Sentencia CL-411-18 — Registro 10222
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales, en virtud de la cancelación del contrato, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de horas extras y devolución de deducción del seguro social
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) realiza alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
- El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 19 de noviembre del 2018, por el Abogado ALEJANDRO CESAR MATUTE RIVERA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de de la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD, S. DE R.L. (PROTOS), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ALEXI DÍAZ PINEDA y JUAN ANTONIO ARCHILA, representados en juicio por la Abogada LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTÍNEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales, en virtud de la cancelación del contrato, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de horas extras y devolución de deducción del seguro social, costas judiciales; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 01 de abril del 2016, por los señores: ALEXI DÍAZ PINEDA y JUAN ANTONIO ARCHILA, ambos mayores de edad, solteros, Guardias de Seguridad, hondureños y con domicilio en Puerto Cortés, Cortés, contra la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD, S. DE R.L. (PROTOS), representada legalmente por el señor GOETHE ALEJANDRO BORJAS LEIVA, en su condición de Gerente General. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de julio del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, EN VIRTUD DE CANCELACIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA DONDE PRESTÁBAMOS LOS SERVICIOS, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE HORAS EXTRAS, promovida por los trabajadores ALEXI DÍAZ PINEDA Y JUAN ANTONIO ARCHILA, el primero con tarjeta de identidad 0501-1061-02173 y el segundo con tarjeta de identidad 0801-1961-03674, ambos mayores de edad, solteros, hondureños, guardias de seguridad, con domicilio en Aldea de Puente Alto, atrás del negocio denominado Pollos Dariana, a la orilla del boulevard que conduce a Puerto Cortés. Interpuesta contra la sociedad mercantil PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD S. DE R.L. CONOCIDA COMO PROTOS S. DE R.L. representada legalmente por el señor CARLOS BORJAS MEJÍA.- EN CONSECUENCIA SE CONDENA a la demandada por medio de su representante legal al pago total que suma la cantidad de CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L. 112,421.30) que se desglosa: A favor del trabajador ALEXI DÍAZ PINEDA la cantidad de L 54,261.99 correspondiente a preaviso: L 2,041.69; Auxilio de cesantía proporcional: L 2,916.00; Vacaciones proporcionales: L 1,330.02; Décimo tercer proporcional: L 937.50; Décimo cuarto proporcional; L 3,417.50; Reajuste de salario mínimo: L 5,408.72; Pago días feriados: L 1,750.02; pago de séptimos días: L 6,416.74: Décimo tercer mes adeudado: L 3,417.50; pago de horas extras adeudadas: L 26,625.60. De igual forma A favor del trabajador JUAN ANTONIO ARCHILA la cantidad de L 58,159.31 correspondiente a preaviso: L 4,083.38; Auxilio de cesantía proporcional: L 5,833.40; Vacaciones proporcionales: L 1,563.35; Décimo tercer proporcional: L 937.50; Reajuste de salario mínimo: L 6,365.14; Pago días feriados: L 1,750.02; pago de séptimos días: L 7,583.42; Décimo tercer mes adeudado: L 3,417.50; pago de horas extras adeudadas: L 26,625.60; más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo.- SEGUNDO: Sin lugar a las devoluciones del Seguro Social en virtud que ser es una reclamación que deben formular ante al ente administrativo competente, el cual debe decidir si proceden o no tal reclamo. TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron a laborar para la demandada, mediante Contrato Escrito, así: Alexi Díaz Pineda, el 02 de septiembre del 2015 y Juan Antonio Archila, el 03 de Agosto del 2015, ambos como Guardias de Seguridad, en la empresa denominada CORA NORTE, sector de Rio Blanquito, Choloma, Cortés, devengaban un salario mensual al momento de la cancelación de los Contratos entre CORA NORTE y PROTOS de L.7,500.00; que el del 15 de febrero ingresaron a las 6:00 pm., y terminaron el turno a las 6:00 am. del siguiente día 16 de febrero, salieron a sus hogares a descansar para ingresar nuevamente el mismo día 16 de febrero a 6:00 pm., porque los turnos eran de 12 horas continuas, y al llegar a la empresa CORA NORTE, les informaron que no podían ingresar, ya que a la EMPRESA PROTOS, le habían cancelado los contratos; por lo que insistieron que les atendieran para que les explicaran que estaba