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Sentencia CL-497-18 — Registro 11094

Resumen

Segunda instancia reformó la sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir, décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones causadas y proporcionales, bonificaciones, horas extras y demás derechos originados del séptimo Contrato Colectivo de condiciones de trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que se indican varias formas de infringir la ley, como ser: infracción directa, aplicación indebida, interpretación errónea y error de hecho, cuando se ha venido reiterando que no cabe hacerlo en forma conjunta, sino que cada violación debe alegarse en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; b) se omite indicar la norma sustantiva infringida, requisito indispensable conforme lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, ya que el artículo 729 del Código del Trabajo que se indica como violado, es una disposición de carácter adjetivo o procesal; c) tampoco indica el precepto autorizante en que se encuentra contenido el sustento del motivo; y, d) realiza alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que entre las normas infringidas incluye el artículo 18 del Código del Trabajo, que por ser una disposición general no puede ser objeto del ataque en este recurso; b) la violación directa de la ley, sea por falta de aplicación o infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado, por lo que siendo una cuestión debatida lo relativo a la aplicación o no del contrato colectivo, no resulta ser la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, c) incluye el señalamiento de normas procesales que sirvieron de medio, lo cual no es compatible con el tipo de infracción alegada, ya que las mismas son propias de las causales derivadas de la violación indirecta de la ley."..

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 15 de marzo del 2019, por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; y en fecha 25 de marzo del 2019 por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de las señoras: MARIA DOLORES REYES SOSA, LETY ANTONIA GODOY COLINDRES y DORA ISABEL PAZ PINEDA, como recurrentes/recurridas. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir, décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones causadas y proporcionales, bonificaciones, horas extras y demás derechos originados del séptimo Contrato Colectivo de condiciones de trabajo, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de abril del 2015, por las señoras MARIA DOLORES REYES SOSA, LETY ANTONIA GODOY COLINDRES y DORA ISABEL PAZ PINEDA, todas mayores de edad, solteras, amas de casa, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de agosto del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 24 de marzo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las Abogadas MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO y BLANCA LIDIA PONCE RAMOS; 2.- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: REVOCAR el numeral TERCERO el cual deberá leerse de la siguiente manera: “TERCERO: Declarando CON LUGAR las excepciones perentorias de transacción o pago y SIN LUGAR la excepción de prescripción interpuesta por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.”.- 3.- CONFIRMANDO los numerales PRIMERO, SEGUNDO CUARTO, QUINTO Y SEXTO de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES CAUSADAS Y PROPORCIONALES, BONIFICACIONES, HORAS EXTRAS Y DEMAS DERECHOS ORIGINADOS DEL SEPTIMO CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, COSTAS DEL JUICIO, promovida por los señores MARIA DOLORES REYES SOSA, LETY ANTONIA GODOY COLINDRES Y DORA ISABEL PAZ PINEDA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS …”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron a laborar para la demandada (IHNFA), así: Maria Dolores Reyes Sosa, el 13 de enero del 2011, como cocinera, devengaba un salario de L.7,500.00 mensuales; Lety Antonia Godoy Colindres, el 16 de agosto del 2010, como cocinera, devengaba un salario mensual de L. 7,312.00 y Dora Isabel Paz Pineda, el 05 de mayo del 2010, como cocinera, devengaba un salario mensual de L. 7,312,00; institución que se encontraba en proceso de cierre, tal como lo establece el decreto ejecutivo PCM-26-2014, asignándosele la responsabilidad a la Secretaría de Finanzas de liquidar y pagar el pasivo laboral a los trabajadores del IHNFA, tal como lo establece el artículo 8 del referido decreto; asimismo argumentó que mediante la nota de fecha 04 de diciembre del 2014 se les notificó a las demandantes, la decisión unilateral que tomó la demandada para dar por termina la relación laboral que los unía mediante despido directo, abrupto, injusto e ilegal, pues el mismo no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 112 del Código del Trabajo que establece las causales por las cuales puede ser despedido un trabajador con justa causa, y al no invocar ninguna de ellas el despido se vuelve nulo e ilegal; y que por la situación económica que estaban pasando firmaron con la demandada un plan de pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales el 05 de diciembre del 2014, y que el primer pago sería el 05 de enero del 2015, sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda se les haya realizado dicho pago, incumpliendo con ello la demandada el convenio firmado entre las partes, ocasionándoles