Sentencia CL-534-18 — Registro 12382
Resumen
Segunda instancia confirmo con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, pago de reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo (artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo), pago de días feriados, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales que por ley corresponden, condena en costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente; a) la norma señalada como infringida, el artículo 113 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, la procedencia de la demanda; y, c) realiza alegatos de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Los preceptos a que hace referencia y que indica como violadas, los artículos 18 y 113 del Código del Trabajo, el primero no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; en el caso del segundo, el mismo contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) olvida el impetrante que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio; y, c) formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; al revisarse lo peticionado, se entiende que el Recurrente pudo haber planteado lo alegado en los motivos de casación debidamente estructurados; además, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLA NCHO, como recurrente; además es parte recurrida, los señores JOSE ABRAHAM ROMERO MURILLO, ROSA MARGARITA CABALLERO GARRIDO, SANDRA ELIZABETH PADILLA MARADIAGA, KENIA SARAHI GARRIDO y JORGE ANTONIO ALMENDAREZ SALGADO, representados en juicio por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, pago de reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo (artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo), pago de días feriados, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales que por ley corresponden, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha dos de marzo del dos mil dieciocho, por los señores JOSE ABRAHAM ROMERO MURILLO, casado, Bachiller Tecno Agropecuario, ROSA MARGARITA CABALLERO GARRIDO, casada, ama de casa, SANDRA ELIZABETH PADILLA MARADIAGA, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, KENIA SARAHI GARRIDO, soltera, Maestra y JORGE ANTONIO ALMENDAREZ SALGADO, casado, Maestro de obra; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en el Municipio de El Rosario, Departamento de Olancho, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, por medio de su Alcalde Municipal, señor JOSE FINLANDER MARTINEZ CABALLERO. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de junio de dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, misma que: “FALLA: PRIMERO Declarar CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores JOSE ABRAHAM ROMERO MURILLO, ROSA MARGARITA CABALLERO GARRIDO, SANDRA ELIZABETH PADILLA MARADIAGA, KENIA SARAHI GARRIDO, JORGE ANTONIO ALMENDAREZ SALGADO, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL ROSARIO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, a través de su representante legal señor JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLERO, SEGUNDO CONDENAR: A la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL ROSARIO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, a través de su representante legal señor JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLERO, a pagar a los trabajadores la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 2,303,198.60) desglosados de la siguiente manera: 1). ABRAHAM ROMERO MURILLO, Preaviso Lps. 22,676.58; Auxilio de Cesantía Lps. 34,014.87; Auxilio de cesantía proporcional Lps. 9,448.50; Vacaciones Lps. 10,204.38; Vacaciones Proporcionales Lps. 6,300.26; Aguinaldo Lps. 19,437.00; Aguinaldo proporcional Lps. 8,908.63; Décimo cuarto mes Lps. 19,437.00; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 4,049.38; Reajuste del Salario Mínimo. Lps. 106,684.00; Salarios adeudados Lps.126,340.50; mas el pago de la sanción indemnizatoria en concepto de daños y perjuicios que corresponde a una suma igual a la reajustada de acuerdo al artículo 39 de la ley de salario mínimo Lps. 106,684.00, para hacer un total a pagar al señor ROMERO MURILLO la cantidad de Lps.474,093.10, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme. 2) ROSA MARGARITA CABALLERO GARRIDO, Preaviso Lps. 22,676.58; Auxilio de Cesantía Lps. 34,014.87; Auxilio de cesantía proporcional Lps. 9,448.50; Vacaciones Lps. 10,204.38; Vacaciones Proporcionales Lps. 6,300.26; Aguinaldo Lps. 19,437.00; Aguinaldo proporcional Lps. 8,908.63; Décimo cuarto mes Lps. 19,437.00; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 4,049.38; Reajuste del Salario Mínimo Lps. 161,264.00; Salarios adeudados Lps.126,340.50; mas el pago de la sanción indemnizatoria en concepto de daños y perjuicios que corresponde a una suma igual a la reajustada de acuerdo al artículo 39 de la ley de salario mínimo la cantidad de Lps. 161,264.00, para