Sentencia CL-483-18 — Registro 11644
Resumen
Segunda instancia declaro parcialmente ha lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa justa de despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva, se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento de incrementos salariales con efecto retroactivo por la aplicación del XII Contrato Colectivo pendientes de pago, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha en que se produce la ilegal suspensión de labores y posteriormente el arbitrario e injusto despido, hasta la reinstalación al puesto de trabajo y pago de beneficios otorgados a otros trabajadores durante la tramitación de la acción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: se indica el concepto de aplicación indebida, pero es el caso, que esta modalidad de violación a la ley sustantiva se alega al margen del material probatorio y la legalidad o no de la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes fue objeto de la controversia y por ello no es viable el ataque al fallo por este concepto."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado y procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de lo anteriormente establecido se desprende, que si bien la suspensión es una institución del derecho laboral, la misma tiene como finalidad garantizar el principio de estabilidad laboral, no obstante que el artículo 111 numeral 8) la consigna como causa de terminación de la relación de trabajo bajo las causales señalada en el artículo 100 numeres 4, 5) y 15), las misma no encajan, ya que la empresa sigue prestando servicios. Además, en los oficios mediante las cuales se termina la relación de trabajo entre los demandantes y demandada, se ofrece el pago de las prestaciones laborales situación que solo se da bajo el concepto de despido ilegal, por ello lo que procede es el reintegro de los demandante a los mismo cargos que ostentaba al momento del despido y el pago de la indemnizaciones que les corresponden de conformidad a lo establecido en los artículos 110, 113 del Código del Trabajo, relacionado con 129 de la Constitución de la República. 19. Por las razones antes expuestas y las pruebas allegadas al juicio, procede declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud del despido ilegal e injusto, pago de los salarios de percibir a título de daños y perjuicios desde el momento de la suspensión ilegal e injusto e ilegal despido hasta el momento del reintegro, pago de los beneficios otorgado a los demás trabajadores durante la tramitación del proceso, sin lugar el reclamo por reconocimiento de incrementos salariales con efecto retroactivo por la aplicación del XII Contrato Colectivo y sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 110 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, por el Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de los señores AZUCENA PERALTA MEYER, GEOVANNA KARINA SANTOS CASTRO, ZULMA LOPEZ SOLORZANO, MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, YENY BANESSA PACHECO, GRISELVA ESMERALDA MARTINEZ, RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS y ENIL ODEL URBINA GUILLEN, como recurrentes; además es parte recurrida, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada en juicio por el Abogado OSWALDO GUZMÁN PALAU. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa justa de despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva, se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento de incrementos salariales con efecto retroactivo por la aplicación del XII Contrato Colectivo pendientes de pago, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha en que se produce la ilegal suspensión de labores y posteriormente el arbitrario e injusto despido, hasta la reinstalación al puesto de trabajo y pago de beneficios otorgados a otros trabajadores durante la tramitación de la acción, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de febrero del dos mil quince, por el Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores AZUCENA PERALTA MEYER, soltera, Licenciada en Administración de Empresas; GEOVANNA KARINA SANTOS CASTRO, casada, Bachiller en Ciencias y Letras; ZULMA LOPEZ SOLORZANO, soltera, Licenciada en Economía; MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras; YENY BANESSA PACHECO, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras; GRISELVA ESMERALDA MARTINEZ, soltera, estudiante; RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS, casado, Motorista y ENIL ODEL URBINA GUILLEN, soltero, Técnico en Telecomunicaciones; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación promovido por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial el veinticinco de julio del presente año (2018) en la demanda de la referencia; consecuentemente se REFORMA la misma, la que consiste en: DECLARAR SIN LUGAR la demanda de reintegro de los actores, el pago de los salarios dejados de percibir y el reconocimiento de los beneficios otorgados a otros trabajadores durante la tramitación del juicio; por ende, se ABSUELVE a la demandada de dicha pretensión.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos, es decir, en cuanto a los numerales primero, cuarto y quinto de la parte dispositiva, que declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción, sin lugar los incrementos salariales en razón del contrato colectivo y exonera de costas de primera instancia.- TERCERO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con Hondutel de la manera siguiente: Azucena Peralta Meyer, el 01 de marzo del 2006, desempeñándose al momento de su despido 05 de febrero del año 2015, como Asistente de Gerencia Operaciones y Mantenimiento Región Nor Occidental en el área de Comercialización, con un sueldo mensual de L.41,000.00; Geovanna Karina Santos Castro, el 15 de junio de 2007, en el puesto de Oficial de Servicios Comerciales I en el Departamento de Ventas, con un sueldo mensual de L.21,954.89; Zulma López Solórzano, el 01 de septiembre de 2009 como Ejecutiva del Centro de Capacitación de Hondutel (CENCAPH) con nombramiento de Asistente Profesional III, en las oficinas Regionales de HONDUTEL, con un sueldo mensual de L.26,311.29; Mario Rolando Muñoz Cabrera, el 16 de agosto de 2006, como Técnico Instalador y Reparador de Líneas, con un sueldo mensual de L.10,700.00; Yeny Banessa Pacheco, el 05 de mayo de 2010, como Gestor de Atención al Cliente I atendiendo los servicios de Telefonía, Internet y otros en el área de ventas del Departamento Comercial, devengando un sueldo mensual de L. 9,000.00; Griselva Esmeralda Martínez, el 18 de diciembre de 2003 como Operador de Telecomunicaciones IV con un sueldo mensual de L.12,560.29; Rubén Antonio Milla Damas, el 26 de julio de 2006, como Administrativo I según nombramiento, pero asignado al departamento de Bienes Patrimoniales Sector La Puerta, con un sueldo mensual de L.8,078.00; y, ENIL ODEL URBINA GUILLEN, el 01 de octubre de 1993, como Técnico de Telecomunicaciones II, de la Sección Central Internacional. En fecha 07 de octubre del año 2014, la empresa demandada procedió a notificarles la suspensión de labores por espacio de 120 días sin goce de salario, acción que se produjo atropellando flagrantemente garantías constitucionales, así como el artículo 100 y 101 del Código del Trabajo, ya que en primer lugar esta disposición por principio tutelar de derechos sociales no es aplicable a los trabajadores del Estado, con el agravante de no haberse seguido siquiera el procedimiento que el artículo 101 del cuerpo legal precitado establece al respecto; en consecuencia y siguiendo su conducta arbitraria, el patrono procedió a despedir a los demandantes el 05 de febrero del año 2015 mediante oficios firmados por el señor Jesús Arturo Mejía Arita, en su condición de Gerente General de HONDUTEL, en el cual se les comunicó la cancelación de sus contratos de trabajo respectivamente. La normativa precitada, utilizada arbitrariamente para 1a cancelación de los contratos de trabajo de los demandantes, no procede ya que viola la tutela de derechos constitucionales y las normas de protección social y laboral contenidos en la Constitución de la Republica, el Código del Trabajo y convenios internacionales aplicables. No obstante lo antes relacionado, en las notas de despido no se señala ninguna causa o motivo legal para la terminación del contrato de trabajo, faltando el patrono a la obligación que le impone el artículo 117 del Código de Trabajo, así como la Cláusula 82 y la aplicación del procedimiento para despido consignado en la Cláusula 87 del XII Contrato Colectivo vigente suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH, cuyos motivos o causas de despido esgrimidas por el patrono no encuentran cabida legal en nuestra ley laboral. 