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Sentencia CL-435-18 — Registro 11124

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el despido, hasta que son sujeción a las normas laborales quede firme la sentencia, pago de reajuste de salario mínimo, y su duplo, pago de días feriados, pago de séptimo días, pago de salario adeudado, pago de horas extraordinarias, pago de derechos adquiridos como ser aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones, costa del juicio; Segunda instancia revocó la sentencia absolviendo de toda responsabilidad laboral al demandado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad quem mediante el cual se revoca la sentencia de primera instancia carece de la suficiente motivación y razonabilidad lógica, al momento de considerar y resolver sobre la naturaleza jurídica de la relación establecida entre las demandantes y demandada, siendo un imperativo expresar en el contenido de las sentencias los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho aplicable al caso concreto. Lo antes señalado trae como consecuencia la violación al debido proceso y al derecho de defensa de las partes.9. Es importante recordar que en lo relacionado a las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica las razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad quem mediante el cual se revoca la sentencia de primera instancia carece de la suficiente motivación y razonabilidad lógica, al momento de considerar y resolver sobre la naturaleza jurídica de la relación establecida entre las demandantes y demandada, siendo un imperativo expresar en el contenido de las sentencias los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho aplicable al caso concreto. Lo antes señalado trae como consecuencia la violación al debido proceso y al derecho de defensa de las partes.9. Es importante recordar que en lo relacionado a las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica las razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen. 11. Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintidós de febrero del dos mil diecinueve, por el Abogado MIGUEL ANGEL VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor VICTOR YOSSIER ARIAS MONTOYA, como recurrente; además es parte recurrida, el señor ARMANDO BENITEZ conocido también como ARMANDO VALLADARES BENITEZ, representado en juicio por el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el despido, hasta que son sujeción a las normas laborales quede firme la sentencia, pago de reajuste de salario mínimo, y su duplo, pago de días feriados, pago de séptimo días, pago de salario adeudado, pago de horas extraordinarias, pago de derechos adquiridos como ser aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones, costa del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional, Tela, Departamento de Atlántida, en fecha trece de mayo del dos mil dieciséis, por el señor VICTOR YOSSIER ARIAS MONTOYA mayor de edad, soltero, hondureño, jornalero y con domicilio en Tela, Departamento de Atlántida, contra el señor ARMANDO BENITEZ conocido también como ARMANDO VALLADARES BENITEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia, proferida de la forma siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarando ha lugar el recurso de Apelación Interpuesto por el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO en su condición de Apoderado legal del señor ARMANDO BENITEZ VALLADARES conocido también como ARMANDO BENITEZ propietario del negocio denominado GASOLINERA UNO DINAMAX-LANCETILLA SEGUNDO: Revoca la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, emitida en fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho recaída en la demanda ordinaria laboral descrita en el preámbulo de la presente resolución TERCERO: Se absuelve de toda responsabilidad laboral al SEÑOR ARMANDO VALLADARES BENITEZ conocido también como ARMANDO BENITEZ en su condición de propietario del negocio denominado GASOLINERA UNO DINAMAXLANCETILLA”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratado verbalmente el 15 de noviembre de 2013 de manera continua y permanente, desempeñándose en el cargo de vigilante con una jornada de trabajo de las 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana de lunes a domingo, devengando un salario mensual de L. 1,000.00 y un salario promedio mensual de L. 4,000.00, salario que evidentemente que está por debajo del mínimo. Posteriormente en fecha 27 de marzo de 2016 se le notifico verbalmente el despido de su puesto de trabajo, sin invocarle causa justificada y sin seguir el procedimiento legal establecido. Por otra parte, el demandante manifestó que la demandada le adeuda la cantidad de L. 181,044.46, por conceptos de reajuste de salario mínimo, duplo de en concepto de daños y perjuicios, tal como lo estipula la Ley de salario mínimo, once días de feriado, 52 días séptimos, 13 días de salario adeudado, 208 horas extras laboradas y derechos adquiridos. 2. La parte demandada, el ARMANDO BENITEZ conocido también como ARMANDO VALLADARES BENITEZ, contestó dicha demanda señalando que el demandante nunca trabajo para la empresa demandada, por lo tanto, nunca pudo habérsele despedido. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por el señor VICTOR YOSSIER ARIAS MONTOYA, contra ARMANDO BENITEZ conocido también como ARMANDO VALLADARES BENITEZ, sin costas, bajo el criterio que el demandante laboró para el demandado en el negocio denominado Gasolinera Uno Dinamax Lancetilla, en el cargo de seguridad desde el quince de noviembre del año dos mil trece mediante contrato verbal devengando un salario mensual de L. 4,000.00, con un horario de 7: 00 p. m. a 5: 00 a. m. de lunes a domingo con un día libre a la semana. El actor no gozo ni se le pago sus vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, días feriados, séptimos días, horas extras y salarios adeudados, así como no se le pagaba el salario mínimo vigente. Por otra parte, es preciso establecer que el demandado fue la persona que de manera verbal despidió al actor, según se acreditó con el acta de constatación del despido levantada por la Inspectora de la Inspectoría de Trabajo, en la cual al momento de cederle la palabra al ahora demandado este refirió “El acontecimiento fue que le cobro a unos buses doscientos cincuenta lempiras; por ese motivo lo despedí”. Como puede observarse no se citó causa o motivo alguno de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo que facultan al patrono para dar por terminada sin su responsabilidad el contrato de trabajo. Por otra parte, no se acreditó si la