hacer un total a pagar a la señora CABALLERO GARRIDO la cantidad de Lps. 583,345.10, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme. 3) SANDRA ELIZABETH PADILLA MARADIAGA, Preaviso Lps. 22,676.58; Auxilio de Cesantía Lps. 34,014.87; Auxilio de cesantía proporcional Lps. 9,448.50; Vacaciones Lps. 10,204.38; Vacaciones Proporcionales Lps. 6,300.26; Aguinaldo Lps. 19,437.00; Aguinaldo proporcional Lps. 8,908.63; Décimo cuarto mes Lps. 19,437.00; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 4,049.38; Reajuste del Salario Mínimo Lps.137,242.00; Salarios adeudados Lps.126,340.50; mas el pago de la sanción indemnizatoria en concepto de daños y perjuicios que corresponde a una suma igual a la reajustada de acuerdo al artículo 39 de la ley de salario mínimo la cantidad de Lps.137,242.00, para hacer un total a pagar a la señora PADILLA MARADIAGA la cantidad de Lps. 535,301.10, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme. 4) KENIA SARAHI GARRIDO; Preaviso Lps. 22,676.58; Auxilio de cesantía proporcional Lps. 7,558.80; Vacaciones Proporcionales Lps. 3,148.24; Aguinaldo pendiente Lps. 8,098.00; Décimo cuarto mes pendiente Lps. 8,098.00; Reajuste del Salario Mínimo Lps. 47,185.00; Salarios adeudados Lps. 48,592.50; mas el pago de la sanción indemnizatoria en concepto de daños y perjuicios que corresponde a una suma igual a la reajustada de acuerdo al artículo 39 de la ley de salario mínimo la cantidad de Lps. 47,185.00, para hacer un total a pagar a la señora GARRIDO la cantidad de Lps. 175,158.20, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme. 5) JORGE ANTONIO ALMENDAREZ SALGADO, Preaviso Lps. 22,676.58; Auxilio de Cesantía Lps. 34,014.87; Auxilio de cesantía proporcional Lps. 9,448.50; Vacaciones Lps. 10,204.38; Vacaciones Proporcionales Lps. 6,300.26; Aguinaldo Lps. 19,437.00; Aguinaldo proporcional Lps. 8,908.63; Décimo cuarto mes Lps. 19,437.00; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 4,049.38; Reajuste del Salario Mínimo Lps. 137,242.00; Salarios adeudados Lps.126,340.50; mas el pago de la sanción indemnizatoria en concepto de daños y perjuicios que corresponde a una suma igual a la reajustada de acuerdo al artículo 39 de la ley de salario mínimo la cantidad de Lps. 137,242.00, para hacer un total a pagar al señor ALMENDAREZ SALGADO la cantidad de Lps. 535,301.10, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme. TERCERO. Con costas…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, Departamento de OLANCHO, de la siguiente manera: José Abraham Romero Murillo, el 01 de febrero del año 2014, en el puesto de Maestro asignado en el Centro de Educación NELSON GARCIA devengando un salario mensual de L.5,052.00; Rosa Margarita Caballero Garrido, el 01 de febrero de 2014, en el puesto de Aseadora asignada en el centro de salud del municipio de El Rosario, devengando un salario mensual de L.3,000.00; Sandra Elizabeth Padilla Maradiaga, el 01 de febrero de 2014, en el puesto de Maestra asignada en el Kinder de Niños Amigos de Jesús del Municipio de El Rosario, devengando un salario mensual de L.5,052.00; Kenia Sarahi Garrido, el 01 de febrero de 2017, en el puesto de Maestra asignada en la Escuela José Neptalí Juárez del Municipio de El Rosario, devengando un salario mensual de L.5,052.00; Jorge Antonio Almendarez Salgado, el 01 de febrero de 2014, en el puesto de Albañil, devengando un salario mensual de L.4,000.00, salarios estos que están por debajo del salario mínimo legal establecido, con lo cual se está ante la figura de la discriminación en una de sus distintas formas de manifestación. Por ello, también se solicita el pago del reajuste al salario mínimo, más el pago del 100% de su valor en concepto de sanción indemnizatoria que manda el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo. Que en fecha 30 de noviembre de 2017, los demandantes fueron despedidos de sus puestos de trabajo de manera verbal y sin el pago de las prestaciones laborales que por ley les corresponden y ante tal violación los demandantes solicitaron los servicios de un inspector de trabajo a fin de constar el despido verbal que fueron objeto y en acta levantada por el inspector del trabajo manifestó el empleador que los despido obedecen a que venía otro Alcalde y que iba a poner otra gente, determinación esta que violenta de esta manera lo preceptuado en los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, por consiguiente corresponde la aplicación del artículo 113 del mismo cuerpo legal. 