Sentencia CL-424-18 — Registro 10708
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo se condene al patrono demandado a reconocer como indefinida y permanente la relación laboral que lo vincula con la trabajadora demandante, quien sigue siendo considerada como empleada temporal por jornal después de más de 13 años de servicio continuo, lo cual constituye discriminación, que se ordene la emisión de la correspondiente acción de personal de nombramiento permanente en el cargo, que se reconozca el derecho fundamental de igualad salarial para trabajo igual sin discriminación alguna y se ordene la nivelación salarial a fin de devengar el mismo salario que reciben otras personas que ocupan el mismo cargo, pago de reajuste salarial por trabajo igual correspondiente a los 2 años anteriores a la fecha de presentarse el reclamo correspondiente ante la autoridad del trabajo y hasta que el patrono demandado aplique a la demandante la correspondiente nivelación por este concepto en su planilla de empleados, pago de beneficios contenidos en la contratación colectiva, contados desde los 2 años anteriores a la fecha en que la demandante solicito los servicios de la autoridad del trabajo, para que se le reconociera como empleada permanente y que no han sido concedidos por el patrono al haber discriminado a la demandante al considerarla empleada temporal por jornal, pago de los reajustes salariales no incluidos en el valor reclamado, con retroactividad y hasta que al patrono aplique la nivelación salarial a la demandante en su planilla de empleados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica la norma legal sustantiva violada, requisito sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; y, b) realiza alegatos propios de instancia.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala entre otras normas que indica como violadas (Artículo 83 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 05 de diciembre del 2018, por el Abogado ANTONIO ARITA AGUILAR, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DILCIA JANETH MORADEL BANEGAS, representada en juicio por el Abogado MERLYN ALBERTO ARITA VASQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo se condene al patrono demandado a reconocer como indefinida y permanente la relación laboral que lo vincula con la trabajadora demandante, quien sigue siendo considerada como empleada temporal por jornal después de más de 13 años de servicio continuo, lo cual constituye discriminación, que se ordene la emisión de la correspondiente acción de personal de nombramiento permanente en el cargo, que se reconozca el derecho fundamental de igualad salarial para trabajo igual sin discriminación alguna y se ordene la nivelación salarial a fin de devengar el mismo salario que reciben otras personas que ocupan el mismo cargo, pago de reajuste salarial por trabajo igual correspondiente a los 2 años anteriores a la fecha de presentarse el reclamo correspondiente ante la autoridad del trabajo y hasta que el patrono demandado aplique a la demandante la correspondiente nivelación por este concepto en su planilla de empleados, pago de beneficios contenidos en la contratación colectiva, contados desde los 2 años anteriores a la fecha en que la demandante solicito los servicios de la autoridad del trabajo, para que se le reconociera como empleada permanente y que no han sido concedidos por el patrono al haber discriminado a la demandante al considerarla empleada temporal por jornal, pago de los reajustes salariales no incluidos en el valor reclamado, con retroactividad y hasta que al patrono aplique la nivelación salarial a la demandante en su planilla de empleados, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha 4 de diciembre del 2017 por la Abogada ANA MIRIAN MARQUEZ NUÑEZ en su condición de apoderada legal de la señora DILCIA JANETH MORADEL BANEGAS, mayor de edad, hondureña, soltera, Ama de casa y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), por medio de su DIRECTOR EJECUTIVO, en ese entonces el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, mayor de edad, hondureño, casado, Abogado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2018, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 26 de junio del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo se condene al Patrono Demandado a Reconocer como Indefinida y Permanente la Relación