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a Hondutel, el 07 de octubre del año 2014, invocando lo establecido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificarles en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 08 de octubre de 2014, por el término de 120 días, o sea hasta el día 04 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el día 05 de febrero de 2015, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes. En fecha 10 de octubre de 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, Hondutel presentó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud esta que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista de las múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. Que en fecha 03 de febrero de 2015, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en HONDUTEL aún persisten, lo cual imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, el 05 de febrero de 2015, Hondutel notificó a los demandantes la decisión de dar por terminados los contratos de trabajo, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. En este sentido, a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que Hondutel se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado, con base en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la parte demandada; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado José Benjamín Robles, en su condición de representante legal de los señores Azucena Peralta Meyer, Geovanna Karina Santos Castro, Zulma López Solórzano y otros, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condenando a la demandada al reintegro de los demandantes a los puestos de trabajo, al pago de los salarios dejados percibir a título de daños y perjuicios, y al reconocimiento de los beneficios o incrementos que la empresa haya materializado a los demás trabajadores activos, durante el tiempo del desarrollo de este juicio; sin lugar la demanda para el reconocimiento de incrementos salariales con efecto retroactivo por la aplicación del XII contrato colectivo pendientes de pago, sin involucrar efectos de cosa juzgada tal como se desarrolló y motivó en los fundamentos jurídicos de este fallo, sin costas; bajo el criterio que consta en autos que los demandantes el día 07 de octubre de 2014 les notificaron la suspensión de sus contratos de trabajo por 120 días, como consecuencia de la suspensión fueron cancelados de sus puestos de trabajo mediante oficios números GGH-403-2015, GGH 330-2015 GGH-371-2015, GGH-162-2015, GGH-553-2015, GGH-245-2015, GGH 1463-2015 GGH-204-2015 de fecha 05 de febrero del 2015, amparándose en las causales contenidas en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) así como también el artículo 111 numeral 8) y segundo párrafo del Código del Trabajo, por lo que es del criterio que se ha violentado el procedimiento infringiendo desde todo de punto vista las normas laborales, que sumado a ello HONDUTEL ofrece en el mismo oficio que contiene el despido el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, situación ésta que es contraria ya que por una parte aduce tener causas justas para despedir a los demandantes sin responsabilidad, pero por otro lado hace ofrecimiento expreso del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, conllevando a una franca violación al ordenamiento jurídico y específicamente a lo establecido en los artículos 102 y 103 del Código del Trabajo. En este caso la terminación no es bilateral, es unilateral por lo que se configura como un despido que no expresa la causa o motivo justo que permite despedir sin que el trabajador no tenga el derecho de exigir su reintegro, este reclamo de los trabajadores prospera, y así mismo se probó la existencia del Contrato Colectivo, sin embargo no proceden los aumentos salariales para la aplicación de la Cláusula 49 del XII Contrato Colectivo, en virtud que los mismos no se han materializado, y al no estar probados se hayan hecho efectivos y que a los trabajadores se les haya excluido de los mismos no proceden. No obstante, la decisión adoptada no puede constituir efectos de cosa juzgada en virtud que si es procedente estimar que se les reconoce por su antigüedad y carácter permanente que tiene derecho a todos los beneficios que sean otorgados a otros trabajadores durante la tramitación de esta causa. Que en este juicio toca desestimar la excepción perentoria formulada por la parte demandada consistente en la prescripción, en virtud que las normas no son atinentes al caso que ocupa sobre incrementos salariales, además no puede existir prescripción de un derecho que no se ha producido, tales incrementos salariales, no se puede considerar que su reclamo se encuentre prescrito, ya que en todo caso el ejercicio de la acción se debe generar una vez estos sean realizados, todo caso asista el derecho a la acción colectiva entablada por el sindicato, estos tendrán el derecho para ejercer su correspondiente acción al amparo de que se les reconozcan los derechos otorgados a otros trabajadores durante la tramitación del presente juicio. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el sub judice, de acuerdo al análisis efectuado por el iudex aquo para negar los incrementos salariales radica en que éstos no se han materializado a favor de los trabajadores, decisión que fue consentida por la representación procesal demandante y pese a ello, la accionada pretende la reforma del pronunciamiento de la excepción perentoria de prescripción más ello no es posible, por cuanto el computo del término de prescripción se realiza a partir de la fecha en que el derecho es exigible y en éste caso el mismo nunca nació tal y como lo valoró el Juzgador. Conforme lo dispuesto en los artículos 100 literales 4) y 5), 101 y 102 del Código de Trabajo, es posible que por causas económicas se autorice la suspensión del contrato de trabajo, pudiendo inclusive convertirse en justa causa de terminación del nexo jurídico laboral si persistiera la situación al interior de la entidad, tal y como lo dispone el artículo 111.8 del citado cuerpo de Leyes, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo, situación ésta que así resulta en el sub judice, pues la suspensión de labores de los actores se produjo como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa la accionada, misma que fue acreditada ante la autoridad administrativa del trabajo que es la competente para autorizar la suspensión en referencia y por ello se accedió a la misma pese a que los actores se opusieron a ella, según consta a folios del 543 al 547 de la primera pieza; de manera que habiéndose autorizado la suspensión de labores por los 120 días y persistiendo las causas que dieron origen a la misma (folios 548-549 y 575-585pp) el cese laboral recibe el amparo legal y por cuya razón no es posible conceder el reintegro pretendido, pues las disposiciones dictadas en relación con la estructura, organización y desarrollo de las funciones de las instituciones de la administración pública, deben entenderse promulgadas en interés general, razón por la cual predominan sobre las