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Sentencia CL-436-19 — Registro 11667

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la excepción perentoria de prescripción y con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y por adquirir y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, todo en virtud de un despido ilegal e injusto que le fue promovido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de octubre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 18 de febrero del 2020, por la Abogada MARIA LUISA RIVAS MURILLO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida la señora WENDY LIZETH ZUNIGA AGUILUZ, representada en juicio por el Abogado MELVIN EVENOR LÓPEZ HERRERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y por adquirir y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, todo en virtud de un despido ilegal e injusto que le fue promovido, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de junio del 2014, por la señora WENDY LIZETH ZUNIGA AGUILUZ, hondureña, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN), representado en juicio, por la Abogada MARIA LUISA RIVAS MURILLO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de octubre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice “FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS Y POR ADQUIRIR, MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DANOS Y PERJUICIOS EN VIRTUD DE DESPIDO ILEGAL E INJUSTO QUE ME FUERA PROMOVIDO instaurada por WENDY LIZETH ZUNIGA AGUILUZ contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN) a través de la actual procuradora General de la República abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 3) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN) a través de la actual procuradora General de la República abogada LIDIA ESTELA CARDONA A: A) Pagar a la demandante la cantidad de demandante señora WENDY LIZETH ZUNIGA AGUILUZ, la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (L.55,371.32); desglosados así: PREAVISO L.17,718.82; AUXILIO DE CESANTIA L. 17,718.22; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.7,382.75; VACACIONES PROPORCIONALES L.3,691.38; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.2, 531.32; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL L. 6,328.25 B) más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria; derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno. 4) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que su relación laboral fue regulada mediante la celebración de varios contratos de trabajo continuos y sucesivos, denominados como Contratos de Prestación de Servicios y otros denominados como Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, desempeñándose como Encargada de la Biblioteca, devengando desde que comenzó su relación laboral la cantidad de (L.7, 500.00), y en el último mes trabajado devengó la cantidad de (L.7, 605.00). Expresó que a pesar de la denominación que recibieron sus contratos, éstos cumplían con los tres elementos que señala el artículo 20 del Código del Trabajo, desempeñando sus funciones de forma ininterrumpida siendo una labor permanente en la institución, conforme al artículo 47 del Código del Trabajo la contratación deberá tenerse como un contrato de trabajo por tiempo indefinido; asimismo, señaló que el demandado le reconocía el pago de su aguinaldo, décimo cuarto mes y vacaciones, por lo que su contratación califica como una contratación de trabajo con el reconocimiento de los mismos derechos que tienen los empleados permanentes. Mencionó además que todos los contratos que celebró tenían una cláusula donde quedaba establecido que en caso de controversia la solución sería dirimida ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero ello violenta el artículo 3 del Código del Trabajo, ya que los derechos laborales son irrenunciables conforme a la Constitución de la República y el Código del Trabajo, razón por la cual interpuso su acción ante el Juzgado del Trabajo. El 29 de abril del 2014, se le notificó por escrito la terminación unilateral de su contrato de trabajo a partir del día 30 de abril del 2014. Dando por agotada la vía administrativa correspondiente por no llegar a un acuerdo conciliatorio las partes. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha aceptando que la demandante sostuvo una relación contractual a término de prestación de servicios profesionales a través del Instituto Hondureño de Geología y Minería (INHGEOMIN), siendo la vigencia del contrato del 1 al 30 de abril del 2014, duración que la demandante aceptó satisfactoriamente, por lo que conocía la fecha de finalización de su contrato; asimismo, expresó que la cláusula octava del contrato, regulaba que en caso de controversia la misma sería dirimida ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de igual modo, la cláusula novena regulaba que ambas partes aceptaban los términos del contrato, comprometiéndose a su fiel cumplimiento, no obstante, la demandante no acató lo pactado al haber acudido ante un Juzgado del Trabajo. La Administración Pública de acuerdo al Reglamento de la Ley de Servicio Civil en el artículo 6 numeral 28) preceptúa; “para los fines de la Ley del presente Reglamento, los términos y condiciones que a continuación se indican, tienen el siguiente