Laboral que lo vincula con la Demandante, quien sigue siendo considerada como empleada temporal por jornal después de más de 13 años de servicio continuo, lo cual constituye discriminación; que se ordene la emisión de la correspondiente acción de personal de nombramiento permanente en el cargo, que se reconozca el derecho fundamental de Igualdad Salarial para Trabajo Igual sin Discriminación Alguna y se ordene la Nivelación Salarial a fin de devengar el mismo salario que reciben otras personas que ocupan el mismo cargo, Pago de Reajuste Salarial por no haberse concedido la Garantía de Salario Igual por Trabajo Igual correspondiente a los Dos Años anteriores a la fecha de presentarse el Reclamo correspondiente ante la Autoridad del Trabajo y hasta que el Patrono Demandado aplique a la Demandante la correspondiente Nivelación Salarial por este concepto en su Planilla de Empleados, Pago de Beneficios contenidos en la Contratación Colectiva contados desde los Dos Años anteriores a la fecha en que la Demandante solicitó los servicios ante la Autoridad del Trabajo para que se le reconociera como Empleada Permanente y que no han sido concedidos por el Patrono al haber discriminado a la Demandante al considerarla empleada temporal por jornal; promovida por la Abogada ANA MIRIAN MARQUEZ NUÑEZ, accionando como Apoderada Judicial de la Señora DILCIA JANETH MORADEL BANEGAS, contra la Entidad Estatal denominada INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL, mejor conocida como I.N.F.O.P. o la denominación que ésta llegue a adoptar en el futuro; representada según su Ley Constitutiva por su Director Ejecutivo, Señor ROBERTO ENRQUE CARDONA LOPEZ; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO (2): En consecuencia se CONDENA a la Entidad Estatal denominada como INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL mejor conocida como I.N.F.O.P. o la denominación que ésta llegue a adoptar en el futuro; representada según su Ley Constitutiva por su Director Ejecutivo, Señor ROBERTO ENRQUE CARDONA LOPEZ, a: UNO: RECONOCER a la Señora DILCIA JANETH MORADEL BANEGAS como Empleada Permanente en el cargo desempeñado como ASEADORA por ser su contratación indefinida de conformidad con la Ley, debiendo emitirse la correspondiente acción de personal o documento de nombramiento permanente en el cargo; debiendo otorgársele todos los beneficios y derechos que se conceden a los empleados permanentes del Instituto Nacional de Formación Profesional de acuerdo a su contratación colectiva y demás disposiciones aplicables. DOS: NIVELAR el salario mensual de la Señora DILCIA JANETH MORADEL BANEGAS, quien se desempeña como Aseadora en las Oficinas del Instituto Nacional de Formación Profesional en esta ciudad desde el 28 de junio de 2004, a quien se le ha asignado el salario mínimo desde su contratación y que para el año 2018 es de Lps.10,316.22, según Acuerdo Ejecutivo STSS-003-2018 de fecha 02 de Enero de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,549 de fecha 23 de Enero de 2018, al mismo salario que devengaban las otras personas que ocupaban su mismo cargo, el cual para el año 2015 era de Lps.18,076.08 (Folios 87 y 88), 2016 era de Lps.19,491.29 (Folios 89), 2017 era de Lps.21,207.14 (Folio 29) Y PARA 2018 es de Lps.21,929.58 (Folios 122 y al 124), cantidades que no fueron objeto de controversia en cuanto a su monto durante el presente proceso, centrándose la controversia en cuanto a si la demandante tenía o no derecho a recibir los mismos. TRES: PAGAR a la Señora DILCIA JANETH MORADEL BANEGAS la cantidad de LPS.473,904.81 (Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cuatro Lempiras con Ochenta y Un Centavos) en concepto de Beneficios de la Contratación Colectiva no otorgados y reajuste salarial por el otorgamiento de la Garantía de Salario Igual por Trabajo Igual sin discriminación alguna, correspondiente a los dos años anteriores a la fecha en que la Demandante presentó su reclamo ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de esta ciudad y hasta la presentación de la Demanda (Agosto de 2015 a Noviembre 2017), calculados en base a los salarios que correspondían para dichos años al cargo utilizado como referencia para otorgar la nivelación salarial de la Demandante y que constan a Folios 29, 87, 88 y 89 de los autos; detallados por la Parte Demandante en el Hecho Sexto de la Demanda y que no fueron objeto de controversia en cuanto a su importe o salario utilizado como referencia, los cuales se desglosan así: BENEFICIOS DE LA CONTRATACION COLECTIVA: AÑO 2015: Salario Referencia: Lps.18,076.09.