Sentencia CL-472-18 — Registro 11642
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de reconocimiento de permanencia en su puesto de trabajo originado de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos y en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles el pago de sus prestaciones y demás indemnizaciones laborales que en derecho les corresponden, pago de salarios dejados de percibir, pago de decimotercer y decimocuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, pago de salarios adeudados, pago de tiempo extraordinario laborado y no pagado y demás derechos legales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en la forma que se formula el motivo de casación anteriormente referido, impide que este Tribunal proceda a su análisis, ya que incurre en los mismos defectos técnicos que en el primero, los que a continuación se detallan: a) en su explicación alude a la interpretación errónea, que es otra forma de infringir la ley, la cual debió haber expuesto en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; y, b) también invoca otras disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 47 del Código de Trabajo y 1 de la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en concepto de Aguinaldo."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo es muy similar a lo expuesto en el segundo motivo, por lo que la Recurrente de nuevo se incurre en los defectos de que en su explicación alude a la interpretación errónea, que es otra forma de infringir la ley, la cual debió haber expuesto en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso y hace mención de otras disposiciones, no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 47 del Código de Trabajo y 34 del Decreto No. 135-94, razones que hacen que el mismo no proceda en su admisión,"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 4 de abril del 2019, por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA, ANGELA LIZET AGÜERO y MARIO MELARA CASTRO, como recurrente; además, es parte recurrida, ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, representada en juicio por el Abogado DAVID ARMANDO MONTOYA IZAGUIRRE. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reconocimiento de permanencia en su puesto de trabajo originado de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos y en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles el pago de sus prestaciones y demás indemnizaciones laborales que en derecho les corresponden, pago de salarios dejados de percibir, pago de decimotercer y decimocuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, pago de salarios adeudados, pago de tiempo extraordinario laborado y no pagado y demás derechos legales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de marzo del 2016 por los señores FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en el municipio de Namacigue, Choluteca, ANGELA LIZET AGÜERO soltera, Perito Mercantil y Contador Público, de este domicilio, y MARIO MELARA CASTRO, casado, Ingeniero Civil, todos hondureños y de este domicilio, todos mayores de edad, hondureños, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por medio del ALCALDE MUNICIPAL, en ese entonces el señor OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, mayor de edad, casado, Técnico Dental, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de agosto del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 23 de abril del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE RECONOCIMIENTO DE PERMANENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO ORIGINADO POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS Y EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO. PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO MES Y PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO Y NO PAGADO; instaurada por el señor FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA; ANGELA LIZET AGÜERO y MARIO MELARA CASTRO; contra LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, a través de su Alcalde Municipal el Señor OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA; II.-ABSOLVER: A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, a través de su Alcalde Municipal el Señor OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA, de pagar a los señores FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA; ANGELA LIZET AGÜERO y MARIO MELARA CASTRO, los conceptos pretendidos de Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía; Auxilio de Cesantía Proporcional, Aguinaldo Proporcional; Décimo cuarto mes proporcional; salario adeudado y pago de horas extras adeudadas y salarios dejados de percibir. III.- Declarar CON LUGAR la demanda para el pago de vacaciones causadas y proporcionales; instaurada por el Señor FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA; ANGELA LIZET AGÜERO y MARIO MELARA CASTRO; contra: LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, a través de su Alcalde Municipal el Señor OSCAR ARNULFO FILLOS MARADIAGA; IV.