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Sentencia CL-551-18 — Registro 11133

Resumen

Segunda instancia revocó la sentencia declarando con lugar la demanda laboral ordinaria para a pedir que el patrono sea condenado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes de salario en concepto de compensación social, pago de salarios dejados de percibir más costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas, los artículos 862 y 868 inciso a) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de normas sustantivas, exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la prescripción de la acción para demandar y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede, al igual que el anterior, no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las disposiciones que indica como violadas, los artículos 87, 90, 92 y 739 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo, en que encuentra comprendido el cargo; c) olvida el Impétrate que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la ley, por lo que esa no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado, dado que el procedimiento disciplinario previo al despido fue objeto del debate y por ende del material probatorio."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo que indica como infringidos, no ostentan el carácter de normas sustantivas, exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo, en que encuentra comprendido el cargo; y, c) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la naturaleza temporal o permanente de la relación laboral y con la forma de terminación de la misma y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor CARLOS LEONEL CASTILLO GONZALES, representado en juicio por la Abogada EVA MARIA GARCIA GOMEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda laboral ordinaria para a pedir que el patrono sea condenado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes de salario en concepto de compensación social, pago de salarios dejados de percibir más costas del juicio, en contra el Estado de Honduras, a través de su representante legal Abogado Abraham Alvarado Urbina, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, por el señor CARLOS LEONEL CASTILLO GONZALES, mayor de edad, hondureño, Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio en Choloma, Departamento de Cortés, contra El ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal Abogado ABRAHAM ALVARADO URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de octubre del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, que falló REVOCANDO la sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por la parte actora contra la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del ario en curso (2018) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia; SEGUNDO: REFORMAR la referida sentencia en el sentido de: I.- Declarar SIN LUGAR la excepci6n perentoria de prescripci6n; II:-DECLARANDO CON LUGAR la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir, por ende se CONDENA a la demandada al pago de dichos conceptos; III.- Fijar coma monto total de condena la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L 45,299.10), que corresponde a las conceptos y mantas que se desglosan de la siguiente manera: Preaviso: L 7,416.36, auxilio de cesantía: L7,416.36, auxilio de cesantía proporcional: L 5,087.58, vacaciones: L 2,472.10, vacaciones proporcionales: L 2,034.54, décimo tercer mes: L 6,357.00 décimo tercer mes proporcional: L 5,668.33, décimo cuarto mes: L 6,357.00, décimo cuarto proporcional: L2,489.83; mas a título de daños y perjuicios las salaries dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que adquiera firmeza el presente fallo.- TERCERO: se CONFIRMA la sentencia en cuanto a la exoneraci6n de costas de primera instancia. CUARTO: SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratado para laborar en el Ministerio Público, el 15 de marzo del año 2011, desempeñándose como Motorista, con un sueldo base de L. 6,356.88. Que el 21 de noviembre del año 2012, fue despedido del Ministerio Público por medio de una carta de despido firmada por el Abogado José Francisco Morales Martínez, en su condición de jefe de Recursos Humanos de la Regional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; por supuestamente estar vinculado en el robo de unas piezas plásticas que se colocan en las llantas de los vehículos y que en ningún momento fueron sustraídas por el actor, despido que fue efectuado sin realizarle el respectivo trámite de audiencia de descargos. 