Sentencia CL-481-18 — Registro 12381
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se proceda al pago inmediato de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, pago de vacaciones pendientes, décimo cuarto mes proporcional, otros derechos, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir17
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible porque se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la norma señalada como infringida, artículo 738 del Código de Trabajo, es de naturaleza procesal o adjetiva, por ello no reúne el requisito de ser un precepto legal sustantivo de ordenan nacional, tal como lo establece el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo Código; b) la violación directa de la ley, sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado; siendo que en presente caso, la naturaleza del contrato y si el mismo era indefinido o temporal, fue objeto del debate y por ende de la prueba, por lo cual no era la forma adecuada de atacar la sentencia impugnada; y, c) el precepto autorizante invocado no es compatible con el concepto de la infracción directa alegada. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17)"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando en sus sentencias, el siguiente criterio que es compartido: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016 expedientes AL 777-14 y AL 1134-15)"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, los señores ESDRAS DONARIS CANALES y NADIA OSIRIS MARCIA VELASQUEZ, representados en juicio por el Abogado HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se proceda al pago inmediato de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, pago de vacaciones pendientes, décimo cuarto mes proporcional, otros derechos, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de julio del dos mil dieciocho, por los señores ESDRAS DONARIS CANALES, egresado de la Licenciatura en Derecho, vecino del Municipio de San Pedro Sula, y NADIA OSIRIS MARCIA VELASQUEZ, Perito Mercantil y Contador Público, vecino de Potrerillos, Departamento de Cortés; ambos mayores de edad, solteros, hondureños, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION a través del PROGRAMA EDUCATODOS, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO CASO CONTRARIO SE PROCEDA AL PAGO INMEDIATO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, VACACIONES, PAGO DE VACACIONES PENDIENTES, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, OTROS DERECHOS Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, interpuesta por el señor ESDRAS DONARIS CANALES, de generales conocidas en el preámbulo de esta demanda, y por la señora NADIA OSIRIS MARCIA VELASQUEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta demanda. Contra del ESTADO DE HONDURAS representado por el procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN a través del PROGRAMA EDUCATODOS.- SEGUNDO EN CONSECUENCIA SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS representado por el procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN a través del PROGRAMA EDUCATODOS a pagar a favor de los trabajadores demandantes ESDRAS DONARIS CANALES Y NADIA OSIRIS MARCIA VELASQUEZ las cantidades totales que suman DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 200,654.56) que se desglosan de la siguiente manera, a favor del trabajador ESDRAS DONARIS CANALES la cantidad de L 82,662.33 que integran los conceptos de Preaviso: L 10,696.50; auxilio de cesantía: L 10,696.50; auxilio de cesantía proporcional: L 7,873.81; vacaciones proporcionales: L 3,149.52; décimo tercer proporcional: L 9,168.30; décimo cuarto proporcional: L 4,584.15; Vacaciones adeudadas 10 días: 3,565.50; reajuste de salario mínimo: L 32,928.05.- más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. Y a favor de la trabajadora NADIA OSIRIS MARCIA VELASQUEZ la cantidad de L 117,992.23 que integran los conceptos de Preaviso: L 21,393.00; auxilio de cesantía: L 53,482.50; auxilio de cesantía proporcional: L 4,248.89; vacaciones proporcionales: L 2,832.59; decimo tercer proporcional: L 9,168.30; decimo cuarto proporcional: L 4,584.15; Vacaciones adeudadas 40 días: 14,262.00; reajuste de salario mínimo: L 8,020.80; más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. TERCERO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación de trabajo en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en el programa EDUCATODOS, mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales, de la manera siguientes: ESDRAS DONARIS CANALES, el 6 de abril del año 2015 en el cargo de Promotor Municipal de Desarrollo Comunal I de la Sub Coordinación Departamental de dicho programa en el Departamento de Cortés, devengando un salario mensual de L.7,300.00 y NADIA OSIRIS MARCIA VELASQUEZ, el 8 de agosto del año 2011, en el cargo de Administradora Departamental de la Sub Coordinación Departamental del Programa EDUCATODOS en el Departamento de Cortés, devengando un salario mensual de L.8,500.00; desde el inicio de la relación laboral con la institución demandada, celebraron varios contratos de servicios profesionales por tiempo determinado, realizando labores en forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la institución, contratos de servicios profesionales que simulaban verdaderos contratos de trabajo, ya que se cumplen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo. Por otra parte, y de conformidad a los artículos 47 párrafos primero y segundo y 52 párrafo tercero del mismo Código, se está ante un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido regido por la jurisdicción del trabajo pues la causa del contrato subsiste y los puestos son aún vigentes dentro de la institución demandada, debiendo computarse la antigüedad desde la fecha de la suscripción del primer contrato de trabajo. En fecha primero (01) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) los demandantes fueron notificados de la terminación unilateral de la relación laboral que los unía con la demandada, argumentando para ello que la vigencia de los contratos de servicios profesionales, vencía el 31 de diciembre del año 2016, sin invocar causal