sucediendo y al no ser atendidos el 17 de febrero se avocaron a la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, a fin que la empresa informara que estaba sucediendo y además para que les cancelaran la quincena correspondiente al 15 de febrero; posteriormente fueron a las oficinas y les dijeron que les iban avisar y que fueran al banco que ya estaba el dinero depositado, estuvieron todo el día afuera del Banco, entraban a preguntar si estaba acreditado el pago y nada, el día 17 de febrero por la tarde llamaron a las oficinas de PROTOS, y les dijeron que se presentaran el 18 de febrero a las oficinas que les harían el pago de la quincena y de las prestaciones, que entregaran los uniformes de guardias de seguridad; además argumentaron que al ver la negativa del patrono, se avocaron al Inspector del Trabajo para ver si podían solucionar tal situación y la Gerente de Operaciones manifestó, que a partir del 16 de febrero del 2016, PROTOS, ya no les renovó el contrato, y que a partir de esa fecha es ASAF, quien les presta el servicio, con ello quedó probado el despido directo de los trabajadores, asimismo alegaron que nunca se les comunicó que serían asignados a ningún otro puesto de trabajo y por el contrario les quitaron los uniformes como guardias de seguridad de PROTOS, y en ningún momento se les ofreció la cancelación de los derechos de prestaciones; que la empresa PROTOS les hacía deducción del Seguro Social, pero que nunca se les extendió el carné respectivo, por lo que piden que se les haga la devolución de dichas cantidades de dinero, en virtud de no haber gozado nunca de ese beneficio; manifestaron que prestaban el servicio para PROTOS, en turnos de de 12 horas sin gozar del beneficio de horas extras, día de descanso o días feriados.- 2.- La parte demandada, la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD, S. DE R.L. (PROTOS), contestó dicha demanda rechazando los hechos de la misma, apoyando la defensa en que durante el mes de febrero del 2016, uno de los clientes de la demandada, de nombre CORA NORTE, rescindió el contrato de Servicios de Seguridad Privada suscrito con la misma; por lo que el personal asignado para la prestación del servicio de seguridad privada, se reconcentró a la base de “PROTOS, S. de R. L.”, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, pero los demandantes reclamaron el pago de sus prestaciones por la cancelación del contrato de servicios suscrito con el mencionado cliente; a lo que la demandada se negó porque no los había despedido; que ante la cancelación de un contrato de servicios de seguridad por parte de un cliente, la demandada, lo que hace es reconcentrar a la base al personal asignado para la realización de los servicios contratados y reasignarlos a cualquier otro lugar que sus servicios sean requeridos con otro u otros clientes pero jamás despedirlos, porque la actividad de la empresa es proporcionar servicios de seguridad en forma permanente y constituida por tiempo indefinido; y que los demandantes, por mutuo propio, realizaron todo tipo de acciones para acreditar la cancelación del contrato que por servicios de seguridad había suscrito la demandada con el Cliente Cora Norte; que la cancelación de dicho contrato de servicios por parte del cliente no es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo del personal de su patrono, que es la compañía de Seguridad Privada, en este caso, PROTOS, S. de R. L., y la demandada en ningún momento dio por terminado el contrato de trabajo suscrito con los demandantes.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 20 de julio del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores: ALEXI DÍAZ PINEDA y JUAN ANTONIO ARCHILA, contra la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD, S. DE R.L. (PROTOS), representada legalmente por el señor GOETHE ALEJANDRO BORJAS LEIVA, en su condición de Gerente General; condenó a la demandada a pagar la cantidad de L. 112,421.30 a favor del trabajador Alexi Díaz Pineda; y a favor del trabajador Juan Antonio Archila la cantidad de L.58,159.31; todo en concepto de preaviso, Auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer proporcional, décimo cuarto proporcional, reajuste de salario mínimo, pago días feriados, pago de séptimos días, décimo tercer mes adeudado, pago de horas extras adeudadas más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo; y declaró sin lugar las devoluciones del Seguro Social en virtud que ser es una reclamación que deben formular ante al ente administrativo competente, el cual debe decidir si proceden o no tal reclamo, sin costas; bajo el criterio que en calidad de patrono este último haciendo uso