que únicamente atienden al interés individual, de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 62 de la Constitución de la República; es por esa razón que en los casos de conflicto entre las normas laborales o convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo y las especiales que en desarrollo de mandatos constitucionales permiten la supresión del empleo que ocupaba un trabajador y su consiguiente desvinculación, se ha dado prelación al régimen especial, por perseguir una finalidad de poner en consonancia la estructura del Estado y de sus organismos, con el diseño constitucional de la estructura del Estado, que con ella sea adoptada, se consagran con el fin de realizar de la mejor manera los fines esenciales de la Administración Pública. A lo anterior es de agregar que por disposición del artículo 14 del decreto número 266-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de enero del 2014, contentivo de la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno, se autorizó a las instituciones descentralizadas la supresión y reorganización de dependencias que la eficiencia de la administración pública demanda (folio 522pp); razón por la que la accionada suspendió los contratos de trabajo y finalmente le puso fin a la relación de trabajo para con los actores, la que es válida y legal, ya que si la normativa antes referida autoriza la adopción de medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público y de orden financiero, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y demás leyes, no existe impedimento alguno para cesar a los demandantes. 5. Mediante auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ BENJAMÍN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores AZUCENA PERALTA MEYER, GEOVANNA KARINA SANTOS CASTRO, ZULMA LOPEZ SOLORZANO, MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, YENY BANESSA PACHECO, GRISELVA ESMERALDA MARTINEZ, RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS y EMIL ODEL URBINA GUILLEN, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSÉ BENJAMÍN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores AZUCENA PERALTA MEYER, GEOVANNA KARINA SANTOS CASTRO, ZULMA LOPEZ SOLORZANO, MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, YENY BANESSA PACHECO, GRISELVA ESMERALDA MARTINEZ, RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS y EMIL ODEL URBINA GUILLEN, formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OSWALDO GUZMAN PALAU, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso. 2. Que el Abogado JOSÉ BENJAMÍN ROBLES, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo en relación con el 100 numerales 4), 5) y 15) del citado Código, cuando se debió haber aplicado los artículos 99 párrafo primero y 110 del mismo ordenamiento jurídico. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: En el presente caso, la Corte recurrida en su sentencia aplica indebidamente el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, el cual establece que es causa de terminación de los contratos de trabajo, entre otras, la suspensión de actividades por más de 120 días en los casos 1), 3), 4) 5) y 6) del artículo 100 del referido ordenamiento jurídico; por lo que siendo un hecho aceptado por las partes y reconocido por el Juzgador, de que la demandada notificó a los demandantes, la suspensión de los contratos de trabajo por ese lapso de tiempo (120 días calendario) y al día siguiente del mismo, los despidió, pero al no cumplirse los presupuestos de dicha norma, es decir, que sea una suspensión de las actividades, ya que la empresa siguió realizando las funciones o tareas propias de una entidad estatal, además que tal suspensión sea mayor de 120 días, cuando solo se hizo la misma por 120 días, entonces no aplicaba lo dispuesto en esa disposición, porque reiteramos las actividades continuaron y la suspensión no fue por más de 120 días como expresamente indica el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, entonces no resultaba aplicable tal disposición y lo procedente era que la relación laboral se mantuviera, dado que la suspensión de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos en cuanto al reintegro al trabajo y continuidad del contrato, tal como lo dispone el primer párrafo del artículo 99 del citado Código, pero al operar el despido injustificado los trabajadores demandantes tienen derecho a la remuneración debida durante la suspensión de trabajo y a la indemnización o a que se le reintegre al trabajo, a su elección, conforme lo establecido en el artículo 110 del mismo Código, que debieron ser las normas que se debieron aplicar en sustitución de la infringida ya señalada.” 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: se indica el concepto de aplicación indebida, pero es el caso, que esta modalidad de violación a la ley sustantiva se alega al margen del material probatorio y la legalidad o no de la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes fue objeto de la controversia y por ello no es viable el ataque al fallo por este concepto. 4. En un segundo motivo de casación se aduce: “Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 110 y 111 numeral 8) del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios 8 al 23 y 586 al 593 del expediente de primera instancia, que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 8 al 23 y 586 al 593 del expediente de primera instancia, que se refieren a los oficios del 5 de febrero del 2015 donde HONDUTEL les notifica a los demandantes la terminación del contrato de trabajo, así como las notas de fechas 7 de octubre del 2014, de la notificación de la suspensión del contrato individual de trabajo por 120 días. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure el error de hecho es necesario: 1) Que exista una mala apreciación de la prueba producida; 2) que esa mala apreciación sea originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4) que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Ad-Quem, al reformar la sentencia de primera instancia, incurrió en infracción indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuanto da por establecido un hecho que no sucedió (terminación de contrato con causa) y no da por acreditado un hecho consumado y probado plenamente (despido injustificado), con lo cual resulta evidente la equivocada apreciación de la prueba, conducta que le llevó a declarar SIN LUGAR la demanda, violando de esta manera, indirectamente el artículo 110 del Código del Trabajo, norma que dispone que cuando el despido injustificado surta efecto, el trabajador tendrá derecho a la remuneración debida durante la suspensión de trabajo y a la indemnización o a que se le reintegre al trabajo, a su elección. Ese error surge de la valoración o apreciación errónea de la prueba documental que obra a folios 8 al 23 y 586 al 593 del expediente de primera instancia, como del resto del conjunto de la prueba, ya que si lo hubiera realizado correctamente su conclusión hubiera dado por sentado que la demandada les comunicó a los trabajadores demandantes la suspensión de labores por 120 días a partir del 8 de octubre del 2014 al 4 de febrero del 2015, que al día siguiente 5 de febrero del 2015, HONDUTEL procedió a dar por terminada la relación laboral, con el reconocimiento del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pero no existió suspensión de actividades en la empresa demandada, ni tal suspensión fue por más de 120 días, tal como lo determina el artículo 111 numeral 8) del Código de Trabajo, entonces al no darse los supuestos o exigencias que determina dicha disposición, la terminación de los contratos resulta ser ilegal e injustificada.- Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo.” 5. Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado y procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. 