que provienen de la actividad y relación laboral con las demandantes, al no poder justificar con sus medios de prueba el despido ilegal contra las demandantes. Por lo que el Ad-quem, considera que la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, se encuentra conforme a derecho. 5. Mediante auto de fecha treinta de abril del dos mil diecinueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha dieciocho de julio del dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que el Impetrante ha omitido los requisitos legales para la formalización del recurso, de conformidad al artículo 769 del Código de Trabajo, entre otros, no señala ni desarrolla la parte petitoria de su demanda de casación y el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Al no haberse desarrollado la parte petitoria, impide a este Tribunal el conocimiento del recurso, ya que no se establece como se pretende que este Tribunal emita un fallo en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente. III.- Que el Abogado BRAYAN EDUARDO HERRERA CENTENO, en su primer y único motivo de casación expone; “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. El artículo 719 del Código Procesal Civil dice: Causales del Recurso: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulas: a) Competencia Genérica, b) ... y c) La forma y contenido de la Sentencia, enunciados que paso a desarrollar a continuación: CAUSAL POR FALTA DE COMPETENCIA GENERICA: Infracción al Artículo 3 literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en relación al Artículo 2 del C6digo del Trabajo Vigente, por la apreciación del señor Juez, por lo cual debió obtenerse o inhibirse de conocer el asunto que nos ocupa, en virtud que los contratos de cualquier naturaleza suscritos entre la Administración Publica y personas particulares se regirán por las normas y disposiciones del Derecho Administrativa vigente y aplicable y no del Derecho Labora y siendo la competencia la facultad que tiene cada Juez para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. Que en la Sentencia recurrida, se establece que la parte demandada rechazo las pretensiones de la parte demandante, alegando en su defensa que entre los demandantes y el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de la Presidencia, nunca ha existido una relación de trabajo ya que la relación entre ellos se encontraba enmarcadas en contratos Administrativos de Servicios Profesionales, al tenor de lo que también establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 3, que dicha ley conocerá: a) las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resoluciones y recisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de la Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, las Municipalidades y por las instituciones Autónomas, como ser los relativos a los Contratos por Servicios Profesionales o Técnicos, por lo tanto, la materia laboral no es competente para conocer de ese asunto y esto crearía un problema jurídico ya que lo contratos de cualquier naturaleza suscritos entre la Administración Publica y personas particulares se regirán por las normas y disposiciones del Derecho Administrativo vigente y aplicable y no del Derecho Labora y siendo la competencia la facultad que tiene cada Juez para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.” IV.- Que el cargo que antecede no resulta admisible por las razones siguientes: a) la norma que indica como infringida, el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no tiene el carácter sustantivo exigido por el numeral 5) literal a) del artículo 769 del Código de Trabajo, ni es del orden laboral; y, b) la causal por falta de competencia genérica y el precepto autorizante invocado, no corresponden a la jurisdicción laboral. V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE”. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL56-19”. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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