2. La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, contestó dicha demanda señalando que con relación al señor José Abraham Romero Murillo, se debe manifestar, que el Centro Jardín de Niños NELSON GARCIA, este empezó a funcionar el 01 de febrero del año 2016, según libro de registro que para tal efecto lleva la oficina municipal del distrito número 4 y extendida por el Licencia Arnaldo Alfredo Torres, quien funge como Director Municipal de Educación; por lo tanto miente en lo expresado en dicha demanda, donde se manifiesta que empezó a laborar el 01 de febrero de 2014, así mismo considerando que la Ley Fundamental de Educación, el personal docente debe de tener el grado de Licenciatura y este es un Bachiller Técnico Agropecuario, profesión esta para lo cual la ley exige a los docentes. Con respecto a lo manifestado por la demandante Rosa Margarita Caballero Garrido, quien manifiesta que inició a laborar como aseadora en el centro de Salud del Municipio de El Rosario, también miente y no está apegada a la verdad, cuando manifiesta que inició sus labores el 01 de febrero del año 2014, en virtud que tal como se establece en la constancia extendida por el Doctor Francisco Rigoberto Echeverría Moncada, Coordinador Municipal de Salud, donde establece que dicha señora empezó a laborar como aseadora en el Centro de Salud antes mencionado a partir del 05 de enero del año 2015, hasta el 31 de diciembre del año 2017, haciendo la aclaración que se alternaba cada tres meses con la señora Rita Consuelo Solís y laborando solo dos horas diarias; que de esto se viola lo preceptuado en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que no había una labor continua, ya que lo hacía de forma alterna cada tres meses y la prestación de servicio no era de forma personal. Con respecto a lo manifestado por la señora Sandra Elizabeth Padilla Madariaga, esta miente y no se apega a la verdad al manifestar que se desempeñó como Maestra asignada en el Centro Educativo KINDER DE NIÑOS AMIGOS DE JESUS, desde el 01 de febrero del año 2014, esta aseveración es totalmente falsa, ya que como se puede comprobar con la constancia extendida por el Director Municipal de Educación, donde se establece que según libro de Registro de la Dirección Municipal de Educación del Municipio de El Rosario, nunca funcionó el JARDÍN DE NIÑOS AMIGOS DE JESÚS, por lo tanto la señora Sandra Elizabeth Padilla Maradiaga, nunca laboró para esa dirección Municipal de Educación. Referente a la señora Kenia Sarahi Garrido, quien en cuya demanda manifiesta que inició sus labores desde el 01 de febrero del año 2017, desempeñándose como Maestra asignada a la escuela JOSE NEPTALY JUAREZ, lo que es falsa la fecha, ya que según constancia de trabajo extendida por el Director Municipal de Educación y según libro de registro de dicha dirección, la señora Kenia Sarahi Garrido, laboró por espacio de 7 meses, a partir del 01 de abril del 2017 al 30 de noviembre de ese mismo año, en sustitución del Bachiller Denis Alexander Antúnez Romero, este Centro Educativo se encuentra cerrado por baja matricula. Que así mismo el demandante Jorge Alberto Almendarez Salgado, quien manifiesta en la demanda que inició sus labores como empleado municipal de la Alcaldía de El Rosario, a partir del 01 de febrero del año 2014, éste no es la excepción al mentir y pretender al igual que los demás, en sorprender en la fe de la Honorable Juez, ya que jamás ha existido el puesto de albañil como se probará con las planillas de puestos y salarios que lleva esa Alcaldía Municipal y que obra en la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, que exista ese puesto de albañil y tal como se puede establecer con la constancia extendida por el ex Alcalde JOSE NEPTALY JUAREZ, quién, fungió durante el periodo 2014-2018, siendo contratado el señor Jorge Alberto Almendarez Salgado, de sus servicios de albañilería de manera personal para la reparación del edificio municipal, lo cual se le cancelaba por obra y por lo tanto, no fue empleado de la Municipalidad. Que el representante de la Alcaldía Municipal de El Rosario señor José Filander Martínez Caballero, nunca fue citado o requerido por la Secretaría del Ministerio del Trabajo, que en un claro abuso de autoridad de la conciliadora laboral Enma Ibeth Benegas Castro, emitió un acta de cierre de diligencias administrativas conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida, manifestando que no había comparecido el señor José Filander Martínez Caballero, lo cual es ilógico que compareciera la parte demandada, ya que nunca se le entregó o llevó nota de citación alguna. 