de su poder, tiene el deber de comunicar a los trabajadores las ordenes respectivas para que se presentarán a la base de PROTOS y ser asignados a otra empresa, sin embargo no lo hizo, esperó que los trabajadores actuaran por cuenta propia, situación que no les puede perjudicar a los trabajadores, ya que estos se presentaron al lugar y empresa donde a diario prestaban sus servicios de forma personal y fue ahí en CORA NORTE donde se les impidió el acceso a sus puestos de trabajo, esto quedó probado con el acta de Ministerio de Trabajo y el interrogatorio de los trabajadores, donde ambos trabajadores manifestaron que la empresa no les participó nada y que les dijeron se presentaran para pagarles la quincena, y que debían entregar los uniformes que ellos habían pagado; que el trabajador no puede asumir los riesgos de la empresa por lo cual la empresa tiene el deber de comunicar a sus trabadores las ordenes respectivas para asegurar sus estabilidad laboral, la empresa no demostró en el proceso haberles comunicado las órdenes pertinentes, y que iban a ser reasignados a otra empresa, no se demostró ningún incumplimiento de órdenes de los trabajadores, por el contrario se les dejó en total incertidumbre. En este caso por el despido verba injusto del que fueron objeto los trabajadores el patrono está obligado al pago de las prestaciones sociales, horas extras, y los demás conceptos no pagados como ser el reajuste por el salario mínimo, conceptos que serán otorgados tal como lo han demandado los trabajadores y que no se han pagado, únicamente no se reconoce el pago de cuotas del seguros social por no estar probado si estaban o no gozando de dicho beneficio, siendo carga de la parte actora; que toda inexistencia de contrato es imputable al patrono, y el patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo, u omita algunos de sus requisitos, hará presumir en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario, de igual forma de conformidad al artículo 113 del Código del Trabajo en el presente caso toca condenar a los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios. En el presente caso la parte demandada siempre se rehusó a la práctica de la inspección motivo suficiente para que este juzgador considere que el despido verbal ocurrió tal como lo exponen los trabajadores en su demanda y declaraciones al momento de practicarse en interrogatorio de parte, no probo la demanda que el despido nunca ocurrió, ya que tuvo un actuar totalmente negligente en cuanto a las instrucciones debidas y de igual forma nunca se presentaron al Ministerio de Trabajo ofreciendo reubicarlos en un nuevo contrato, no existe prueba de la patronal que desvirtúe lo afirmado por los trabajadores y la ley. Además el hecho de que los trabajadores fueron despedidos injustamente ha quedado probado plenamente, por lo cual procede el reclamo que han formulado, esto una vez que ha sido valorada toda la prueba en su conjunto, ya que el día 16 de febrero del año 2016 estos trabajadores demandantes cesaron en sus cargos por actos negligentes imputables al patrono que no pudo remediar esto en virtud que incumplió sus obligaciones del artículo 95.8, y de igual forma se colocó la patronal en una prohibición regulada en el artículo 96.9 del Código del Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 30 de agosto del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a las diferentes acciones realizadas por los demandantes con la colaboración de la autoridad administrativa del trabajo, encaminadas a investigar su situación laboral y en su caso lograr el pago de los derechos laborales, después de que el día 16 de febrero del 2016 al intentar realizar el turno de vigilancia que comenzaba a las 6:00 p.m. en la empresa CORE NORTE, por ser el lugar de trabajo donde el patrono los había asignado, no les permitieron el ingreso informándoles que había sido cancelado el contrato de prestación de servicios de vigilancia a la empresa PROTOS y que estaban con una nueva empresa de seguridad, previo a ello, el 3 de marzo del mencionado año, el Inspector del Trabajo José Luis Ramírez, dejó constancia de que se personó junto con los actores en el centro de trabajo denominado PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD (PROTOS) y que no pudieron ingresar pero por intercomunicador una persona de adentro de la empresa le contestó que la Jefa de Personal no se encontraba y que no había nadie que los pudiera atender, que andaba perdiendo el tiempo, hecho que consta en el documento visible a folio 80 de la pieza principal, documento incorporado al proceso sin objeción de la representación procesal demandada, de ahí que resulta acreditado