Sentencia CL-505-18 — Registro 11576
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, se reclama el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día en que en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reinstalado en el cargo que ocupaba cuando fue despedido y otro de igual o mejor categoría, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente porque la resolución es imprecisa alejada completamente de los lineamientos que exigen los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil vigente, nótese que la pretensión del demandante, en la demanda de merito va orientada a exigir el REINTEGRO AL TRABAJO POR DESPIDO ARBITRARIO, ILEGAL E INJUSTO; sin embargo, el fallo recurrido en el Considerando (4) solo se limitó a concluir que LA SANCION IMPUESTA AL DEMANDANTE ES DESPORPORCIONAL A LA FALTA COMETIDA. Como reitero, el día 05 de diciembre del 2014 la demandada procedió al despido del demandante en vista de que este no logro justificar el abandono al puesto de trabajo y suspensión intempestiva de labores, por lo que, la corte recurrida devenía obligada hacer la respectiva separación al momento de su pronunciamiento sobre la causa y sus efectos, es decir, sobre lo justo y la legalidad, así mismo, hacer los razonamientos facticos y jurídicos del pleito, que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, hecho que no hizo. Por lo antes expuesto y en virtud de que el fallo en el caso de merito no es congruente con las pretensiones deducidas en juicio, es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 206 y 207 del Código de Procesal Civil, en virtud de que dicha sentencia no resulta clara, precisa ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias.”V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 28 de mayo del 2019, por la Abogada ARGEL ALEANDRA ROVELO HERNANDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HUGO ARTURO GALINDO CASTILLO, representado en juicio por el Abogado JOSE ANTOLIN CAYETANO BERNARDEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, se reclama el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día en que en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reinstalado en el cargo que ocupaba cuando fue despedido y otro de igual o mejor categoría, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento del Francisco Morazán, en fecha 17 de febrero del 2015, por el señor HUGO ARTURO GALINDO CASTILLO, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su REPRESENTANTE LEGAL, en ese entonces el señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de julio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 03 de mayo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- DECLARAR CON LUGAR La DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO, POR DESPIDO ARBITRARIO ILEGAL E INJUSTO, SE RECLAMA EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA SEA REINSTALADO EN EL CARGO QUE OCUPABA CUANDO FUI DESPEDIDO U OTRO DE IGUAL O MEJOR CATEGORIA Instaurada por el señor HUGO ARTURO GALINDO CASTILLO Contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) por medio de su Presidente del Director de Especialistas señor EMILIO ERNESTO CARIAS CORRALES: 2.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas señor EMILIO ERNESTO CARIAS CORRALES a: A) REINTEGRAR al señor HUGO ARTURO GALINDO CASTILLO a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de operarse el despido. B) El reconocimiento al señor HUGO ARTURO GALINDO CASTILLO del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos y aumentos salariales que por ley o contratación colectiva se generen y que fue privado el demandante durante el juicio hasta que opere el Reintegro quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno; 3. SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), en fecha 16 de agosto del año 1996 bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado, en el cargo de auxiliar de cartera y cobro en el departamento de cartera, habiendo sido nombrado en propiedad en dicho cargo, mediante acuerdo N. 74-01 de fecha 01 de enero de 2001 y a partir del 16 de febrero de 2011 fue ascendido por méritos propios al cargo de supervisor de cobros del departamento de cobros, según acuerdo n. 020-2011, devengando al momento de su arbitrario ilegal e injusto despido un salario mensual L.19,300.00, siendo oportuno señora juez que durante todo este tiempo me desempeñe con total responsabilidad, honestidad y disciplina en el desempeño del cargo que ostentaba, realizando personalmente las actividades inherentes al cargo, y como prueba de ello no fue objeto de sanción disciplinaria alguna durante toda la relación