3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, condenando a la demandada a pagar a los trabajadores demandantes la cantidad de L.2,303,198.60 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, reajuste del salario mínimo, salarios adeudados, más el pago de la sanción indemnizatoria en concepto de daños y perjuicios que corresponde a una suma igual a la reajustada de acuerdo al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, más los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que la parte demandada en su escrito de contestación de demanda alega: “con respecto al hecho tercero de la demanda al manifestar que al solicitar los servicios de un inspector del trabajo de la cual no se le ha de conocer a la parte demandada, donde manifestó el empleador que el despido obedece a que viene otro alcalde y que va poner otra gente, de esto se demuestra Honorable Juez que jamás JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLERO, los ha despedido verbalmente y si algunos tenían derecho alguna parte de su relamo más bien demuestra que ellos ABANDONARON EL TRABAJO SIN CAUSA JUSTIFICADA…”, por lo tanto a este correspondía la carga de la prueba, y en el presente caso la demandada no probó dicho extremo (abandono del puesto de trabajo sin causa justificada) con los medios de prueba aportados al presente juicio; en consecuencia, la Suscrita es del firme criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito. Que la parte demandante solicita en el acápite cuantía de la demanda el pago de los derechos adquiridos tales como décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales pago de reajuste al salario mínimo, pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo (artículo 39 de la ley del salario mínimo) pago de días feriados, pago de salarios adeudados, procede declarar con lugar dichos reclamos en vista de que la parte demandada no acreditó haberles honrados dichos conceptos, por lo que se tiene por cierto lo alegado por los demandantes; el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo establece: “que todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciban salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho….: El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios de lo que se le adeudó una suma igual”, por lo que procede declarar con lugar de igual forma dicha petición. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandada aportó varios medios de prueba al juicio, también lo es que con los mismos no logró acreditar que los trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo, por el contrario fue acreditado en el proceso mediante acta levantada por un Inspector del Trabajo, que el Jefe de personal de la Alcaldía Municipal de El Rosario manifestó, que los demandantes laboraban en el área de educación y terminaron el 30 de noviembre del 2017, a ellos se les pagaba por subsidio de los Fondos de la Alcaldía Municipal de El Rosario, es por ello que hasta el 30 de noviembre se les notificó el despido, ya que en esa fecha finalizaría el período escolar, también se tomó la decisión porque venía otro Alcalde e iba a poner otra gente. Que si bien es cierto, la parte demandada presentó constancias en las cuales señalan que el Jardín de Niños Nelson García empezó a funcionar a partir del 1 de febrero del 2016 y que los docentes deben tener grado de Licenciatura, que la señora Rosa Margarita Caballero Garrido laboraba como aseadora pero se alternaba con otra empleada, que el Jardín de Niños Amigos de Jesús nunca funcionó y que por lo tanto la señora Sandra Elizabeth Padilla Maradiaga nunca laboró para la Dirección Municipal de Educación y que la Profesora Kenia Sarahi Garrido solo laboró siete meses en la Escuela José Nectaly Juárez y que el señor Jorge Antonio Almendarez Salgado nunca fue empleado permanente de la Alcaldía Municipal, sin embargo fueron presentadas otras pruebas con las cuales acredita la parte demandante que si laboraban para la parte demandada desde las fechas que fueron señaladas en la demanda y las cuales la Juez A quo tomó en cuenta para realizar los cálculos de las prestaciones laborales, ya que en el presente caso la parte demandada no aportó como prueba haber celebrado contratos de trabajo con los trabajadores demandantes, en consecuencia conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo, la inexistencia del contrato escrito exigido por dicho ordenamiento jurídico, es imputable al patrono, el patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo u omita algunos de sus requisitos, hará presumir, en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario. La parte demandante también reclama el pago de reajuste de salario mínimo, el cual es procedente declararlo con lugar, en virtud de haberse acreditado que los demandantes devengaban un salario menor al mínimo establecido en la ley, debiéndose además condenar a la indemnización establecida en la ley por el no pago del salario mínimo, de igual manera procede el pago de salarios adeudados, pues la parte demandada no probó haberles cancelado los salarios que reclaman los demandantes. 5. Mediante auto de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su primer motivo aduce: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCION INDIRECTA PROVENIENTE DE APRECIACION ERRONEA DEL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018, QUE OBRA A FOLIO 50 y 51 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS QUE HIZO AL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA INCURRIR EN ERROR DE HECHO QUE APARECE DE MANIFIESTO EN LOS AUTOS Y QUE LO LLEVO DE FORMA INDIRECTA A LA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA INVOCADA EN ESTE MOTIVO.