significado: numeral 28) nombramiento: es el acto administrativo de concesión de estatus de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo Expedido por la autoridad competente conforme a la Ley”, por lo que dice no ser el caso de la demandante, quien mediante modalidades particulares pretendía que le fuera otorgado un derecho que conforme a ley no le correspondía por carecer de fundamento legal, de acuerdo también al artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En cuanto al hecho tercero de la demanda, lo rechazó en virtud que la relación se regulaba por un contrato de servicios profesionales, expresamente convenido por lo tanto se consideraba ley entre las partes, relacionado con el artículo 124-C de la Ley General de la Administración Pública, reformado mediante la Ley para Optimizar la Administración Pública, encontrándose ante una terminación de contrato acaecida en la fecha estipulada para su vencimiento, consentido previa y libremente sin objeción, por lo que al llegar la finalización de la obligación contraída, el demandado podía poner fin a la relación contractual contraída, pues al ser un contrato de índole administrativo, la administración pública está sujeta a normas y no puede otorgar derechos que únicamente otorga la Ley de Servicio Civil y su Reglamento a empleados con nombramiento clasificado por el Departamento de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Servicio Civil, aunado a lo anterior señaló que conforme al artículo 867 del Código del Trabajo, para la demandante el plazo de 2 meses comenzaba a correr desde la fecha en que firmó el Contrato de Servicios Profesionales, plazo que dejó fenecer y con ello prescribió el derecho que le otorgaba la ley para interponer cualquier acción en la que consideraba estaba siendo afectada. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de octubre del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción opuesta por el demandado, CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Wendy Lizeth Zúniga Aguiluz, contra El Estado de Honduras, por actuaciones del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) a través de la actual procuradora General de la República Abogada Lidia Estela Cardona, CONDENÓ al demandado a pagar a favor de la cantidad de (L.55,371.32), en concepto de preaviso (L.17,718.82); auxilio de cesantía (L.17,718.22), auxilio de cesantía proporcional (L.7,382.75), vacaciones proporcionales (L.3,691.38), décimo tercer mes proporcional (L.2, 531.32), decimocuarto mes proporcional (L. 6,328.25), más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, SIN COSTAS. Bajo el criterio que la causa señalada en la notificación de cancelación del contrato, no se encuentra contemplada en las justas causas de terminación de la relación laboral, al haberse comprobado la simulación contractual, bajo la forma de un contrato determinado, escondiéndose bajo dicha figura una relación laboral por tiempo indefinido, es por ello que el acto de privar a la demandante de continuar ejerciendo la labor asignada es una terminación unilateral del contrato por causa del empleador, lo que acarrea la obligación de satisfacer al trabajador los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República, por lo antes expuesto declaró con lugar la demanda, ordenando el pago de prestaciones a favor de la demandante, consistente en preaviso, auxilio de cesantía en el importe que corresponda con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir; asimismo, declaró con lugar el pago de vacaciones, proporcionales, pago proporcional de aguinaldo y décimo cuarto mes de salario, por no haberse probado que los mismos hubieran sido satisfecho. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 30 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que de las pruebas aportadas al juicio, observó que en los contratos celebrados entre las partes, se dieron los elementos esenciales de todo contrato de trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación del trabajador para con el patrono, en la realización de labores de forma continua y de naturaleza permanente en la institución demandada a cambio de un salario mensual, sucesos que encajaban en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo, por lo que al momento de apreciar los hechos con las normas laborales, tales contratos relativos a labores que por su naturaleza eran permanentes en la institución, se consideraron como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen para la prestación de servicios, sin haber acreditado la parte demandada lo contrario, por lo que consideró que la Juzgadora de primera instancia tuvo por bien declarada la relación laboral. 