Sentencia CL-422-18 — Registro 10223
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios y demás derechos dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- En adición, se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) señala como infringidos, los artículos 728 del Código del Trabajo y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, los cuales carecen del carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y, b) el precepto autorizante indicado, artículo 765 numeral 1) párrafo segundo del Código del Trabajo, contempla como causales del recurso los casos de infracción indirecta por los errores de hecho y de derecho, por lo que no es compatible con el concepto de la infracción directa alegada.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los seis dias del mes de febrero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor DANIEL LEONARDO SIERRA RAPALO, representado en juicio por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios y demás derechos dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, por el señor DANIEL LEONARDO SIERRA RAPALO, mayor de edad, casado, Ingeniero Geográfico, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (I.P.), por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR LA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUCIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTO Promovida por el señor DANIEL LEONARDO SIERRA RAPALO Contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la INSTITUTO DE LA PROPIEDAD por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, 4) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA: A pagar al señor DANIEL LEONARDO SIERRA RAPALO la cantidad CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.150,522.14) por los conceptos de preaviso L.58,333.34, auxilio de cesantía L.58,333.34, auxilio de cesantía proporcional L.1,293.05; Vacaciones L.21,388.84,; vacaciones proporcionales L.690.28, décimo tercer mes L.10,483.29; más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria. 4) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral en el Instituto de la Propiedad, en fecha 15 de mayo del 2012, en el cargo de Gerente de Cartografía, devengando un sueldo mensual de L.25,000.00. Que durante el tiempo que laboró el demandante para la institución demandada, las autoridades correspondientes, siempre hacían su contratación por tiempo determinado, no obstante, los contratos siempre fueron de forma continua e ininterrumpida por más de tres años, en adición a lo anterior cabe precisar, que en la vigencia de la relación contractual de trabajo con la demandada, se cumplía con los tres requisitos fundamentales que al efecto establece el artículo 20 del Código del Trabajo, quedando plenamente evidenciado que la relación de trabajo era de carácter permanente y no temporal como pretende la demandada; que mediante notificación de fecha 30 de mayo del 2014, se le comunicó al demandante la finalización de la relación de trabajo, de forma unilateral, ilegal e injustificada, violentando claramente el principio protector al derecho a la estabilidad laboral establecido en la Constitución de la República, al estipular como causal una disposición totalmente contraria a lo que establece el Código de Trabajo, en cuanto a las causales que tiene el patrono para dar por finalizada una relación laboral. Como consecuencia de la finalización laboral, el patrono no canceló al demandante las respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales, las cuáles de acuerdo al cálculo efectuado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, ascienden a la cantidad de L.150,609.60, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo una relación contractual con el Instituto de la Propiedad, en el cargo de Gerente de Cartografía dependiente de la Dirección General de Catastro y Geografía, el cual fue bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales, con fecha de inicio el 15 de mayo del 2012 y fecha de terminación en cada uno de los contratos suscritos con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte del demandante. Que el artículo 47 del Código de Trabajo al que hace referencia el demandante, no es aplicable a los Contratos de Servicios Profesionales celebrados con la Administración Pública, pues son contratos meramente Administrativos de carácter temporal, con una vigencia determinada; cabe mencionar también que los Contratos de Servicios Profesionales dada la naturaleza del mismo, están regidos por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y a lo expresamente pactado en el mismo y para dirimir las controversias que surjan de la implicación de este contrato, sometiéndose a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción; en consecuencia el reconocimiento de un derecho que no tiene ningún sustento jurídico, se reduce únicamente a un reclamo meramente ilusorio e imaginario procurando sustraer del erario público determinada cuantía que no le corresponde al demandante pues el derecho subjetivo que exige es inexistente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la representante de la parte demandada; declaró con lugar la ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, promovida por el señor Daniel Leonardo Sierra Rápalo, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a pagar a favor del demandante la cantidad de L.150,522.14 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que es necesario referirse a la excepción perentoria de prescripción de la acción del trabajador para reclamar contra despidos injustificados de conformidad al artículo 864 del Código de Trabajo, de la siguiente manera: que el demandante fue despedido en fecha 30 de mayo de 2014, notificado el 02 de junio de 2014 (ver folios 5 de autos); asimismo consta en autos que el procedimiento administrativo gubernativo fue agotado en fecha 30 de julio de 2014 y la presentación de la demanda en fecha 19 de noviembre de 2015, seguidamente la demandada continuó dándole impulso a la solicitud de prestaciones instaurada por el demandante culminado en fecha 21 de diciembre de 2015, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 868 inciso b) del Código del Trabajo, el cual establece: “Artículo 868: El término de prescripción se interrumpe: b) Por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquél contra quién transcurre el término de prescripción…”, tal como ha acontecido en este caso por lo que procede declarar sin lugar la excepción material de prescripción. Que corresponde a la parte demandada la justificación del