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Sentencia CL-527-18 — Registro 10225

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pague los derechos adquiridos, pruebe la justa causa del despido, caso contrario le pague las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; c) También invoca el artículo 13 del Código del Trabajo disposición que cuenta con párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque al fallo impugnado; d) en la formulación del cargo hace referencia a la infracción indirecta, sin embargo en su explicación alega violación directa, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, e) formula intensos alegatos propios de instancia.- IV. -Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 07 de mayo del 2019, por la Abogada EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora JUANA RAMIREZ LAGOS, representada en juicio por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pague los derechos adquiridos, pruebe la justa causa del despido, caso contrario le pague las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de junio del 2015, por la señora JUANA RAMIREZ LAGOS, mayor de edad, casada, Bachiller en Salud y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en ese entonces representada por el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de agosto del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de abril del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora JUANA RAMIREZ LAGOS, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal y Procurador General de la República el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante JUANA RAMIREZ LAGOS La cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ( L.96,518.59) desglosados de la forma siguiente: PREAVISO L.18,830.14, AUXILIO DE CESANTIA L.37,660.28, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.5,831.15, VACACIONES L.6,276.80, VACACIONES PROPORCIONALES L.3,888.48, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.1,299.27, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.5,334.27, REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO L.1,258.20, SALARIOS ADEUDADOS L.16,140.00 y título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a laborar para la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, el 16 de julio del año 2010, laborando como Conserje y devengando un salario promedio mensual de L 9,415.07 y fue despedida el 28 de febrero del año 2015, que desde la fecha que ingresó, solamente firmaba contratos por escrito, según ellos de forma temporal, pero el último se firmó el 26 de febrero del año 2015; el encargado de la Sub Gerencia de Recursos Humanos le entregó la carta de despido por escrito, en la cual, entre otras cosas le decía que no se le renovaría el contrato por fuerza mayor o caso fortuito pues el contrato había finalizado y por tal motivo no se iba a renovar, es por ello que acude ante la autoridad laboral, ya que considera que en su caso ha habido continuidad de labores, por lo tanto esta su relación de trabajo de carácter permanente.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando la pretensión de la parte actora, debido a que nunca existió ni ha existido una relación de trabajo, ya que fue contratada bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales, no ha existido despido, lo que sucedió fue que el 27 de febrero del año 2015, fue notificada de la terminación de su contrato por caso fortuito o fuerza mayor conforme al Oficio SP-138-2015 y el Acuerdo 001-A emitido por la Secretaría de Estado de la Presidencia. Durante la prestación de sus servicios, la demandante gozó de vacaciones.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de abril del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, CONDENO al demandado a pagar a la demandante la cantidad de L.96,518.59 y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que la forma de contratación a través de la cual fue contratada la demandante, encierra en su contenido un verdadero contrato de trabajo, ya que es imposible creer que las labores desempeñadas de Conserje por más de cuatro años no fueran permanentes, es precisamente la continuidad de la contratación la que le confiere a la demandante la estabilidad laboral que otorga el artículo 129 de Constitución de la República a todos los trabajadores del país, por lo cual la contratación a la cual fue sometida la demandante fue un fraude, ya que intrínsecamente constituye un contrato de trabajo por el cual la demandante desarrollaba labores de manera continua; y es por esta razón que el vínculo debió romperse a través de las causales de despido contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, lo cual en el presente caso no se dio.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 28 de agosto del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó probado que la relación que existió entre el empleador y la trabajadora demandante fue laboral y de carácter indefinido y la parte demandada no pudo probar o justificar las causas para dar por terminada la relación laboral existente con la demandante.- 5.