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Sentencia CL-474-18 — Registro 10719

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que sea declarada una relación obrero patronal como de naturaleza permanente en virtud de cumplirse con todos los requisitos necesarios para la procedencia de dicho derecho, que sea reconocida su antigüedad desde el inicio de su trabajo en la demandada y en consecuencia le sean pagadas sus prestaciones e indemnizaciones laborales por la notificación de terminación de la relación laboral y permanente de trabajo en aplicación con las cláusulas segunda, cincuenta y dos y su párrafo tercero, cincuenta y tres y demás aplicables del contrato colectivo vigente, celebrado entre la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (ICF) y el Sindicato de Trabajadores de COHDEFOR (SITECOHDEFOR), pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas el artículo 47 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva, exigido por el artículo 769 numeral 5) literal del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el Impetrante en la formulación del cargo expone que la violación indirecta se da por un errónea apreciación de los medios de prueba, sin embargo consigna mala estimación o apreciación de la prueba, lo cual es incorrecto, ya que son sub modalidades del error de hecho que deben de precisarse, ya que una misma prueba no puede dejarse de apreciar y ser apreciada erróneamente, lo cual es contradictorio, volviendo ineficaz su ataque; c) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 52 párrafo tercero y 60 – A del Código del Trabajo.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17).-"...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, la Abogada ROSA ADELAYDA OTERO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor CRISTIAN JOSE SUAZO RUBIO, representado en juicio por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que sea declarada una relación obrero patronal como de naturaleza permanente en virtud de cumplirse con todos los requisitos necesarios para la procedencia de dicho derecho, que sea reconocida su antigüedad desde el inicio de su trabajo en la demandada y en consecuencia le sean pagadas sus prestaciones e indemnizaciones laborales por la notificación de terminación de la relación laboral y permanente de trabajo en aplicación con las cláusulas segunda, cincuenta y dos y su párrafo tercero, cincuenta y tres y demás aplicables del contrato colectivo vigente, celebrado entre la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (ICF) y el Sindicato de Trabajadores de COHDEFOR (SITECOHDEFOR), pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, por el señor CRISTIAN JOSE SUAZO RUBIO, mayor de edad, casado, Técnico en Informática, hondureño y de ese domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de agosto del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CRISTIAN JOSE SUAZO RUBIO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto a declarar la relación existente entre las partes como relación permanente, reconocer su antigüedad desde el inicio de la misma.- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar la relación laboral que existió entre las partes como relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 47 párrafo segundo del Código del Trabajo, se le reconoce una antigüedad laboral a partir del 24 de julio del 2012, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente TERCERO: Declarar CON LUGAR la demanda promovida por el señor CRISTIAN JOSE SUAZO RUBIO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por renuncia, de acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente entre el IFC y el SITRACOHDEFOR; CUARTO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a favor del señor CRISTIAN JOSE SUAZO RUBIO la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L.155,760.42) que corresponden a los siguientes conceptos: Preaviso: L.30,138.50; Auxilio de Cesantía: L.55,346.25; Auxilio de Cesantía Proporcional L.12,348.41; Vacaciones Proporcionales L.10,584.30; Bonificación de Vacaciones L.33,583.31; Bonificación Proporcional de Vacaciones L.13,759.65, más a título de daños y perjuicios por no haber cancelado las prestaciones e indemnizaciones laborales al haber renunciado el demandante, el pago de los salarios dejados de percibir; QUINTO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CRISTIAN JOSE SUAZO RUBIO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a la solicito de decimotercer y decimocuarto mes proporcionales, en consecuencia SE ABSUELVE a la parta demandada del pago de esos conceptos.- SEXTO. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral para la demandada en fecha 24 de julio del 2012, laborando de manera permanente y continua para la institución demandada, en el transcurso de su relación firmó varios contratos de trabajo, los cuales cumplen con los requisitos del artículo 20 del Código de Trabajo, desempeñándose en el cargo de Técnico en Informática, en el Departamento de Informática en la oficina central del ICF, devengando un promedio salarial en los últimos seis meses de L.12.916.66. Que en este caso el patrono como una forma de burlar el cumplimiento de las Leyes Laborales consignaba cada contrato finalización del mismo, acto que es nulo de acuerdo al artículo 3 del Código de Trabajo y 128 párrafo primero Constitucional, en virtud que su relación de trabajo con la demandada es de naturaleza permanente, pues reúne los requisitos necesarios para serlo. El demandante comunicó al patrono el 26 de junio del 2017, la terminación de la relación laboral que les unía en aplicación de las cláusulas segunda, cincuenta y dos, párrafo tercero, cincuenta y tres y demás aplicables del Contrato colectivo vigente, celebrado entre la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) HOY (ICF) y el Sindicato de Trabajadores de COHDEFOR (SITECOHDEFOR) a partir del 11 de julio del 2017. Queda establecer que siempre subsistió la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación del servicio o la ejecución de obras similares o análogas, ya que las labores que desempeñaba en dicha institución son de naturaleza permanente y continua de conformidad al artículo 47 del Código de Trabajo vigente relacionado con el párrafo tercero del artículo 52 del mismo cuerpo legal; que la relación de trabajo con la demandada fue por más de 200 días en el año, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 del Código de Trabajo vigente.