despido, para lo cual presentó el expediente personal del demandante, en donde se pudo constatar según notificación de fecha 30 de mayo de 2014, la decisión del empleador de no renovar el contrato en virtud de las cláusulas contractuales; (ver folios 5 y 80 de autos); asimismo consta en el expediente el dictamen de asesoría legal AL-56-2014 de la demandada en donde en su parte resolutiva expresa entre otras cosas lo siguiente: “Que se proceda de manera inmediata a dar cumplimiento a lo solicitado por el señor DANIEL LEONARDO SIERRA RAPALO, para evitar que interponga demandas.., se debe pagar las prestaciones y demás derechos adquiridos, en base a los cálculos del departamento de recursos Humanos”. (ver folios del 69 al 70 y 48 y 49 de autos); siendo esta opinión un reconocimiento expreso del demandado sobre los derechos hoy reclamados por la actora es procedente declarar con lugar la demanda que se ha hecho mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba allegados al juicio por las partes quedó probado la relación de trabajo que existió entre empleador demandado y trabajador demandante, la cual se inició en fecha 12 de mayo del 2012, en el puesto de trabajo de Gerente de Cartografía, mediante la modalidad de contratos de servicios profesionales, devengando un sueldo de L.25,000.00 hecho que no es controvertido por ser reconocido y aceptado por el empleador en el libelo de contestación de la demanda; el demandado argumenta que el demandante no fue despedido, que lo que existió fue que no se le renovó el contrato y por eso la relación laboral con el demandante término en fecha 30 de mayo del 2014 y al no invocarle causal alguna al trabajador para no suscribir otro contrato no cabe ninguna duda que se trata de un despido directo, ilegal e injustificado violando con ello los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo y las Garantías Constitucionales contenidas en su artículo 129. Que la terminación de la relación laboral entre las partes fue un acto unilateral e ilegal, pues el empleador al ofrecer pago de prestaciones dejó de forma indubitada que no tenía causas que justificara el despido realizado contra el trabajador demandante. La parte demandada con sus medios de prueba no justificó el despido ilegal que fue objeto el demandante.- 5. Mediante auto de fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiocho de noviembre dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional, en infracción directa, que se pone en manifiesto en la extralimitación del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, al condenar a mi representado el Instituto de la Propiedad “a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia” y por no haber cumplido con las condiciones establecidas en el Artículo 728 del Código del Trabajo, como ser que los hechos hayan sido discutidos en juicio y estén debidamente probados, lo cual no sucedió en el presente caso, ya que el demandante señor Daniel Leonardo Sierra Rápalo, en su escrito de demanda ordinaria para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, solicito en el acápite de la demanda CUANTIA DE LA DEMANDA, una cantidad determinada de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.150,609.60), de acuerdo al cálculo efectuado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por lo que mi representado el Instituto de la Propiedad, formulo su contestación en base a los hechos y pretensiones iniciales del demandante; con ello se violenta lo preceptuado en el Articulo 728 del Código del Trabajo y conforme a la Doctrina de la definición de Ultra petita es un expresión latina, que significa “más allá de lo pedido”, que se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede más de lo pedido por una de las partes, y Extra petita que es también una expresión latina, que significa “por fuera de lo pedido”, que se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial condene derechos que no fueron pedidos por una de las partes, y que según nuestro sistema procesal “El principio dispositivo es aquel en el que se asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso, en cambio el principio Inquisitivo, es otorgado al órgano jurisdiccional quien debe actuar por sí investigando los hechos probados, en consecuencia este fallo se ha convertido en extra petita cuando concede pretensiones o derechos que no forman parte del petitorio de la demanda, es decir, ocurre cuando la sentencia rebasa el marco de la demanda en términos cualitativos, “Cuando en la condena le impone al demandado una pretensión que no había pedido el demandante, otorgada por el Juez en la sentencia condenatoria, recayendo el fallo extra petita, el exceso sobre un objeto no contemplado en la demanda; adicionalmente a los motivos de incongruencia hasta ahora explicados se encuentra el consistente en que no puede proferirse sentencia “por causa diferente a la invocada en ésta”, o sea en la demanda” decisión que no puede ser aumentada ya que, de lo contrario, sería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el Aquo y esto no le está permitido, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. La norma adjetiva que sirven como medio para acreditar que infringió la NORMA sustantiva señalada, están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE MOTIVO QUE SE HACE ASI. La referida sentencia no es congruente con la demanda y las pretensiones deducidas oportunamente, tal como lo establece el Artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil, causando un evidente perjuicio a la parte demandada, lo que acarrea la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha catorce (14) de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018), proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo.”.- III.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- En adición, se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) señala como infringidos, los artículos 728 del Código del Trabajo y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, los cuales carecen del carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y, b) el precepto autorizante indicado, artículo 765 numeral 1) párrafo segundo del Código del Trabajo, contempla como causales del recurso los casos de infracción indirecta por los errores de hecho y de derecho, por lo que no es compatible con el concepto de la infracción directa alegada.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 422-18.- Firma y sella.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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