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Sentencia CL-406-18 — Registro 11092

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de los preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el impetrante en la formulación de su recurso no expone como le causa una situación más gravosa la sentencia recurrida ya que la misma confirma la del A-quo, no siendo atendible por esta vía ya que la reformatio in pejus, es precepto sustantivo o de derecho material que ordena no se reformen las situaciones jurídicas favorables creadas por las resoluciones judiciales, en perjuicio de quien apela de ellas para mejorar o en beneficio de quien no ha ejercido el derecho de impugnación procesal usando de los recursos que autoriza la ley. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 20 de noviembre del 2018, por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor CELEDONIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ, representada en juicio por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de los preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de diciembre del 2016, por el señor CELEDONIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ, mayor de edad, casado, Guardia de Seguridad, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 19 de febrero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que en Sentencia Definitiva se declare por tiempo indefinido relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Pago de vacaciones; instaurada por el Señor CELEDONIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del Señor CELEDONIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ con carácter de indefinida desde la fecha en que ingreso a laborar para la Institución demandada 01 de octubre de 2013; b) Que al Señor CELEDONIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ se le ajuste su salario y demás derechos que como empleado permanente le corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta la fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria; siendo la suma de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 26,702.93); desglosados de la siguiente manera: año 2014-2015 Vacaciones Lps. 5,348.00; Vacaciones 2015-2016 Lps. 6,417.60; Vacaciones 2016-2017 Lps. 7,843.73; vacaciones proporcionales Lps. 1,261.73 y decimo cuarto mes proporcional Lps. 5,831.87; c) A que se le reconozcan los demás derechos que como empleados permanentes resulten a la fecha en que sea firme la sentencia condenatoria; asimismo el goce de 12 y 15 días de vacaciones de los periodos 2014- 2015 y 2015-2016; III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor CELEDONIO HERNANDEZ GUTIERREZ; para el pago de decimo tercer y decimo cuarto mes en forma causada de los periodos 2014-2015 y 2015-2016; asimismo el decimo tercer mes proporcional y el pago de horas extras; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar al Señor CELEDONIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para el demandado, el 02 de octubre del 2013, como Guardia de Seguridad Interna, con turnos de 24 horas asignado a las oficinas de Delitos Contra la Vida, devengaba un salario mensual de L. 9,168.00; que desde que inició la relación laboral desempeñó las mismas funciones de manera continua e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, mediante contratos de trabajo, los cuales reunían los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, y que las funciones eran de carácter continuas y permanentes en la Institución demandada, estando frente a un contrato de trabajo por tiempo indefinido, regido por la jurisdicción laboral del Trabajo; alegó que a pesar de que el empleador ha tratado de encubrir una real y verdadera relación laboral, con contratos transitorios o temporales, no es menos cierto que la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pues es y ha sido el mismo puesto y funciones que he venido desempeñando; y en virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo, de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, es por ello que consideró que le asiste el derecho a la permanencia en el puesto que desempeñó; asimismo manifestó que con el ánimo de buscar una solución en cuanto a la permanencia al puesto de trabajo, presentó reclamo administrativo ante la Secretaria del Trabajo, siendo imposible el mismo, por no haber voluntad de parte del empleador en conciliar, por lo que se dio por agotado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, contestó dicha demanda rechazando los hechos planteados por la parte demandante, señalando que el demandante suscribió un Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado con el Ministerio Público, y llevaba la característica de temporalidad, la contratación de ese personal fue realizado a través del fideicomiso de la tasa de seguridad, mismo que