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando, que si bien es cierto, el demandante firmó un contrato temporal de prestación de servicios NDRH-159-2011, el mismo fue suscrito por un tiempo determinado con una duración del 15 al 31 de marzo del año 2011, y en su cláusula sexta taxativamente convienen que el contrato podrá ser rescindido por voluntad de cualquiera de las partes a criterio del Ministerio Público, el contratista, no cumple con sus funciones o incurre en alguna falta o causal de las que dan lugar a la finalización del contrato; el contrato de la demandante se dio por finalizado por incumplimiento de las cláusula sexta de mismo, en fecha 21 de noviembre del año 2012, pues según denuncia número 20422-2012, del día 9 de noviembre del año 2012, interpuesta por el señor Jairo Enrique Sauceda Castillo, quien es motorista y guardaespaldas del señor Rubén Antonio Mendoza Díaz, ambos se bajaron del vehículo propiedad del segundo en las oficias del Ministerio Público, y él se quedó en un lugar estratégico en espera de su jefe, cuando pudo ver el momento en que le sustraían las copas del vehículo que recién había aparcado, dando aviso de inmediato a la Policía, en el acto estos procedieron a dar detención al señor Omar Ramírez Amador, quien fue quien sustrajo del vehículo, y al demandante, a quien el señor Ramírez Amador, confesó que lo había mandado a sustraer dichas copas, habiéndosele encontrado en el acto de la detención y teniendo en su poder las copas en mención. Ambos fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía de turno para su procesamiento al señor Ramírez Amador, por el delito de hurto y al demandante por el delito de encubrimiento. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda, sin costas; bajo el criterio que el cierre de las diligencias administrativas se efectuó en fecha 19 de diciembre del año 2012 y lo que ocurrió en el presente juicio es que el demandante dirigió su demandada inicialmente contra el Ministerio Público en vez de dirigirla contra el Estado de Honduras, quien no tenía la capacidad procesal para comparecer en juicio, posteriormente en fecha 29 de septiembre del año 2017, vuelve a interponer su demanda en contra el Estado de Honduras, para la fecha en que interpone la demanda correcta han transcurrido desde el cierre de las diligencias 19 de diciembre del año 2012, hasta la fecha de interposición de demanda 29 de septiembre del año 2017, más de 2 meses que señala la Ley para interponer acción por parte del trabajador, no interrumpió el término de prescripción la demanda promovida en forma defectuosa como se puede observar no es el mismo demandado inicialmente demandado al Ministerio Público, posteriormente al Estado de Honduras. Por tal razón el término para demandar está prescrito. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de octubre del dos mil dieciocho, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el actor después de habérsele puesto fin a la relación de trabajo, compareció ante el ente administrativo en fecha 27 de noviembre de 2012, a fin de alcanzar un arreglo conciliatorio con la demandada dándose por agotadas dicha diligencia el 19 de diciembre de ese mismo año; de manera que concluida esta comenzó a correr el término de prescripción, quedando el actor en libertad para ejercitar su derecho ante el órgano jurisdiccional tal y coma lo hizo, pues de autos resulta acreditado que presentó demanda en tiempo, la que si bien fue dirigida contra el Ministerio Público, su apoderado interpuso los defectos procesales de falta de capacidad y representación legal, demanda defectuosa y agotamiento incorrecto de la vía administrativa, las que fueron declaradas con lugar mediante auto interlocutorio en fecha 06 de septiembre de 2017, el que adquirió firmeza en esa misma fecha; pero que dicha acción surtió los efectos interruptivos respecto del término establecido en la norma ante referida, pues como se dejó establecido, dicho término se interrumpe por virtud de demanda y que es lo que ha sucedido en el caso de autos; razón por la que no precede la excepción planteada, pues indistintamente de la persona contra la cual se dirige la acción, la interrupción se produjo contra la Administración Pública. Por otra parte, no existe prueba alguna que acredite el cumplimiento del procedimiento disciplinario, pues la documentación acompañada en el presente juicio, es en relación a una investigación criminal, la que indudablemente conlleva una sanción, más se debe respetar la garantía antes citada, probando que el trabajador fue escuchado en audiencia de cargos y descargos antes de dar por terminada la relación de trabajo; ante tales circunstancias y siendo que el nexo jurídico era por tiempo indefinido al tenor de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, el despido se convierte en ilegal, resultando innecesario analizar y valorar las pruebas que la patronal haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo, por lo que no resulta atendible la pretensión del recurrente. 