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Sentencia CL-451-18 — Registro 11126

Resumen

Segunda instancia confirmó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo que desempeñaba, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes y demás derechos que a la ley correspondan

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) la norma que indica como violada siendo el artículo 738 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y d) en el desarrollo de su cargo alude a una norma siendo el artículo que no fue estipulado en su formulación, ya sea como infringido o relacionado, tal es el caso del artículo 46 literal b) del Código del Trabajo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los sies dias del mes de febrero del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la Señora MARTHA GEORGINA CHAVEZ GUTIERREZ, representado en juicio por el Abogado JOSE RAMON RAMIREZ MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo que desempeñaba, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes y demás derechos que a la ley correspondan, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto del dos mil dieciséis, por el Abogado JOSE RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Apoderado Legal de la Señora MARTHA GEORGINA CHAVEZ GUTIERREZ mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de junio del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de abril del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado JOSE RAMÓN RAMÍREZ MARTINEZ en su condición de Representante Procesal de la señora MARTHA GEORGINA CHÁVEZ GUTIÉRREZ, quien actúa en su condición de Representante Legal de su menor hija ALEJANDRA MICHELL ALVARADO CHÁVEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a: 1) Reintegro al puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir calculados desde la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo la señora ALEJANDRA MICHELL ALVARADO CHÁVEZ; en II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a: 1) Reintegro al puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir calculados desde la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo la señora ALEJANDRA MICHELL ALVARADO CHÁVEZ; III) Declarando SIN COSTAS ”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la demandante expresa en el escrito de su demanda que comenzó a laborar para la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en fecha 02 de enero del 2015, al 30 de junio del 2015, devengando un salario de L. 9,666.67 por el primer mes, y 5 pagos mensuales de L. 10,000.00 hasta la fecha 30 de junio del 2015 desempeñándose en el puesto de Enlace Sub Dirección General de Proveeduría Comisión Finanzas Sub Dirección General de Contabilidad, con horarios de 9:00 am a 5:00 pm. En fecha 1 de julio al 31 de diciembre del año 2015, se le renovó el contrato devengando un salario de L.10,000.00 exactos por mes, en fecha 4 de enero del 2016 al 30 de abril del 2016 devengando un sueldo los primeros 27 días, L.9,000.00 exactos y tres pagos mensuales de L.10,000.00 por los últimos tres meses, en fecha 14 de abril del 2016, la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, comunicó a la demandante que el contrato de servicios profesionales no sería renovado, por lo que está se presentó ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que se llegara a ningún acuerdo conciliatorio, de lo cual se levantó el acta de Cierre de las diligencias administrativas de fecha 10 de junio del año 2016.

  1. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante sostuvo una relación contractual con el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, bajo la modalidad de contrato temporal de trabajo, con fecha de inicio y finalización, en el puesto de enlace Sub Dirección General de Proveeduría/Comisión Finanzas/Sub Dirección General de Contabilidad. La demandante sostuvo una relación contractual con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, por medio de contrato temporal de trabajo. Siendo que los contratos fueron celebrados por tiempo determinado con fecha de inicio y finalización, se entiende que estos son contratos son temporales y que los mismos son regidos bajo las cláusulas en ellos establecidas, la demandante devengaba un salario de L.39,000.00. Que los derechos expresados por la demandante solamente se otorgan a empleados permanentes, mismos que no están contemplados en las relaciones contractuales por tiempo determinado, como es el caso. La demandante suscribió un contrato bajo la modalidad a término, lo cual significa que está sujeto a una regularización especial del Estado (Servicio Civil), que no conlleva responsabilidad alguna para el Estado. Finalmente manifestó la demandada que en ningún momento despidió a la demandante, simplemente el mismo cuando llego a su término de duración, no fue renovado. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado JOSE RAMON RAMIREZ MARTINEZ, en su condición de Apoderado Legal de la Señora MARTHA GEORGINA CHAVEZ GUTIERREZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que el que por un lado la parte demandada argumentó que la relación de trabajo de la demandante con la demandada fue sustentada en el Decreto Legislativo No. 360-2013 y en el artículo 111 de la Estructura Presupuestaria del Estado, con cargo especifico al gasto 12100, objeto que indica que esa contratación de personal no debe considerarse para ningún efecto, personal bajo la modalidad de permanente; por otro lado la demandante argumentó que los Contratos en el fondo se trataban de una verdadera relación de trabajo laboral independientemente del nombre que se le diera a los contratos, esto en el sentido que reunía los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo. Llegando al convencimiento que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma la demandante firmo varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; y siendo que la demandante solicita el reintegro por considerar que el despido del cual fue objeto es ilegal e injusto; y de la revisión de las diligencias no se encontró prueba que acredite que el despido del cual fue objeto la demandante este apegado a derecho ya que la notas de fecha 14 de abril del 2014, no contiene causal alguna establecida en el artículo 112 Código del Trabajo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio del dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que los contratos celebrados por la demandante son típicos contratos de trabajo, sobre todo porque fueron celebrados en forma continua en una laboral de carácter permanente y por tal razón se le debe de tener como empleada permanente desde que inició su relación laboral y en vista de que en la nota que se le envió de fecha 14 de abril del año 2016, únicamente le notifican que su contrato no sería renovado, sin señalarle ninguna causa justa, lo que convierte el despido en ilegal e injusto y por consiguiente es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. 5. Mediante auto de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha uno de abril del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON RAMIREZ MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “ En virtud de que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha veinte de junio del dos mil dieciocho, infringió directamente los artículos 738 del Código del Trabajo en virtud de que no tomo en cuenta el medio de prueba documental propuesto en tiempo y forma por la parte demandada el cual consistió El contrato Temporal de Trabajo con fecha de inicio y fecha de finalización ya que dichos derechos que reclama solamente se otorgan a empleados permanentes, mismos que no están contemplados en las relaciones contractuales por tiempo determinado, como es el caso de la demandante, ya que el Estado de Honduras únicamente está facultado para garantizar los derechos del trabajador que ostente un nombramiento permanente, tal como lo preceptúa el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo en lo que se refiere al contrato individual de trabajo que puede ser: por tiempo limitado, cuando se establezca fecha de terminación... o como se deja claramente establecida en ¡a cláusula décima tercera de los Contratos Temporales de Trabajo, suscritos para tal efecto los cuales establecen claramente que la relación contractual establecía termino de duración y la misma no acarreara permanencia en la Institución. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1°. Del código del trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto demostrado haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la valides del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: La sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en infracción directa de ley por falta de apreciación de determinada prueba al no tomar en cuenta el medio de prueba documental propuesto en tiempo y forma por la parte demandada el cual consistía en los Contratos Temporales de Trabajo en la cual establecía termino para su cumplimiento artículo 46 literal b) del Código de Trabajo.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) la norma que indica como violada siendo el artículo 738 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y d) en el desarrollo de su cargo alude a una norma siendo el artículo que no fue estipulado en su formulación, ya sea como infringido o relacionado, tal es el caso del artículo 46 literal b) del Código del Trabajo. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL451-18.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.