- CONDENAR: A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, a través de su Alcalde Municipal el Señor OSCAR ARNULFO FIALLOS MARADIAGA pagar a los Señores FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA; la suma de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS (Lps. 12,740.00); por los conceptos de: Vacaciones Lps. 9,800.00; vacaciones proporcionales Lps. 2,940.00; ANGELA LIZET AGÜERO la suma de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS (Lps. 12,740.00); por los conceptos de: Vacaciones Lps. 9,800.00; vacaciones proporcionales Lps. 2,940.00 y MARIO MELARA CASTRO la suma de DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS (Lps. 16,170.00) por los conceptos de: Vacaciones Lps. 13,475.00; Vacaciones Proporcionales Lps.2,695.00. V.- SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron su relación laboral en los términos siguientes: 1) FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA desde 1 de octubre del 2014, en el puesto de Promotor Social, devengando un salario de L. 25,200.00. 2) ANGELA LIZET AGUIERO desde 1 de octubre del 2014, en el puesto de administradora, devengando un salario de L. 25,200.00. 3) MARIO MELARA CASTRO desde 1 de octubre del 2014, en el puesto de Coordinador General de la Unidad Ejecutor de Proyectos, devengando un salario de L. 35,000.00, todos hasta el 31 de diciembre del 2015. En virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida les corresponde en derecho la permanencia en el puesto de trabajo al amparo de lo preceptuado en el artículo 47 del Código Del Trabajo, no importando el nombre que se le consigne a los contratos de trabajo en referencia, asimismo el articulo 52 último párrafo; además de lo anterior como podrá observarse en los contratos de trabajo, estos reúnen todos los elementos de un contrato de trabajo al tenor de lo preceptuado en el artículo 20 del Código del Trabajo, y repetimos son labores permanentes y no pueden desaparecer por la naturaleza de las mismas, con lo anterior se visualiza una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando en ello un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la ley laboral en total fraude a la ley. En virtud de lo anterior es precedente declaran con lugar la demanda en el sentido de tener por permanente e indefinida la relación laboral habida entre las partes, y como consecuencia de ello se le condene también a la demandada a pagarnos las prestaciones y demás indemnizaciones laborales que en derecho nos corresponda y de acuerdo con el acápite cuantía de la demanda más los salarios adeudados de los meses noviembre y diciembre del año 2015. Consideran que la decisión de la no renovación de sus contratos es unilateral por parte del patrono, acción esta que violenta la Garantía Constitucional de la Estabilidad en empleo, protegida también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 8 y 23, articulo 7 de Pacto Intencional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, así como el artículo 5 de la Convención de Viena, el Convenio 158 y 111 de la OIT que relaciona la discriminación y pues consideran que la suspensión de labores que han sido objeto es una discriminación laboral en una de sus distintas formas porque no hay razón y causa para suspenderlos de sus puestos de trabajo, y al amparo del artículo 49 del Código del Trabajo la parte patronal tenía 60 días para dar por terminada unilateralmente la relación laboral y sin responsabilidad de las partes y el despido solo opera en las causas justificadas en el artículo 112 del código del trabajo. 2.- La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DE ALUBAREN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, contestó dicha demanda señalando que la relación contraída entre la Municipalidad de Alubaren y los señores Franklin Salvador Peralta Córdova, Angela Lizet Agüero y Mario Melara Castro, está regida por Contratos de Servicios Profesionales, con un término determinado, en donde los hoy demandantes prestan sus servicios técnicos con funciones específicas y de pericia especializada, mismo que no suponen la existencia de una relación laboral entre el hoy demandante y la Alcaldía Municipal de Alubaren, en la cual nunca existió, al ya no existir la causa y objeto por el cual fueron contratados, siendo estos contratos de índole administrativo en materia de personal, regidos por una normativa especial tal y como está establecido en los términos de referencia mediante los cuales fueron contratados. Tal y como lo reclama los demandantes que no le fueron respetados sus derechos debidamente consignados, podemos determinar que no existe la relación laboral reclamada ante esta instancia laboral, sino que existe una relación contractual administrativa en materia de personal regida por los términos de referencia dictados por la Cooperación Suiza, por lo anterior es que consideramos que sujetándose los demandantes las normativas establecidas por la Cooperación Suiza, dicha relación no está sujeta al derecho laboral, por lo que resultan improcedentes los alegatos y argumentos de esta acción judicial, iniciando a trabajar desde el 1 de octubre del año 2014 todos hasta el 31 de diciembre del 2015, ya que el papel de la alcaldía de Alubaren con dichas personas era como un ente gestor en el proyecto “Mejora De Acceso a Agua Potable, Saneamiento E Higiene En Áreas Urbanas Y Rurales De La Municipalidades Del Sur De Francisco Morazán”, enmarcado dentro del programa AGUASAN ejecutado como una contribución de la Cooperación Suiza, en Centroamérica, para la cual las personas demandantes fueron sometidas a un proceso de clasificación, para ser contratadas por un tiempo determinado mientras duraba el proyecto, por lo que de acuerdo a los contratos que se suscribieron estos tenían una duración