de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo en violación del artículo 117 del mismo cuerpo legal; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la parte actora suscribió contratos de servicios profesionales, contratos que eran regidos por las cláusulas plasmadas en el mismo y que contenían los derechos y obligaciones que se sujetan para ambas partes, esta modalidad se encuentra sustentada en el artículo 1348 del Código Civil. Que en el caso que se ocupa el beneficio de permanencia no les corresponde a los demandantes porque solamente es otorgado a empleados por acuerdo y no está contemplado para la prestación de servicios por tiempo determinado y con fecha de culminación, es así que el reconocimiento de la pretensión de la parte demandante en una sentencia es improcedente. Que nunca hubo despido como lo quieren hacer ver los demandantes lo que se dio fue la finalización de sus contratos pues la vigencia que tenían era hasta el 31 de diciembre del año 2016, cláusula que aceptaron y consintieron y en ningún momento manifestaron su oposición por lo cual no pueden alegar de manera unilateral la terminación de la relación laboral. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Esdras Donaris Canales y Nadia Osiris Marcia Velásquez, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a pagar a favor de los demandantes las cantidades totales que suman L.200,654.56 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer proporcional, décimo cuarto proporcional, vacaciones adeudadas, reajuste de salario mínimo, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que en la presente acción, los demandantes han probado su relación laboral, en consecuencia obedeciendo a los principios de estabilidad laboral, principio de la primacía de la realidad y el principio de verdad procesal. En la presente demanda a los trabajadores demandantes se les reconoce su antigüedad laboral tal como se ha venido sosteniendo la fecha de inicio y finalización. Que habiéndose reconocido que existe una relación de trabajo, que protege a los trabajadores demandantes y siendo esta de carácter continuo y permanente, gozan del derecho de que, si el patrono quiere separarlos de su cargo, debe ser por causa justa autorizada por la ley, que se encuentre regulada en el Código del Trabajo, es decir aplicar una causa o motivo de conformidad al artículo 112 del referido Código, que es donde se han regulado la causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, tomando en cuenta lo preceptuado en el artículo 117 del Código del Trabajo, situación que en este caso no se materializó, ya que la patronal los ha cesado del cargo sin motivo o justificación alguna, puesto que este consideraba a los trabajadores temporales, sin embargo ha quedado demostrado lo contrario, por tanto únicamente puede ser un despido justo y legal si cumple con los requisitos de procedimiento de audiencias de descargo e invocar la causal en la respectiva nota de despido, quedando aun así todo trabajador en el derecho de acudir a los juzgados del Trabajo emplazando al patrono exigiendo se pruebe esta justa causa de despido, lo que le permite a este juzgador llegar a la convicción que en el presente caso la terminación laboral se ha realizado mediante un despido injusto y no apegado a la normativa laboral. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales: el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no, de igual forma en este caso conforme la extra y ultra petita (Art. 728 del Código del Trabajo) se debe otorgar a favor de los trabajadores demandantes el reajuste del salario mínimo adeudado en virtud de estar comprobado que los valores pagados han sido inferiores a los que corresponden en virtud de la ley del salario mínimo y el aprobado anualmente por el Estado, y los conceptos que no ha probado la patronal haber cancelado y que se encuentren adeudados también serán sentenciados. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Código del Trabajo, las relaciones de trabajo además de ser por tiempo “indefinido” pueden también convenirse por tiempo “limitado” cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo; y, “por obra o servicios determinados”; ello es razonable pues aun y cuando sea cierta la necesidad de la permanencia de los trabajadores en sus trabajos, la Ley también tiene presente que en ocasiones el empleador además de sus trabajadores de planta, requiere de servicios eventuales de trabajadores por alguna causa extraordinaria y transitoria que se presenta, siendo ante esa necesidad que el legislador ha previsto esas dos formas de relaciones transitorias que constituyen excepciones a la regla general de duración indefinida de las relaciones de trabajo; por consiguiente, para que sean lícitas y tengan validez es necesario que exista una causa extraordinaria y transitoria que no amerite permanentemente los servicios del trabajador. La Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia a fin de establecer una línea jurisprudencial ha dejado sentado que “no es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y sólo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita” (Casaciones números 09-11, 232-12 y 468-12); en el caso que nos ocupa, no obstante que la relación de trabajo que vinculó a las partes fue mediante la suscripción de contratos para prestar servicios profesionales por tiempo determinado, lo cierto es que los mismos fueron prorrogados hasta el año 2016, según se desprende de los documentos que obran a folios del 81 al 140 de la pieza principal, sin que exista prueba alguna que acredite la necesidad o conveniencia del ente demandado para contratar a término, y siendo que de las pruebas aportadas al proceso consta que los demandantes desempeñaron el trabajo en forma continua e ininterrumpida, pues fueron contratados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación para atender a la población joven y adulta analfabeta o en rezago escolar por medio de la Sub Dirección General de Educación para jóvenes y adultos en el programa EDUCATODOS en el Departamento de Cortes, cumpliendo a su vez una jornada de trabajo y las funciones que puntualmente les indicaban y