- NORMA SUSTANTIVA VIOLADA.- La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo relacionadas con los artículos 43 al 57 de la Ley de Inspección del Trabajo, y articulo 92 de la Constitución de la Republica. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA.- La prueba singularizada dejada de apreciar por el Tribunal recurrido en los medios de prueba DOCUMENTAL, CONSISTENTE EN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018, QUE OBRA A FOLIO 50 y 51 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS PROCESALES VIOLADAS.- Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. - El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1°, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con la apreciación errónea de determinada prueba.- EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte acusada aprecio en forma errónea el medio de prueba documental consistente en el ACTA DE COMPARECENCIA de fecha 24 de enero de 2018, que obra a folios 50 y 51 de la primera pieza de autos DANDOLE EL VALOR DE UN DESPIDO VERBAL medio de prueba documental, en donde se dice por parte de la señora Inspectora de Trabajo que se ha constato con el Jefe de Personal de la Alcaldía municipal que los señores JOSE señores JOSE ABRAHAM ROMERO MURILLO, ROSA MARGARITA CABALLERO GARRIDO, SANDRA ELIZABETH PADILLA MARADIAGA, KENIA SARAHI GARRIDO, ellos trabajaban en el área de educación, terminaron el 30 de noviembre de 2017 a ellos se les pagaba por subsidio lo mismo el señor JORGE ANTONIO ALMENDAREZ SALGADO.- De la simple lectura del acta se deduce que no eran empleados de la Alcaldía si no que como un aporte se les pagaba un subsidio que era un apoyo para los centros de educación donde estaban realizando sus labores de educación, así lo demostró que en este caso los demandantes estaban subordinados según constancias presentadas por los demandantes y relacionadas con la Juez en la sentencia de primera instancia (76 al 81 de los autos) considerando numeral 4, así: Jose Abraham Romero Murillo, Centro de Educación Nelson García, de la colonia Sabanagrande, Rosa Margarita Caballero Garrido, aseadora en el Centro de Salud, Sandra Elizabeth Padilla Maradiaga, maestra de Jardín de Niños Amigos de Jesús, Kenia Saraí Garrido, Escuela Jose Neptalí Juárez, Jorge Antonio Almendarez Salgado, Albañil, como puede verse los accionistas estaban subordinados para otros patronos, y lo único que hacia la Alcaldía era subsidiar parte del pago por los servicios que prestaban a esos centros de trabajo, ver folios 32 al 36, donde corren agregadas a los autos las constancias de trabajo y que demuestran la subordinación hacia esos patronos 43 al 57 de la Ley de Inspección del Trabajo, violentándose la garantía constitucional del debido proceso. Es evidente que la apreciación errónea de la prueba individualizada llevó al Tribunal de Segunda Instancia en clara violación de las normas laborales establecidas en el artículo 113 y 117 del Código del Trabajo, relacionado con el articulo 43 al 57 de la Ley de Inspección del Trabajo que contiene el proceso a realizarse por parte del Inspector del Trabajo al realizar diligencias como ser la constatación de hechos que originen un despido verbal, gravitando en el proceso la nulidad de las mismas, violentándose la garantía constitucional del debido proceso. Con lo anterior queda demostrado que, si el Tribunal recurrido hubiera apreciado la prueba documental individualizada en este motivo de Casación, no hubiera incurrido en el error de hecho planteado.- Al violar las reglas procésales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, esto llevó al Tribunal de Segunda Instancia a su vez, a la violación de la norma sustantiva contenida en el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. En el presente caso está debidamente no acredito DESPIDO verbal alguno de lo que se colige que el Tribunal de Segunda Instancia incurrió en error de hecho por apreciación errónea de la prueba documental individualizada en este único motivo, debido a que valoro como un hecho probado el DESPIDO verbal, lo único que consta es EL ACTA DE COMPARECENCIA de fecha 24 DE ENERO DE 2018 donde Recursos Humanos relaciona que eran pagados con subsidios esto no es sueldo de un trabajador, sino una ayuda a las instituciones que operan en el municipio.”III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente; a) la norma señalada como infringida, el artículo 113 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, la procedencia de la demanda; y, c) realiza alegatos de instancia. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCION INDIRECTA PROVENIENTE DE APRECIACION ERRONEA DEL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN LAS CONSTANCIAS QUE CORREN A FOLIOS 32 AL 36 DEL EXPEDIENTE DE PRIMER INSTANCIA 4 DE ABRIL Y 09 DE ABRIL REPECTIVAMENTE TODAS DEL 2018 QUE HIZO AL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA INCURRIR EN ERROR DE HECHO QUE APARECE DE MANIFIESTO EN LOS AUTOS Y QUE LO LLEVO DE FORMA INDIRECTA A LA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA INVOCADA EN ESTE MOTIVO.- NORMA SUSTANTIVA VIOLADA.- La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 18, 113 del Código del Trabajo relacionadas con los artículos 22, 245 del Código procesal Civil y 43 al 57 de la Ley de Inspección del Trabajo, y articulo 92 de la Constitución de la Republica. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA.- La prueba singularizada dejada de apreciar por el Tribunal recurrido en los medios de prueba DOCUMENTAL, consistente en el CONSTANCIAS que corren a folios 32 al 36 del expediente de primer instancia 4 de abril, 09 de abril respectivamente todas del 2018. NORMAS PROCESALES VIOLADAS.- Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. - El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral l°, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con la apreciación errónea de determinada prueba.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- La Corte acusada aprecio en forma errónea el medio de prueba documental consistente CONSTANCIAS que corren a folios 32 al 36 del expediente de primer instancia 4 de abril, 09 de abril todas del 2018 DANDOLES EL VALOR de ser empleados de la demandada e incluso de antigüedad en la misma, sin observar su contenido que dice la subordinación hacia otros patronos, que en el caso del señor ROMERO MURILLO el centro de trabajo denominado JARDIN DE NIÑOS NELSON GARCIA, empezó a funcionar el 01 de febrero de 2016, ROSA MARGARITA CABALLERO GARRIDO. trabajo del 05 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 y que alternaba cada tres meses con la señora RITA CONSUELO SOLIS laboraban dos horas al día, SANDRA ELIZABETH PADILLA MARADIAGA nunca laboro en la Alcaldía ni para Educación, KENIA SARAÍ GARRIDO laboro 7 meses en el centro que permanece cerrado, inicio el 01 de abril de 2017 al 30 de noviembre de 2017, Jorge Antonio Almendarez Salgado, prestaba sus servicios de albañilería para reparaciones del edificio municipal, lo cual se cancelaba por obra y que por lo tanto no fue empleado permanente de la demandada.- De la simple lectura del de dichas constancias se deduce que no eran empleados de la Alcaldía si no que como un aporte se les pagaba un subsidio que era un apoyo para los centros de educación donde estaban realizando labores de educación. Es evidente que la apreciación errónea de la prueba individualizada llevó al Tribunal de Segunda Instancia en clara violación de las normas laborales establecidas en el artículo 113 y 117 del Código del Trabajo, relacionado con el artículo 22, 245 del Código Procesal Civil, 43 al 57 de la Ley de Inspección del Trabajo que contiene el proceso a realizarse por parte del Inspector del Trabajo al realizar diligencias como ser la constatación de hechos que originen un despido verbal, gravitando en el proceso la nulidad de las mismas, violentándose la garantía constitucional del debido proceso. Con lo anterior queda demostrado que, si el Tribunal recurrido hubiera apreciado la prueba documental individualizada en este motivo de Casación, no hubiera incurrido en el error de hecho planteado.- Al violar las reglas procésales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, esto llevó al Tribunal de Segunda instancia a su vez, a la violación de la norma sustantiva contenida en el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. En el presente caso se condena a mi representada a pagar una cantidad descomunal a los demandantes por no haber apreciado correctamente estos medios probatorios de lo que se colige que el Tribunal de Segunda Instancia incurrió en error de hecho por apreciación errónea de la prueba documental individualizada en este motivo, debido a que valoro como un hecho probado que eran empleados de la demandada e incluso tomo datos de antigüedad para legitimar una cuantía descomunal de personal que no era subordinado a la demandada y peor un condenando a la Alcaldía Municipal que lo único que hacía era subsidiar o ayudar a las instituciones que operan en el municipio como una responsabilidad social.”V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Los preceptos a que hace referencia y que indica como violadas, los artículos 18 y 113 del Código del Trabajo, el primero no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; en el caso del segundo, el mismo contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) olvida el impetrante que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio; y, c) formula alegatos propios de instancia. VI.