Sentencia CL-519-18 — Registro 10725
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono justifique el despido de que fue objeto, caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, beneficios o derechos adeudados, pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, todos derivados de las leyes laborales y contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre SANAA y el SITRASANAAYS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (Artículo 101 Y 102 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa y si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 99 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos;.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (la cláusula 44 literal e inciso 4 y artículos 207, 208 y 209 del código procesal civil) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 08 de mayo del 2019, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), como recurrente; además, es parte .recurrida, el señor MARIO RENÉ TRIMINIO SABILLON, representado en juicio por el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono justifique el despido de que fue objeto, caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, beneficios o derechos adeudados, pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, todos derivados de las leyes laborales y contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre SANAA y el SITRASANAAYS, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de agosto del 2015, por el señor MARIO RENÉ TRIMINIO SABILLON, mayor de edad, casado, Ingeniero Químico, hondureño y de este domicilio, contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), a través de su representante legal la señora NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de junio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 15 de marzo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por MARIO RENÉ TRIMINIO SABILLON en contra del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) a través de la representante legal de aquél entonces la presidente de la Comisión Interventora Abogada NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA. 2) CONDENA al SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) a pagar al demandante MARIO RENÉ TRIMINIO SABILLON la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L 779,153.30) por los conceptos siguientes; PREAVISO L 117,051.82, AUXILIO DE CESANTÍA L 468,207.30, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L 40,642.99, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 19,996.35, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L 49,259.31, VACACIONES PROPORCIONALES L 83,995.52 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia del demandante. SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación de trabajo con el demandado el 20 de agosto del 2007, como Asistente de Recursos Humanos de la División Metropolitana, devengaba en los últimos 6 meses un salario mensual de L. 11,425.00, pagadero de manera bisemanal, manifestó que conforme a la negociación colectiva realizada en el año 2014, según punto de N° 12 del Acta Número 812, se aprobó un aumento salarial equivalentes en términos porcentuales en un promedio de 4.5%, el cual a la fecha se le adeuda; y que de forma arbitraria, ilegal e injusta, mediante nota de fecha 04 de mayo de 2015, se le notificó la decisión de dar por terminado el contrato individual de trabajo a partir de esa misma fecha, con la disposición de reconocerle el importe de las prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a la Ley correspondan, sin que hasta la fecha haya honrado dicha obligación; que la acción enunciada es de todo punto ilegal, porque se le violentó Garantías Constitucionales, como el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho al trabajo, la estabilidad en el mismo, y también el contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre SANAA-SITRASANAAYS; que en fecha 02 de enero de 2015, se le había notificado la decisión de suspender por un término de 120 días, el contrato individual de trabajo, sin haber probado hasta la fecha la justificación para suspenderle el Contrato Individual de Trabajo, violentando los artículos 100, 101, 102 y 103 del Código de trabajo, ya que no le notificaron con 30 días de anticipación la suspensión del Contratos Individuales de trabajo y tampoco le pagaron dicho preaviso, y que las suspensiones se realizaron sin la autorización de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, situación que a todas luces vuelve arbitraria, ilegal e injusta dicha suspensión, por ende, también el despido del que fue objeto, ya que lo legal y lo correcto en el caso que las suspensiones se hubiesen realizado en legal y debida forma era reintegrarlo al puesto de Trabajo, tal como lo dispone el artículo 103 del Código del Trabajo, pero el SANAA, realizo todo lo contrario, razón por la cual debe pagarle los salarios adeudados desde el 02 de enero de 2015 hasta el 04 de mayo de 2015. Que no habiendo la Institución Demandada comunicado causal alguna de conformidad con el Código del Trabajo, en aras de salvaguardar el derecho que les asiste, se presentó ante la Secretaría del Trabajo para agotar la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, apoyando su defensa en que al demandante se le notificó la suspensión del Contrato Individual de Trabajo con efectividad a partir del 02 de enero del 2015 al 04 de mayo del 2015, mediante una nota cuyo contenido literal era: “Por este medio se le notifica la decisión del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), de suspender por un término de CIENTO VEINTE (120) DÍAS el Contrato Individual de Trabajo que sirve de vinculo jurídico entre usted y la institución.