que la finalización del nexo jurídico laboral es atribuible al empleador, pues la actitud que asumió fue evasiva al no dar respuesta a los trabajadores ni asignarlos a otro centro de trabajo, sino que solamente les pago la quincena del salario que corre del 1 al 15 de febrero del 2016 y les pidió que entregaran los uniformes; sumado a ello, se negó a facilitar la información solicitada mediante reconocimiento judicial; de ahí que, ante tal comportamiento y al no haberse expuesto los motivos de la desvinculación laboral conforme al artículo 117 del Código del Trabajo, los derechos reclamados ante dicho cese resultan atendibles conforme al artículo 113 del mismo cuerpo legal. En cuanto al ajuste del salario mínimo es visto que, los trabajadores devengaban un salario inferior al establecido por la ley por lo que es procedente su ajuste; y si bien, en la sentencia impugnada no se establece el monto que corresponde, éste según el acuerdo ejecutivo de fecha 12 de febrero del 2014, para el año 2015 correspondía la cantidad de Lps. 8,489.28 y para el 2016 el valor de Lps. 9,168.42; acuerdo que por disposición del artículo 6 del Código Civil no puede alegarse su desconocimiento; y en relación al pago de las horas extras, si bien, tal reclamo prescribe en el término de dos meses, es requisito indispensable oponer la excepción perentoria de prescripción, situación que no ocurre en el subjudice, pues es de recordar que la misma no puede ser apreciada de oficio. De conformidad a las posiciones asumidas por las partes y de la confrontación de la sentencia impugnada con el material probatorio incorporado al proceso, el Tribunal estima que la decisión del censor de primera instancia se ajusta a derecho, pues de acuerdo al principio de la carga dinámica de la prueba y facilidad probatoria, correspondía a la parte demandada acreditar que los derechos reclamados había sido pagados en el curso de la relación de trabajo, extremo que no consta de autos, ya que según la exhibición de documentos, no resulta el pago de estos; razón por la cual la pretensión de la demandada no resulta atendible. Por las razones antes expuestas y en consideración a la personalidad del recurso de apelación, el Tribunal estima procedente confirmar la sentencia definitiva recurrida.- 5.- Mediante auto de fecha 10 de octubre del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO CESAR MATUTE RIVERA, en su condición de representante procesal de de la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD, S. DE R.L. (PROTOS), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 19 de noviembre del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado ALEJANDRO CESAR MATUTE RIVERA, en su condición de representante procesal de de la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD, S. DE R.L. (PROTOS), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 20 de noviembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de mayo del 2019, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado ALEJANDRO CESAR MATUTE RIVERA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta de las normas contenidas en los artículos 112 literal h), en relación con los artículos 738 y 739, todos del Código de Trabajo, 95 de la Constitución de la República, 200 2. b), 206 numeral 2, 207 1 y 2 y 208 1 y 2 del Código Procesal Civil por ERROR DE HECHO derivado de la apreciación errónea del medio de prueba documental que a continuación se singulariza. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: I) La prueba erróneamente apreciada es la siguiente: HECHO: TERCERO del Libelo de demanda que señala:” …el 17 de febrero denos avocamos a la Inspectoría del Trabajo ….para que nos hiciera una cita, a fin que la empresa informara que estaba sucediendo...., por la tarde del día 17 de febrero llamamos a ... y nos dijeron que nos presentáramos el 18 de febrero... y al presentarnos...; HECHO: CUARTO del mismo libelo: “... el 18 nos presentamos y entregamos cita ... para el 19 de febrero; HECHO SEXTO:” En fecha 03 de marzo nos constituimos … que informaran nuestra situación laboral... nadie nos atendió...” HECHO OCTAVO, del mismo libelo: “... el 16 de marzo se constituyó el inspector Raúl Barahona Rubí, a las instalaciones de CORA NORTE... la ingeniero JENY LINARES.., que a partir del 16 de febrero de 2016... ya no se les renovó en contrato….”; ver folios 3 A vuelto y 3 B frente y vuelto pp; II) Informe de Fecha 3 de marzo de 2016 )Folio 80 pp) “... la Jefe de Personal no se encontraba y que no había nadie que me pudiera atender…. ;” Inspector José Luis Ramírez Muñoz.