- El impetrante solicita la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, la cual aduce que: “Honorables Magistrados de acuerdo al artículo 20 del Código del Trabajo para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) remuneración, Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, en el caso que nos ocupa es claro que está ausente el elemento SUBORDINACION mismo “ que la doctrina tiene establecido que es la esencia del contrato de trabajo la subordinación.- donde esta exista, hay contrato de esta naturaleza...” lo cual no ocurre en este caso ya que los demandantes estaban subordinados según constancias presentadas por los demandantes y relacionadas con la Juez en la sentencia considerando numeral 4, así: Jose Abraham Romero Murillo, Centro de Educación Nelson García, de la colonia Sabanagrande, Rosa Margarita Caballero Garrido, aseadora en el Centro de Salud, Sandra Elizabeth Padilla Maradiaga, maestra de Jardín de Niños Amigos de Jesús, Kenia Saraí Garrido, Escuela Jose Neptalí Juárez, Jorge Antonio Almendarez Salgado, Albañil, como puede verse los accionistas estaban subordinados para otros patronos, y lo único que hacia la Alcaldía era subsidiar parte del pago por los servicios que prestaban a esos centros de trabajo, ver folios 32 al 36, donde corren agregadas a los autos las constancias de trabajo y que demuestran la subordinación hacia esos patronos, de igual manera la Juez a quo no ha valorado las constancias precitadas con las cuales también se demuestra lo siguiente: en el caso del señor ROMERO MURILLO el centro de trabajo denominado JARDIN DE NIÑOS NELSON GARCIA, empezó a funcionar el 01 de febrero de 2016, ROSA MARGARITA CABALLERO GARRIDO, trabajo del 05 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 y que alternaba cada tres meses con la señora RITA CONSUELO SOLIS laboraban dos horas al día, SANDRA ELIZABETH PADILLA MARADIAGA nunca laboro en la Alcaldía ni para Educación, KENIA SARAÍ GARRIDO laboro 7 meses en el centro que permanece cerrado, inicio el 01 de abril de 2017 al 30 de noviembre de 2017, Jorge Antonio Almendarez Salgado, prestaba sus servicios de albañilería para reparaciones del edificio municipal, lo cual se cancelaba por obra y que por lo tanto no fue empleado permanente de la demandada, a folio 69 de la primera pieza de autos corren agregadas las declaraciones de los testigos ALBA LUVINA CAMPO y ANGEL RAMON LOBO, las cuales concuerdan con las constancias que el Juez ha dejado de observar, medios probatorios que fueron admitidos en el proceso y que de acuerdo al artículo 18 del Código del Trabajo en relación con el articulo 22 y 245 del Código Procesal Civil, que literalmente dice este último. “Artículo 245.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo con las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución, por tal razón el considerando 10 del fallo recurrido es violatorio y acarrea grave responsabilidad a la Juez por extralimitarse al tomar datos de una relación laboral, teniendo suficiente prueba admitida y no valorarla, por tal razón la sentencia debe ser revocada en su totalidad por violentar las garantías Constitucionales del Derecho de defensa y debido Proceso artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica, y en el considerando 11 sigue relacionando que no probo mi representada haber pagado dichos conceptos, cuando es evidente que la prueba de las constancias y la declaración testifical debieron ser valoradas y evitar la extralimitación del Juez Aquo al condenar a mi representada a cantidades exorbitantes como se observa en el caso de autos, la señora Juez en la sustanciación del proceso a pesar de observar el daño que se le estaba ocasionando a mi representada y estando probado que en el juicio los demandantes estaban subordinados a otros patronos, debió aplicar de oficio el artículo 18 del Código del Trabajo, en relación al artículo 22 y artículo 69 del Código Procesal Civil, que literalmente dice: “LITISCONSORCIO NECESARIO...numeral 2. EL JUEZ, DE OFICIO o a instancia de parte, puede integrar la posición de parte actora o demandada emplazando a las personas interesadas, si de la demanda o de la contestación parece evidente que la decisión a recaer en el proceso les va a afectar. Si carece de la información necesaria, requerirá a las partes para que proporcionen los datos necesarios para el emplazamiento, sin suspensión del procedimiento.”, por la razón se alega la nulidad subsidiaria ya que se ha violentado el debido proceso y en consecuencia el derecho de defensa a mi representada debido a que se ha formado admitido medios probatorios documentales que no son ni se extendieron por la Municipalidad del Rosario, Olancho, ver considerando tres que corre a folio 77 de la primera pieza de autos, en aplicación del artículo 82 y 90 de la Constitución de la Republica, Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”, Por todas estas razones procede