6. Que en un tercer motivo de casación se esgrime: “Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 110 y 111 numeral 8) del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios 8 al 23 y 543 al 549 del expediente de primera instancia, que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 8 al 23 y 543 al 549 del expediente de primera instancia, que se refieren a las notas donde HONDUTEL el 5 de febrero del 2015 les notifica a los demandantes la terminación de los contratos de trabajo o sea el despido y la resolución No. 132-2015 de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social que declara con lugar la suspensión de labores por 120 días, de fecha 27 de octubre del 2015, así como el escrito presentado ante esa Secretaría el 3 de febrero del 2015, por el apoderado de HONDUTEL. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La Corte recurrida sostiene en su sentencia, que la demandada acreditó la crisis económica por la que atraviesa ante la autoridad administrativa, que es la competente para autorizar la suspensión de labores y por ello se accedió a la misma, de manera que habiéndose autorizado la suspensión de labores por los 120 días y persistiendo las causas que dieron origen a la misma, el cese laboral recibe el amparo legal y por cuya razón no es posible conceder el reintegro pretendido, criterio que deriva de la valoración o apreciación errónea del medio de prueba documental que he singularizado, particularmente de la resolución de la Secretaría del Trabajo No. 132-2015 de fecha 27 de octubre del 2015, que declara con lugar la suspensión de labores por 120 días, que obra en copia a folios 543 al 547 de la primera pieza de autos, pero tal valoración equivocada de la prueba referida, la lleva también a conclusiones erróneas, primero porque tal resolución se dictó cuando ya los demandantes habían sido cancelados de sus trabajos, lo cual ocurrió el 5 de febrero del 2015, conforme los oficios que obran a folios 8 al 23 del mismo expediente y que además, la autorización de tal suspensión es por 120 días, y no por más de 120 días tal como exige el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, por lo que es evidente y manifiesto el error de hecho derivado de la valoración o apreciación errónea de esas pruebas singularizadas y de todo el material probatorio en su conjunto y que llevara a la violación indirecta de las normas sustantivas señaladas, ya que tal determinación se traduce en un despido injustificado y ante ello surge el derecho de los trabajadores demandantes a optar por el reintegro a su trabajo.” 7. Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado y procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. 8. Que en un cuarto motivo de casación expone lo siguiente: “Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 110 y 113 párrafos primero y tercero literal b) del Código del Trabajo, en relación a los artículos 60 y 129 de la Constitución de la República, por error de hecho derivado de la falta de apreciación de la prueba documental visible a folios 625 al 638 y el reconocimiento judicial que obra a folios 1100 al 1140 del expediente de primera instancia, que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba no apreciada por el juzgador, es la documental que obra a folios 625 al 638 y el reconocimiento judicial que obra a folios 1100 al 1140 del expediente de primera instancia, que se refieren a las sentencias dictadas por los Tribunales del Trabajo, en las demandas que anteriormente promovieran los demandantes contra HONDUTEL y donde fueron reintegrados a sus trabajos. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La Corte recurrida ha dejado de apreciar la prueba documental que obra a folios 625 al 638 y el reconocimiento judicial que obra a folios 1100 al 1140 del expediente de primera instancia, que se refieren a las sentencias dictadas por los Tribunales del Trabajo, en las demandas que anteriormente promovieran los mismos demandantes contra HONDUTEL y donde fueron reintegrados a sus trabajos, en relación al tema expuesto en el hecho cuarto de la demanda, sobre que las acciones de la demandada contra los demandantes “se han enfilado a la mayoría de trabajadores reintegrados a través de sentencias judiciales, con lo que la empresa pretende burlar las disposiciones de los tribunales del trabajo han dejado establecidas, creando con estas acciones un nefasto precedente de violación y atropello de la Constitución y demás leyes laborales por lo que en lo sucesivo ningún trabajador tendrá estabilidad laboral...”, es decir, sobre un tema debatido en el proceso y del cual el Ad quem no se ha pronunciado, menos repito, ha apreciado la prueba singularizada, con la cual se acredita plenamente dicho hecho y que aún y cuando no se ha expuesto así, es un tema de discriminación, cuyos indicios lógicos son los precedentes judiciales relacionados, sobre la supresión de esas relaciones de trabajo por razones contrarias a los derechos constitucionales de igualdad y estabilidad laboral, que se reitera se realizaron con ánimo discriminatorio referido. Esta honorable Sala estableció en la sentencia del 27 de julio del 2011, expediente CL 326-09 el siguiente criterio: “Que ante la invocación de una causa de discriminación por parte del Trabajador es el empresario o patrono quien debe asumir la carga de probar los hechos generadores de extinción o de no existencia de dicha conducta, pero el denunciante debe de acompañar un indicio fáctico que le sirva para la inversión de la carga de la prueba, ya que no basta el simple hecho de alegarla, sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de tales circunstancias cuando el empresario deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente.”, por lo que si se hubiera apreciado el material probatorio que he referido, claramente se tenía que haber constatado la violación de los derechos constitucionales y legales de los trabajadores demandantes, como una actitud y conducta discriminadora de la demandada y ante ello el despido que motiva la acción es ilegal, nulo y sin justa causa, por lo que de haber aplicado las normas sustantivas que garantizan el derecho al reintegro al trabajo a esos trabajadores demandantes, la decisión judicial hubiera tenido que ser en ese sentido, de garantizarles sus derechos a la igualdad y estabilidad laboral..” 9. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: que el juzgador juzgador de instancia, al momento de decidir ha tomado en cuenta el material probatorio que considera necesario para la formación de su libre convencimiento. 10. Que un quinto motivo se expone: Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 110 y 113 párrafos primero y tercero literal b) del Código del Trabajo, en relación a los artículos 60, 62 y 129 de la Constitución de la República, por error de hecho derivado de la falta de apreciación de la prueba documental visible a folios 614 al 616 del expediente de primera instancia, que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba no apreciada por el juzgador, es la documental que obra a folios 614 al 616 del expediente de primera instancia, que se refieren a las publicaciones en los periódicos relacionadas con las ganancias o utilidades reportadas por Hondutel. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La Corte recurrida ha dejado de apreciar la prueba documental que obra a folios del expediente de primera instancia, que se refieren a r cuya razón no es posible conceder el reintegro pretendido, pues las disposiciones dictadas elas notas periodísticas referentes a las ganancias o utilidades reportadas por HONDUTEL, por lo que al hacerlo ha dado lugar que el Ad quem se haya pronunciado señalando que la crisis económica por la que atraviesa la accionada y persistiendo las causas que dieron origen a la suspensión de labores, “el cese laboral recibe el amparo legal y pon relación con la estructura, organización y desarrollo de las funciones de las instituciones de la administración pública, deben entenderse promulgadas en interés general, razón por la cual predominan sobre las que únicamente atienden el interés individual, de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 62 de la Constitución de la República; es por esa razón que en los casos de conflicto entre las normas laborales o convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo y las especiales que en desarrollo de mandatos constitucionales permiten la supresión del empleo que ocupaba un trabajador y su consiguiente desvinculación, se ha dado prelación al régimen especial, por perseguir una finalidad de poner en consonancia la estructura del Estado y de sus organismos, con el diseño constitucional de la estructura del Estado, que con ella sea adoptada, se consagran con el fin de realizar de la mejor manera los fines esenciales de la Administración Pública…”, es decir, al no haber apreciado la prueba singularizada, con la cual se acredita que la demandada no se encuentra en ninguna situación de crisis económica como se afirma, más bien dichas notas periodísticas reflejan que se tienen utilidades y ganancias, por otro lado, tampoco esos criterios del interés general y del conflicto entre normas laborales y constitucionales, a que hace referencia la Corte recurrida, no han sido expuestos ni objeto del debate del juicio, violentando dicha sentencia, el derecho constitucional de estabilidad laboral y por ende, las normas que lo regulan. Vale la pena destacar que la Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del recurso de Inconstitucionalidad RI 147-08 del 1 de diciembre del 2011, donde declaró con lugar el mismo y derogó la norma que violentaba el derecho de estabilidad laboral, señalando: “CONSIDERANDO (11): Que en relación con lo anterior, el artículo 129 constitucional instituye: “Artículo 129. La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.” CONSIDERANDO (12): Que el contenido de la norma antes transcrita señala que la estabilidad laboral la garantiza la carta magna, y que este derecho ni ligeramente puede ser vulnerado para quienes lo gozan, y vale decir de que además de tener protección constitucional, tiene protección internacional, o sea amparo en pactos internacionales y en organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).”, es decir, dicho órgano de control constitucional, en la ponderación de derechos constitucionales, hace prevalecer la normativa que protege a la persona humana, aplicando el principio pro homine, el cual desconoce la Corte Recurrida al incurrir en un evidente error de hecho, al no apreciar dicha prueba, violentando de manera indirecta las normas sustantivas señaladas. 11. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: que el juzgador de instancia, al momento de decidir, ha tomado en cuenta el material probatorio considerado necesario tomando en cuenta la libre formación de convencimiento para decidir reformando la sentencia impugnada. 12. Que se solicita nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida en la forma siguiente: “En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, la que baso en los términos siguientes: Conforme al principio del debido proceso que regula el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal y formas (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la decisión que se revisa el principio de congruencia, que marca al Juzgador el camino para su decisión y fijan un límite a su poder discrecional. La sentencia del ad-quem resulta incongruente, ya que reforma la sentencia para declarar sin lugar la demanda, basándose en hechos y situaciones no debatidas, como lo es el tema de la prevalencia del interés general sobre los derechos constitucionales de mis representados o la aplicación de una norma que autoriza la supresión y reorganización de las instituciones descentralizadas, cuando repito, la demandada no ha expuesto tales hechos ni fueron debatidos, lo cual violenta el artículo 208 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, ya que con base al principio y deber de congruencia procesal, las sentencias deberán resolver las cuestiones planteadas, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- También se violentó el artículo 738 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil, que establecen que el Juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo y que las sentencias deben ser dictadas con: CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como podéis apreciar, el Ad quem, no observó las normas procesales laborales que conlleven a una sana decisión del asunto, pues no observó estas normas procedimentales al no valorar ni razonar todos los extremos del debate y las pruebas aportadas.- Finalmente, este fallo contradice lo resuelto por esta Sala en casos similares de demandas de la misma naturaleza que se han ventilado ante los Tribunales del Trabajo de esta sección judicial, donde se han desestimado los recursos de casación laboral contra las sentencias condenatorias proferidas, como consta en los expedientes CL 99-18, 465-17, 287-18, 595-17, 467-17, 456-17, 388-17 y 200-18, donde ha prevalecido el criterio de que esos despidos son ilegales y que violentan el derecho de estabilidad laboral, incluso en el primero de esos fallos se determinó que “al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, donde se concluyera que la terminación de la relación laboral fue ilegal e injusta, de lo cual el ad-quem sostiene que del tema debatido ha establecido jurisprudencia, al haber resuelto varios casos con la misma línea de criterio, por lo cual no se advierte ningún error manifiesto o evidente de su parte.”. Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de mis representados, como el debido proceso, se debe anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además, ese Tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo la sentencia que corresponda conforme los extremos del debate, ya que se violentó su deber de resolver conforme los hechos debatidos, así como de las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mis representados. Por todo lo expuesto, procede se declare la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida.” 13. A razón de que se está casando el fallo impugnado, no se considera necesario realizar pronunciamiento sobre la nulidad subsidiaria solicitada. 14. Que por las razones antes expuestas es procedente inadmitir el primero, cuarto y quinto y admitir el segundo y tercero por lo que cabe declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. 15. Que en el sub-judice la contienda se centra en establecer si la terminación de los contratos de trabajo entre los demandantes y la demandada es un despido ilegal e injusto en relación a la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes realizados por la demandada. 16. Que la parte demandada propuso los medios de prueba siguientes: MEDIO DE PRUEBA DENOMINADO DOCUMENTALES: 1.- Hoja de Consulta de Datos Ocupacional del Sistema Mecanizado de Talento Humano Región Noroccidental de los demandantes AZUCENA PERALTA MEYER, GEOVANA KARINA SANTOS CASTRO, ZULMA LOPEZ SOLORZANO, MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, YENY BANESSA PACHECO, GRISELVA ESMERALDA MARTINEZ, RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS y ENIL ODEL URBINA GUILLEN. 2.- Tabla de Incrementos Salariales efectuados para la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) incrementos salariales hasta el 2011. 3.- Acción de terminación de contrato por persistencia de las causales de la suspensión notificada en octubre del 2014, con efectividad a partir del 5 de febrero del 2015. 4.- Oficios GGH-2015 de fecha 5 de febrero de 2015, entregado a las ahora partes demandantes, donde se les expone los motivos jurídicos por los que no continuarán en Hondutel. Corren a folios 8 al 23. 5. Certificación de Estado de Resultado de la Empresa hondureña de telecomunicaciones (HONDUTEL) 2005, 2006, 2007. 