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Sentencia CL-45-19 — Registro 11084

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, según contrato colectivo de condiciones de trabajo numero onceavo (XI) y doceavo (XII) clausula numero cincuenta y nueve (59) vigente en la institución y otras obligaciones que le impone la ley, se presentan documentos, especial condena en costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la cuestión relacionada con la vigencia y aplicación del contrato colectivo, fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) falta a la claridad y precisión requerida, ya que alegando aplicación indebida del artículo 111 numeral 2) del Código de Trabajo, en su explicación alude a otra forma de violar la ley (interpretación errónea), cuando sostiene: “…por lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo interpretó de forma errónea que el derecho al pago del remanente de indemnizaciones y prestaciones laborales que nace del artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo con relación a la cláusula 59 del Contrato Colectivo que establece el pago del 100% de prestaciones, Ahora honorable Corte me permito describirles como la honorable Corte de Apelaciones debió de interpretar de forma correcta la norma sustantiva violatoria…”, dado que no es posible que el juzgador haya aplicado indebidamente una disposición y al mismo tiempo la haya interpretado erróneamente."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta ser inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) al igual que en el anterior motivo, alega dos formas distintas de infringir la ley, la aplicación indebida y el error de hecho, las cuales debió haber expresado en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; y, b) en su explicación alude a otra forma de violar la ley, al sostener confusamente: “…tanto la juez de primera instancia como la honorable Corte de Apelaciones interpretaron de forma errónea la cláusula 59…”. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que como se señalara en el motivo anterior, la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la prescripción de la acción de los demandantes, fue objeto de la controversia y por ende de la prueba, resultando por ello inapropiado el ataque al fallo por esa vía."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad de la sentencia, alegada o solicitada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C, diez de marzo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 22 de julio del 2019, por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, mayor de edad, casada, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores RAFAEL ANTONIO LANZA ANDINO; JOSÉ FERMÍN PERDOMO PERDOMO; y NELSON ALBERTO SMART RAMÍREZ, representados en juicio por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, según contrato colectivo de condiciones de trabajo numero onceavo (XI) y doceavo (XII) clausula numero cincuenta y nueve (59) vigente en la institución y otras obligaciones que le impone la ley, se presentan documentos, especial condena en costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de marzo del 2017, por los señores RAFAEL ANTONIO LANZA ANDINO, Albañil; JOSÉ FERMÍN PERDOMO PERDOMO, Soldador; y NELSON ALBERTO SMART RAMÍREZ, Administrador; todos mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de septiembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 07 de junio del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por RAFAEL ANTONIO LANZA ANDINO, JOSÉ FERMÍN PERDOMO PERDOMO, y NELSON ALBERTO SMART RAMÍREZ, contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO en cuanto al pago por complemento de auxilio de cesantía; en consecuencia, 2) CONDENA a la demandada la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO a pagar la cantidad de UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L.1,062,536.17) en concepto de complemento de auxilio de cesantía, a os señores: RAFAEL ANTONIO LANZA ANDINO la cantidad de L. 391,242.09 en concepto de auxilio de cesantía L.363.008.25, auxilio de cesantía proporcional L.28,233.84; JOSE FERMÍN PERDOMO PERDOMO, la cantidad de L.305,412.77, en concepto de Auxilio de cesantía L.301,125.92, auxilio de cesantía proporcional L. 4,246.85 y NELSON ALBERTO SMART RAMÍREZ, la cantidad de L.365,881.31, en concepto de auxilio de cesantía L.347,146.52, auxilio de cesantía proporcional L.18,734.79; 3) Declarando SIN LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCION y DE PAGO opuestas por el representante de la parte demandada; 4) SIN COSTAS en esta Instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral con la demandada, así: Rafael Antonio Lanza Andino, el 07 de octubre de 1981, como Albañil, devengando un salario promedio mensual hasta el 15 de agosto de 2015 de L.34,507.65; José Fermín Perdomo Perdomo, el 01 de julio de 1985, como Soldador II, devengaba un salario promedio mensual de L.37,640.74; y Nelson Alberto Smart Ramírez, el 15 de junio de 1986, como Administrador II, devengaba un salario promedio mensual de L.49,592.36; todos con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:00 a m. a 4:00 p.m.; manifestaron que mediante oficios números GGH-1128-2015 de fecha 06 de agosto de 