5. Mediante auto de fecha veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha treinta de mayo del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de julio del dos mil diecinueve, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada EVA MARIA GARCIA GOMEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su primer motivo expone: “infracción directa a los artículos 862, 864, 868 inciso a) del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACION: Autoriza este motive de casación el Articulo 765 numeral 1°. Del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracci6n directa del Articulo 862, 864, 868 inciso a) del Código de Trabajo, siendo estos las fundamentos legales utilizados por el Ad-quem en esta sentencia definitiva que se viene a recurrir; el artículo 862 del Código del Trabajo vigente ordena que "Prescripción es un media de liberarse de una obligación impuesta por el presente Código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto y en las condiciones que determina este Capítulo. EI derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse a la prescripción ya consumada, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables.- De igual forma, el artículo 864 del Código del Trabajo manda que "Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente. Por su parte, el artículo 868 inciso a) del Código de Trabajo vigente establece que "El término de prescripción se interrumpe: a) Por demanda o gestión ante la autoridad competente. En la sentencia definitiva que se recurre, el Ad-quem, valora que, el trámite administrativo gubernativo realizado por el ahora demandante comenzó a correr su prescripción desde el 19 de diciembre del 2012, fecha en la cual se agot6 el mismo, teniendo el término de dos (2) meses contados de esa fecha para interponer su acci6n judicial, conforme lo ordena el artículo 864 del C6digo del Trabajo.- Si bien, dicho plaza quedo interrumpido, cuando el ahora demandante, interpone una primera demanda laboral en fecha 21 de enero del 2013, y conocida en el Juzgado de Letras del Trabajo de la secci6n Judicial de San Pedro Sula en el Expediente número 048-2013, fue mediante auto interlocutorio de fecha 06 de septiembre del 2017, que se le puso fin a esta demanda judicial, siendo la misma parte procesal demandante, quien concluyo dicho proceso, al dejar, permitir y consentir que la decisión del A-quo, adquiriera firmeza sin interponer recurso alguno contra dicha resolución. Posteriormente a esto, en fecha 29 de septiembre del 2017, en que el señor CARLOS LEONEL CASTILLO GONZALES viene a interponer otra demanda laboral en contra del Estado de Honduras a través del Ministerio Publico, completamente diferente, con hechos nuevos, presentando coma agotamiento de la vía gubernativa administrativa el acta de cierre de fecha 19 de diciembre del 2012, a partir de la cual el ahora demandante tenia para interponer su reclamo judicial, como efectivamente lo realizo, pero que el mismo tuvo un fallo judicial que puso su finalización, sin que se interpusieran los recursos de ley siendo una resolución firme.- Aun y cuando en la sentencia que se recurre en este acto, el Ad-quem reconoce que dicha resolución judicial adquirió su firmeza, este Tribunal de Alzada viene a aseverar que dicha acción surtió los efectos interruptivos de prescripci6n como lo señala el artículo 868 inciso a) del Código del Trabajo.- Con lo anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, está infringiendo directamente el contenido de los artículos 862, 864, 868 inciso a) del C6digo del Trabajo, pues al estar desconociendo los efectos jurídicos que tiene una resolución judicial consentida y con carácter de firmeza, e interpretar que surti6 efectos interruptivos, está desnaturalizando el verdadero espíritu de los dispositivos legales sustantivos antes enunciados, pues conforme a lo que mandan los mismos, dentro de ese plazo de prescripci6n es el que el ahora demandante puede interponer su acción y, aun y cuando, la misma se haya emitido una resolución en contra por un defecto procesal, la cual debió recurrir para obtener su derecho a subsanar dentro de esta misma demanda por todos los efectos legales que ahora están en discusión, al presentar una nueva demanda, incluso totalmente distinta a la que había presentado (no solo se subsano el defecto existente), y en la cual ni tan siquiera se relacionaron dichos términos con la primera demanda, resulta obvio Honorable Sala que ya ha operado una Prescripción en el reclamo e esta demanda nueva. Es por las razones anteriores, que consideramos la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, violatoria de las disposiciones legales referentes a la Prescripción, las cuales con el poco análisis o razonamiento que se ofrece en la sentencia recurrida, no se le está dando el verdadero espíritu que tienen los mismos, siendo evidente la violación a los mismos.