5. Mediante auto de fecha 5 de diciembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARÍA LUISA RIVAS MURILLO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 18 de febrero del 2020, compareció ante este Tribunal la Abogada MARÍA LUISA RIVAS MURILLO, formalizando su demanda, exponiendo siete motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 21 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de marzo del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado MELVIN EVENOR LOPEZ HERRERA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada MARIA LUISA RIVAS MURILLO, en su primer y único motivo de casación aduce: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral, por infracción indirecta proveniente de error de derecho manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documental, debido a la apreciación errónea dada por los Magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo; todo esto en virtud que el Contrato suscrito por la hoy demandante tenia fecha de inicio y finalización de su relación laboral, considerando que la actora tenía conocimiento de lo que estaba firmando CON SU PUÑO Y LETRA, así mismo en ningún momento manifestó disconformidad con cada una de las Clausulas plasmadas en el contrato, sino que suscribió a su entera satisfacción dicho contrato. SEGUNDO: En concordancia vale la pena describir que la Administración Publica está estructurada en base a un Plan Operativo Anual (POA) y está sujeta a las disposiciones generales del presupuesto. Es importante señalar que todo Contrato Individual de Trabajo tiene sus obligaciones y derechos reciprocas para ambas partes por lo tanto el Contrato del actor ineludiblemente llego a su fin por esto existen el Contrato por tiempo limitado, cuando especifica fecha para su terminación y forzosamente pone a término a la relación laboral. TERCERO: Señores Magistrados, quiero enfatizar que la Demandante alega en el libelo de su demanda, que su relación contractual con mi representado, fueron celebrados por CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, es por ello que infiero ya que el Articulo 46 del Código del Trabajo establece claramente los tipos de CONTRATOS QUE EXISTE, en el inciso b) de dicho artículo menciona EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PUEDE SER POR TIEMPO LIMITADO cuando se especifica fecha de inicio y terminación del mismo. CUARTO: Aunado ello, cabe recalcar que los Contratos en la Administración Publica están conforme al ejercicio fiscal y a las Disposiciones Generales del Presupuesto, sin embargo la parte demandante olvida que la relación laboral que sostuvo con mi representada fue mediante contrato temporal y determinado, y que los únicos derechos que le corresponden fueron los pactados en el contrato, por lo que se considera que se debe cumplir de conformidad a lo que establece el artículo 1348 del código civil que señala: " Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos". QUINTO: Quiero referirme Señores Magistrados que la Sentencia dictada por el Juez Ad- Quem, menciona en su considerando tres (3), que la demandante acredita que fue contratada por tiempo determinado, sin embargo, la relación laboral se desarrolló continua e ininterrumpida, es por ello que infiero ¿Por qué?, porque al existir un Contrato entre las partes, estamos refiriéndonos que concurre un consentimiento de acuerdo de voluntades que tiene por objeto trasmitir tanto derechos coma obligaciones. Asimismo con la formación de este consentimiento nos encontramos con una Oferta y con una aceptación, por lo tanto el que formula la oferta es el patrono y el que la acepta es el empleado, por ende la actora consintió cada una de las clausulas establecidas en el contrato, sin embargo no se viola el Principia de la Primacía de la Realidad, en virtud que la demandante tenía conocimiento de la actividad que realizaría la cual no era de carácter permanente si no de manera temporal, así como la fecha de inicio y finalización de su contrato. Es por ello que mi representado el Estado de Honduras es fiel garante del Principio de Buena Fe, considerando que es buen empleador al momento de la celebración del Contrato, su ejecución y su extinción. SEXTO: Acuso la Sentencia de ser violatoria, en virtud que el Juez Ad-Quem, le otorga a la demandante el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, Derechos Adquiridos y por adquirir, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de Indemnización por daños y perjuicios hasta que quede firme la Sentencia. Tengo a bien en expresar Señores Magistrados que la Señora actora pretende vedar a este Tribunal, solicitando conceptos que no derivan de lo que reclama, en virtud que ella tenía consentimiento de manera tacita y expresa, al saber que su Contrato era por tiempo determinado, sumado a eso se le notifico con el propósito de finiquitar de manera formal por la administración.- SEPTIMO: Al igual era del conocimiento previo de la demandante la fecha de finalización de su relación contractual para con mi representada, por lo cual es improcedente dicha sentencia, en vista que mi representada no despidió a la demandante y que lo que sucedió es que su relación Laboral finalizo por haber llegado a su término. Por tanto, no puede reclamar dichos conceptos antes mencionados, ya que reitero enfáticamente que la Señora WENDY LIZETH ZUNIGA AGUILUZ, no fue despedida sino reiterando que la relación laboral con mi representada, tenía fecha de inicio y finalización NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violadas por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 82 de la Constitución de la Republica, 46 literal b ), 864 del Código del Trabajo, artículo 3 del Código Procesal Civil. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo”. III.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL436-19”. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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