2015 y GGH 1125-2015, de fecha el 05 de agosto del 2015, la demandada les notificó que recibieron las solicitudes escritas de las renuncias, analizadas y aprobadas a partir del 15 de agosto de 2015, y 31 de octubre del 2015, y que las prestaciones laborales y demás derechos les serían pagadas conforme a la cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente, por lo que deberían avocarse al departamentos de Relaciones Laborales para el trámite del pago de las mismas; y que si les pagaron las prestaciones e indemnizaciones laborales, pero no les pagaron los valores totales que les correspondían conforme a las clausulas invocadas; que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, comparecieron ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, acuerdo que no se logró en virtud de la negativa de la patronal, razón por la cual dieron por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda rechazando todos los hechos de la demanda, alegando en su defensa que las fechas de ingreso, los puestos de trabajo, los salarios mensuales, salarios promedio mensuales, las fecha de las renuncias voluntarias y el monto de pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales realizadas y aceptadas voluntariamente por los demandantes que sabían que iban a recibir, serán demostradas en el momento procesal oportuno; asimismo alegó que los demandantes reclaman que el pago del complemento de sus prestaciones e indemnizaciones laborales se haga con base en el reajuste salarial de la cláusula 59 del XI y XII Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH, aprobado en fecha 10 de noviembre de 2009, sin embargo, en ese momento se encontraban en vigencia las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009, mismas que, al igual que las disposiciones presupuestarias de los períodos fiscales posteriores, según el artículo 85; siendo HONDUTEL una entidad descentralizada sujeta al principio de legalidad que opera en la Administración Pública y que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de ella, es nulo e implica responsabilidad; que la Junta Directiva de HONDUTEL, es la máxima autoridad de la Institución y por ende sus decisiones son de obligatorio cumplimiento y principalmente de aquellos casos en que afecte los intereses económicos de la misma, por lo que, en fecha 13 de mayo de 2008, la Junta Directiva de HONDUTEL emitió la Resolución del punto de acta No. 8) de la Sesión Ordinaria No 545-08 en donde se resolvió ratificar la aprobación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de HONDUTEL para los años 2008-2009 a excepción de la cláusula No. 59 “prestaciones laborales”, porque se contrapone a los artículos números 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el 2008, que son de orden público y faculta al Gerente General para que proceda a contratar una firma consultora, a efecto de que realice un estudio actuarial que mida el impacto financiero de la misma; que a los demandantes renunciaron a su contrato de trabajo y se les pagó sus prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos adquiridos como se detalló anteriormente, de conformidad a la Cláusula 59 del X Contrato Colectivo 2006-2007, en vista de lo cual la Junta Directiva de HONDUTEL, que es la máxima autoridad de la empresa, no aprobó el contenido de la Cláusula 59 del XI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo 2008- 2009, que la cláusula que se aplica es la del X Contrato Colectivo 2006-2007, que es la que reconoce hasta un límite de 22 o 24 meses de salario por los años de servicio como pago de indemnización de cesantía y demás en vista que los demandantes renunciaron voluntariamente a la relación de trabajo, se les pagaron 22 meses de indemnización por cesantía, tal corno lo regula la cláusula en mención. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción y de Pago. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de junio del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por los señores RAFAEL ANTONIO LANZA ANDINO; JOSÉ FERMÍN PERDOMO PERDOMO; y NELSON ALBERTO SMART RAMÍREZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO; en cuanto al pago por complemento de auxilio de cesantía; en consecuencia, condenó a la empresa demandada a pagar la cantidad de L. 1,062,536.17, a los señores Rafael Antonio Lanza Andino la cantidad de L. 391,242.09 en concepto de auxilio de cesantía L.363.008.25, auxilio de cesantía proporcional L.28,233.84; Jose Fermín Perdomo Perdomo, la cantidad de L.305,412.77, en concepto de auxilio de cesantía L.301,125.92, auxilio de cesantía proporcional L. 4,246.85 y Nelson Alberto Smart Ramírez, la cantidad de L.365,881.31, en concepto de auxilio de cesantía L.347,146.52, auxilio de cesantía proporcional L.18,734.79; y declaró sin lugar la Excepción de Prescripción y de Pago opuestas por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que por una parte la demandada alega que ya pago el 100 de la totalidad de prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes y que no se les debe nada; por otro lado la parte demandante expresa que no se les canceló de acuerdo a la Contratación Colectiva vigente y que corresponde al XII Contrato Colectivo por cuanto de acuerdo a