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas, los artículos 862 y 868 inciso a) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de normas sustantivas, exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la prescripción de la acción para demandar y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “lnfracción directa a los artículos 87, 90, 92, 94, 739 del C6digo del Trabajo, relacionados estrictamente con los artículos 90 de la Constituci6n de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACION: Autoriza este motivo de casación el Articulo 765 numeral 1°. Del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracci6n directa del Articulo 87, 90, 92 numeral 9., 739 del Código de Trabajo, así como del artículo 90 de la Constitución de la República. - El artículo 87 del Código de Trabajo define que "Reglamento de Trabajo es el conjunto de normas obligatorias que determinan las condiciones a que se debe sujetar el patrono y sus trabajadores en la prestación de servicio. El reglamento se hará de acuerdo con lo que prevengan los contratos colectivos o, en su defecto, por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Para los efectos de este Capítulo no se considera como reglamento de trabajo el cuerpo de reglas que directamente formulen las empresas para la ejecución de los trabajos.". - Por su parte, el artículo 90 de este mismo Código de Trabajo, dispone que "El reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de coda uno de los trabajadores del respectivo establecimiento, salvo estipulación en contrario, que, sin embargo, solo puede ser favorable al trabajador; el articulo 92 numeral 9 del Código de Trabajo manda que "El reglamento, además de las prevenciones que se estimen convenientes, contendrá: ......... 9. Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Es entendido que se prohíbe descontar sumo alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa, y que la suspensión del trabajo, sin goce de salario, no puede decretarse por más de ocho (8) días ni antes de haber oído al interesado, y nunca se harán anotaciones a los trabajadores, sin la previa comprobación de las faltas cometidas, debiendo intervenir en ambos casos el delegado del sindicato y al tanto de este, un representante de los trabajadores.". Y el artículo 739 del C6digo de Trabajo ordena "EI Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formara libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicara los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.". Y en relaci6n, a la garantía del Debido Proceso, el artículo 90 de la Constituci6n de la Republica manda que "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las normalidades, derechos y garantías que la Ley establece; Hemos citado las disposiciones legales anteriores, Honorables Magistrados, pues estas han sido, entre otras, leyes sustantivas violentadas directamente con esta sentencia definitiva de segunda instancia que se recurre, para una mejor comprensi6n de la infracci6n por parte del Adquem. En el acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO, en su número TERCERO de la sentencia definitiva que se recurre, el Ad-quem, fundamenta su fallo razonando motivadamente lo siguiente: (sic) "... El artículo 63 del Reglamento interno de Trabajo de la Empresa demandada establece que para aplicar las sanciones que se estipulan en este reglamento, la empresa procederá conforme a derecho, sin embargo siempre tendrá el trabajador el derecho a ser oído en descargo de los hechos que se le imputan antes de aplicarse cualquier sanción.- Con esta motivación de sentencia definitiva, se violentan no solo las disposiciones legales anteriormente citadas, sino también, todo un principio de legalidad garantizado en la Carta Magna, pues sucede Honorable Sala, que desconocemos de que Reglamento interno de Trabajo esta razonando su fundamento de derecho el Adquem, con el cual formo su libre convencimiento el Tribunal de segunda instancia, pues esta instituci6n estatal (Ministerio Público) no posee un Reglamento interno de Trabajo que regule las situaciones expresadas por el Ad-quem, tal y como lo razona la sentencia recurrida, rigiendo sus actuaciones a lo que ordena el Código de Trabajo vigente para los trabajadores regidos bajo esa egida. Siendo evidente, la infracci6n directa a la ley sustantiva antes citada, entre otras, y en general a garantías y principios constitucionales, resulta pertinente que se case la sentencia recurrida, debiendo fundamentarse en derecho la sentencia recurrida, realizándose motivaciones debidamente apegadas a la legalidad.” V.