- Esta suspensión de labores será efectiva a partir del 03 de enero de 2015 hasta el 02 de mayo de 2015, debiéndose reincorporar a sus labores el día 04 de mayo de 2015.- La anterior decisión se fundamenta en lo estipulado en el Artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código de Trabajo, mismo que literalmente consigna: “Articulo 100: Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin irresponsabilidad para las partes 4) La imposibilidad de explotar con un mínimo razonable de utilidad; 5) La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono... y ) Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.”; sirviendo también de fundamento los Artículos No. 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo”. Asimismo alegó que las causas invocadas y que sirven de sustento a la Suspensión de Contratos de Trabajo, aun persistían al 04 de mayo de 2015 y fue por ello que el demandado, una vez notificada la Secretaria del Trabajo de tales extremos, decidió recurrir al precepto autorizante contenido en el Articulo 111 numeral 8) y segundo párrafo de dicho Artículo; que el demandado a pesar de no tener responsabilidad laboral alguna, le ofreció el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales al demandante, sin embargo pretende obligar a la demandada a que se le paguen estos conceptos utilizando como base de cálculo una formula total y absolutamente errada y ajena a lo que fue convenido mediante la contratación colectiva en su cláusula 44 literal e), numeral 4). igualmente argumentó que el demandante carece de presupuesto jurídico para incoar la presente demanda, y en consecuencia carece de legitimación pasiva, en virtud de hacer falta el pronunciamiento por parte del órgano competente para emitirlo que es la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, y no es el tribunal el llamado en este momento a censurar la suspensión y en consecuencia a condenar a la demandada al pago de los valores reclamados, sino que para ello, este tribunal y a que dicha resolución quede firme, para posteriormente hacer cualquier trabajo y a que dicha resolución quede firme, para posteriormente hacer cualquier pronunciamiento sobre dicho procedimiento y estos conceptos; además manifestó que el demandante acompaña a la demanda un documento que falta a la verdad y altera cantidades verdaderas, presentó un cálculo de prestaciones incrementado en todos sus conceptos, cuyo único fin es sorprender al Tribunal, lo que de materializarse implicará un cobro en exceso en perjuicio de una institución al servicio de colectividad hondureña, por lo que este acto no puede quedar inadvertido.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de marzo del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el señor MARIO RENÉ TRIMINIO SABILLON, contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), a través de su representante legal la señora NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA; condenó a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de L.779,153.30, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes proporcional, vacaciones proporcionales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia del demandante, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso no existe controversia en cuanto al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en vista que en la nota mediante la cual el SANAA da por terminado el contrato individual de trabajo, hizo, formal ofrecimiento de pagarlas; lo que sí constituye controversia es si las prestaciones e indemnizaciones laborales, deben ser calculados y pagados conforme a la negociación Colectiva realizada en el año 2014, según Punto No 12 del Acta Número 812 que aprobó un aumento salarial equivalente en términos porcentuales a un promedio de 4.5%; o por el contrario no es procedente el pago en base el documento relacionado, en vista que el resultado de la aplicación del aumento salarial que reclama no se encuentra apegado a derecho; que conforme a la prueba anteriormente relacionada, la juzgadora entiende que debido a que el SANAA al momento “suspender” el contrato de trabajo del demandante, no acreditó en juicio que contaba con la debida autorización de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social para hacerlo, sino que o contrario, es decir la suspensión se produjo antes de contar con la debida autorización otorgado por el ente respectivo, en tal virtud, lo que se produjo al momento de producirse la supuesta “suspensión” fue un despido que además de ilegal es injusto, ya que el Código del Trabajo, que es el que establece el procedimiento legal para llevar a cabo la suspensión de un contrato de trabajo, por lo tanto no son las normas jurídicas las que justifican el despido del trabajador, sino los hechos concreto que la parte patronal considera justificativos de su decisión y que el trabajador tiene el derecho de conocer. Que en la nota de despido, el SANAA ofrece al demandante el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, por lo que el pago de los mismas no constituye controversia, en tal virtud los términos de la liquidación de la sentencia conforme a las clausulas 44 y 45 del Contrato Colectivo de Condiciones de trabajo suscrito entre el SANAA y el SITRASANAAYS son los siguientes: fecha de ingreso: 20 del mes de agosto del 2007, fecha de terminación de la relación laboral el 04 de mayo del 2015, salario mensual L. 11,425.00, salario base L. 27,869.48 y salario promedio mensual L. 58,527.91.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 12 de junio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que a la fecha de la terminación de la relación laboral y a la fecha de contestación de la demanda, todavía se encontraba pendiente de emisión de la respectiva resolución por parte de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, referente a la suspensión de dichos contratos de trabajo; por consiguiente, el despido del demandante es ilegal e injustificado; y además, la parte demandada tampoco probó en autos las causas de suspensión de los contratos de trabajo estipuladas en los numerales 4, 5 y 15 del artículo 100 del Código del Trabajo de: “La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad”; “La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón”; “Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social”, que al no estar acreditado la existencia de un acuerdo de suspensión de trabajo emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo en la fecha de despido, no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que efectivamente el señor Mario Rene Triminio Sabillon ha sido despedido de manera injusta e ilegal, y por ende, los salarios dejados de percibir le corresponden pagárseles como una indemnización por daños y perjuicios; que en cuanto al pago al ajuste de salario del año 2014, pago de cuatro meses de salario del 02 enero al 04 de mayo de 2015, y el pago de 30 días de salario como indemnización, reclamados por el apoderado demandante apelante; los mismos no fueron pedidos en el escrito de demanda, específicamente en los acápites “LO QUE SE DEMANDA” y “CUANTIA DE LA DEMANDA”; por lo que la Juez no puede conceder tales pagos, si los mismos no han sido objeto de debate; ya que de haberlos concedido sin haber sido objeto de debate, se le hubieran violado derechos constitucionales a la parte demandada. Que vistas las consideraciones anteriores procede confirmar la sentencia definitiva apelada.- 5.- Mediante auto de fecha 12 de marzo del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 08 de mayo del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por el suscrito que obra a folios 81,176,202,252 al 278 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 99, 100 numerales 4, 5 y 15,101,102,111 numeral 8 párrafo segundo. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL consistente en: resolución numero 154-2015 emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social en fecha 24 de noviembre del año 2015 que corre agregada del folio 83 al 110 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. En la motivación de la sentencia de fecha 22 de febrero de 2018, se pueden percibir los errores en que incurrió el Tribunal A Quem en la formación de su convencimiento. Tanto al momento de aplicar la norma sustantiva al caso concreto, así como en la apreciación de los medios probatorios los cuales describiré a continuación: Primero: Honorables Magistrados tanto el Tribunal Aquo como el Tribunal Ad quem han quebrantado el ordenamiento jurídico al inobservar la norma establecida en los artículos 101 y 102 del Código de Trabajo ya que la Secretaria de Trabajo y Seguridad social como órgano administrativo competente para resolver, si se autoriza o no la suspensión de los contratos de trabajo según lo estipulado en los referidos artículos del Código de Trabajo que literalmente exponen lo siguiente: “ la suspensión de contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres días posteriores al ya mencionado.... Si la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser injusta, la declara sin lugar, los trabajadores podrán ejercitar los derechos emanados del Contrato de Trabajo.” De lo anterior se coligen los siguientes elementos: 1)Que el órgano competente para autorizar en sede administrativa la suspensión de contratos de trabajo, es la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social; 2) Que para que el trabajador suspendido pueda ejercitar los derechos emanados del contrato de Trabajo es Necesario que primero exista un pronunciamiento mediante resolución por parte de dicho órgano competente en sede administrativa; 3) Que previo a recurrir a los tribunales para ejercitar estos derechos la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social deberá declarar sin lugar en virtud de no existir la causa alegada o por ser injusta, es decir tienen que pronunciarse primero antes de que puedan demandar. Ahora bien, señores Magistrados la Resolución 154-2015 la cual se declara CON LUGAR la suspensión por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, exime a mi representada al pago de cantidades derivadas de la suspensión. Como se expone en el numeral anterior, para que mi representada sea condenada a los pagos reclamados, dicha solicitud, tuvo que declararse SIN LUGAR y por consecuencia que sea procedente el pago de las cantidades que el hoy demandante reclama, y como se demostró en el presente juicio este no fue el caso, por lo tanto, es improcedente que se condene a mi representada al pago de las cantidades que se reclaman durante los cuatro meses que duró la suspensión. En el presente caso señores magistrados los tribunales de primera instancia y segunda instancia han inobservado lo estipulado en el articulo 111 numeral 8 el cual literalmente establece son causas de terminación de los contratos de trabajo: “La suspensión de actividades por más de ciento (120) días en los casos 1)2)3)4)5) y 6) del artículo 100” Ya que en el caso de autos quedo comprobado que mi representada suspensión por el termino ciento veinte (120 días) amparados en las siguientes causales: i) la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad 2) la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, causales que fueron plenamente acreditadas ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social conduciendo a declarar con lugar la solicitud de suspensión de contratos de trabajo por lo anterior nos lleva a una desnaturalización del despido injustificada que aduce la parte demandante ya que al ampararse en la normativa legal establecida en el Código de Trabajo nos resulta improcedente que se condene a mi representada al pago de salarios de percibir.