únicamente de diez meses del 1 de octubre del 2014 al 1 de octubre del 2015. Los hoy demandantes firmaron un contrato de servicios profesionales conforme a la especialidad de cada uno de ellos. Tal y como los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con los demandantes queda debidamente establecido y reconocido que su relación contractual siempre fue por tiempo determinado, es decir contratos a término, no existiendo en ningún momento la relación laboral argumentada y si bien es cierto que el contrato se extendió el mismo fue porque no cumplieron con la entrega del producto esperado, teniendo que pagar la Cooperación Suiza los meses que laboraron para hacer entrega del producto pactado en los contratos de servicios profesionales. La Corporación Municipal de Alubaren, no tiene la capacidad para pagar los salarios que asigno el Programa “Mejora de Acceso a Agua potable, Saneamiento e Higiene en áreas urbanas y rurales de la Municipalidad Del Sur De Francisco Morazán”, enmarcado dentro del programa AGUASAN, ejecutado con contribución de la Cooperación Suiza, por consiguientes los demandantes no eran empleados de la alcaldía de Alubaren, ya que nunca se emitió un Acuerdo Municipal para nombrarlos como tal. Y como lo establece el artículo 2 numeral dos del Código del Trabajo. Los demandantes invocan el artículo 47 del Código del Trabajo para interponer su demanda, dejando de un lado el artículo 46 literal b y c del Código del Trabajo, que se refiere a los tipos de contratos individuales de trabajo. Asimismo, los demandantes en ningún momento realizaron los trámites administrativos o laborales pertinentes para obtener tal permanencia en la prestación de sus servicios, ya que ellos estaban conscientes que no eran empleados de la Alcaldía, sino que del proyecto por lo que tendrán que acreditar en el transcurso de este juicio haber realizado a través de las autoridades competentes dicha gestión. En cuanto al alegato que hacen los demandantes, que las labores realizadas por los demandantes son labores permanentes y no pueden desaparecer por la naturaleza de las mismas, el mismo no tiene lógica ya que de los mismo contratos de prestación de servicios profesionales suscrito con los demandantes se desprende de los mismo que son por naturaleza de tiempo determinado ya que lo que se estaba ejecutando eran proyectos para beneficiar a las comunidades de la zona sur, con financiamiento otorgado por la Corporación Suiza y al no existir más proyectos y recursos financiaron no se puede seguir ejecutando proyectos a menos que los demandantes financien los mismo, asimismo es falso que se les esté adeudando cantidad alguna de dinero ya que conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales ya se les cancelo todos sus derechos, pese a que no entregaron el producto que se esperaba. Conforme lo establecido en el artículo número dos del Código del Trabajo, para que el alcalde puede realizar contratación de algún empleado para que labore para la alcaldía de Alubaren debe hacerlo mediante un Acuerdo Municipal de nombramiento. En general, se rechazan todas las demandas y pretensiones demandadas por los actores, por no existir relación laboral alguna entre los hoy demandantes y la alcaldía municipal de Alubaren y mucho menos la suspensión de la relación laboral que reclaman, así mismo los demandantes no son claros en cuanto a sus pretensiones, ya que por un parte están solicitando el reconocimiento de la permanencia en sus puesto de trabajo y por otra parte solicitar el pago de sus prestaciones laborales y demás indemnizaciones laborales así como el pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios no siendo claros en cuanto a su petición. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de abril del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral, ABSOLVIO a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de pagar a los demandantes los conceptos pretendidos de Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía; Auxilio de Cesantía Proporcional, Aguinaldo Proporcional; Decimocuarto mes proporcional; salario adeudado y pago de horas extras adeudadas y salarios dejados de percibir. Declaró CON LUGAR la demanda para el pago de vacaciones causadas y proporcionales; CONDENÓ a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, a pagar a los demandantes FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA; la suma de L. 12,740.00; ANGELA LIZET AGÜERO L.12,740.00; y MARIO MELARA CASTRO la suma de DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS L.16,170.00; bajo el criterio que los demandantes fueron contratados por tiempo determinado en forma temporal y en un Proyecto creado en el año 2014 el cual ya concluyo, y que las obras para la cuales fueron contratados los demandantes no era actividad propia de la institución demandada en forma permanente, que los demandantes también reclaman en el Acápite Cuantía de la Demanda el pago de las vacaciones causadas y proporcionales; aguinaldo proporcional; decimocuarto mes proporcional; salario adeudado y horas extras adeudadas; en relación al pago de vacaciones causadas y proporcionales procede declarar con lugar este derecho, beneficios establecidos en la Administración Pública, los cuales se pagarán incluso a los empleados temporales o por contrato; en cuanto al pago de aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional; salario adeudado y horas extras adeudadas procede declara sin lugar dichas peticiones en vista de que ya fueron satisfechos los mismos tal y como consta en autos. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 7 de agosto del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante no logró acreditar el despido directo, ilegal e injusto que afirma en su demanda, ya que por el contrario se acreditó que los demandantes no aparecen en las planillas ni en otros documentos de la demandada, ya que donde laboraban era en el proyecto de construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico para el casco urbano de Alubaren, el cual fue liquidado al haber llegado a su fin, por lo tanto no se acreditó que fuese una relación de trabajo de carácter permanente, y además tampoco probaron el despido directo alegado, adeudándoseles únicamente el pago de vacaciones causadas y proporcionales. 5.- Mediante auto de fecha 11 de febrero del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal de los señores FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA, ANGELA LIZET AGÜERO y MARIO MELARA CASTRO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 4 de abril del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal de los señores FRANKLIN SALVADOR PERALTA CORDOVA, ANGELA LIZET AGÜERO y MARIO MELARA CASTRO, formalizando su demanda, exponiendo TRES motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de abril del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 6 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DAVID ARMANDO MONTOYA IZAGUIRRE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su primer motivo expresa: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva por infracción indirecta por error de hecho proveniente de apreciación errónea del medio de prueba documental propuesto por la parte demandante que corre agregada a folios 160 al 170 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLENTADAS. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 letra a) del Código del Trabajo en relación al derecho alternativo de indemnizaciones relacionado directamente con el artículo 129 de la Constitución de la Republica. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo, del Código del Trabajo. MEDIO DE PRUEBA APRECIADO ERRONEAMENTE. El medio de prueba apreciado erróneamente consiste en el medio de prueba documental propuesto por la parte demandante que corre agregada a folio 160 al 170 de la primera pieza de autos consistente en los contratos suscritos entre los demandantes recurrentes y la parte demandada recurrida. EXPLICACION DEL MOTIVO. Es evidente la ausencia de las reglas de la sana critica que existe en el fallo del Juez Ad-Quem al momento de dictar su fallo, pues no existe ningún indicio que conduzca al hecho que el Juez Ad-Quem haya valorado en su conjunto el medio de prueba documental supra mencionado. Lo anterior como consecuencia de su inclinación hacia la interpretación de la excepción a la regla establecida en el artículo 47 del Código del Trabajo; pues de los contratos se desprende con absoluta claridad la subordinación, el pago que recibiría cada uno de los demandantes y la obligación de realizar personalmente la actividad pactada, por consiguiente y sobre la base del principio pro omine, y protectorio en cuanto a la interpretación más favorable, debió inclinarse por la existencia de una relación por tiempo indefinida, cuya terminación obliga al patrono a justificar la misma so pena de hacer efectivas las indemnizaciones que se exigen mediante la presente demanda. La regla de la sana critica no considerada en la valoración de la prueba fue la lógica formal al inclinar la interpretación de los hechos a favor de los trabajadores en consideración a los principios del Derecho del Trabajo.” III.-Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1]. IV.- Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el ad-quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice.- En adición, la Recurrente en su explicación alude a otra forma de infringir la ley y a enunciar otra disposición no incluida como violada o relacionada en su formulación, al señalar que “Lo anterior como consecuencia de su inclinación hacia la interpretación de la excepción a la regla establecida en el artículo 47 del Código del Trabajo…”, por lo que no cabe la admisión de dicho cargo. V.- Que en su segundo motivo la Impetrante expresa: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva por infracción indirecta por error de hecho proveniente de apreciación errónea del medio de prueba documental publico consistente en los pagos realizados a los demandantes en concepto de décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario y que corren agregados a folios 61 al 155 y del 195 al 198 de los autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLENTADAS. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 letra a) del Código del Trabajo en relación al derecho alternativo de indemnizaciones relacionado directamente con el artículo 129 de la Constitución de la Republica. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo, del Código del Trabajo. MEDIO DE PRUEBA APRECIADO ERRONEAMENTE. El medio de prueba apreciado erróneamente es el medio de prueba documental publico consistente en los pagos realizados a los demandantes en concepto de décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario y que corren agregados a folios 61 al 155 y del 195 al 198 de los autos. EXPLICACION DEL MOTIVO. El Ad quem ha reconocido expresamente, al confirmar el fallo del A quo, la contradicción entre los derechos propios de los empleados permanentes y los que se rigen por la excepción a la norma establecida en el artículo 47 del Código del Trabajo. Esto como consecuencia que la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en Concepto de Aguinaldo en su artículo 1 establece “Se reconoce el derecho de los trabajadores al pago del séptimo día. Los trabajadores permanentes y los jubilados y pensionados recibirán el pago del Décimo Tercer Mes en concepto de aguinaldo”. En consecuencia, la apreciación errónea de los medios de prueba conduce a la interpretación errónea de la condición más favorable para los demandantes; reconociendo por una parte el derecho que tienen a gozar beneficios de los empleados permanentes (l3vo, l4vo y vacaciones) y por otra parte interpretando que la modalidad de contratación era por obra, lo que conlleva a la violación de los derechos sustantivos de mis representados como empleados permanentes. La regla de la sana critica no considerada en la valoración de la prueba fue la lógica formal pues ha reconocido la existencia de dos modalidades de contratación, pero inclinándose en contra de los principios del derecho al trabajo, al determinar que la contratación era bajo la modalidad excepcional indicada en el artículo 47 del Código del Trabajo.” VI.- Que en la forma que se formula el motivo de casación anteriormente referido, impide que este Tribunal proceda a su análisis, ya que incurre en los mismos defectos técnicos que en el primero, los que a continuación se detallan: a) en su explicación alude a la interpretación errónea, que es otra forma de infringir la ley, la cual debió haber expuesto en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; y, b) también invoca otras disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 47 del Código de Trabajo y 1 de la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en concepto de Aguinaldo. VII.- Que incluye un tercer motivo en la forma siguiente: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva por infracción indirecta por error de hecho proveniente de apreciación errónea del medio de prueba documental publico consistente en los pagos realizados a los demandantes en concepto de décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario y que corren agregados a folios 61 al 155 y del 195 al 198 de los autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLENTADAS. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 letra a) del Código del Trabajo en relación al derecho alternativo de indemnizaciones relacionado directamente con el artículo 129 de la Constitución de la República. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo, del Código del Trabajo. MEDIO DE PRUEBA APRECIADO ERRONEAMENTE. El medio de prueba apreciado erróneamente es el medio de prueba documental publico consistente en los pagos realizados a los demandantes en concepto de décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario y que corren agregados a folios 61 al 155 y del 195 al 198 de los autos. EXPLICACION DEL MOTIVO. El A quem a reconocido expresamente, al confirmar el fallo del A quo, la contradicción entre los derechos propios de los empleados permanentes y los que se rigen por la excepción a la norma establecida en el artículo 47 del Código del Trabajo. Esto como consecuencia que el decreto 135-94, de fecha 12 de octubre de 1991, en su artículo 34 establece como un derecho de todos los empleados y trabajadores el pago del décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social y su reglamento establece lo siguiente: “Todos los empleados y trabajadores permanentes, tendrán derecho al pago del Décimo Cuarto Mes de Salario en concepto de compensación social”. En consecuencia, la apreciación errónea de los medios de prueba conduce a la interpretación errónea de la condición más favorable para los demandantes; reconociendo por una parte el derecho que tienen a gozar beneficios de los empleados permanentes (l3vo, l4vo y vacaciones) y por otra parte interpretando que la modalidad de contratación era por obra, lo que conlleva a la violación de los derechos sustantivos de mis representados como empleados permanentes. La regla de la sana critica no considerada en la valoración de la prueba fue la lógica formal pues ha reconocido la existencia de dos modalidades de contratación, pero inclinándose en contra de los principios del derecho al trabajo, al determinar que la contratación era bajo la modalidad excepcional indicada en el artículo 47 del Código del Trabajo.” VIII.- Que el anterior cargo es muy similar a lo expuesto en el segundo motivo, por lo que la Recurrente de nuevo se incurre en los defectos de que en su explicación alude a la interpretación errónea, que es otra forma de infringir la ley, la cual debió haber expuesto en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso y hace mención de otras disposiciones, no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 47 del Código de Trabajo y 34 del Decreto No. 135-94, razones que hacen que el mismo no proceda en su admisión, IX.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de octubre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL472-2018.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.