graves perjuicios; que con el ánimo de conciliar las diferencias presentaron reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo, siendo imposible se dio por agotado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de las demandantes, apoyando su defensa en que el denominado séptimo Contrato Colectivo de Condiciones, nunca fue autorizado por el Consejo Directivo del IHNFA, ni por la Secretaría de Finanzas y que el Presidente del Sindicato se presentó ante la Secretaría del Trabajo y solicitó la inscripción de dicho contrato que no fue aprobado y que al enterarse las autoridades del IHNFA, presentaron oposición al mismo; pr lo que violaron el debido proceso en acto administrativo y forma ilegal procedieron a inscribirlo, siendo nulo porque se efectúo a espaldas de las disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el año correspondiente; que los extremos de la nulidad fueron alegados en tiempo y forma ante la instancia administrativa y mediante acción de amparo administrativo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estando a la fecha pendiente de su resolución; igualmente en audiencia primera de tramite la parte demandada interpuso los defectos procesales de transacción o pago y el de prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de marzo del 2018, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por las señoras MARIA DOLORES REYES SOSA; LETY ANTONIA GODOY COLINDRES, y DORA ISABEL PAZ PINEDA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS; absolvió a la parte demandada, de toda responsabilidad en el presente juicio, incluido el pago de bonificación de vacaciones, bonificación proporcional de vacaciones, bonificación de horas extras y salarios adeudados; declaró sin lugar las excepciones perentorias de transacción o pago y la excepción de prescripción, interpuesta por la parte demandada; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras Lety Antonia Godoy Colindres y Dora Isabel Paz Pineda, en cuanto al pago de reajuste de salario mínimo; condenó a la parte demandada, a pagar la cantidad de L. 6,028.00 para la señora Lety Antonia Godoy Colindres y L.6,028.00 para la señora Dora Isabel Paz Pineda, en concepto de reajuste de salario mínimo, sin costas; bajo el criterio que en el caso que nos ocupa, ha sido llevada a cabo por la liquidación de instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), conforme a lo establecido en el artículo 111 numeral 9) del Código del Trabajo, en consecuencia no deviene la pretensión de las demandantes del pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios durante la prosecución del proceso hasta la obtención de la firmeza de la sentencia correspondiente; en el escrito de demanda la parte actora exige el pago de salarios adeudados, esta pretensión no fue argumentada y probada en juicio con medios de prueba, ya que el apoderado de la parte demandante en el momento procesal oportuno, es decir en la audiencia primera de trámite se limitó únicamente a acompañar el cálculo de prestaciones laborales elaborado en la Secretaría en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social con datos proporcionados por las mismas Señoras Maria Dolores Reyes Sosa y Lety Antonia Godoy Colindres, en vista de ello no forjó la prueba para determinar el origen del pago solicitado, y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, es por ello que es del criterio de la que juzga que no procede el pago de salarios adeudados; que también solicitan el reajuste de salario mínimo a favor de las señoras Lety Antonia Godoy Colindres y Dora Isabel Paz Pineda, que ha quedado establecido el salario mensual que devengaban las señoras antes referidas es por la cantidad de L.7,312.04, en virtud de lo cual es procedente conceder como derecho adquirido el reajuste de salario mínimo al demandante aludido, haciendo referencia a los preceptos legales contentivos a la Ley de Salario Mínimo y haciendo una revisión del Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo para el año 2013, el salario correspondiente para el año en mención, periodo en el cual laboraron las demandantes antes mencionadas en la institución demandada en los últimos seis meses a la fecha de terminación de la relación laboral, acreditado con las constancias que corren agregadas a folios 24 y 25 de las presentes diligencias y con la exhibición de documentos prueba de la parte demandante, es por la cantidad de L. 6,028.00 para la señora Lety Antonia Godoy Colindres y L. 6,028.00 para la señora Dora Isabel Paz Pineda. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 27 de agosto del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en donde revoca el numeral TERCERO, que se leerá así: “TERCERO: Declarando CON LUGAR las excepciones perentorias de transacción o pago y SIN LUGAR la excepción de prescripción interpuesta por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.”; confirmó los numerales PRIMERO, SEGUNDO CUARTO, QUINTO Y SEXTO de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada ya hizo efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por tanto esta corte de Apelaciones no está de acuerdo con la Juez de Primera instancia al declarar sin lugar la excepción de pago, justificando porque las demandantes reclaman más prestaciones y el cálculo realizado por la institución es correcto y conforme a la ley. Que vistas las consideraciones anteriores procede reformar la sentencia venida en consulta. 