la declaratoria de NULIDAD alegada incluso a partir de la audiencia primera de trámite, que corre a folios 44 al 48 de la primera pieza, es imperante señalar que el señor Juez en su condena también da por probados todos los conceptos del acápite cuantía de la demanda sin existir prueba de que dichos conceptos demandas sean ciertas además se han calculado conforme a cálculos del Ministerio del Trabajo sin tomar en consideración el número de trabajadores que laboran en los centros de trabajo donde laboraban cada uno de los trabajadores (que no es la demandada). Resulta que en el caso de autos, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de este departamento de Francisco Morazán del 05 de septiembre de 2018, al confirmar la sentencia de primera instancia de fecha 11 de junio de 2018 que corre a folios 76 al 81 y vuelto de la primera pieza de autos hace suyos los extremos de la sentencia de primera instancia, y tomando en consideración que las sentencias deben ser ciaras, precisas y congruentes y reunir los requisitos del artículo 200 numeral, 1. 2 letras b, c y d, del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos y especialmente en el caso de la nulidad subsidiaria indicada, resulta que la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo hizo suyo el error de la sentencia de primera instancia que es claro en el relacionado cuerpo legal al ordenar que: Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo,… En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso, ... En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.... El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas 212 numeral 6 del Código Procesal Civil, que establece Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes… estableciendo en el numeral 6: En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen, la sentencia es incongruente siendo incongruente la misma carece de efectividad y violenta lo establecido en el Código Procesal Civil específicamente el artículo 208.- que establece: CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito., 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate., por lo tanto tiene vicios de nulidad tal corno lo señala el artículo 215 numeral 1 del mismo cuerpo legal, y no siendo la sentencia clara, precisa ni congruente, y no reúne los requisitos del artículo 200 numeral, 1, 2 letras b, c y d, del Código Procesal Civil, SE ALEGA NULIDAD SUBSIDIARIA además de lo señalado, respetables Magistrados la sentencia no está conforme a Derecho en virtud de lo antes expuesto, siendo el fallo arbitrario e ilegal, también vemos desproporcional la ilegal aplicación del artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo contenida en el decreto 103 Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 20390 de fecha 3 de junio de 1971, este sería en su caso procedente cuando se haya iniciado un juicio sumario estando en laborando en la empresa, al demandar un trabajador y en casos que proceda una demanda ya sea por despido indirecto debidamente justificado, o directo, le serán solamente aplicables las indemnizaciones del artículo 113 del Código del Trabajo, no obstando lo anterior señores Magistrados el DECRETO NUMERO 943 Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 23116 de fecha 31 de mayo de 1980, establece en el artículo número “9. Todo trabajador al que se le pague un salario inferior al mínimo establecido en esta Ley tendrá acción para demandar al patrono, ante el Juzgado competente, el pago de la cantidad que aquél le adeude La sentencia que se dicte en estos juicios, además de resolver la cuestión litigiosa, contendrá, en caso de ser condenatoria, una multa que se fijará dentro de los límites y conforme los criterios establecidos en el artículo 8, la que ingresará al fisco. La acción que este artículo concede al trabajador prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurra el hecho que motiva su ejercicio”. y el artículo 8 de este decreto dice que: serán sancionadas de conformidad al artículo 40 de la Ley de Salario Mínimo. Que dice: Toda violación a un Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo, será constitutiva de falta laboral y dará lugar a una multa de Cien Lempiras (L.100.00) a Mil Lempiras (L.1,000.00) que impondrá la Inspección General del Trabajo. La reincidencia será sancionada con un cincuenta por ciento de recargo sobre la última multa impuesta. Por todas estas razones procede la declaratoria de NULIDAD parcial de la sentencia recurrida.” VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; al revisarse lo peticionado, se entiende que el Recurrente pudo haber planteado lo alegado en los motivos de casación debidamente estructurados; además, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII.-Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL534-2018. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.