2008, 2009. 2010. 2011, 2012. 2013 y 2014 (estados financieros sobre disminución de los ingresos de la Empresa, que hace que no opere con un margen mínimo de utilidad siendo imposible seguir contando con los servicios de los demandantes, razón que orilló a HONDUTEL a dar por terminados sus contratos de trabajo. 6.- Original de toma de pantalla que aparece inserto en el mismo, que los señores AZUCENA PERALTA MEYER, GEOVANNA KARNA SANTOS. CASTRO, ZULMA LOPEZ SOLORZANO, MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, YENY BANESSA PACHECO, CRISELVA ESMERALDA MARTINEZ, RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS y ENIL ODEL URBINA GUILLEN, se le acreditó el equivalente al pago del mes de octubre del 2014 por concepto de indemnización, así como el pago por concepto de 7 días laborados en el mes octubre del 2014. 7.- Fotocopia autenticada de la certificación de resolución de punto de acta N°. 8, de la Sesión Ordinaria N°-545-08 celebrada por la Junta Directiva de Hondutel en fecha 13 de mayo del 2008. Fotocopia autenticada de la certificación de resolución de punto de acta N°.11, de la Sesión celebrada por la Junta Directiva de Hondutel en fecha 05 de septiembre del 2008. Con las que se comprueba que la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo entre Hondutel y Sitratelh, debidamente suspendida. Escrito intitulado “Se solicita se tengan por comprobadas las causas de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos”, de fecha 10 de octubre del 2014. Con esto acreditamos que Hondutel presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, siguiendo el procedimiento legal correspondiente. 9.- Escrito intitulado “Se notifican que las causas invocadas y que sirven de fundamento para la suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos notificada a empleados de la Empresa Honduras de Telecomunicaciones (Hondutel) y cuya comprobación fue iniciada ante esta Secretaría de Trabajo y Seguridad Social el 10 de octubre del 2014 aún persisten”, de fecha 03 de febrero del 2015, expediente SC-SUSP/CONT-34-2014. Con lo que se acredita que Hondutel siguiendo el procedimiento legal correspondiente presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Segundad Social. 10.-FORMAL NOTIFICACIÓN de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel aún persisten, lo cual imposibilito reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos: por lo que habiendo transcurrido el término de Ley para suspensión contado desde la fecha de notificación de la medida de suspensión a la demandante, el 5 de febrero del 2015. Hondutel notificó a los demandantes de la decisión de dar por terminados sus contratos de trabajo, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, fundamentando esta decisión en los artículos 62 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 4). 5) 15), 11 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo, cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel. 11.-Fotocopia autenticada de la certificación a la Resolución 132-2015, extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. Con esta certificación se prueba donde se declara CON LUGAR la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo. presentada por HONDUTEL, cumpliendo así mi representada con lo establecido en la Ley. También se acredita en dicha resolución que las impugnaciones á la misma presentadas por todos los ahora demandantes fue declarada SIN LUGAR por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Dicha resolución convalida todas las actuaciones realizadas por HÓNDUTEL. según lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aunado a que la suspensión de contratos de trabajo surte efecto desde la fecha de notificación de la misma, según lo instaurado en el artículo 100 del Código de Trabajo. Asimismo, no plica el pago de indemnización en concepto de salarios dejados de percibir, ya que los artículos 113 y 114 del Código de Trabajo instauran que la misma solamente es procedente cuando a los trabajadores se les despide sin causa justa, sin embargo. en este caso no existió despido sino una terminación del contrato de trabajo basada en un reajuste de personal necesario debido a la situación económica de la empresa.12.- Copia autenticada de sentencia publicada en la Gaceta Judicial del 2007, en la pieza CL 105-2006, mediante la cual se acredita que mi poderdante tiene la facultad de dar por terminados los contratos de trabajó siempre y cuando garantice el pago de prestaciones. Asimismo, en dicha sentencia se establece e que existen causas de terminación del contrato de trabajo y causas de despido justificado: en el presente casó, se dio una terminación de contrato de trabajo basada en el art. 95 numeral 19 del Código de Trabajo y en la cláusula 82 del XII Contrato Colectivo de la presa por lo que en ningún momento se está violentando el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los demandantes (ver sentencia). 13.- Fotocopia del Decreto Legislativo número 266-2013 contententivo de la Ley para para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, específicamente en su artículo 8: “El Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo”. Prueba documental propuesta y tenida por evacuada a folios 516, 517 y 519 de la primera pieza de autos. 16. Quela parte demandante propuso los siguientes medios de prueba: PRUEBA: DOCUMENTOS PUBLICOS: a) Notas de despido oficios GGH-403-2015 AZUCENA PERALTA MEYER. - GGH-330-2015 GEOVANNA KARINA SANTOS CASTRO. - GGH3712015 ZULMA LOPEZ SOLORZANO. GGH162-2015 YENY BANESSA PACHECO. - GGH-553-2015 GRISELVA ESMERALDA MARTINEZ. - GGH-163-2015 RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS. - GGH-204-2015 ENIL ODEL URBINA GUILLEN. - GGH 245-201, MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, mediante los cuales les comunicó la cancelación de sus contratos de trabajo con vigencia a partir del 05 de febrero del año en curso folios del (08 al 23) del presente juicio. b) Acta de Cierre de las diligencias conciliatorias ante las autoridades del ministerio del Trabajo de esta ciudad, de fecha siete (07) de-febrero del año 2015, folio (24) de la primera pieza de autos, mediante la cual se constata que en el presente juicio se buscó llegar a un arreglo conciliatorio. c) Acta levantada al efecto por la Inspectora del ministerio del Trabajo Suanny Yadira Agurcia, ante la jefa de Recursos Humanos de HONDUTEL, en la cual al preguntarle a la jefa de Recursos Humanos Yessica Guadrorí sobre las suspensiones, manifestó lo siguiente: “Que el departamento de Recursos Humanos no fue tomado en cuenta para estas suspensiones. cada jefe inmediato de cada departamento entrego dichas suspensiones. y yo solo estoy esperando instrucciones de la gerencia general, y no tengo conocimiento cuando van a ser reintegradas a sus labores las trabajadoras” esto demuestra que no hay un análisis previo de cada puesto y funciones de los trabajadores suspendidos, sino que se dejó al libre albedrio de los jefes de departamento las suspensiones y por ende dicha acción fue despedir a los trabajadores reintegrados. d) Ejemplar del XII Contrato Colectivo para que sean examinadas las clausulas 49 Ajustes salariales, 82 “Estabilidad Laboral” y la cláusula 87 “PROCEDIMIENTO PARA DESPIDOS” para constatar si se siguió el procedimiento para despido que al efecto señala dicha normativa. e) Cuatro Sentencias emitidas por este Juzgado a favor de os trabajadores: Yeny Vanesa Pacheco, Mario Rolando Muñoz Cabrera, Zulma López Solórzano y Rubén Antonio Milla Damas y Documento emitido por el CEDIJ del Registro número 236. 