- otro punto tomar en cuenta que el mismo código de trabajo al terminar la relación laboral conforme al artículo 111 numeral 8 el cual sirve de fundamento para dar por terminada la relación con el demandante, existe un apartado especial mediante el cual libera de responsabilidad a mi representada a excepción de la muerte o incapacidad del patrono, circunstancias que no ha ocurrido en el caso de autos por tal razón no hay lugar a dar el pago de salarios dejados de percibir ya que no se enmarca en la figura de despido injustificado, sino en la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para las partes”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (Artículo 101 Y 102 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa y si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 99 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos;.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “ Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por el suscrito que obra a folios 204 al 251, 279 al 283 ,306 al 308 y 316. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en la clausula 44 literal e inciso 4 y artículos 207, 208 y 209 del código procesal civil. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL consistente en: resolución número contrato colectivo de condiciones de trabajo específicamente clausula 44 literal e inciso 4, resolución 179-2016 emitido por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social y Dictamen técnico emitido por la unidad de cálculo de prestaciones de la Secretaria de Trabajo de Seguridad Social. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA violación. Ahora bien, señores magistrados otro de los puntos en debate es ¿Como Calcular las prestaciones laborales? Ya que el hoy demandante ha establecido una cuantía por la cantidad de 678,862.44 lempiras, calculo hecho en base al acta No 021-2012 CB la cual se encuentra agregada a folio 39 al 42 de la primera pieza de autos siendo uno de los medios probatorios presentados por la parte demandante para acreditar dicha cuantía. misma cuantía que ha sido rechazada desde el momento de contestación la demanda ya que fue realizado en base a un documentos que carece de fuerza legal en virtud que no se encuentra registrado en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social ya que su registro fue anulado por la resolución número 179-2015 que se encuentra agregada del folio 279 al 280,.- Lo anterior toma vital importancia ya que tanto los tribunales de primera y segunda instancia condenan a mi representada a pagar al cantidad de 779,153.30 lempiras siendo esta cantidad mayor a la planteada por la parte actora en su escrito demanda., aunado a lo anterior ambos órganos jurisdicciones no motivan ni fundamenta porque la cantidad condenada aun sabiendo dicho calculo es objeto del debate, no hacen ningún razonamiento jurídico sobre el acta N° 021-2012 cb por lo anterior hago las siguientes interrogantes-¿En base a que normativa los tribunales de primera y segunda instancia determinaron el cálculo de prestaciones ? Pregunta que se encuentra fundamenta en base a que no tomaron en cuenta el acta 021-20l2cb y mucho menos el contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente entre el SANAA Y SITRASANAAVS que se encuentre agregado a folio 204 al 251 de igual manera sentencia la juzgadora plasma que el cálculo lo realizo en base a la cláusula 44 del contrato colectivo encontrándonos con un gran vacío legal ya que la parte demandada aportado un contrato colectivo en el cual consta la modificación realizada por el acta 021-2012 la cual que modifica la cláusula 44 numeral 4 por tanto el procedimiento para calcular prestaciones (véase folio 110) el cual literalmente dice: para efectuar estos pagos se utilizará como base el promedio de los salarios devengados de los últimos 6.5 meses, incluyendo los proporcional de los derechos adquiridos(13avo, 14avo, vacaciones bonificaciones, bono de compensación) dividido entre 6 meses “ Al realizar una comparación con el contrato colectivo presentada por esta defensa haciendo énfasis en la clausula 44 notamos que hay una diferencia ya que no lo divide en seis meses solamente toma en cuenta los últimos 6.5 meses ( VEASE FOLIO 225) por tal razón nos encontramos ante una sentencia que carece de requisitos establecidos en nuestra normativa legal”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (la cláusula 44 literal e inciso 4 y artículos 207, 208 y 209 del código procesal civil) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- XII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 519-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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