- Bono de Vacaciones a pagarse según la fecha de ingreso del trabajador, que en el caso de la Demandante es el 28 de Junio (Cláusula 22): Lps.0.00.- Bono Educativo de Lps.3,500.00 pagadero en dos partes, la primera en Febrero y la Segunda en Octubre (Clausula 101): Febrero: Lps.0.00.- Octubre Lps.1,750.00.- Dos Bonos de Incentivo Anual equivalentes al 85% del salario del trabajador, pagaderos uno en Marzo y Septiembre (Cláusula 106): Marzo: Lps.0100.- Septiembre: Lps.15,364.68 (85% del salario del año 2015).- Total Año 2015: Lps.17,144.68.- AÑO 2016: Salario Referencia: Lps.19,491.29.- Bono de Vacaciones a pagarse según la fecha de ingreso del trabajador, que en el caso de la Demandante es el 28 de Junio (Clausula 22 literal E): Lps.19,491.29 (30 días de bonificación).- Bono Educativo de Lps.3,500.00 pagadero en dos partes, la primera en Febrero y la Segunda en Octubre (Clausula 101): Febrero: Lps.1,750.00.- Octubre: Lps.1,750.00; Total: Lps.3,500.00.- Dos Bonos de Incentivo Anual equivalentes al 85% del salario del trabajador, pagaderos uno en Marzo y Septiembre (Clausula 106): Marzo: Lps.16,567.60.- Septiembre: Lps.16,567.60 (85% del salario); Total Lps.33,135.20.- Total Año 2016: Lps.56,126.49.- AÑO 2017: Salario Referencia: Lps.21,207.14.- Bono de Vacaciones a pagarse según la fecha de ingreso del trabajador, que en el caso de la Demandante es el 28 de Junio (Cláusula 22 literal E): Lps.21,207.14 (30 días de bonificación).- Bono Educativo de Lps.3,500.00 pagadero en dos partes, la primera en Febrero y la Segunda en Octubre (Clausula 101): Febrero: Lps.1,750.00.- Octubre: Lps.1,750.00. Dos Bonos de Incentivo Anual equivalentes al 85% del salario del trabajador, pagaderos uno en Marzo y Septiembre (Clausula 106): Marzo: Lps.18,026.07.- Septiembre: Lps.18.026.07 (85% del salario). Total Año 2017: Lps.60,759.28 TOTAL BENEFICIOS DE LA CONTRATACION COLECTIVA (Agosto 2015- Noviembre 2017): Lps.134,000.45- REAJUSTE POR OTROGAMIENTO DE GARAÍA DE SALARIO IGUAL POR TRABAJO IGUAL (Agosto 2015-Nociembre 2017): AÑO 2015: Salario devengado por las personas que ocupan el mismo cargo: Lps.18,076.0.- Salario devengado por la Reclamante (Salario Mínimo del año 2015): Lps.8,489.28.- Diferencia Salarial dejada de pagar: Lps.9,586.81.- Reajuste Salarial Agosto a Diciembre 2015, incluyendo aguinaldo: Lps.57,520.86.- Total año 2015: Lps.57,520.75.- AÑO 2016: Salario devengado por las personas que ocupan el mismo cargo: Lps.19,491.29.- Salario devengado por la Reclamante (Salario mínimo del año 2016): Lps.9,168.42.- Diferencia Salarial Enero a Diciembre 2016, incluyendo aguinaldo y decimocuarto: Lps.144,520.18.- Total Año 2016: Lps.144,520.18.- AÑO 2017: Salario devengado por la Reclamante (Salario Mínimo 2017): Lps.9,718.53.- Diferencia Salarial dejada de pagar: Lps.11,488.61.- Reajuste Salarial Enero a Noviembre 2017, incluyendo decimocuarto: Lps.103,397.49.- Total Año 2017: Lps.137,863.32.- TOTAL REAJUSTE POR OTORGAMIENTO DE GARANTIA DE SALARIO IGUAL POR TRABAJO IGUAL: Lps.339,904.36.- REAJUSTE TOTAL ADEUDADO POR AMBOS CONCEPTOS DE AGOSTO 2015 A NOVIEMBRE 2017: LPS.473,904.81; Mas los reajustes que correspondan sobre salarios ordinarios, bonificaciones y beneficios de la contratación colectiva a partir de Diciembre de 2017 y hasta que la presente sentencia alcance el carácter de firme conforme a las normas del derecho procesal. TERCERO (3): SE EXIME DEL PAGO DE LAS COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que es empleada del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), a partir del 28 de junio de 2004 para prestar sus servicios como Aseadora en la oficina regional que dicha entidad estatal tiene en esta ciudad de la Ceiba, Atlántida, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:00 A.M. a 3:00 P.M., asignándosele el salario mínimo para el sector de limpieza en empresas con más de 151 empleados, el cual actualmente se encuentra fijado por el Poder Ejecutivo en la cantidad de Lps. 9,718.53. Que la Empresa demandada ha sostenido que la relación laboral entre las partes se encuentra sujeta a la modalidad de Jornal Continuo y es por ello que sigue siendo considerada como empleada temporal. Que