laborar; no obstante su buen desempeño y comportamiento en la realización de mis labores encomendadas, al grado que fui merecedor de un ascenso, el día 05 de diciembre del 2014 recibí de forma intempestiva una nota donde se me comunica arbitrariamente la terminación de la relación laboral de manera unilateral por parte de la jefe del departamento de cobros donde yo laboraba, la licenciada Mayra Zabala, sin que ella tenga conferidas facultades para realizar actos de esta naturaleza. Las autoridades del patrono INPREMA fundamentan su arbitraria decisión en el supuesto de que el día 11 de noviembre de 2014, abandone sus labores en horas laborales y sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono, es decir que a criterio del patrono abandonó su puesto de trabajo sin permiso autorizado, para trasladarlo al parqueo del referido parqueo a celebrar ilegalmente una asamblea informativa, acción que el patrono califica como suspensión intempestiva de labores. Sobre el particular, el artículo 117 del Código del Trabajo dispone que la parte que terminas unilateralmente el contrato de trabajo, debe de expresar entre otras cosas; la causa o motivo que lo mueve a tomar esa determinación, y que después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos. La nota de despido es fundamentada por el patrono, en los Artículos 98 numeral 1 y 5 en relación con el articulo 112 literal l, ambos del Código del Trabajo; el primer numeral 1 está referido al abandono en horas de labor de su puesto de trabajo sin causa justificada y sin permiso del patrono; y el segundo, en lo que atañe a suspensión intempestiva de labores, las citadas disposiciones legales son invocadas y aplicados por el patrono INPREMA totalmente fuera de contexto, porque el faltar al trabajo está íntimamente ligado con lo que establece el artículo 112 literal h, del Código del Trabajo, en el que se configura como causal de la terminación de la relación laboral del trabajador sin responsabilidad del patrono, cuando el trabajador deje de asistir a al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres días hábiles en el término de un mes, y, en lo que concierne a la numeral 5 citado, que el patrono concreta a la parte que dice suspensión intempestiva de labores es obvia la transgresión del patrono, dado que la prohibición contenida en esa fracción de dicho numeral implica ineludiblemente el elemento de promover esas supuestas suspensiones intempestivas del trabajo, en virtud que de conformidad con el artículo 17 del Código Civil, no podrán atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente sus propios términos, siendo el caso su señoría, que no ha incurrido de manera alguna ni estaba en la posibilidad de promover suspensiones intempestivas de trabajo, por ser solamente un afiliado al sindicato, no directivo, por eso consecuentemente el abandono a la que se refiere la nota de despido solo debe de ser aplicable a la no asistencia al trabajo por 2 o 3 días , consecutivos o alternos, podrá apreciar su señoría, que en la fundamentación de mi ilegal, arbitrario e injusto despido, el patrono prescinde total y absolutamente de las regulaciones de su reglamento de trabajo, lo cual es sencillamente porque esos supuestos actos como faltas graves y su correspondiente sanción con despido no se encuentran reguladas de manera expresa en esa normativa interna, de ahí su ineficiencia por ser violatorio a lo que dispone el artículo 94 del Código del trabajo, siendo este un hecho relevante, habida cuenta que para poder aplicar cualquier sanción esta debe estar expresamente contenida en el reglamento interno de trabajo del patrono, que para el caso, con relación a los numerales citados del artículo 98 del Código del trabajo, el reglamento interno debería precisar sin dejar lugar a dudas el tiempo de abandono del trabajo y su respectiva sanción de manera gradual, por lo que la sanción que me ha sido impuesta, además de ser ilegal, arbitraria e injusta, también es desproporcionada. Debido a la supuesta falta cometida se le convoco junto a sus demás compañeros de departamento a una audiencia de descargo, según las autoridades del instituto, en cumplimiento de las disposiciones iones legales de trabajo y para que yo ejerciera su derecho a la defensa, sin embargo, se le violento este derecho y también se violentó el debido proceso al ser dirigida y evacuada dicha audiencia por el Abogado Luis Alberto Rovelo Morales quien no es empleado ni funcionario de la institución, por lo tanto, no tiene facultades ni competencia para realizar dicho acto administrativo, porque de lo contrario es nulo, no solo por las disposiciones