- Mediante auto de fecha 12 de marzo del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 7 de mayo del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de junio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado EDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: “El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)... .b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: “Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, a tal efecto en el presente caso, el Juzgador de la causa no apreció ni valoró el Medio de Prueba Documental: 1) Contrato de Servicios Profesionales de periodo determinado sustentado en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo; con el cual se demostró que la parte actora por haber sostenido con mi representado el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo Contratos de Servicios Profesionales, y que forzosamente tenía que terminar al llegar a su fecha de vencimiento y que así ocurrió, es decir, que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato de periodo determinado, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo permanente, y por esa razón ambas partes se sometieron únicamente a la normativa de dicho contrato de servicios profesionales, en el entendido que la demandante era una trabajadora temporal y que consecuentemente mi representado, no tenía más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos; mismos que están regulados por el Código Civil, en tal sentido no correspondía a la jurisdicción laboral el conocimiento de la Prestación de Servicio de la demandante en vista que, NO ESTA SOMETIDO al Régimen Ordinario Laboral; no obstante la trabajadora al concluir su fecha de vencimiento del contrato de servicios profesionales termino su actividad laboral. El contrato no pudo renovarse por motivos de caso fortuito o fuerza mayor conforme al Oficio SP-138-2015. 2) Acuerdo No. 00IA, emitido por la Secretaría de Estado de la Presidencia, donde se informa la no renovación del contrato de la demandante en virtud que su contrato ya que había llegado a término, facultad otorgada al Estado de Honduras conforme al Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 201 que establece que para que estos contratos tengan valides “...deberán de observarse las normas presupuestarias; no se podrá suscribirse contrato alguno si no hubiere disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda, por tal motivo se constituye una causa forzosa pero nunca una causa injustificada de un despido, como la aprecia el Juez A quo y el Juez Ad quem, pues el despido fue inexistente. 3) Igualmente el artículo 113 del citado Código de Trabajo, prescribe: “La terminación del contrato conforme a las causas enumeradas en el artículo 112 causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, efectos que surte desde que el patrono la comunica al trabajador; pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo ante desde de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones... le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha... quede firme la sentencia condenatoria”; por lo que se estima que hubo una violación indirecta de la normativa del artículo 46 inciso a) y del artículo 113 del Código de Trabajo, en relación al artículo 1348 del Código Civil y al Acuerdo No.001-A, emitido por la Secretaría de Estado de la Presidencia, que tiene por ende carácter de Ley. La sentencia dictada en segunda instancia, el sentenciador aprecia y motiva su fallo en la Motivación No. 3, en el que argumenta “que la demandante fue contratada por el empleador mediante contratos de servicios profesionales pero en una actividad de naturaleza permanente de la Institución demandada además que todas las cláusulas de los contratos, impera los requisitos que se requiere para que se produzca un contrato de trabajo como lo establece el artículo 20 en relación con los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, por lo que los contratos de servicios profesionales suscritos entre las partes evidencian ser un fraude a la ley, en consecuencia la relación labora fue por tiempo indeterminado. Así mismo establece en la Motivación No. 4, que con los medios de prueba acreditados en juicio por la parte demandada no pudo probar o justificar las causas que utiliza para dar por terminada la relación laboral de la demandante, violentando con ello los artículos 112 del Código del Código del Trabajo y los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación sana y eficaz de la Ley, se determina que el despido es injustificado. Apreciación que el Examinador Ad Quem hace de esa normativa cuyo texto no se objeta pero la infracción a la norma precisamente la realiza el Juzgador en el artículo 46 literal b) y el 111 Numeral 1 que establecen por su orden: “Cualquiera de las estipuladas en ellos sino fueran contrarias a la ley” relacionada con el Numeral 12 que determina: “Resolución del contrato decretada por autoridad competente. En los casos previstos en los 7 primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarrea responsabilidad para ninguna de las partes”, puesto que la trabajadora termino su contrato por que llego a la fecha de vencimiento del mismo. A ese efecto, no puede presumir el examinador que en este caso “hay jurisprudencia establecida a la razón de que la exigencia es porque el contrato de trabajo es de buena fe desde su inicio a su terminación y que por ese hecho se pugna con esa buena fe el hecho de no establecer causales de despido o establecerlas en forma genérica sin señalamiento de los hechos en forma clara y concreta determinando las circunstancias en cuanto a tiempo, modo y condiciones, articulo 117 del Código de Trabajo, que es citado que es enérgico la obligación que establece una vez notificada la causal de terminación del contrato de trabajo”, puesto que un contrato de trabajo periodo determinado no constituye causal de despido simplemente termina al llegar a su fecha de vencimiento y no existe norma que indique que al finalizar su contrato y no es este renovada se convierte en causal de despido “presunción” que se basaría en una apreciación errónea de la norma y no puede sustentar su decisión objetiva en algo que no existe, ya que el 26 de febrero del 2015, se le notificó a la demandante en forma escrita la terminación de su relación laboral en la sentencia no se pueden determinar deducciones o conjeturas carente de plena certeza, no obstante la carga de la prueba no es académica, ni de epistemología de la función judicial, sino pragmática, su objetivo es