472 de la Sentencia a favor de la señora Grisélva Esmeralda Martínez con número de expediente 8188/2006, Oficio DRSE-973- 2009 de fecha 6 de octubre del año 2009, firmado por el entonces Gerente General de HONDÚTEL ingeniero Jorge Augusto Aguilar, con el cual se acredita que fue reintegrada por sentencia Judicial. - Con dichas sentencias se prueba que el patrono a su libre arbitrio desafió las disposiciones y sentencias de reintegro de mis patrocinados que al efecto emitieran los órganos jurisdiccionales. f) Certificación 9789, del 24 de noviembre de 2015, contentiva de la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, mediante la cual confirma el Auto Interlocutorio pronunciado por el Tribunal A-Quo en el Expediente 00332-2014, mediante cuya resolución se establece que los Trabajadores inactivos o despedidos no pueden ser representados por la organización sindical SITRATELH, y que no se les puede aplicar los derechos y ajustes salariales que establece el XII contrato Colectivo, agregada a folio 86.- g) La gaceta número 21907 de la Ley Orgánica d’ HONDUTEL, donde consta las atribuciones que tiene la Junta Directiva y la Gerencia general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.- MEDIO DE PRUEBA.- DOCUMENTOS PRIVADOS.- Consistentes en : a) Original de la página 4 de la sección de negocios de fecha 12 de Marzo de 2015 del Diario La Prensa; mediante la cual HONDUTEL reporta que la utilidad de del Bimestre Enero y Febrero de 2015 fue de 3.3 millones de lempiras.- b) Pagina 48 de la Sección Negocios de Diario La Prensa de fecha 15 de marzo del año 2016 que informa que la utilidad de HONDUTEL fue de 45.7 Millones de Lempiras hasta el bimestre de enero y febrero del año 2016.- y, c) Se presenta Pagina 58 dela sección Negocios de Diario La Prensa de fecha 11 de mayo del año 2016, en el que “se informa que la utilidad de HONDUTEL para hasta el mes de abril del año en curso (2016) fue de 81.5 MILLONES DE LEMPIRAS hasta el mes de abril del año en curso (2016): lo cual indica que la empresa tiene una sana situación financiera, documentos que hago entregó en este momento. En consecuencia, nunca debió esgrimirse como causal una crisis inexistente para el dicho de mis patrocinados. MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL (1): POR EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DE ENTIDAD OFICIAL: Que se REQUIERA a la apoderada Judicial HONDUTEL para que Exhiba ante este Tribunal Listado de Planilla alfabético’ de todos los empleados de (HONDUTEL) para la Zona Nor-Occidental, de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2014; y los meses de Enero a diciembre 2005: de Enero Diciembre del año 2016, o hasta la fecha que se practique esta diligencia para constatar los siguientes puntos: a) Cuantos empleados hay Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Región Nor-Occidental departamento de Comercialización lugar del trabajo de la Señora Azucena Peralta Meyer.- b) Cuantos Empleados hay en Sección de talento Humano lugar de trabajo de la Trabajadora Zulma López Solórzano.- c) Cuantos: empleados hay en planta Externa y o Administración (Instaladores y reparaciones de Línea) Lugar de Trabajo del señor Mario Rolando Muñoz Cabrera.- d) Cuantos empleados hay como Gestores de atención al cliente en el Departamento Comercial, vendiendo los servicios de Internet y telefonía lugar de trabajo de la señora señora Yeny Banessa Pacheco.- e) Cuantos empleados laboran como operadores de Telecomunicaciones lugar de trabajo de la señora Griselva Esmeralda Martínez. f) Verificar cuantos empleados laboran como administrativo (1) y determinar quién está a cargo del área de Bienes Patrimoniales en el sector denominado La Puerta. puesto que era desempeñado por el Señor Rubén Antonio Milla Damas.- h) Verificar cuantos empleados laboran en la Central Internacional de esta ciudad lugar de trabajo del señor del señor Enil Odeil Urbina Guillen, i) Verificara cuantos empleados laboran como Oficiales de Servicio Comerciales, en el departamento de ventas de esa ciudad; verificando además su fechas de ingreso, los puestos desempeñados, así como los sueldos que devengaban todos ellos .- j) Verificar en las planillas actuales los siguientes extremos: 1). Cuantos empleados permanentes existen 2) Cuantos Empleados por contrato; 3). Cuantos Empleados por proyecto; 4) Cuantos Empleados Temporales Existen, constatando, además: Puesto que desempeñan. fecha de ingreso, Los Sueldos que devengan. - k) Constatar los nombramientos efectuados a partir del mes de octubre del año 2014, hasta la fecha en que se practique la presente diligencia probatoria.- MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL (2) POR. EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ENTIDAD OFICIAL. - Que se REQUIERA al apoderado legal de HONDUTEL para que exhiba a este despacho lo siguientes documentos: que exhiba la Hoja de datos Ocupacionales de todos y cada uno de los trabajadores demandantes, y constatar los siguientes puntos: 1) Fecha de Ingreso, 2) Fecha de suspensión de Labores; 3) Verificar si se cumplió con lo que establece el Artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo.-. 4) Constatar el sueldo de todos los trabajadores demandantes.- RECONOCIMIENTO JUDICIAL (3) POR EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ENTIDAD OFICIAL- Que se requiera al apoderado legal de HONDUTEL para que allegue a este despacho las planillas de HONDUTEL para la zona Nor-Occidental desde el mes de octubre a diciembre del año 2014; de enero a diciembre del año 2015; de enero a diciembre del año 2016, para constatar la cantidad de empleados de los siguientes departamentos: a) Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Región Nor-Occidental. b) Área de Comercialización. - c) Departamento de Cobranzas y recuperación de la Mora y d) Departamento de Finanzas e) Depto. Planta Externa, f) Planta externa y La Unidad de Instalaciones y Reparación de líneas telefónicas. RECONOCIMIENTO JUDICIAL (4).- Consistente en examinar los expedientes que se encuentran en el CEDIJ, 1) Ex.- 4394-2010 sentencia a favor de la señora Azucena Peralta Meyer.- 2).- .Ex.- .4087-2010, sentencia a favor de la señora Giovanna Karina Santos Castro 3) Sentencia a favor de Griselva Esmeralda Martínez, que se encuentra registrada según número de registro 236.472 y Expediente 8188/2006, donde obran las sentencias definitivas ejecutoriadas mediante las cuales este tribunal condenó a la demandada a reintegrar a los trabajadores demandantes, no obstante, el patrono demandado, en represalia y en abierto desafío, a dichas sentencias judiciales, nuevamente los despidió sin causa justa justificada Violentando las Garantías consignadas en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la Republica. así cómo los derechos consignados en el Código del Trabajo y Convenios Internacionales y el XII Contrato Colectivo suscrito entre partes HONDUTEL-SITRATELH. - 5) Realizar un reconocimiento sobre el expediente 290-2014, demanda laboral de esta sección judicial donde la Honorable Corte Suprema de Justicia Ordena que a los empleados de HONDUTEL se les otorgue los ajustes salariales del XII Contrato Colectivo suscrito entre HÓNDUTEL y SITRATEL. Prueba documental publica propuesta y evacuada a folios 517 y 519 de la primera pieza de autos 517, 518 y 519. 17. Que del material probatorio aportado al proceso se desprende lo siguiente: 1) La relación de trabajo establecida entre los demandantes y demandada. 