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que rechazó la fecha en que el demandante alegó haber ingresado a laborar para la demandada, el demandante devengaba L.10.000.00, mensuales y en los meses de junio y diciembre de cada año se le hacían efectivos los pagos de sus derechos adquiridos de conformidad con el Código de Trabajo, y lo señalado en las cláusulas incluidas dentro de los contratos de trabajo. El demandante laboraba bajo la modalidad de contrato a término, en cuyo contrato se establecía fechas de inicio y finalización de la relación contractual, modalidad que en ningún momento le da a la parte actora el carácter de permanente, por lo tanto no gozaba de los beneficios estipulados en el Contrato Colectivo vigente, puesto que no era empleado del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) debidamente sindicalizado, ya que nunca estuvo afiliado al Sindicato de Trabajadores, por ende no pude gozar de los beneficios y derechos del Contrato Colectivo vigente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por CRISTIAN JOSE SUAZO RUBIO, contra ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que el demandante inició el 24 de julio del año 2012 y pueden afirmar desde el inicio de la relación, los contratos que vinculaban a las partes son contratos de trabajo, pues reunían los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, pero también por la naturaleza del servicio prestado por el demandante, el cargo que desempeñaba, las actividades que realizaba y la antigüedad en el desempeño de sus funciones, siendo que se ha reconocido que el demandante era empleado permanente dentro de la demandada, la terminación de la relación de trabajo podía ser por parte del patrono o del trabajador; y en el presente caso fue decisión del trabajador dar por terminada la relación de trabajo, a lo que el demandante mediante nota de fecha 26 de junio del 2017, notificó al demandado su desvinculación, la cual sería efectivo a partir del 11 de julio del 2017, misma que entregó reservándose el derecho que le confiere el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente entre el IFC y el SITRACOHDEFOR, que en su cláusulas 52 párrafo tercero, 53 párrafo tercero, así como lo que habla del preaviso y cesantía que legalmente le corresponden, por lo que corresponde a la parte demandada pagar a favor de la demandante los derechos que la legislación laboral y el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente entre el IFC y el SITRACOHDEFOR establecen, y no habiendo la demandada cumplido con ese deber es procedente declarar con lugar la demanda de mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de agosto del dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba acreditados en juicio por las partes fue probada la relación que existió entre empleador demandado y trabajador demandante, la cual se inició el 24 de julio del 2012, desempeñándose en el puesto de Técnico en Informática con un salario mensual de L. 12,916.00. Que el demandante fue contratado mediante contrato por tiempo determinado, los cuales en el fondo o contenido de sus cláusulas evidencian, que desempeñó una actividad continuada que es de naturaleza permanente para la institución demandada; sometido a una subordinación por un jefe y al pago de un salario como una compensación a la labor prestada lo que determinada una relación de trabajo como lo establece el artículo 20 del Código del Trabajo. La parte demandante haciendo uso de los beneficios que le otorga el contrato colectivo de condiciones de trabajo, celebrado entre COHDEFOR y SITRACOHDEFOR, en su cláusula 52 párrafo tercero y 53, dio por terminada la relación laboral, efectiva a partir de la fecha 11 de julio de 2017, con el pago del 100%, de sus prestaciones laborales en el término que estipula la Ley; estipulación que es de obligatorio cumplimiento, por tener origen y procedencia en una contratación colectiva; pero el empleador fue indiferente a la obligación jurídica contraída, violando con ello el contrato de trabajo colectivo y con ello al ocasionar más agravios o daños al demandante al verse al obligarlo a recurrir con la acción ante el Órgano Jurisdiccional competente para hacer prevalecer sus derechos laborales acarreando los consiguientes gastos del proceso y otras limitaciones en su situación socioeconómica, tanto en su vida personal y familiar al no hacerle efectivo el pago de sus derechos laborales que le corresponden de conformidad a la Ley.- 5. Mediante auto de fecha once de febrero del dos mil diecinueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ROSA ADELAYDA OTERO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal la Abogada ROSA ADELAYDA OTERO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha uno de abril del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANADA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada ROSA ADELAYDA OTERO RODRIGUEZ, en su primer motivo aduce: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta del artículo 47, 113 interpretado párrafo 1 115, 116 literal e, 1 20 literal d, modificado, todos del Código del Trabajo, con relación a los artículos 738 y 739 de esa misma legislación laboral, infracción indirecta por error de hecho que provino de apreciación errónea de la prueba REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el juzgado de primera instancia, incurrió en error de hecho, al existir una errónea o mala estimación o apreciación del medio de prueba singularizado consistente en la prueba documental aportada por la parte demandada, visible a folio 21 al 75 y folio 213 de la primera pieza de autos y citada expresamente en la sentencia recurrida en el considerando cuatro de dicha sentencia, en la cual concluye la Corte sentenciadora que se ha comprobado que el demandante sostuvo contratos por tiempo definido con el ICF así como también hace referencia al cargo y horario de trabajo el cual cumplía y el cual queda aclarado y comprobado mediante la prueba de fondo presentada. De conformidad a lo establecido en los artículos 47 párrafo primero y artículo 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, se considera un trabajador como empleado permanente aunque en los contratos por tiempo determinado se exprese termino de duración así como también al artículo 116 literal e) del mismo código y a la cláusula No. 53 del Contrato Colectivo Vigente, causa justa que faculta a El Trabajador a dar por terminado el Contrato de Trabajo, es esa causa una de las que fuera utilizada por el señor demandante para sustentar su “comunicación de la relación laboral”. La falta de apreciación se presenta cuando el fallador simplemente tiene por “probada la causal que alega” la parte demandante. La Corte sentenciadora Recurrida comete un error de hecho cuando considera que por haberse celebrado contratos por tiempo indefinido y amparándose el demandante en el contrato colectivo vigente, eso no quiere decir que el demandante tiene los beneficios que, en dicho contrato colectivo específica, ya que en ningún momento la parte actora aporto una cuota sindical tal como lo establece el artículo 60-A del código de trabajo, pues el señor Suazo nunca hizo una aportación sindical. La Violación de la Corte Recurrida es que aprecia erróneamente lo establecido en las clausulas número 52 y 53 ya que no son aplicables para los empleados que suscriben contratos por tiempo determinado. Lo anteriormente expuesto hace admisible este motivo y con suficiente merito, para que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, case la sentencia recurrida”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas el artículo 47 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva, exigido por el artículo 769 numeral 5) literal del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el Impetrante en la formulación del cargo expone que la violación indirecta se da por un errónea apreciación de los medios de prueba, sin embargo consigna mala estimación o apreciación de la prueba, lo cual es incorrecto, ya que son sub modalidades del error de hecho que deben de precisarse, ya que una misma prueba no puede dejarse de apreciar y ser apreciada erróneamente, lo cual es contradictorio, volviendo ineficaz su ataque; c) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 52 párrafo tercero y 60 – A del Código del Trabajo.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de una errónea o mala estimación o apreciación de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandada, consistente en el reconocimiento judicial y exhibición de medios de prueba, que consta su evacuación en el acta de fecha 18 de enero de 2018, la cual corre a folios número 225 y 226 y que lo llevo en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva contenida en el artículo 516 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Honorable Corte recurrida interpreto erróneamente la prueba solicitada por la parte demandante en referencia al reconocimiento judicial y exhibición de medios de prueba, en cuanto al pago de bono de vacaciones establecido en la cláusula cuarenta y uno del contrato colectivo vigente y el pago de las prestaciones laborales establecida en la cláusula 53 también de dicho contrato colectivo vigente, es únicamente aplicable a los empleados permanentes del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), y la parte demandante como ya lo he manifestado, conocía la fecha de finalización de cada contrato que fue renovado, además de mencionar que el señor Suazo nunca aporto la cuota sindical, que todo empleado permanente debe aportar. Si bien es cierto el juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por tanto formara libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. además, al proferir su decisión, debe analizar correctamente todas las pruebas allegadas en tiempo, tal y como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la debida y correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello hizo incurrir en error de hecho por su mala o errónea apreciación En el presente motivo, se ha identificado con absoluta claridad que el error de hecho es manifiesto y evidente, lo que genera como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley sustantiva”.- V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente; a) el Impetrante en la formulación del cargo expone que la violación indirecta se da por una errónea apreciación de los medios de prueba, sin embargo consigna mala estimación o apreciación de la prueba, lo cual es incorrecto, ya que son sub modalidades del error de hecho que deben de precisarse, ya que una misma prueba no puede dejarse de apreciar y ser apreciada erróneamente, lo cual es contradictorio, volviendo ineficaz su ataque; b) olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que los medios de prueba apartados por la parte demandada evidencian la justificación de sus pretensiones en el ejercicio.- VI.- Se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17).- VII. -El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Resulta que en el caso de autos, la sentencia recurrida al confirmar la sentencia de primera instancia, hace suyos todos los extremos de la sentencia de primera instancia y tomando en consideración que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes y reunir los requisitos entre otros del artículo 206.3 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos y especialmente en el caso de la nulidad subsidiaria indicada, resulta que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo confirma la sentencia de primera instancia y al revisar la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, se observa fácilmente que no existió con la debida separación el pronunciamiento sobre cada uno de los puntos objeto del litigio, ya que en la parte resolutiva no existió pronunciamiento alguno en cuanto al objeto del proceso consistente en que la parte actora nunca fue reconocida como empleada permanente. Finalmente, en la sentencia de segunda instancia, en la parte resolutiva al citar los fundamentos legales, en dicha sentencia recurrida cita el artículo 112 del Código del Trabajo, que no llenen ninguna aplicabilidad al caso de autos, ya que no fue la parte demandada quien decidió dar por finalizado el contrato, sino el demandante, por lo que no tiene ninguna relación con la causa de pedir, es decir, la sentencia recurrida fundamentó su sentencia en normas no aplicables al caso, tal y como lo exige el artículo 206.2 del Código Procesal Civil. Por todas las razones expuestas procede la declaratoria de nulidad.- VIII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- IX. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 474-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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