en la Oficina Regional de la Empresa; se encuentran contratadas otras dos personas que desempeñan el mismo cargo de nombre Ada Mercedes Guty Martínez, con fecha de ingreso 11 de mayo de 1990, con un salario de Lps. 21,207.14 y Ana Virginia Medina Reyes, quien ingreso el 01 de noviembre de 1990, con un salario de Lps. 21, 142.77, quienes sin bien es cierto tienen una antigüedad al servicio del patrono demandado superior y han recibido aumentos conforme a la Contratación Colectiva, también es cierto que durante los más de 13 años ha laborado para el Patrono Demandado ha sido discriminada al recibir un trato diferente que las demás personas que ocupan su mismo cargo al no otorgársele el mismo salario que las personas que realizan la misma función y los beneficios de la contratación colectiva, puesto que aunque en la demandada se establezca en su contratación colectiva un sistema escalafonario en base a los méritos del trabajador, el mismo no se aplica de esa forma y aun de aplicarse, ha sido excluida de la cobertura de todas las disposiciones de la contratación colectiva al ser considerada como empleada temporal por jornal, lo que la excluye según el Patrono de todas las disposiciones de dicho instrumento, que dentro de la Institución demandada existe un Contrato Colectivo en el cual se establecen derechos y beneficios para sus empleados, los cuales le han sido negados seguir siendo considerada como una empleada temporal por jornal. Que los valores reclamados en concepto de ajuste salarial por no haber recibido el mismo salario que las otras personas que ocupan su mismo cargo y que se reclaman para los dos años anteriores a la fecha en que se presentó el reclamo correspondiente ante la Autoridad del Trabajo de esta ciudad (Agosto de 2015 a Agosto de 2016), así como los beneficios de la contratación colectiva contenidos en las clausulas citadas en el numeral anterior y correspondiente al mismo periodo, sumando a ambos conceptos los valores que corresponden a partir del mes de septiembre de 2017 y hasta noviembre del mismo año.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que que el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) con su actuación material no violenta normativa laboral alguna, al contrario, en su cumplimiento observó la normativa administrativa vigente y las disposiciones generales del presupuesto, por virtud de haberse suscrito contratos especiales, y a la demandante como personal de apoyo con las funciones de todas aquellas inherentes a) puesto, asignadas por el Jefe Inmediato. Por otra parte, a título ilustrativo resalto que de acuerdo al artículo 16 inciso b y artículo 5 del Decreto No. 10 del 28 de Diciembre de 1972 contentivo a la Ley de INFOP, se suscribió contrato con plazo determinado, para realizar funciones de Apoyo, pago que afecta el Programa 01, Actividad 8000 Reglón 115 del Presupuesto Anual del Instituto, por lo que se puede observar que no violó ninguna normativa laboral alguna, en tal sentido la demanda de mérito debe ser declarada sin lugar por improcedente, que la misma parte demandante confiesa que durante la realización de sus funciones desarrollaba sus funciones conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de INFOP respecto a su finalidad administrativa. Faltando con sus afirmaciones a su ética como servidores públicos e inclusive violando el artículo 112 inciso b) del Código del Trabajo, por virtud de acusar al demandado de actos de injurias contra el INFOP, constitutivo en la causal justa que lo faculta para dar por terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, que conste y que en espera de su valoración proceda y declare sin lugar la demanda de mérito por improcedente. Que existen otras empleadas con mayor salario es entender que la antigüedad de ellas como empleadas permanentes de la institución no es relacionado al caso que nos ocupa por la simple razón que la señora demandante fue contratada para prestar los servicios en forma jornal, que el INFOP habiendo contratado a la demandante conforme a sus contratos especiales, en amparo a las disposiciones generales del presupuesto su relación, se ha establecido su permanencia en sus puestos de trabajo sin violación a su estabilidad tal como lo alegan los demandantes en su libelo. Que la demandante nunca fue objeto de despido alguno y de represalia. Que la demandante se halla laborando sin problema alguno en la institución, y de conformidad al Artículo 26 del Código del Trabajo y asimismo conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto e interno del Instituto.