supuesta actuación del trabajador era una falta tan grave para que revistiera la proporcionalidad y la racionalidad de la determinación de tal medida tan gravosa que solo quedara el despido del trabajador, que si bien el demandado; desde el momento de la constatación del despido le expresa a la Inspectora de Trabajo que “En primer lugar el no contrato a Víctor” y ha sido el hecho controvertido en el presente proceso y siendo que la parte demandada ha pretendido negar la relación laboral no solo con lo manifestado por los testigos al expresar que: “ratitos llegaba a la gasolinera, y que no fue trabajo lo que le ofreció el señor Berlin Rosa sino que fue una ayuda humanitaria”, sino que al haberse evacuado un reconocimiento judicial practicado propuesto por el apoderado legal de la parte demandante en los libros contables para pretender demostrar que no ha existido la relación laboral y hasta el libramiento de oficios a las diferentes instituciones bancarias quienes han informado que el demandante no ha recibido deposito alguno en concepto de pago por parte del demandado o la Gasolinera Uno Dinamax Lancetilla, pero este extremo si ha sido acreditado por el propio demandante proponiendo y evacuándose el medio de prueba documental consistente en una copia de carta de recomendación, la cual fue firmada por el señor Belin Rosa Calix quien así lo reconoció al momento del interrogatorio del testigo en la que se expresa que efectivamente el demandante laboro para la empresa Texaco Lancetilla en seguridad privada, desde aproximadamente un año, mostrando ser una persona responsable, honesta, honrada y con un alto espíritu de trabajo, que si bien no existe contrato de trabajo escrito como se dejó establecido en el medio de prueba por exhibición de documentos tal circunstancia es imputable al patrono, es por ello que además de no haberse acreditado la existencia de causa o motivo para la terminación de la relación laboral debe tenerse por acreditada la relación laboral entre las partes. Por otra parte, también es procedente condenar al reajuste de salario mínimo porque el que devengaba era menor al oficial y su duplo en concepto de daños y perjuicios. 4. La Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once de septiembre del año dos mil dieciocho, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el demandante no fue empleado del negocio conocido como gasolinera Uno Dinamax-Lancetilla, que, si bien recibió durante cierto tiempo la cantidad de mil lempiras semanales que se lo pagaba el señor Belin Rosa porque ayudaba a ciertos quehaceres en dicho negocio, el demandante, nunca desarrolló su trabajo en un horario continuo como tampoco estuvo bajo la subordinación del patrono o representante. Por otra parte, el señor Belin Rosa no es ni propietario, ni intermediario del negocio antes mencionado. El trabajador no acreditó en autos la existencia de una relación laboral para con el patrono y tampoco resulta acreditado en autos que hubo una intención fraudulenta del patrono para evadir las cargas propias producto de una relación laboral. Con el documento denominado carta de recomendación, no puede inferirse que hay una aceptación del patrono de una relación laboral, en primer lugar, quien emite dicha carta es el Belin Rosa, persona está que no es la propietaria ni intermediario del negocio denominado gasolinera Uno Dinamax-Lancetilla; y, en segundo ni si quiera es una constancia de trabajo, no se estipula en ella sueldo, mucho menos puede ser concatenado o relacionado con otros elementos probatorios que indiquen que el demandante se haya desempeñado como guardia de seguridad de la parte demandada, así mismo del acta de constatación de hechos se sustrae que el señor Armando Valladares Benítez en ningún momento aceptó haber contratado los servicios del demandante, tampoco aceptó ser la persona que le pagaba un salario; y si bien el yerno del demandado acepto que le daba mil lempiras semanales al demandante y a cambio de eso realizaba ciertas actividades en la empresa, es decir el demandante no desarrollaba labores continuas, no tenía un horario específico, no era guardia de seguridad ni estaba sujeto a las obligaciones del resto de empleados, por lo tanto no resultan acreditados los presupuesto requeridos para la acreditación de una relación laboral, por lo tanto resulta inexistente el despido alegado por la parte actora. 5. Mediante auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecinueve, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor VICTOR YOSSIER ARIAS MONTOYA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintidós de febrero del dos mil diecinueve, compareció ante éste Tribunal el Abogado MIGUEL ANGEL VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor VICTOR YOSSIER ARIAS MONTOYA, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. 2. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". 3. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. 4. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. 5. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. 6. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 11 de septiembre de 2018, revoca la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 29 de junio de 2018. 7. Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad quem mediante el cual se revoca la sentencia de primera instancia carece de la suficiente motivación y razonabilidad lógica, al momento de considerar y resolver sobre la naturaleza jurídica de la relación establecida entre las demandantes y demandada, siendo un imperativo expresar en el contenido de las sentencias los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho aplicable al caso concreto. Lo antes señalado trae como consecuencia la violación al debido proceso y al derecho de defensa de las partes.9. Es importante recordar que en lo relacionado a las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica las razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. 10. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen. 11. Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 664 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 193, 197, 200 literal c), 207 numeral 1), 211, 212 numeral 4), 207 numeral 2) y 703 numeral 3) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 11 de septiembre de 2018, visible a folios 12 al 18 del expediente de segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. – NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los un días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL435-18. ” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.