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Sentencia CL-529-18 — Registro 11646

Resumen

Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se proceda al pago inmediato de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas, cita los artículos 19, 21, y 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) no señala las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) formula alegatos de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, se comparte el criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando: “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14). "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: ““TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor EDILSON JAIR AGUILAR IRAHETA, representado en juicio por el Abogado JUAN AGUSTIN AGUILERA ESTRADA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se proceda al pago inmediato de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de enero del dos mil diecisiete, por el señor EDILSON JAIR AGUILAR IRAHETA, mayor de edad, soltero, estudiante universitario, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, a través del PROGRAMA EDUCATODOS, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de mayo del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por EDILSON JAIR AGUILAR IRAHETA en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal y Procurador General de la República el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) DECLARA que la relación de trabajo de la demandante con el Estado de Honduras fue De carácter permanente. 3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar al demandante EDILSON JAIR AGUILAR IRAHETA a pagar al demandante la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L140,444.91) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 46,666.80, AUXILIO DE CESANTÍA L 46,666.80, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L20,000.10, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L10,000.00 y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el fallo. SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo el 01 de enero de 2015, en el cargo de Instructor de Educación Física, en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, adscrito al Programa Educatodos, mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales por tiempo determinado, realizando labores en forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la institución, devengando un salario mensual de L.20,000.00. En fecha 01 de diciembre de 2016, le fue notificado al demandante la terminación unilateral de la relación laboral que lo unía con la Secretaría de Educación, argumentando para ello, que la vigencia del contrato de servicios profesionales, vencía el 31 de diciembre de 2016, sin invocar causal alguna de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo en relación con el artículo 117 del mismo cuerpo legal, lo cual, hace que el despido se vuelva ilegal e injusto, violentándose con ello el derecho a la estabilidad laboral, que la Constitución de la República le garantiza al demandante en su artículo 129; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta únicamente en lo que se refiere a que el demandante sostuvo efectivamente una relación de servicio por periodo limitado y determinado con el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, en el Programa EDUCATODOS en el cargo de Instructor de Educación Física, forma de contratación que se sustenta en la Ley General de la Administración Pública y las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General del Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas para el ejercicio fiscal del año 2016, es decir, sujeto estrictamente al Derecho Administrativo, que a tal efecto se somete al conocimiento del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que en el caso que se ocupa, el beneficio de permanencia no le corresponde al demandante porque solamente es otorgado a los empleados por Acuerdo en los cuales no está contemplado la prestación del servicio por tiempo determinado y con fecha de culminación, es por esta razón que la pretensión de permanencia es improcedente. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, declarando que la relación de trabajo del demandante con el Estado de Honduras fue de carácter permanente, condenando al demandado a pagar al demandante la cantidad de L.140,444.91 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la forma de contratación a través de la cual fue contratado el demandante, encierra en su contenido un verdadero contrato de trabajo, ya que es imposible creer que las labores desempeñadas y descritas en cada uno de los contratos, requirieran de altos conocimientos, ya que el demandante siendo de profesión de educación secundaria como Perito Mercantil y Contador Público hacia las veces de Instructor de Educación Física, por lo cual la contratación a la cual fue sometida el demandante fue un fraude de ley, ya que intrínsecamente constituye un contrato de trabajo por el cual el demandante desarrolló labores de manera continua, y por esta razón, el vínculo debió romperse a través de las causales de despido contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, lo cual en el presente caso no se dio, en consecuencia el Estado de Honduras como parte demandada se encuentra obligado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales al reclamante en función del derecho alterno que le concede el artículo 113 del Código del Trabajo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que ya ha dejado establecido su criterio en este tipo de recursos, que los contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral. Al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y el señor Edilson Jair Aguilar Iraheta, era por tiempo indeterminado. Que, habiendo sido decidido por esta Corte de Apelaciones en incontables sentencias, referente al caso concreto, sería improcedente verter otra opinión sobre la misma; a menos de que hayan ocurrido nuevos hechos que hagan cambiar el criterio de éste tribunal de alzada, lo cual no ha sucedido. 5. Mediante auto de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN AGUSTIN AGUILERA ESTRADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 21 al 32, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración” que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 que establece “se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato” el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más a títulos de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. Y ellos fueron contratados a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece “Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado…”, artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de prestaciones e indemnizaciones laborales por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino una notificación de no renovación de contrato, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo)”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas, cita los artículos 19, 21, y 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) no señala las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) formula alegatos de instancia. IV.- De este tema se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- V.- Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…” (ver sentencias del 14 de diciembre del 2016, expediente CL 326-15 y 6 de diciembre del 2018, expediente CL454-17). V.- Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, se comparte el criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando: “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14). VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19, 20, 21, 23, 24, 47, 52, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL529-18.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.