la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo el patrono debió pagar en concepto de auxilio de cesantía (1) un mes por cada año laborado y en el caso que nos ocupa consta de autos que Hondutel pago en concepto de auxilio de cesantía a los demandantes (veintidós 22) sueldos, es decir el equivalente a 22 años; es oportuno traer a colación que en materia laboral rige el Principio de Progresividad que establece que ningún cambio se puede realizar en el marco del contrato de trabajo que implique una disminución o pérdida de un derecho; relacionado al artículo 3 de la legislación laboral; en consecuencia es procedente declarar sin lugar la excepción perentoria de pago; que en relación a la excepción de prescripción de acuerdo al artículo 867 del Código del Trabajo; por lo que contrastado este precepto legal con lo alegado por la demandada y el demandante los actores de la demanda solicitaron su retiro por su orden el señor Rafael Antonio Lanza Andino su retiro fue a partir del 15 de agosto del 2015, realizándole el último pago de sus prestaciones HONDUTEL en fecha 30 de diciembre del 2015; José Fermín Perdomo Perdomo, su retiro fue a partir del 12 de agosto del 2015, realizándole el último pago de sus prestaciones HONDUTEL en fecha 30 de diciembre del 2015; Nelson Alberto Smart Ramírez su retiro fue a partir del 31 de octubre del 2015, realizándole el último pago de sus prestaciones HONDUTEL en fecha 05 de febrero del 2016 (ver folio 66), es hasta en esas fechas que los demandantes se enteran de acuerdo a la cantidad pagada que los pagos supuestamente no están conforme a derecho por lo que acude a instaurar reclamo administrativo hasta en fecha 20 de febrero del 2017; cabe explicar que la demandada al hacer efectivo el pago interrumpe el término de los dos (2) meses; siguiendo el orden de ideas se da por agotado el trámite administrativo gubernativo en fecha 24 de febrero del 2017, quedando expedita la vía para acudir a la instancia jurisdiccional y lo hace en fecha 17 de marzo del 2017, si bien es cierto transcurrió más de los dos (2) meses que alega la parte demandada que tenían los trabajadores para reclamar a su patrono; no es menos cierto, que en materia laboral rige el principio protectorio al trabajador, por cuanto se debe aplicar la norma que más favorece y en este caso justo debe aplicarse el término de los dos (2) años que establece como norma supletoria la Ley del Salario Mínimo, es por los argumentos antes relacionados que se declara sin lugar la Excepción de Prescripción en vista que los demandantes estaban dentro del término de dos (2) años para reclamar el complemento de pago de prestaciones; que la parte demandante reclama el pago del complemento de prestaciones por lo que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio esta juzgadora concluye que en el presente caso a la empresa demandada aplica la cláusula 59 del X Contrato Colectivo para realizar el cálculo en relación a la cesantía reconociendo el pago de veintidós (22) meses, disposición ésta que contraviene la norma general como ser el Código del Trabajo en su artículo 120 reformado, que establece que el pago de la cesantía no podrá exceder de 25 meses, y en el presente caso debe aplicarse o que establece la cláusula 59 XII del Contrato Colectivo que se encuentra vigente, en armonía con la norma precitada ésta suscrita es del convencimiento que a los demandantes se les adeuda un complemento por pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en vista que HONDUTEL debió pagar a los demandantes en concepto de pago de auxilio de cesantía un mes por cada año laborado es decir al señor Rafael Antonio Lanza Andino, laboró treinta y tres años (33) diez (10) meses con ocho (8) días, se le pagó 22 sueldos, quedándole un pendiente de once (11) años, diez (10) meses, con ocho (8) días de pago de auxilio de cesantía; Jose Fermín Perdomo Perdomo, laboró treinta (30) años, un (1) mes con once (11) días, se le pago 22 sueldos, quedándole pendiente ocho (8) años, un (1) mes con once (11) días; y Nelson Alberto Smart Ramirez, laboró veintinueve (29) años, cuatro (4) meses, con dieciséis (16) días, se le pagó 22 sueldos, quedándole pendiente siete (7) años, cuatro (4) meses con dieciséis (16) días, en tal sentido es oportuno declarar con lugar esta pretensión. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 07 de septiembre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer que el contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre Hondutel y Sitraelh fue inscrito incluyendo las cláusula 59 y el cual se encuentra en vigencia y si bien es cierto la Junta Directiva de Hondutel emitió resolución dejando en suspenso la cláusula 59 del contrato colectivo antes relacionada, sin embargo también es cierto que el contrato colectivo fue suscrito por ambas partes, es decir Sindicato de trabajadores en representación de todo los trabajadores de Hondutel y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, es decir fueron dos partes y no una sola, y fue inscrito como ya se dijo conforme los registros que aparecen en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Que la parte Demandada no acreditó en juicio que la cláusula 59 del contrato colectivo celebrado entre Hondutel y Sitratelh, haya sido denunciada y no inscrita en la Secretaría de Trabajo y Seguridad social y que por lo tanto su contenido no está vigente, consecuentemente al no haber acreditado tal hecho procede su aplicación conforme está establecido en dicho documento legal, por lo que procede declarar con lugar la demanda en cuanto al pago del complemento de las prestaciones laborales conforme la cláusula 59 ya referida; asimismo la parte demandada reconoce que el demandante Rafael Antonio Lanza Andino inició su relación laboral el 07 de octubre de 1981, por lo tanto tenía una antigüedad de 33 años 10 meses y 9 días, José Fermín Perdomo Perdomo, inició su relación laboral el 01 de julio de 1985, por lo que tenía una antigüedad 30 años un mes y 11 días y Nelson Alberto Smart Ramírez, inició a laborar desde el 15 de junio de 1986, con una antigüedad de 29 años, 4 meses y 16 días, por lo que les corresponde un complemento a sus prestaciones laborales, ya que conforme lo dispuesto en la cláusula 59 tantas veces mencionada, en caso de terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las partes o a petición del trabajador, Hondutel pagará a todo trabajador una indemnización de un mes por año trabajado, además se le pagará el preaviso, vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes que corresponda y demás bonificaciones a que tuviere derecho; y que no se le canceló a los demandantes las prestaciones laborales en forma completa, puesto que la empresa demandada elaboró el cálculo únicamente en base a 22 sueldos y no conforme la antigüedad que los trabajadores tenían y siendo que procede la excepción de pago únicamente cuando el deudor ha satisfecho completamente el pago, lo que no sucede en el caso de autos, por lo que procede declarar sin lugar la excepción perentoria de pago opuesta por el representante procesal de la parte Demandada; y en cuanto a la excepción perentoria de prescripción procede igualmente declararla sin lugar, en virtud de que en la notas que les fueron enviadas a los demandantes le ofrecen el pago de sus prestaciones laborales y siendo que el Código del Trabajo establece que el término de prescripción se interrumpe, entre otros, por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción; y en vista de las consideraciones legales que anteceden, este Tribunal de alzada es de la firme opinión que la sentencia definitiva que se conoce en apelación, se encuentra dictada conforme a los lineamientos que franquean las leyes sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 30 de abril del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 22 de julio del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y solicitando la nulidad subsidiaria del fallo, por lo que mediante providencia de fecha 24 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 26 de agosto del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su primer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 11 numeral 2 del Código del Trabajo que indica “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 2. El mutuo consentimiento de las partes.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad por los siguiente motivos: Estima la Corte de Apelaciones que de la terminación de la relación laboral y contrato de trabajo conforme a una de las causas enumeradas en el artículo 111 del Código del trabajo deriva el derecho del trabajador al pago de sus derechos laborales, en este caso el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y lo que reclama la parte actora es el pago del complemento de estas prestaciones e indemnizaciones laborales de lo que deriva la obligación que la parte actora acredite en juicio que HONDUTEL le ha negado el derecho a su prestaciones e indemnizaciones de acuerdo con la contratación colectiva vigente habiendo las partes demostrado en juicio mediante los medios de prueba propuestos los cuales consta en autos y que del estudio de los hechos y derechos así como de los medios de prueba acreditados en juicio el tribunal llego a la conclusión que la sentencia apelada fue emitida conforme a derecho y que procede su confirmación por los siguientes motivos: 1.- Se acredito la relación laboral entre las partes y la forma de terminación por mutuo acuerdo entre las partes; 2) Así como el puesto y el salario de los demandantes antes de su renuncia y 3.- Que el Contrato Colectivo de la empresa establece el pago del 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a la cláusula 59 del X Contrato Colectivo, y es aquí honorables magistrados específicamente en este numeral 3 donde la Corte de Apelaciones da una interpretación errónea al derecho que confiere el articulo 111 numeral 2 como ser el pago de las prestaciones e indemnizaciones derivado de la terminación laboral de un contrato de trabajo por mutuo acuerdo a favor de los demandantes, en primer lugar porque los demandantes aceptaron expresamente que Hondutel les pagó en su totalidad sus prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a la cláusula 59 del X Contrato Colectivo vigente, lo cual consta tanto en los hechos de la demanda como en las alegaciones de primera y segunda instancia; y en segundo lugar honorables magistrados, la cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente se refiere