que se encuentran plasmadas en los aludidos contratos; del anterior razonamiento no queda ninguna duda que la relación que existió entre las partes fue de naturaleza indefinida al tenor de lo que estatuyen los artículos 47 y 52 párrafo último del Código del Trabajo y su finalización sólo puede darse por la concurrencia de causa justa o legal, situación ésta que no sucede en el sub judice, puesto que en la nota mediante la cual se les comunicó la desvinculación laboral señalada que la vigencia del contrato suscrito con la Secretaría de Estado, vence el 31 de diciembre del presente año (2016), en tal sentido la relación laboral finaliza en la fecha indicada (folios 10 y 11 p.p.), no se le puede dar otra interpretación de un despido injusto e ilegal, puesto que la demandada no podía invocar la fecha de finalización del contrato de trabajo que a fuerza de repetirse se convirtió en un trabajo por tiempo indefinido, de manera que la causa o motivo que la movió a tomar esa determinación no recibe amparo legal, más aun por haber sido emplazada a probar la justificación del despido. 5.- Mediante auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, en su condición de representante procesal del el ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante éste Tribunal la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, en su condición de representante procesal del el ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer motivo de casación sostiene: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: el medio de prueba documental público consistente en el Oficio de Notificación Número 1578-SE-2016, de fecha 1 de diciembre del año 2016, emitido por la Secretaría General de la Secretaria de Educación. (Folio 10). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en el oficio de notificación número 1578-SE-2016, de fecha 1 de diciembre del año 2016, emitido por la Secretaría General de la Secretaria de Educación, en la que se establece que la relación laboral de los demandante ESDRAS DONARIS CANALES, Y NADIA OSIRIS MARCIA VELASQUEZ, se termina el día 31 de diciembre del año 2016, fecha indicada en el Contrato de Servicios Profesionales celebrado entre la demandante y la Secretaría de Educación, así como lo establece el artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” por lo que nunca hubo despido como lo quiere hacer valer los demandantes, lo que hubo fue terminación de su relación laboral.”III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible porque se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la norma señalada como infringida, artículo 738 del Código de Trabajo, es de naturaleza procesal o adjetiva, por ello no reúne el requisito de ser un precepto legal sustantivo de ordenan nacional, tal como lo establece el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo Código; b) la violación directa de la ley, sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado; siendo que en presente caso, la naturaleza del contrato y si el mismo era indefinido o temporal, fue objeto del debate y por ende de la prueba, por lo cual no era la forma adecuada de atacar la sentencia impugnada; y, c) el precepto autorizante invocado no es compatible con el concepto de la infracción directa alegada. IV.- Que un segundo motivo de casación se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 83 al 140, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración” que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece “se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato” el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes que ha sido contratados a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece “Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado…”, artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación…”. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama; el reclamo lo constituye que se Pruebe la justa causa del despido caso contrario se proceda al Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones pendientes, décimo cuarto mes proporcional otros derechos a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer que se Pruebe la justa causa del despido caso contrario se proceda al Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones pendientes, décimo cuarto mes proporcional otros derechos a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino una notificación de no renovación de contrato, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo).”V.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por no ser una proposición jurídica completa y contener los defectos técnicos siguientes: a) entre las normas señaladas como normas sustantivas infringidas, los artículos 19, 21 y 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostentan tal calidad, ya que para los efectos de este extraordinario recurso se requiere que ese precepto legal contenga o imponga derechos y obligaciones recíprocos para las partes o que los extinga; b) se alude a la infracción indirecta por falta de apreciación de la prueba documental singularizada, pero no se determina si ello deriva de error de hecho o de derecho; c) omite indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las indicadas como sustantivas; y, d) no determina con precisión y claridad el precepto autorizante, siendo que el numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo contiene dos párrafos, con distintas causales o motivos del recurso, se limitó a transcribirlo. VI.- Se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17).VII.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando en sus sentencias, el siguiente criterio que es compartido: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016 expedientes AL 777-14 y AL 1134-15). VIII.- Por lo expuesto anteriormente, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 128, 134, 135, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 47, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770 y 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.
- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL481-2018. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Artículo 128 Constitucional