5.- Mediante auto de fecha 20 de febrero del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; y la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal las señoras MARIA DOLORES REYES SOSA; LETY ANTONIA GODOY COLINDRES, y DORA ISABEL PAZ PINEDA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiéndose el traslado y ordenando que la Secretaría del Despacho retenga los autos para que los Recurrentes comparezcan en el plazo de veinte días para formular las demandas de casación. 6.- En fecha 15 de marzo del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; y en fecha 25 de marzo del 2019 la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal las señoras: MARIA DOLORES REYES SOSA, LETY ANTONIA GODOY COLINDRES y DORA ISABEL PAZ PINEDA, formalizando su demanda, exponiendo cada uno un motivo de casación, por lo que mediante providencias de fechas 18 y 26 de marzo del 2019, respectivamente, se tuvo por devuelto el traslado conferido a los Recurrentes y por formalizado en tiempo el recurso de casación, omitiéndose el traslado, ordenándose dar copia a la parte contraria para que procedieran a contestar de forma común por el término de diez días, manteniendo la Secretaría del Despacho los autos a disposición; quienes no hicieron uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de mayo del 2019, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de las Abogadas MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO y BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representantes procesales de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en un único motivo de casación alega: “Se han infringido directamente el artículo 729 del Código del Trabajo. Si bien es cierto que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de prueba, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio.- Esta libertad legal de la cual goza no es absoluta, sino relativa, pues la misma ley sujeta al Juez a exigencias solemnes de obligatorio cumplimiento. Esta rigurosidad respaldada en el contenido del artículo 739 del Código del Trabajo, ha sido brincada y omitida por la Instancia procesal inferior cuando da por demostrado un hecho sin existir prueba al efecto. Por ello la sentencia recurrida es violatoria de ley sustantiva por infracción directa, por aplicación indebida. Violación que proviene en dar por demostrado un hecho sin existir prueba al efecto. Aquí el error resulta de la violación a la norma cuando la estimación que se hace resulta contraria a la realidad de los hechos. Este error en el expediente resulta evidente por haberse dado por establecido el hecho que a los trabajadores se (supone) adeuda reajuste salarial, sin haberse rebatido en el proceso y sin existir prueba al efecto. La parte actora se limitó a expresar y consignar en el libelo de primera instancia que debe existir un reajuste salarial. En el desarrollo del proceso NUNCA se aportaron pruebas de respaldo a esta solicitud como tampoco formó parte del debate jurídico, empero el sentenciador sin existir pruebas al efecto a dado por demostrado la simple solicitud de reajuste salarial. La ley procesal (Art.251 Cod.Proc.Civ) determina en forma literal los medios de prueba admisibles en el procedimiento, de los cuales ninguno fue parte para acreditar el “reajuste salarial” limitándose la Corte de Apelaciones a decir que confirma la Sentencia del Juzgado del Trabajo, sin hacer alusión (y el Juzgado tampoco) a la razón por la cual ha considerado probado el hecho.- El artículo 765 del Código del Trabajo determina que. “Son causales de casación: 1° Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva – 2° Contener la Sentencia del Tribunal decisiones que hagan más gravosa - Una ley se viola: a) Omitiendo su aplicación; b) Interpretándola mal; y c) Aplicándola improcedentemente. - La expresión violación equivale a cometer una infracción o quebrantar la ley, por cuanto en dichos casos el sentenciador produce una transgresión de la ley o de la doctrina legal, al no seleccionar, en el asunto sometido a su competencia, la norma correspondiente, o bien, que le dio una interpretación inadecuada. En termino amplio “violación de ley” significa error en el juicio de derecho, esto es, negación o mal entendimiento de una norma abstracta de la ley existente o afirmación de una norma abstracta inexistente. Esta violación, según lo apreciamos del artículo 765 que nos ocupa, puede ser: a) Por infracción directa, que consiste en aplicar una disposición a un caso no contemplado por ella, o dejar de aplicarla cuando debe hacerse; participa pues, de lo que se da en llamar “falsa aplicación, que es una forma de violación de la ley que se da ordinariamente cuando, aun entendiendo rectamente una norma en si mismo, se hace aplicación de ella a un hecho no regulado por la misma o se aplica de una manera de llegar a consecuencias jurídicas contrarias a las requeridas por la ley”.