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha 26 de junio del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo se condene al Patrono Demandado a Reconocer como Indefinida y Permanente la Relación Laboral que lo vincula con la Demandante, quien sigue siendo considerada como empleada temporal por jornal después de más de 13 años de servicio continuo, lo cual constituye discriminación; que se ordene la emisión de la correspondiente acción de personal de nombramiento permanente en el cargo, que se reconozca el derecho fundamental de Igualdad Salarial para Trabajo Igual sin Discriminación Alguna y se ordene la Nivelación Salarial a fin de devengar el mismo salario que reciben otras personas que ocupan el mismo cargo, Pago de Reajuste Salarial por no haberse concedido la Garantía de Salario Igual por Trabajo Igual correspondiente a los Dos Años anteriores a la fecha de presentarse el Reclamo correspondiente ante la Autoridad del Trabajo y hasta que el Patrono Demandado aplique a la Demandante la correspondiente Nivelación Salarial por este concepto en su Planilla de Empleados, Pago de Beneficios contenidos en la Contratación Colectiva contados desde los Dos Años anteriores a la fecha en que la Demandante solicitó los servicios ante la Autoridad del Trabajo para que se le reconociera como Empleada Permanente y que no han sido concedidos por el Patrono al haber discriminado a la Demandante al considerarla empleada temporal por jornal; CONDENO al demandado a: RECONOCER a la demandante como Empleada Permanente en el cargo desempeñado como ASEADORA por ser su contratación indefinida de conformidad con la Ley, debiendo emitirse la correspondiente acción de personal o documento de nombramiento permanente en el cargo; debiendo otorgársele todos los beneficios y derechos que se conceden a los empleados permanentes del Instituto Nacional de Formación Profesional de acuerdo a su contratación colectiva y demás disposiciones aplicables. NIVELAR el salario mensual de demandante, demandante la cantidad de L.473,904.81 en concepto de Beneficios de la Contratación Colectiva no otorgados y reajuste salarial por el otorgamiento de la Garantía de Salario Igual por Trabajo Igual sin discriminación alguna, correspondiente a los dos años anteriores a la fecha en que la Demandante presentó su reclamo ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de esta ciudad y hasta la presentación de la Demanda, calculados en base a los salarios que correspondían para dichos años al cargo utilizado como referencia para otorgar la nivelación salarial de la Demandante, más los reajustes que correspondan sobre salarios ordinarios, bonificaciones y beneficios de la contratación colectiva a partir de Diciembre de 2017 y hasta que la presente sentencia alcance el carácter de firme conforme a las normas del derecho procesal, sin costas; bajo el criterio que la demandada no acreditó las razones en que apoyó su defensa para asignar a la demandante un salario mensual inferior al que devengan las otras personas que ocupan el mismo cargo y desempeñan las mismas funciones, no haber acreditado la temporalidad de la relación laboral con la demandante como para seguirla considerando empleada temporal por jornal, no haber demostrado que las personas que ocupan el mismo cargo de la demandante fueron nombradas de manera permanente y se les asignaron los salarios que devengan por haber participado y haber obtenido buenos resultados en concursos, no haber acreditado que durante los casi 14 años de trabajo de la demandante se hayan celebrado concursos y que ésta se haya negado a participar o participando no obtuvo buenos resultados, ni haber demostrado que la demandante tenga menos méritos que las otras personas que ocupan su mismo cargo, por lo tanto es procedente su solicitud.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha 18 de septiembre de 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada al no haberse presentado a la audiencia primera de trámite no logó acreditar sus pretensiones, por el contrario, la parte demandante probó que le asisten los derechos reclamados.- 5.