legales ya relacionadas sino también por lo que señala el artículo 1586 del Código Civil, en cuanto a la nulidad absoluta de los actos o contratos, así mismo el artículo 90 de la Constitución de la República, siendo aplicable por analogía esta disposición a las formalidades derechos y garantías con respeto al proceso que debe seguirse para sancionar por parte del patrono a un trabajador, ya que debe ser efectuado por un funcionario competente y facultado. En este caso el abogado Rovelo no es competente ni facultado para dirigir y evacuar la audiencia de descargo como parte del proceso que calmaría con una acción disciplinaria como ser el despido, es oportuno señalar que de conformidad a lo que establece el artículo 14 numeral 23 de la Ley del INPREMA representación legal recae en el Directorio de Especialistas, a través de su Presidente, el que puede delegar solo con autorización de dicho ente en cualquier miembro o su defecto en un gerente de área y el abogado Rovelo no es ni miembro del Directorio ni gerente de área de esa institución. Otro hecho ilegal es que sorpresivamente el 05 de diciembre de 2014, se le notificó la terminación unilateral de su contrato de trabajo por parte del patrono, mismo que es ilegal porque lo firma y sella la Lic. Mayra Zavala, en su calidad de jefe del departamento de cobros del INPREMA y de conformidad al artículo 14 numeral 16 de la Ley de INPREMA, esta facultad solo la tiene el director de especialistas, pues es el único órgano der la institución que puede nombrar y sancionar al personal, por eso la Lic. Zavala no está facultada ni es competente para realizar dicho acto; así mismo el artículo 117 del Código del Trabajo establece que la parte que termina unilateralmente el Contrato de Trabajo debe darlo personalmente a la otra parte, es decir, que la persona indicada es quien ejerce la representación de la institución, su despido en los términos descritos no puede surtir efectos jurídico alguno, es más el que dirigió y evacuo la audiencia de descargo, así como quien firmo y sello la nota de despido sin tener la facultad y competencia incurrió en el delito de abuso de autoridad y violación der deberes delos funcionarios, así como de usurpación de funciones, que un gran número de trabajadores que fueron objeto de investigación mediante aparentes audiencias de descargo dirigidas y evacuadas ilegalmente, por el abogado Luis Alberto Rovelo, se les ofreció el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales completas para evitar el despido supuestamente justificado, quienes presionados por esta circunstancia aceptaron dichos pagos mediante la suscripción de acuerdos de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo, con lo que de manera expresa y tacita según sea el caso, el patrono acepto que nuestro despido es ilegal, injusto y arbitrario; sumado a ello nuestra organización sindical solicito la intervención del Secretaria en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, para que mediara en la solución del conflicto y después de varias reuniones se convino en reintegrar a cincuenta y cuatro trabajadores de los que ilegalmente también habían sido despedidos, con la propuesta de que el patrono INPREMA a través del Directorio de Especialistas, que la reinstalación o reintegro de estos trabajadores se hacía siempre y cuando estos acepten sin reserva alguna la aplicación de una sanción disciplinaria consistente en la suspensión de labores sin goce de salario por el termino de cuatro días. Dicha propuesta se encuentra en el numeral dos del Acta de contiene el Acuerdo Conciliatorio de fecha 12 de enero de 2015 y en el numeral 4 de la misma acta se ofrece el pago de la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones laborales a los trabajadores no reintegrados siempre y cuando dicha decisión la tomara el trabajador dentro de los diez días hábiles contados desde la suscripción del acta, pudiendo apreciar lo siguiente: 1.- Que como se ha señalado en la presente demanda, el INPREMA ha reconocido y pagado prestaciones e indemnizaciones laborales a un gran número de trabajadores que participaron en la reunión convocada por el sindicato y que igualmente había recibido las respectivas cartas de despido supuestamente sin responsabilidad para el patrono. 2.- Que cuando se reintegra de manera conciliatoria a cincuenta y cuatro trabajadores de conformidad a lo ya relacionado, se reconoce la nuevamente la inexistencia de la falta que dio lugar a su despido y por ende la ilegalidad, injusticia y arbitrariedad del mismo, pero dicho reconocimiento es mayor cuando en el reintegro de estos trabajadores se economía na los mismos a aceptar la imposición de una sanción de cuatro días sin goce de salario con lo que el patrono nuevamente se reconoce de manera expresa, que la supuesta falta no es de naturaleza grave y que por lo tanto la sanción no debe ser el despido, sino hasta un máximo de cuatro días sin goce de salario, por tal circunstancia procede su reintegro, puesto que tratándose exactamente de haber participado en el mismo acto no puede imponerse sanciones distintas a unos trabajadores con relación a otros, puesto que la Constitución de la Republica en el Artículo 60 establece que todos los hondureños somos iguales ante la ley. 3.- En el numeral 4 del acta de acuerdo conciliatorio ya señalado se ofrece el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a los empleados despedidos que no fueron reintegrados, dentro de los cuales figura, con lo que se reconoce nuevamente y que el INPREMA, con estos hechos reconocidos y aceptados ante autoridad competente admitió de manera fehaciente que los despidos son ilegales, injustos y arbitrarios. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que el objeto del debate mismo que se circunscribe por una parte a la afirmación de la parte actora de que en fecha 11 de noviembre del 2014, se reunieron dentro de su jornada habitual de trabajo frente al estacionamiento del INPREMA para celebrar una asamblea informativa por un llamado de los miembros de la junta directiva del sindicato y que no hubo un abandono de trabajo puesto que no abandonó las instalaciones físicas del INPREMA. Y por otra parte, la afirmación del INPREMA, que aduce que en fecha 05 de diciembre del 2014, se despidió a la demandante porque en fecha 11 de noviembre del 2014 abandono su puesto de trabajo y además suspendió intempestivamente sus labores ambas faltas dentro de su jornada habitual de trabajo, aclarando que estas dos causas de despido son excluyentes entre sí y que además tienen ámbitos de aplicación distintos y por tanto, no pueden ser considerados como vinculados, que en fecha 11 de noviembre del 2014 aproximadamente a las nueve de la mañana con veinte minutos (09:20 am), la demandante junto con otro grupo de compañeros de trabajo, abandonaron sus puestos de trabajo y además suspendieron intempestivamente sus labores de trabajo dentro de su jornada de trabajo. En consecuencia a lo anterior y siendo que a la institución no le fue comunicada dicha suspensión intempestiva de labores y el abandono a sus puestos de trabajo, se procedió a levantar un acta de inspección a través de una inspectora del trabajo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, con el único fin de garantizarles a los trabajadores manifestantes su derecho constitucional de defensa, abocándose dicha inspectora del trabajo con el señor ROBERTO SEVILLA, con identidad número 0801-1961-08102 en su condición de presidente del SITRAINPREMA quien en el uso de la palabra manifestó lo siguiente: “En primer lugar puedo decir que en ningún momento la junta directiva como tal a tomado la decisión de hacer una suspensión de labores, que lo que se realizo fue una asamblea informativa y esto por determinación de los compañeros asambleístas en vista que todo tipo de decisiones no se pueden tomar de forma unilateral por parte de la junta directiva, la asamblea informativa se hizo en un lapso de cincuenta minutos y fue con el simple objetivo de informar acerca de los nuevos compañeros despedidos del Departamento de Ingeniería,….”; posteriormente y acto seguido la inspectora del trabajo, le cedió el uso de la palabra al señor CARLOS HUMBERTO GARCÍA VALLADARES con identidad número 0801-1957-03604, en su condición de Secretario General del SITRAINPREMA, quien manifestó: “Que es cierto lo que el presidente del sindicato ha afirmado…” por lo que se continuó con el proceso de investigación en el sentido de convocar a la demandante a una audiencia de descargos, misma, que se celebró en las oficinas de Recursos Humanos del INPREMA, audiencia necesaria para determinar los alcances del derecho de defensa, a fin de constatar si a la demandante se le vulneró su derecho de defensa al no haberse notificado a la misma el contenido del acta de inspección de fecha 11 de noviembre del 2014, en el que se le imputaba comisión de las dos faltas graves que son el abandono de su puesto de trabajo en horas de labor sin causa justa de impedimento y sin permiso de su patrono para trasladarse al parqueo de la demandada, así como a la suspensión intempestiva de labores la cual quedo acreditada en acta de inspección ante la autoridad del trabajo correspondiente, quien al ser interrogada sobre el anterior extremo se limitó a