- II) Informe de fecha 9 de marzo de 2016, que el día siete de marzo de 2016 nos constituimos contestándonos la otra persona que no se encontraba la de Recursos Humanos y no había nadie que nos atendiera...” Inspector del Trabajo José Luis Ramírez, 9 de marzo de 2016; Ver folios 80-81 pp; en relación a su despido alegado.- LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. Honorables Magistrados, el Ad quem, al Confirmar el fallo recurrido, hace propias las violaciones a la ley en que incurre el A-Quo violando con ello la ley. El literal h) del artículo 112 del Código de Trabajo, señala: h) cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes; “El error de hecho en la errónea apreciación de este medio de prueba singularizado ha llevado a Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida a violar el contenido del artículo 112 literal h) cuya aplicación es debida en el presente caso y que los demandantes no se avocaron a su patrono sino que demandaron el pago de sus prestaciones laborales.- Que si bien es cierto de las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer, que los demandantes al presentarse a sus labores con el Cliente “CORA NORTE” se percataron que el contrato de servicios de seguridad habido con la demandada, PROTECCIÓN TOTAL DE SEGURIDAD, S. DE R L, (PROTOS S. de R. L.), había sido cancelado se avocaron a la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés en lugar de reconcentrarse a las instalaciones de su patrono y pidieron el pago de sus prestaciones e indemnizaciones legales como en el caso de despido injusto, sin que sea éste el caso.- Y, sin embargo, Ad Quem considera que tal proceder de los demandantes es meritorio de una acción Judicial como la del despido directo e injusto.”, ya que dicho Tribunal recurrido aprecia la documental referida pero dándole una connotación que no tiene como requisitos idóneo para los trabajadores e ignorando que los mismos hayan cometido falta alguna; Honorables Magistrados, es tan palpable el yerro que es oportuno recurrirlo. Y siendo pertinente intentar corregir los yerros del Juzgado de Letras de Primera Instancia y los del Tribunal de Alzada, es procedente admitir el presente Recurso por este motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Es oportuno, Honorables magistrados, señalar que el presente expediente, contentivo de la Demanda de Casación, adolece de cierta incongruencia, en el menor de los casos, sin caer en el traído de los cabellos, argumento de nulidad cuando no se tiene otra opción; pero en este caso cae por su propio peso.- El Ad Quem, hizo suyo el error manifiesto en el que cayó el Ad Quo, en el punto siguiente: El Ad Quo, al señalar el: 1) “OBJETO DEL DEBATE”, dijo: “... El objeto del debate es: A) Verificar la existencia del despido que alegan los trabajadores. B) De existir despido verificar si el este es ilegal o injusto y en razón de ello analizar si procede el reclamo formulado por los trabajadores, sobre prestaciones, pago de horas extras y devolución de sus cuotas de seguro social.” En este punto, honorables magistrados, se señalan como objeto del debate 3 puntos: 1) Prestaciones, pago de horas extras y devolución de sus cuotas de seguro social; nada más, dejando por fuera otros conceptos; Y, 2) Sostuvo: En sus “HECHOS PROBADOS: 1), II), III), IV) Quedó probado que los trabajadores, no han devengado el salario mínimo que por ley les corresponde, que no se les han pagado las horas extras, y tampoco se les han cancelado sus vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto.” 5 conceptos: 1) salario mínimo; 2) horas extras; 3 vacaciones, 4) de como tercer mes; y 5) décimo cuarto mes; dejando por fuera otros tipos de conceptos alegados por los trabajadores demandantes; pero que, al condenar al pago sí los señala sin haber sido contemplados como OBJETO DEL DEBATE señalado y haber sido tenidos corno HECHOS PROBADOS.- Tales puntos, son, honorables magistrados los siguientes: a) Pago de días feriados, b) pago de séptimos días; c) décimo tercer mes adeudado y que éste último, además, debido a su antigüedad es desproporcional; amén que la parte actora no acreditó en autos haberlos trabajados .- Ver folios 144 vuelto, 145 frente y 146 vuelto, de la primera pieza. De lo anterior se desprende que la sentencia recurrida está dictada en forma contradictoria y confusa, no cumpliendo con la premisa de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia. - Y, en consecuencia, procede su corrección mediante la nulidad pertinente.”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y unico motivo. 2) SIN COSTAS. 3) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 411-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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