- Que el cargo que antecede, al igual que el anterior, no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las disposiciones que indica como violadas, los artículos 87, 90, 92 y 739 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo, en que encuentra comprendido el cargo; c) olvida el Impétrate que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la ley, por lo que esa no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado, dado que el procedimiento disciplinario previo al despido fue objeto del debate y por ende del material probatorio. VI.-Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación, en el que alega: “infracción directa a los artículos 738, 739 del Código del Trabajo, relacionados estrictamente con los artículos 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACION: Autoriza este motive de casaci6n el Articulo 765 numeral 1°. Del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del Articulo 738, 739 del C6digo de Trabajo, así como del artículo 90 de la Constitución de la Republica. - El artículo 738 del Código de Trabajo manda que "El Juez, al proferir su decisión, analizara todas las pruebas allegadas en tiempo."; el artículo 739 del Código de Trabajo ordena "El Juez no estar sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad adsustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otra media. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. Y en relación, a la garantía del Debido Proceso, el artículo 90 de la Constitución de la Republica manda que ''Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las normalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Con la sentencia definitiva que se recurre, el Ad- quem, violenta la ley sustantiva, por infracción directa de la ley, pues en su acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO, en u numero CUARTO, en su último párrafo, el Ad-quem hace un razonamiento motivado de lo siguiente: (sic) ".. ; ante tales circunstancias y siendo que el nexo jurídico era por tiempo indefinido al tenor de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, el despido se convierte en ilegal, resultando innecesario analizar y valorar las pruebas que la patronal haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo, por lo que no resulta atendible la pretensión del recurrente...". Como queda a su apreciación, Honorables Magistrados, tal razonamiento, que sirve de Fundamente de Derecho a esta sentencia recurrida, es violatoria de la ley sustantiva, infringiéndola directamente, pues el artículo 738 del Código del Trabajo le establece la obligatoriedad al Juez, del análisis de las pruebas allegadas a tiempo, previo a proferir su fallo, extremo que no ocurre en la sentencia recurrida, y es el mismo Ad-quem, quien ignora o hace caso omiso de tal dispositivo legal sustantivo, cuando motiva que resulta innecesario analizar y valorar las pruebas que la patronal haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación laboral, -No obstante a lo anterior, y sin perjuicio de que, el artículo 739 del Código de Trabajo, establece que el Juez no estará sujeta a la tarifa legal de pruebas, y que formara libremente su convencimiento inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, resulta obvio que, el Ad-quem, no podrá formar su libre convencimiento, si no analiza ni valora (como en el caso de autos) la prueba de la patronal, sentencia definitiva en la cual se establece que no se analiz6 ni se valor6 la prueba allegada en tiempo y forma por esta patronal, violentándose de esta manera el artículo 739 del C6digo del Trabajo. Con tales actuaciones, se evidencia que hemos sido juzgados sin que concurran las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, lo que conlleva una vulneraci6n a la garantía del Debido Proceso en contra de mi poderdante. Es por todo lo anterior, Honorables Magistrados, que se interpone este motivo de casación, en donde queda a su apreciación, la flagrante violaci6n por parte del Ad-quem a través de su sentencia definitiva, quien en forma taxativa y manifiesta razona que era innecesario el análisis y valoraci6n de pruebas de esta parte procesal demandada o patronal, siendo esta infracci6n suficiente para que el presente fallo sea casado a través del presente recurso.” VII.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo que indica como infringidos, no ostentan el carácter de normas sustantivas, exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo, en que encuentra comprendido el cargo; y, c) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la naturaleza temporal o permanente de la relación laboral y con la forma de terminación de la misma y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los un dia de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL551-18.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO