Sentencia CL-477-18 — Registro 10720
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, causados y proporcionales, pago de salarios adeudados, reajuste al salario mínimo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 2 párrafo primero y 3 del Código del Trabajo que se indican como violados, no ostentan el carácter de normas sustantivas, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) se formula el concepto de aplicación indebida, pero se omite establecer la disposición que debió aplicarse por el Juzgador; c) alude que se ha interpretado una de esas normas señaladas como infringidas, pero el Decreto Legislativo No. 89 a que hace referencia, lo que interpretó fue el artículo 113 del referido Código, por lo que es confusa su indicación; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede tampoco resulta admisible, a razón de lo siguiente: a) como en el motivo anterior, los artículos 2 párrafo primero y 3 del Código del Trabajo que indica como infringidos, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, c) no singulariza con claridad y precisión la prueba e incluye como tal, a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, cuando esos ordenamientos jurídicos no son objeto probatorio."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De este tema se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes ASL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14).-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 05 de abril del 2019, por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores SANTIAGO CEFERINO ALVAREZ ALVAREZ y SANTOS LUCAS CANALES CERRATO, representados en juicio por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, causados y proporcionales, pago de salarios adeudados, reajuste al salario mínimo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de marzo del 2014, por los señores SANTIAGO CEFERINO ALVAREZ ALVAREZ y SANTOS LUCAS CANALES CERRATO; ambos mayores de edad, solteros, encargados de Bodega y Distribuidores de Abate, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de agosto del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 02 de mayo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Ángel Benavides Paz, actuando en su condición de representante procesal de los señores SANTIAGO CEFERINO ALVAREZ ALVAREZ Y SANTOS LUCAS CANALES CERRATO; II. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Francis Michelle Euceda actuando en su condición de Representante procesal del Estado de Honduras; III. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de mayo del año dos mil dieciocho, así: a) REVOCANDO el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara SIN LUGAR la demanda promovida por SANTOS LUCAS CANALES CERRATO para el otorgamiento de permanencia a su puesto de trabajo, en consecuencia SE DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA promovida por SANTOS LUCAS CANALES CERRATO en cuanto a la permanencia en su puesto de trabajo, en consecuencia se CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALARENGA URBINA a RECONOCER la relación laboral del señor SANTOS LUCHAS CANALES CERRATO como de carácter permanente desde el inició de su relación laboral, además a reconocerle todos los derechos que gozan los empleados permanentes en la Secretaría de Estado en el despacho de Salud. C) CONFIRMAR TOTALMENTE los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo octavo y noveno de la parte resolutiva de la sentencia apelada; II. SIN COSTAS en esta instancia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes expresaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación de trabajo con la demandada, bajo la figura de contratos de fechas 16 de julio del 2012 y 10 de abril del 2013, como Auxiliares Técnicos de Salud Ambiental (TSA) en la Sección de Control de Vectores, en la Región Metropolitana, devengaban un salario mensual de L.6,131.00; que desde que iniciaron se desempeñaron en las mismas funciones bajo el mismo empleador, siendo las mismas de carácter continua y permanente en la Institución demandada; además, que el señor Santiago Ceferino Alvarez Alvarez, es una persona discapacitada y que aun así ha sido responsable y diligente en sus labores y que con el ánimo de buscar una solución para la permanencia en los trabajos, presentaron reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo, donde se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, exponiendo en los hechos y razones de su defensa, que no les asiste el derecho subjetivo, ya que no fueron despedidos simplemente el contrato dejó de tener vigencia por el mero lapso de tiempo fijado en el mismo, y que consintieron y aceptaron en su totalidad las condiciones del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos por tiempo determinado; asimismo, en dichos contratos las partes acordaron que para dirimir las controversias que se someterían a los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo y que en ningún momento corresponderán a los Juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el conocimiento de las mismas, y la presente acción fue promovida en un Juzgado cuya competencia no le corresponde el conocimiento de las causas relativas a los Contratos de Servicios Profesionales que celebren los Poderes del Estado con personas naturales.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por los señores SANTIAGO CEFERINO ALVAREZ ALVAREZ y SANTOS LUCAS CANALES CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, a reconocer una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante Santiago Ceferino Álvarez Álvarez, con todos los derechos provenientes de un empleado permanente en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; condenó a la parte demandada al pago de vacaciones de los periodos 2012-2013 y 2013- 2014, por la cantidad de L. 5,000.60 y al pago de décimo tercer y cuarto mes, período 2012-2013 y 2013-2014, por la cantidad de L.27,276.00; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por el demandante Santos Lucas Canales Cerrato, en cuanto al otorgamiento de permanencia a su puesto de trabajo, de igual forma con relación al pago de décimo tercer mes del año 2013 y vacaciones del año 2013, condenó a la parte demandada al pago del derecho adquirido del décimo cuarto mes proporcional, por la cantidad de L.4,487.02 y al pago de reajuste de salario mínimo de los demandantes así: L.7,309.05 para el señor Santos Lucas Canales Cerrato y para el señor