al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a favor de los trabajadores, por lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo interpretó de forma errónea que el derecho al pago del remanente de indemnizaciones y prestaciones laborales que nace del artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo con relación a la cláusula 59 del Contrato Colectivo que establece el pago del 100% de prestaciones, Ahora honorable Corte me permito describirles como la honorable Corte de Apelaciones debió de interpretar de forma correcta la norma sustantiva violatoria, de la manera siguiente: Que del articulo 111 numeral 2 surge el derecho del trabajador al pago de sus derechos e indemnizaciones laborales conforme a la cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente de la empresa, y esta última habla únicamente de pago prestaciones e indemnizaciones laborales, tal y como consta en autos. En consecuencia, la Honorable Corte de Apelaciones es del parecer que el recurso de apelación debe ser declarado con lugar y reformada la sentencia de primera instancia, absolviendo a la empresa estatal del pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 111 numeral 2.”. III.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la cuestión relacionada con la vigencia y aplicación del contrato colectivo, fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) falta a la claridad y precisión requerida, ya que alegando aplicación indebida del artículo 111 numeral 2) del Código de Trabajo, en su explicación alude a otra forma de violar la ley (interpretación errónea), cuando sostiene: “…por lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo interpretó de forma errónea que el derecho al pago del remanente de indemnizaciones y prestaciones laborales que nace del artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo con relación a la cláusula 59 del Contrato Colectivo que establece el pago del 100% de prestaciones, Ahora honorable Corte me permito describirles como la honorable Corte de Apelaciones debió de interpretar de forma correcta la norma sustantiva violatoria…”, dado que no es posible que el juzgador haya aplicado indebidamente una disposición y al mismo tiempo la haya interpretado erróneamente. IV.- Que la Recurrente en el segundo motivo sostiene: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo del articulo 111 Numeral 2 del Código del Trabajo por APRECIACIÓN ERRÓNEA Y ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES CONSISTENTES EN NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA, argumenta la honorable Corte de Apelaciones que es del parecer que después de revisada la sentencia definitiva es menester reformarla por estar apegada a derecho, pues las partes propusieron sus medios de prueba 1.- documental y 2. Documental vía oficios, en primera instancia, a través de los cuales se logró probar que Hondutel no denegó el derecho a las prestaciones e indemnizaciones laborales según contratación colectiva vigente, y que del estudio de los hechos y derechos así como de estos medios de prueba acreditados en juicio, la honorable Corte de Apelaciones llegó a la conclusión que a los demandantes Hondutel les tiene que pagar una diferencia según la aplicación de la cláusula 59 del XII del Contrato Colectivo, sin embargo la Corte de Apelaciones del trabajo valoro el XII contrato Colectivo, documento que no se tuvo como hecho probado en primera instancia ya que el único medio de prueba documental que se aportó en juicio y que fue tenido como hecho probado fue el Décimo Contrato Colectivo incorporado al juicio por HONDUTEL, por otro lado honorable Corte presumiendo que dicho medio de pruebe hubiese sido aportado en juicio y tenido como hecho probado tanto la juez de primera instancia como la honorable Corte de Apelaciones interpretaron de forma errónea la cláusula 59, es por ello que la Corte de Apelaciones tuvo que apreciar correctamente la cláusula 59 del X Contrato Colectivo aportado por Hondutel y tenido como hecho probado en primera instancia por la juez sentenciadora tener por acreditado en juicio que HONDUTEL pagó en su totalidad las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a dicha cláusula tal y como consta en autos.”. V.- Que el cargo que antecede resulta ser inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) al igual que en el anterior motivo, alega dos formas distintas de infringir la ley, la aplicación indebida y el error de hecho, las cuales debió haber expresado en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; y, b) en su explicación alude a otra forma de violar la ley, al sostener confusamente: “…tanto la juez de primera instancia como la honorable Corte de Apelaciones interpretaron de forma errónea la cláusula 59…”. VI.