el de regular la carga de la prueba y debe analizarse en sus dos aspectos separadamente: uno es la fijación del umbral de convicción o confianza requerido para dar por acreditada una circunstancia en que se basa una pretensión; el otro es la determinación de cuál han aportado los medios probatorios que permitan alcanzar ese nivel de convicción, de modo que si el gravado por tal carga no satisface esa exigencia probatoria, la decisión judicial sobre el acaecimiento de la circunstancia en cuestión no debe ser subjetivo sino congruente con la norma jurídica. Sin embargo hay una infracción a esta normativa al no aplicarla el Juzgador puesto que la señora JUANA RAMIREZ LAGOS, fue contratada por tiempo determinado y al vencer el mismo cesó su relación con la institución, modalidad de contrato que no requiere acreditar la justa causa del despido, porque no existe ningún despido, no obstante no puede pagársele al trabajador las prestaciones e indemnizaciones laborales, ni a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, ya que es evidente que la relación laboral fue de carácter definido, por lo tanto confirmar la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, por el “supuesto despido del trabajador producido y sin causa justificada, condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios”, se evidencia que el Juzgador al no apreciar el tiempo ni valorar el carácter temporal y por ende la inexistencia de una causa injusta de despido por el simplemente hecho que terminó su prestación de servicio por llegar a la fecha de finalización de su contrato, de conformidad con lo que preceptúa la normativa del artículo 46 literal b), en relación con los artículos 111 Numerales 1, del Código de Trabajo, 1348 Código Civil, 111 y 117 párrafo primero de la Estimación Presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal de los años 2014 y 2015, que literalmente dice: “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil que entre otras el párrafo tercero de este mismo artículo establece: “Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contara desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo”, 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: “Para la validez de estos contratos deberán de observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno sino hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad.”; 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil dispone: “Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, sí no cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes”; concluimos argumentando que los Contratos de Servicios Profesionales/Técnicos, por estar sujetos a una disponibilidad presupuestaria, y ser los mismos de periodos determinados, suscritos con el consentimiento y aceptación de las partes que se sujetan a las obligaciones y derechos establecidos, conforme al texto del artículo 1348 del Código Civil que prescribe: “Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, hay una clara infracción a las normativas artículo 46 literal b), 111 Numeral 1, Código del Trabajo, y el artículo 1348 del Código Civil que sustentan los contratos determinados, con fecha de inicio y finalización, y la voluntad de las partes; al respecto el jurista Juan D Pozzo en su manual de “Derecho del Trabajo”, cuando se refiere “a la obligación fundamental del trabajador ligado por una relación contractual con su empleador, consiste en el cumplimiento personal de la actividad prometida. Tal obligación surte de la naturaleza misma del contrato de trabajo, que tiene por objeto la prestación subordinada de la actividad laboral prometida por el trabajador a su empleador; a éste le interesa, pues que el trabajo se ejecute por quien se obligó a ello, pero entendiéndose siempre que tal obligación no es absoluta, ni indeterminada, sino limitada a la finalidad perseguida por la empresa y dentro del círculo de tareas convenidas. Por otra parte el Juzgador Ad Quen al dictar su fallo confirmando la sentencia definitiva de fecha 20 de abril del 2018, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo, condena al Estado de Honduras a través del Representante Legal y Procurador General de la República el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la demandante JUANA RAMIREZ LAGOS la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTAY NUEVE CENTAVOS (96,518.59), desglosados de la forma siguiente: PREAVISO L.18,830.14, AUXILIO DE CESANTÍA L.37,660.28, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.5,831.15, VACACIONES L.6,276.80, VACACIONES PROPORCIONALES L.3,888.48, DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL L. 1,299.27, DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.5,334.27 REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO L.l,258.20, SALARIOS ADEUDADOS L.16,140.00 y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), en la Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pague los derechos adquiridos.-Pruebe la justa causa del despido.- En caso contrario me pague las prestaciones e indemnizaciones por despido directo ilegal e injusto.- Salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; que ha promovido la señora JUANA RAMIREZ LAGOS, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; c) También invoca el artículo 13 del Código del Trabajo disposición que cuenta con párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque al fallo impugnado; d) en la formulación del cargo hace referencia a la infracción indirecta, sin embargo en su explicación alega violación directa, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, e) formula intensos alegatos propios de instancia.- IV. -Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 527-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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