- b) Por aplicación indebida, que tiene lugar cuando se aplica la norma a una situación que no corresponde; y c) Por interpretación errónea, que se opera al apreciarse equivocadamente al contenido de la norma. Puede suceder también que la violación de la ley provenga: Primero, de la interpretación errónea de determinada prueba, en cuyo caso nos encontramos ante cualquiera de estas dos situaciones: a) Error de hecho, que puede consistir: 1) En dar por demostrado un hecho sin existir prueba al efecto; y 2) En no darlo por demostrado cuando si lo está. El error de hecho equivale a la violación de la norma cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta contraria a la realidad de los hechos; y b) Error de derecho que constituye el principio alrededor del cual se desenvuelven las relaciones jurídicas entre trabajadores y patronos, que no viene sino a constituirlo el principio reform alio in pejus, no condenarse en la parte que no es objeto del recurso. La declaración del alcance de la impugnación corresponde a la petición, donde debe exponerse con claridad y precisión la forma en que la Corte debe impugnar el fallo. Es a través de este acápite que el fallo debe impugnarse en forma parcial. Desarrollado lo anteriormente expuesto y habiéndose establecido en la relación sintética de los hechos en litigio, que la sentencia recurrida se desprende cuando la sentencia recurrida ha confirmado la de Primera instancia, dando por demostrado un hecho sin existir prueba al efecto. En atención al motivo único antes expuesto en forma clara y precisa procede que este Tribunal Supremo en Sentencia proceda a la casa de la decisión jurisdiccional recurrida y atacada mediante este recurso por la violación denunciada.” III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que se indican varias formas de infringir la ley, como ser: infracción directa, aplicación indebida, interpretación errónea y error de hecho, cuando se ha venido reiterando que no cabe hacerlo en forma conjunta, sino que cada violación debe alegarse en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; b) se omite indicar la norma sustantiva infringida, requisito indispensable conforme lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, ya que el artículo 729 del Código del Trabajo que se indica como violado, es una disposición de carácter adjetivo o procesal; c) tampoco indica el precepto autorizante en que se encuentra contenido el sustento del motivo; y, d) realiza alegatos propios de instancia. IV.- Que la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal las señoras MARIA DOLORES REYES SOSA, LETY ANTONIA GODOY COLINDRES y DORA ISABEL PAZ PINEDA, en su único motivo de casación sostiene: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 60 primera oración y 18, ambos del Código del Trabajo relacionado directamente con la norma sustantiva constitucional establecida en el artículo 127 numeral 15. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 60 primera oración y 18, ambos del Código del Trabajo relacionado directamente con la norma sustantiva constitucional establecida en el artículo 127 numeral 15. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. El conflicto de normas administrativas y laborales del presente litigio fue resuelto mediante la adopción de la norma menos favorable en perjuicio del trabajador por parte del a quem. La obligación contractual de la convención colectiva inicia cuando se firman conjuntamente los acuerdos alcanzados y se registra para tutela de la autoridad competente del trabajo, pero nunca pierde su vigencia por la capacidad procesal de la parte que acudió a su registro. La violación ocurre cuando el a quem inclina la interpretación de la norma a favor de la administrativa y no la laboral, impidiendo que la contratación colectiva surta sus efectos, en clara violación a las normas ya señaladas en este motivo. La barrera que ha impuesto el A quem con la nulidad que ratifica es una manifestación clara de que los principios del derecho del trabajo han sido marginados y con ello la interpretación de las normas laborales en conflicto con otras normas implicando con esto la violación a los derechos sustantivos laborales de mis representadas, por lo que debe ser casada por este Tribunal de alzada la sentencia recurrida.” V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que entre las normas infringidas incluye el artículo 18 del Código del Trabajo, que por ser una disposición general no puede ser objeto del ataque en este recurso; b) la violación directa de la ley, sea por falta de aplicación o infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado, por lo que siendo una cuestión debatida lo relativo a la aplicación o no del contrato colectivo, no resulta ser la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, c) incluye el señalamiento de normas procesales que sirvieron de medio, lo cual no es compatible con el tipo de infracción alegada, ya que las mismas son propias de las causales derivadas de la violación indirecta de la ley. VI.- Por las razones expuestas anteriormente, no procede la admisión de los recursos de casación formalizados por las Abogadas BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo y, MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal las señoras MARIA DOLORES REYES SOSA, LETY ANTONIA GODOY COLINDRES y DORA ISABEL PAZ PINEDA, en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo. 2) DECLARANDO NO HABER LUGAR al recurso formulado por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal las señoras MARIA DOLORES REYES SOSA, LETY ANTONIA GODOY COLINDRES y DORA ISABEL PAZ PINEDA, en su único motivo. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE Y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 497-2018. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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