responder NO SE, NO RECUERDO, frente a esta respuesta, el INPREMA considero llevar a cabo el procedimiento de despido de la demandante, que el INPREMA en ningún momento se ha opuesto a permitir que el SITRAINPREMA se reúna a tratar temas de su interés, siempre y cuando las condiciones del mismo lo permitan., a lo que se opone y manifiesta su total y completo desacuerdo; y rechazo, es que no se le haya comunicado dicha convocatoria al directorio de especialistas por varias razones, una de ella es que cuando suspendieron intempestivamente las labores no hubo quien pudiera atender algunos maestros afiliados del servicio de la institución, porque, aunque si bien es cierto la misma se celebró en el centro de trabajo, no es menos cierto que fue en las horas de trabajo. No obstante, manifiesta que por acuerdo con el SITRAINPREMA la suspensión intempestiva denominada por la demandante como asamblea informativa, se pudo realizar dentro de la jornada de trabajo, pero avisando con por lo menos 48 horas antes y dejando al mínimo de trabajadores en cada departamento atendiendo al público en general que nos visita. De esta manera no hubiese sido necesaria la autorización gubernativa previa, sin embargo, al no darse ninguna de los actos previos a la supuesta asamblea informativa, la misma se convierte en un abandono de puesto de trabajo y en una suspensión intempestiva de labores. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro, por despido arbitrario ilegal e injusto, se reclama el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reinstalado en el cargo que ocupaba cuando fui despedido u otro de igual o mejor categoría, CONDENÓ al demandado a: A) REINTEGRAR al señor HUGO ARTURO GALINDO CASTILLO a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de operarse el despido. B) El reconocimiento al señor HUGO ARTURO GALINDO CASTILLO del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos y aumentos salariales que por ley o contratación colectiva se generen y que fue privado el demandante durante el juicio hasta que opere el Reintegro quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno; sin costas; bajo el criterio que no se encuentra ajustado a derecho las razones invocadas al trabajador para separarlo de su cargo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 24 de julio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada no acreditó haber tenido justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo con el demandante, en consecuencia, el despido es ilegal e injusto. 5.- Mediante auto de fecha 25 de abril del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 28 de mayo del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 30 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE ANTOLIN CAYETANO BERNARDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada ARGEL ALEANDRA ROVELO HERNANDEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, interpretado, en relación con el artículo 60 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: LA DOCUMENTAL PUBLICA: admitida a la parte demandante que se refiere al ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de enero del año dos mil quince (2015) entre los señores Carlos Alberto Madero Erazo y Gina Hernández Martínez, Secretario de Trabajo y Seguridad Social y Directora General del Trabajo respectivamente, y los señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Nessy Martínez y Geovanny Guifarro, en su condición de Director Presidente y Directores Especialistas del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), respectivamente y los señores José Roberto Reyes, Roberto Sevilla, Daniel Montalván, Mario Hernández, Arnoldo Aguilar, Gladys Waleska Duron, Carlos García, Ana Maribel Cubas, Delver García y Walter Dario Paredes en su condición de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (SITRAINPREMA)., (Ver folio 85 al 90 de la primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en el ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO no hubo tal acto discriminatorio o de marginamiento, puesto que la demandada a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS expuso que procedió al despido con justa causa de ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA, el 05 de diciembre del 2014 y, que al solo efecto conciliatorio ofrece: “1. Del total del número de trabajadores despedidos, reinstalar a sus puestos de trabajo, a partir del trece (13) de enero del 2015 a los siguientes trabajadores…, 2…, 3…, 4. Frente a nuestra posición legal de considerar la existencia de la justa causa que motivo los despidos, siempre con el ánimo conciliatorio, el Directorio