-Mediante auto de fecha 18 de octubre del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ANTONIO ARITA AGUILAR, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.-En fecha 05 de diciembre del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado ANTONIO ARITA AGUILAR, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 6 de diciembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de enero del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.-Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado ANTONIO ARITA AGUILAR, en el primer motivo de casación alega: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS: Artículo 82 de la Constitución de la República: El derecho de defensa es inviolable. Artículo 94 de la Constitución de la República: A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que la haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. Artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República: A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN Consta en la sentencia emitida por la Corte de apelaciones , a los agravios alegados por la parte demandada que corre a folio 23 en el anverso (TRANSCRIPCCION) “ que la garantía del derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la Republica fue vulnerada por la Primera Instancia por no haber estado a la vista la notificación de la fecha señalada para la audiencia primera de tramite ni el respectivo expediente a la vista; de lo cual la Corte de Apelaciones al emitir su Sentencia no valoró ni se pronunció de dicho agravio que constituye una infracción a un derecho constitucional”. Es parte inseparable del concepto conocido como debido proceso: El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 82, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien o tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. Respecto a la violación al Artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República, la Corte de Apelaciones no se pronunció en el agravio alegado por la parte demandada que corre en el mismo folio 23 anverso que transcribo textualmente (TRANSCRIPC1ON) “Situaciones inobservadas por EL AD QUO, que al emitir su sentencia aparte de violar normativa previamente denunciada y que fuera de su conocimiento, conllevando con ello el daño y perjuicio en contra los intereses de mi representado INFOP condenando a anivelar el sueldo a una cantidad que no corresponde a la antigüedad de la demandante y a una cuantía en base a un sueldo que no corresponde a dicha antigüedad siendo arbitraria y violatoria ya que dicha prerrogativa de crear plazas de trabajo dentro de la Institución es regulada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas y las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, lo cual una infracción a las mismas conlleva pliego de responsabilidades por parte del Tribunal Superior de Cuentas en cumplimiento a la Constitución de la Republica que en su artículo ARTÍCULO 321 establece: Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” Alegato haciendo hincapié que en el folio número 7 del escrito de la demanda contenida en el expediente del Juzgado de Letras del Trabajo en el HECHO TERCERO la parte demandante establece lo siguiente (TRANSCRIPCION) “que en la Oficina Regional de la empresa Demandada en esta ciudad, que es el lugar donde mi representada presta sus servicios; se encuentran contratadas otras dos personas que desempeñan el mismo cargo que mi representada, de nombres ADA MERCEDES GUITY MARTINEZ, con fecha de ingreso 11 de mayo de 1990, con un salario de Lps. 21,207.14 y ANA VIRGINIA MEDINA REYES, quien ingreso el 01 DE NOVIEMBRE DE 1990, con un salario de Lps. 21,142.77 quienes si bien es cierto tienen una antigüedad superior a la de mi representada...” alegatos inobservados por la Corte de Apelaciones que constituye infracción a la Ley Sustantiva ya que el Juzgado del Trabajo en sus Sentencia le otorga el sueldo de las empleadas ADA MERCEDES GUITY MARTINEZ, con fecha de ingreso 11 de mayo de 1990, con un salario de Lps. 21,207.14 y ANA VIRGINIA MEDINA REYES, quien ingreso el 01 DE NOVIEMBRE DE 1990, con un salario de Lps. 21,142.77 con 14 años más de antigüedad que la señora DILCIA JANETH MORADEL BANEGAS lo que Constituye una Infracción Directa al Precepto Constitucional citado.