Santiago Ceferino Alvarez Alvarez, la cantidad de L. 8,802.18, absolvió a la parte demandada, del pago de salarios adeudados a los demandantes, sin costas; bajo el criterio, que en el caso bajo estudió, sólo existen dos contratos de trabajo celebrados entre el Estado de Honduras y el señor Santos Lucas Canales Cerrato, suscritos en un término menor de (1) año, constatado lo anterior mediante prueba exhibición de documentos admitido dicho medio de prueba al apoderado demandante consistente en la exhibición de la constancia emitida por la Jefa de Contratos de la Secretaría de Salud que se manda a agregar a sus antecedentes y por el mismo cálculo de prestaciones laborales con datos proporcionados a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social por el mismo trabajador Santos Lucas Canales Cerrato. Por lo que, al no congregarse este requisito, no se configura el derecho a la permanencia de la relación laboral, es por ello que no es susceptible el señor aludido de las pretensiones referentes a los pagos de vacaciones, décimo tercer y salarios dejados de percibir, ahora bien en cuanto a la pretensión del pago del décimo cuarto mes de salario proporcional del año 2013, se ha acreditado en autos mediante el medio de prueba exhibición de documentos que se le adeuda al trabajador Santos Lucas Canales Cerrato el pago de dicho concepto por la cantidad de L. 4,943.77; en relación al trabajador Santiago Ceferino Álvarez Álvarez, se hace ver que los contratos de trabajo por tiempo determinado son legales y posibles en las relaciones de trabajo, según nuestra normativa laboral, pero guardando estrictamente sus características; la doctrina establece que en el contrato de trabajo por tiempo determinado o fijo, no debe bastar para determinar su naturaleza, el que se establezca en él fecha de inicio y/o de terminación, sino en que se plasme en él desde el momento de su celebración, el acaecimiento de un hecho o circunstancia que haga imposible la continuidad del contrato de trabajo. De la misma manera la doctrina aclara que en caso de dos o más prórrogas, el contrato se considerara por tiempo indeterminado, “a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación laboral. Como se puede observar, el demandante Santiago Ceferino Álvarez Álvarez, ha sido contratado como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir, siempre necesitará el cargo de Auxiliar de Salud Ambiental en la Dirección General de Regulación Sanitaria de la Región Metropolitana en la institución demandada.- Deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo.- También hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeña el demandante en la institución, no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales.- Concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal.- Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, SON NULOS IPSO JURE dichos contratos de servicios profesionales y sus fecha de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio, además de que estos no pueden estar condicionados a un Plan Operativo Anual (POA) como lo indica el demandado, ante lo expuesto es procedente la pretensión de permanencia del demandante Santiago Ceferino Álvarez Álvarez, referente al pago de vacaciones proporcionales y causadas, décimo tercer y cuarto mes, la parte demandada no acreditó dicho pago, se otorga el pago de las mismas en el periodo 2012-2013 y 2013-2014, por lo que asciende a la cantidad de L. 27,276.00; que la parte actora en su escrito de demanda solicita el pago de salarios adeudados y en la cuantía de la demanda señala una cantidad liquida a pagar que no fue debidamente desglosada, se acompañó el cálculo de prestaciones labores en donde se detalla la exigencia de pago de horas extras, y es de hacer ver que ni uno ni otro concepto fue argumentado y probado en juicio con medios de prueba, ya que el apoderado de la parte demandante en el momento procesal oportuno, no forjó ni siquiera la prueba para acreditar los pagos solicitados, es por ello que no procede el pago de salarios adeudados y horas extras, que el pago de horas extras solo se refirió en un documento aportado como medio de prueba, no causando controversia en el proceso; asimismo, la parte demandante solicita el reajuste de salario mínimo a favor de los señores Santiago Ceferino Álvarez Álvarez y del señor Santos Lucas Canales Cerrato, que ha quedado establecido el salario mensual que devengaban los señores antes referidos es por la cantidad de Lps. 6,136.00, en virtud de lo cual es procedente conceder el reajuste de salario mínimo a los demandantes aludidos, haciendo referencia a los preceptos legales contentivos a la Ley de Salario Mínimo y haciendo, una revisión del Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo para el año 2012 y 2013, reajuste de salario correspondiente para los años en mención es por la cantidad de L. 7,309.05 para el señor Santos Lucas Canales Cerrato y para el señor Santiago Ceferino Álvarez Álvarez, la cantidad de L. 8,802.18.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 14 de agosto del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, reformó la sentencia definitiva, de fecha 02 de mayo del 2018, en donde revocó el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, y declaró con lugar la demanda promovida por el señor Santos Lucas Canales Cerrato en cuanto a la permanencia en su puesto de trabajo, en consecuencia se condenó a la parte demandada a reconocer la relación laboral del señor Santos Lucas Canales Cerrato, como de carácter permanente desde el inicio de su relación laboral, además a reconocerle todos los derechos que gozan los empleados permanentes en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; confirmó totalmente los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo octavo y noveno de la parte resolutiva de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que ese Tribunal no comparte el criterio señalado por el A Quo en su sentencia, en el sentido de que declara la permanencia del señor Santiago Ceferino Álvarez Álvarez, porque éste celebró con la demandada 12 contratos de trabajo y declara sin lugar la demanda en cuanto a Santos Lucas Canales Cerrato, en cuanto a la permanencia en su puesto de trabajo porque éste celebró 2 contratos de trabajo en el término menor a un año y no lo comparte porque en primer lugar se debe de analizar si el trabajador fue contratado para una labor de carácter permanente y si dicha labor