ofreció bajo la mejor modalidad legal por estar en el proceso de reorganización administrativa, hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a todos los reclamantes propuesta que no fructifico pero que concluyo con el resultado del arreglo conciliatorio que consta en la presente acta, por lo que queremos dejar de buena voluntad y con el mismo animo conciliatorio, constancia que dentro de un término prudencial de diez (10) días hábiles, contados a partir de esta misma fecha, estaremos con la voluntad y el ánimo de mantener nuestra propuesta para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo a reinstalar, sin que se considere esto como parte o una obligación resultado del arreglos conciliatorio, SINO QUE ALGO DE NUESTRO PROPIO ALBEDRIO….,”. (Las negrillas, mayúsculas y los puntos suspensivos son míos). Del extremo que antecede, se aprecia que dicho medio de prueba lo que revela es que el INPREMA actuó bajo el amparo al principio que reza: Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social, y que dicho ofrecimiento conciliatorio no tiene ninguna relación con un acto de discriminación de raza, sexo, religión, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, el día 05 de diciembre del 2014 se procedió al despido ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA por igual y con justa causa legal por haber abandonado sus puestos de trabajo y suspender intempestivamente sus labores el día 11 de noviembre del 2014, sin que operaran en dicha sanción administrativa preferencias y/o privilegios a favor de alguien en particular, aunado a esto, mi representada muy respetuosa de la ley y previo a su despido convoco en partes y en diferentes fechas a los ciento cinco (105) trabajadores a una audiencia de descargos la que tenía como propósito garantizarles el derecho Constitucional de defensa procediendo a contestar todos los asambleístas al ser interrogados sobre el porqué abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores “NO SE NO RECUERDO”. De acuerdo al extremo que antecede, a pedido del SITRAINPREMA y con la mediación del Secretario de Estado en los despachos del trabajo, el día 12 de enero del 2015 se levantó el acta del acuerdo conciliatorio bajo el propio albedrio de los representantes de la demandada y ahí se ofreció mediante arreglo conciliatorio el reintegro de un grupo de trabajadores y se fijó una fecha límite para aquellos que no formaran parte del grupo a reintegrar y optaran por el pago de sus prestaciones laborales, sin que esto signifique actos discriminatorios o de marginamiento, puesto que como se repite la misma se levantó y conto con la aprobación del Estado de Honduras a través del Secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, Señor Carlos Alberto Madero Erazo. Lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero, al negar a mi representada la justa causa y la legalidad de la sanción del despido invocada a la demandante, donde claramente se apreció tanto en la forma y términos del despido que no se procedió al mismo con preferencias y privilegios para con algunos trabajadores de la institución demandada.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente porque la resolución es imprecisa alejada completamente de los lineamientos que exigen los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil vigente, nótese que la pretensión del demandante, en la demanda de merito va orientada a exigir el REINTEGRO AL TRABAJO POR DESPIDO ARBITRARIO, ILEGAL E INJUSTO; sin embargo, el fallo recurrido en el Considerando (4) solo se limitó a concluir que LA SANCION IMPUESTA AL DEMANDANTE ES DESPORPORCIONAL A LA FALTA COMETIDA. Como reitero, el día 05 de diciembre del 2014 la demandada procedió al despido del demandante en vista de que este no logro justificar el abandono al puesto de trabajo y suspensión intempestiva de labores, por lo que, la corte recurrida devenía obligada hacer la respectiva separación al momento de su pronunciamiento sobre la causa y sus efectos, es decir, sobre lo justo y la legalidad, así mismo, hacer los razonamientos facticos y jurídicos del pleito, que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, hecho que no hizo. Por lo antes expuesto y en virtud de que el fallo en el caso de merito no es congruente con las pretensiones deducidas en juicio, es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 206 y 207 del Código de Procesal Civil, en virtud de que dicha sentencia no resulta clara, precisa ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias.”V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL505-2018.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1