2) Que en fecha el 5 de febrero de 2015, a los demandante mediante los oficios con números GGH-403-2015, GGH 330-2015 GGH-371-2015, GGH-162-2015, GGH-553-2015, GGH-245-2015, GGH 1463-2015 GGH-204-2015, se les notifica la terminación de la relación de trabajo invocándose una grave crisis económica de Hondutel, aduciéndose que persisten las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de los contratos de trabajo de los demandante por 120 día, la cual fue comunicada el 7 de octubre de octubre de 2015, con efectividad a partir 8 de octubre de 2014, hasta el 4 de febrero de 2015, fundamentada la misma en los artículos 111 numeral 8) relacionado con el artículo 100 numerales 4) , 5) y 15) del Código de Trabajo; disposición que aluden a varias situaciones jurídicas sobre las causas de suspensión del contrato de trabajo. Sin embargo, la terminación de los contratos de trabajo, bajo el hecho que persisten las causas de la suspensión en primer lugar no encuadran bajo lo preceptuado en el artículo 111 numeral 8) en relación con las situaciones jurídicas señaladas en el artículo 100 numera 4, 5, y 15, del Código del Trabajo, ósea la falta de fondos, la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad y aquellas otras justificadas autorizadas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, situaciones que no ha sido plenamente acreditadas por la Empresa Estatal Demanda, ya que la misma ha continuado prestando los servicios públicos atribuidos por ley. Aunado a lo anterior se incumplió con lo establecido en el artículo 101 párrafo segundo, ya que al momento de comunicar la terminación de los contratos de trabajo no se había obtenido resolución de la Secretaria del Trabajo, autorizando o no la suspensión de los contratos, a razón de la solicitud realizada por la demandada en fecha 10 de octubre del 2014, siendo resuelta hasta el 27 de octubre del 2015, mucho tiempo después despido relizado en fecha 5 de febrero de 2015 del 3 al 8 del 543 al 549 de la primera pieza de autos. Además, en los oficios referidos, se ofrece el pago de prestaciones que determina una situación jurídica distinta a la terminación de los contratos amparada en las causas señaladas en artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo folios ver folios del 8 al 23 y del 586 al 593 de la primera pieza de autos. A razón de lo ante expuesto y de que la terminación de la relación de trabajo señalada en los oficios ya relacionados no se enmarca dentro lo preceptuado en el artículos 111 numeral 8 y 100 numerales 4, 5 y 15 de del Código del Trabajo, y de que no se ha probado una causa justa y legal que encuadre con lo preceptuado en los artículos 112, 117, 113 del mismo cuerpo legal, relacionado con el 129 de la Constitución de la Republica, el despido de los demandantes en fecha 5 de enero de 215, resulta injusto e ilegal, ya que igualmente no se llevó a cabo un procedimiento para la defensa de los mismo de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 82 y la aplicación del procedimiento para despido consignado en la Cláusula 87 del XII Contrato Colectivo vigente suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH violentándose su derecho a la defensa. Procede en consecuencia, declarar el reintegro de los demandantes a los puestos que ostentaban al momento del despido, pago de las remuneraciones debida por la ilegal suspensión e injusto e ilegal despido relizado el primero en fechas 8 de octubre del 2014 y el segundo el 5 de febrero 2015 respectivamente todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 110 relacionado con 113 literal b) del Código del Trabajo, más el pago pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios hasta el momento de que sean reintegrados. 5) Desestimar la excepción perentoria de prescripción, opuesta oportunamente por el representante procesal de la parte demandada, a razón que la misma al momento de alegarse tiene que estar revestida de claridad y precisión y las normas invocadas no son atinentes al caso en particular. 6) Sin lugar la demanda para el reconocimiento de incrementos salariales con efecto retroactivo por la aplicación del XII contrato colectivo pendientes de pago, a razón de que los mismo no se han materializado a favor de los trabajadores, por cuanto el computo del término de prescripción se realiza a partir de la fecha en que el derecho es exigible y en éste caso el mismo nunca nació. 7) Con lugar el pago de beneficios otorgados a otros trabajadores durante la tramitación de la acción razón del principio de igualdad que rige para los trabajadores demandantes en relación a los demás trabajadores que siguen laborando en la Empresa Demandada. 18. Que de lo anteriormente establecido se desprende, que si bien la suspensión es una institución del derecho laboral, la misma tiene como finalidad garantizar el principio de estabilidad laboral, no obstante que el artículo 111 numeral 8) la consigna como causa de terminación de la relación de trabajo bajo las causales señalada en el artículo 100 numeres 4, 5) y 15), las misma no encajan, ya que la empresa sigue prestando servicios. Además, en los oficios mediante las cuales se termina la relación de trabajo entre los demandantes y demandada, se ofrece el pago de las prestaciones laborales situación que solo se da bajo el concepto de despido ilegal, por ello lo que procede es el reintegro de los demandante a los mismo cargos que ostentaba al momento del despido y el pago de la indemnizaciones que les corresponden de conformidad a lo establecido en los artículos 110, 113 del Código del Trabajo, relacionado con 129 de la Constitución de la República. 19. Por las razones antes expuestas y las pruebas allegadas al juicio, procede declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud del despido ilegal e injusto, pago de los salarios de percibir a título de daños y perjuicios desde el momento de la suspensión ilegal e injusto e ilegal despido hasta el momento del reintegro, pago de los beneficios otorgado a los demás trabajadores durante la tramitación del proceso, sin lugar el reclamo por reconocimiento de incrementos salariales con efecto retroactivo por la aplicación del XII Contrato Colectivo y sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y haciendo aplicación de los artículos 127, 128 numeral 3, 15), 129, 134, 135, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 53, 55, 56, 60, 66, 110, 113, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 765 numeral 1) párrafo segundo, 769, 777, 778 y 858 del Código del Trabajo; 22, 197, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: 1) CASA PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán.- 2) DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa justa de despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha de la ilegal suspensión el despido, hasta la reinstalación al puesto de trabajado y el reconocimiento de los beneficio otorgado a otros trabajadores durante la tramitación de la presente acción. Promovida por los señores (as) AZUCENA PERALTA MEYER, GEOVANNA KARINA SANTOS CASTRO, ZULMA LOPEZ SOLORZANO, MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, YENY BANESSA PACHECO, GRISELVA ESMERALDA MARTINEZ, RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS y ENIL ODEL URBINA GUILLEN. Contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal el señor Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA. 3) CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su representante legal, para que se reintegre a los trabajadores AZUCENA PERALTA MEYER, GEOVANNA KARINA SANTOS CASTRO, ZULMA LOPEZ SOLORZANO, MARIO ROLANDO MUÑOZ CABRERA, YENY BANESSA PACHECO, GRISELVA ESMERALDA MARTINEZ, RUBEN ANTONIO MILLA DAMAS y ENIL ODEL URBINA GUILLEN, a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de Percibir a Titulo de Daños y Perjuicios hasta el momento de sus reintegros, desde la suspensión ilegal y posteriormente el injusto e ilegal despido y pago de los beneficios otorgados a los demás trabajadores durante la tramitación del proceso. 4) DECLARAR SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la parte demandada. 5) DECLARAR SIN LUGAR, la demanda para el incremento incrementos salariales con efecto retroactivo por la aplicación del XII Contrato Colectivo, absolviendo a la demanda de tales obligaciones. 6) SIN COSTAS. - Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificaron de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. - Redactó la Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de enero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL483-2018”. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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