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica la norma legal sustantiva violada, requisito sine qua non exigida en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Artículo 60 del Código del Trabajo: Los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran”. Artículo 83. Las infracciones a los contratos colectivos, debidamente comprobadas, serán penadas por la Inspección General del Trabajo, de conformidad con lo establecido en el reglamento que al efecto emita la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN la Corte de Apelaciones causa infracción directa a la norma sustantiva que se estableció en el agravio alegado por la parte demandada que corre en el mismo folio 23 anverso que transcribo textualmente (TRANSCRIPCION) “pues el juzgado AD-QUO, determinó intrínsecamente no entrar a ANALIZAR LA PRUEBA APORTADA POR LA PARTE DEMANDADA relacionada en el haberse puesto a su conocimiento mediante el zendo escrito de contestación de demanda lo relacionado a la reglamentación institucional de Norma No. 22, CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, CLAUSULAS 3,4 Y 5,, DE ESCALA SALARIAL Y PERFIL DEL PUESTO PARA TODA CONTRATACION, reglamentación que es de lato conocimiento por toda la sociedad hondureña y que el JUZGADO AD QUO INOBSERVO así como de la misma demandante quien no puede alegar ignorancia de la ley.” En plena referencia al HECHO SÉPTIMO de la contestación de la demanda que literalmente transcribo (TRANSCRIPCIÓN) “SEPTIMO: Sobre el hecho séptimo de la demanda, es preciso argumentar en una forma clara en la específica que no es procedente a lo solicitado. Aunado a ello, la demandante jamás y después estar laborando para mi representado INFOP, se han sometido a la figura del concurso interno para aplicar a las plazas vacantes que de acuerdo a ley (CONTRATACION COLECTIVA) SE HACE OBLIGATORIA su participación en tales concursos que conste, tales extremos que serán probados en juicio”. Entendiéndose que mi representado no podía dar nombramientos como empleados permanentes con los derechos de la Contratación Colectiva que en su CLAUSULA 4 establece el concurso para obtener plazas vacantes, con un proceso de reclutamiento en aplicación a la NORMA 22 que contiene a ESCALA SALARIAL estableciendo un sueldo de acuerdo al puesto de trabajo, medios probatorios que no se presentaron por la violación al derecho a la defensa por parte del Juzgado del Trabajo de la ciudad de la Ceiba, que esta modalidad de contratación está regulada mediante el contrato colectivo antes referido y que el incumplimiento en la forma de contratación por parte de mi representada hubiera conllevado a las siguientes consecuencias legales al Instituto POR UNA INMINENTE DENUMCIA DE PARTE DEL SINDICATO (SITRAINFOP) por infracción al Contrato Colectivo en la CLAUSULA 4 si se le hubiera otorgado acción de nombramiento y los beneficios de la Contratación Colectiva a la Demandante sin el debido concurso contenido en la NORMA 22: 1-Anulación del acto mediante el recurso de amparo. LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL. ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 2-Denuncia ante la fiscalía or abuso de autoridad. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Artículo 321. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Artículo 322. Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: “Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.” 3- Denuncia ante la Secretaría del Trabajo. CODIGO DEL TRABAJO. Artículo 83. Las infracciones a los contratos colectivos, debidamente comprobadas, serán penadas por la Inspección General del Trabajo, de conformidad con lo establecido en el reglamento que al efecto emita la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Por lo anteriormente expuesto es que mi representada no ha podido darle el mismo trato a la demandante ya que las violaciones a las normas sustantivas antes citadas hubieran conllevado para EL INFOP responsabilidades administrativas, civiles y penales por parte del Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la Republica, inspectoría del Trabajo y el Ministerio Publico hacia el funcionario que las infrinja, justificando de esta manera la improcedencia de las sanciones hacia mi representada.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala entre otras normas que indica como violadas (Artículo 83 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 424-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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