subsiste aún después de finalizada la relación laboral, situación que sí se acreditó, en consecuencia es irrelevante si celebraron dos, tres, cuatro o diez contratos de trabajo por tiempo determinado, habrá que examinar otras circunstancias para determinar si la labor es o no de carácter permanente y en el presente caso este Tribunal considera que la labor desarrollada por el señor Santos Lucas Canales Cerrato al igual que la del señor Santiago Ceferino Álvarez Álvarez, son de carácter permanente, continua y es por tal motivo que se debe de declarar con lugar la demanda también para el trabajador Santos Lucas Canales Cerrato. Que en vista de las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que la sentencia definitiva que se revisa en apelación, no se encuentra dictada conforme a derecho, por lo que procede su reformatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 11 de febrero del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 05 de abril del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad absoluta, por lo que mediante providencia de fecha 08 de abril del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de mayo del 2019, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma indebida del artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal Ad Quem, lo aplicó, pero EN FORMA INDEBIDA, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce a los demandantes todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, aplicando la norma pertinente pero en forma indebida, como ser la contenida en el artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. El tribunal sentenciador de manera reformatoria cambia la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente aplicando la norma pertinente pero en forma indebida que autoriza tal pretensión, y el Decreto Legislativo que lo interpreta como ser el número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. Se produce así la aplicación indebida de la ley sustantiva.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 2 párrafo primero y 3 del Código del Trabajo que se indican como violados, no ostentan el carácter de normas sustantivas, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) se formula el concepto de aplicación indebida, pero se omite establecer la disposición que debió aplicarse por el Juzgador; c) alude que se ha interpretado una de esas normas señaladas como infringidas, pero el Decreto Legislativo No. 89 a que hace referencia, lo que interpretó fue el artículo 113 del referido Código, por lo que es confusa su indicación; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- IV.- Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de la prueba presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora presentada en la primera de trámite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Donde se establece que fueron contratados por tiempo determinado mediante los acuerdos ministeriales y su permanencia se da mediante un proceso de selección el cual está regido por Leyes y Reglamentos Específicos. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto ya que que los trabajadores se encontraban con la prestación de sus servicios personales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios personales por un periodo determinado con fecha de inicio y de finalización, el cual era del conocimiento de él consintiendo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte.- Además ellos firmaron contratos de servicios técnico de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstos para los contratos de consultoría, según la ley de contratación del estado donde la vigencia no puede exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originó. Además, para que un empleado ostente a la permanencia se debe cumplir con el régimen del servicio civil donde comprenderá a los servidores públicos que laboran en las secretarias de estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca la ley y su reglamento extremo que no fue cumplido ante la dirección de servicio civil conforme el procedimiento para evaluación establecido en la ley.”.- V.- Que el cargo que antecede tampoco resulta admisible, a razón de lo siguiente: a) como en el motivo anterior, los artículos 2 párrafo primero y 3 del Código del Trabajo que indica como infringidos, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, c) no singulariza con claridad y precisión la prueba e incluye como tal, a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, cuando esos ordenamientos jurídicos no son objeto probatorio.- VI.- La impetrante solicita la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, bajo los siguientes términos: ”NULIDAD SUBSIDIARIA. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha catorce de agosto 2018 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. b) El contenido de la sentencia establece que no se encontraba la comparecencia de los apoderados de las partes cuando dicto sentencia, pero establece pero que quedan notificados en estrados los apoderados de las partes. La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la de Servicio Civil que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil para que le fuera reconocido el estatus que pretende le sea otorgado por esta Corte al margen de lo que establecen las leyes especiales establecidas al efecto, las que determinan un análisis conforme a ley para la creación de una plaza y un presupuesto permanente para la permanencia de un cargo y no como quiere hacerlo ver al juzgador de la causa, que sin haber ejercido el procedimiento establecido en dicho artículo y lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, desea se le reconozca un status que legalmente no le ha sido otorgado mediante el acuerdo respectivo.” .- VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII.- De este tema se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- V.- Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…” (ver sentencias del 14 de diciembre del 2016, expediente CL 326-15, 3 de abril del 2018, expediente CL 102-17 y 6 de diciembre del 2018, expediente CL 290-17).- IX.- Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes ASL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14).- X.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiuno de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 477-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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