- Que en un tercer motivo se esgrime: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 867 del Código del Trabajo que indica: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus Reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que deberán probar en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que la juez sentenciadora se equivocó en su criterio de declarar con lugar la excepción de prescripción, porque los demandantes recibieron su pago parcial de sus derechos laborales, con lo que concluye que este acto interrumpió la prescripción con base en el artículo 868 literal b. Este argumento es erróneo en virtud que el artículo 867 claramente establece que todos los derechos y acciones en materia laboral prescriben en el término de dos meses, plazo que corre para trabajadores y patrones desde el acaecimiento del hecho. ¿Qué significa esto? Que el derecho que se crea poseer y que se desea exigir forzosamente debe interponerse dentro del plazo de dos meses. Toda acción interpuesta en un período posterior se considerará prescrita. Con un argumento tan claro que no requiere de cualquier otro análisis o interpretación. En el caso que nos ocupa, si tomáramos en consideración la fecha del pago de las prestaciones y demás derechos que fue el 24 de septiembre del 2014 al señor Lanza Andino, 30 de diciembre de 2015 al señor Perdomo Perdomo, 30 de diciembre de 2015 y al señor Smart Ramírez el 5 de febrero del 2016, y la fecha de instauración de los servicios conciliatorios por todos los demandantes el 20 de febrero del 2017, la acción también esta prescrita, pues los demandantes dejaron transcurrir más del término legalmente establecido en la ley. Por tanto, el tribunal ad quem erró en su criterio al aplicar dicho criterio, puesto que los plazos son vencidos y su acción prescrita; por consiguiente, tuvo que liberar a mi poderdante del pago del complemento reclamado.”. VII.- Que es inadmisible el cargo anterior, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos: a) como antes se explicara, la violación directa de la ley (ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea) se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la prescripción o no del derecho reclamado por los demandantes, fue objeto de la controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque al fallo por esta vía; b) alega aplicación indebida del artículo 867 del Código de Trabajo, pero no determina cual debió ser la norma que el Juzgador debió aplicar en su sustitución; y, c) la excepción perentoria de prescripción fue desestimada, por ende no fue aplicada la disposición antes referida, lo cual presupone que no puede atacarse al fallo por ese concepto de infracción (aplicación indebida). VIII.- Que en un cuarto motivo se alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 868, inciso b), que literalmente dice: “El término de prescripción se interrumpe:...b) Por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquél contra quien transcurre el término de prescripción. Quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga.”, en relación con el artículo 871 del Código de Trabajo que literalmente instaura que “el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA en virtud que consideró que la prescripción alegada se interrumpió porque mi representada efectuó un pago, interrumpiendo de esta manera la prescripción de conformidad al inciso b) del artículo 868. Si bien es cierto que el inciso enunciado establece que el pago interrumpe la prescripción, es importante patentizar que los alcances de las disposiciones del Código de Trabajo encuentran su limitación por las demás disposiciones. Es decir, que para ser aplicable este inciso, el reconocimiento del derecho necesariamente tuvo que haberse hecho dentro del plazo de dos meses que ya establece la ley, pues el reconocimiento de ese derecho interrumpiría la prescripción a favor de mi representada y, como se puede apreciar del análisis de los antecedentes del presente caso, ninguno de los presupuestos precedentes ocurrió, por lo que la aplicación de dicho inciso representa una interpretación errónea por parte de la Corte de Apelaciones. De manera complementaria, el artículo 871 del Código del Trabajo, establece que el efecto de la interrupción (establecida en el artículo 868) es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra. Es decir, que en caso de que exista una interrupción de la prescripción, el efecto de la misma inutilizar para la prescripción todo el tiempo CORRIDO ANTES, NO DESPUÉS. ¿Por qué no después? Porque el plazo de prescripción comienza a correr nuevamente a partir del día siguiente de una supuesta interrupción.”. IX.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que como se señalara en el motivo anterior, la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la prescripción de la acción de los demandantes, fue objeto de la controversia y por ende de la prueba, resultando por ello inapropiado el ataque al fallo por esa vía. X.- Que se solicita la nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. SE PRESENTA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 867 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LA NULIDAD SUBSIDIARIA: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”. XI.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad de la sentencia, alegada o solicitada de forma subsidiaria. XII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los cuatro motivos de casación y la solicitud de nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 8.2. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL45-2019. FIRMA Y SELLO. –

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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