por su carácter de temporal estableció la liquidación anual de las personas contratadas por ese Fondo 116, el mismo se desprende del Proyecto temporal de la tasa de seguridad, cuyo gasto presupuestario afecta el programa 106, Sub Programa 80, Actividad 08023, dentro del Fondo 116 Recursos Aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo Protección y Seguridad Poblacional, que por razones presupuestarías que fluctúan los ingresos, limitante para nombrar personal con carácter de permanente; rechazó la nominación del cargo de Guardia de Seguridad Interna, asignado a las Oficinas de Delitos contra la Vida, y los alegatos que hace en cuanto al desempeño de funciones de turnos de 24 horas, que no son razonables, y que serán explicadas y probadas en el juicio; asimismo alegó que el personal que labora en la institución por contrato, tiene sus regulaciones dentro de las disposiciones del presupuesto exigible a las instituciones estatales, conforme a lo que dispone el artículo 117 párrafo 30 del Decreto No. 168-2015, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del año 2016; Art. 127 párrafo 30 del Decreto No. 171-2016, contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2017, aunado a esto el artículo 201 del Decreto 168-2015, por otro lado, el artículo 202 del mismo Decreto 168-2015; y si bien es cierto, que se presume una relación de continuidad, la inexistencia de una previsión presupuestaria determinada a su pago no tiene validez el contrato, por lo que en el caso que nos ocupa no puede ir más allá de lo que manda la ley como temporalidad, razón por la cual la autoridad judicial no debe de confundir a una institución de derecho público con una empresa mercantil, debiendo tomar en consideraciones las limitaciones en cuanto a disposiciones presupuestarias que a estos les dicta el mismo Estado, y las consecuencias para estos funcionarios que no acaten tales disposiciones; que el demandante no puede calificar que su prestación de servicio eran funciones de carácter continuas y permanentes en la institución demandada y que forman parte de la operatividad de la institución, ya que la contratación se desprendió de un Proyecto Temporal proveniente del denominado tasa de seguridad, con recursos aprobados por parte del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, o sea que los fondos para el pago de los servicios prestados por el reclamante no provenían del Ministerio Público, el que tiene un presupuesto asignado bajo la normativa de un Plan Operativo Anual conforme a las Disposiciones Generales Para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y como es de su conocimiento dicho proyecto de la Tasa de Seguridad creado por una necesidad nacional en cuanto a la seguridad y combate a la delincuencia, va dirigido entre otros a brindar apoyo y fortalecer a los operadores de justicia (Ministerio Publico, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, etc.), razón por lo que es de carácter eminentemente temporal, ingresos que proceden de fideicomiso el que obviamente no es permanente; por lo que en los contratos no existió ningún fraude, estableciéndose en forma clara y expresa la temporalidad, así como el programa que financia el fondo del mismo, el cual es de público y obligatorio conocimiento por tratarse de un decreto de ley debidamente promulgado, y una vez finalizado el mismo no existía fondos para el pago del salario; asimismo manifestó que la parte actora no puede en forma antojadiza utilizar la aplicación estricta de la normativa del Código de Trabajo, para demandar un derecho subjetivo e inexistente, y que además aceptó y consintió las cláusulas del contrato, sin objeción alguna de su parte, también ha equivocado la vía para reclamar su pretensión pues ya está estipulada que los servidores de esa institución en caso de controversias se regirán por la jurisdicción del Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo y será en el proceso del debate que se probara que el reclamo de sus pretensiones carece de todo sustento jurídico por ser este inexistente además de haber equivocado el juzgado competente para conocer del asunto. Igualmente, no llegaron a ninguna conciliación, en virtud que no procede ninguna conciliación con el demandado, porque no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación con el objeto de aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes provenientes de contratos de Trabajo con tiempo determinado y en el cual las partes se han sometido a las cláusulas establecidas en el referido contrato. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de febrero del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el señor CELEDONIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO; condenó a la parte demandada a: 1) Que se tenga la relación laboral del demandante con carácter de indefinida desde la fecha en que ingreso a laborar para la Institución demandada 01 de octubre de 2013; 2) Que al demandante se le ajuste su salario y demás derechos que como empleado permanente le corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta la fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria, siendo la suma L. 26,702.93, correspondiente a vacaciones del año 2014-2015, año 2015-2016, año 2016-2017, vacaciones proporcionales y decimo cuarto mes proporcional; y 3) A que se le reconozcan los demás derechos que como empleados permanentes resulten a la fecha en que sea firme la sentencia condenatoria; asimismo el goce de 12 y 15 días de vacaciones de los periodos 2014-2015 y 2015-2016; declaró sin lugar la demanda, para el pago de decimo tercer y decimo cuarto mes en forma causada de los periodos 2014-2015 y 2015-2016; asimismo el decimo tercer mes proporcional y el pago de horas extras; absolvió a la parte demandada de pagar al demandante dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el Señor Celedonio Hernandez Gutiérrez antes de haber transcurrido un año celebro Contratos de Trabajo con la misma Institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido y asimismo ese es el cargo en el que se desempeñaba al momento de ejecutar los trámites administrativos, razón por la cual la Suscrita es del firme criterio que procede declarar con lugar la demanda de merito en relación a tener la relación laboral del señor demandante por tiempo indefinido, y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleado permanente le corresponde a partir del 01 de octubre de octubre de 2013 fecha de inicio de la relación laboral, hasta el 19 de febrero del año 2018; fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria. Que la parte demandante solicita en el Escrito de su Demanda; Pago de vacaciones; decimo tercer y decimo cuarto mes de los periodos 2014-2015 y 2015-2016 en forma causada y proporcional; horas extras; en lo que concierne al pago de vacaciones causadas y proporcionales periodo 2014-2015 y 2015-2016 procede declarar con lugar dicha petición en virtud de estar acreditado en autos a folio 79 que al demandante no ha gozado ni se le han hecho efectivas las mismas; en lo que respecta al pago de decimo tercer mes y decimo cuarto mes de forma causada de los periodos antes relacionados en forma causada procede declarar sin lugar los mismos ya que de igual forma a folio 79 vuelto se constato que ya se le efectuaron dichos pagos; en cuanto al decimo tercer mes y decimo cuarto mes en forma proporcional procede declarar con lugar únicamente el decimo cuarto mes proporcional por estar acreditado en autos tener que no se le ha efectuado dicho pago; no así el decimo tercer mes el cual se declara sin lugar en vista de no tener derecho a dicho reclamo; de igual forma se declara sin lugar el pago de horas extras ya que se constato a folio 79 vuelto que el demandante goza de tiempo compensatorio. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 31 de mayo del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se fundamentó en los hechos de que el demandante con sus medios de prueba que hizo llegar al proceso, probó la relación de trabajo que existe entre el empleador y trabajador demandante la cual se inició el 01 de octubre del 2013, en el puesto de trabajo como vigilante con un salario de L. 9,168.42; que la relación laboral se originó por suscripción de varios contratos modalidad por tiempo determinado, como aparecen de autos y que del análisis de los mismos, quedó probada que el demandante fue contratado por tiempo indeterminado pues la sucesiva y continuas contrataciones, determina que hubo una continuidad tanto en el servicio y en actividades de naturaleza permanente con lo que se materializo la existencia de los elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo y que en relación a los artículos 47 y 52 de este mismo ordenamiento legal hace evidente la existencia de una relación laboral por tiempo indefinido; que el demandante en sus pretensiones, reclama derechos adquiridos, causados y proporcionales, de los cuales fue probado en la secuela del juicio, que le fueron pagos estos conceptos correspondiendo a los periodos 2014-2015 y 2016, manteniendo como derecho a su favor únicamente el pago de esta pretensión en lo relativo a los derechos adquiridos proporcional para el décimo cuarto mes de los periodos 2014-2105 y 2015-2016.- En cuanto a la pretensión de hora extra, el demandante no acreditó las pruebas pertinentes para justificar ese derecho reclamado por consiguiente no procede su otorgamiento; y que la parte demandada con sus medios de prueba no justificó la contratación de temporalidad alegada en virtud de la realidad de la naturaleza permanente, que revisten la actividad desempeñada por el demandante. 5.- Mediante auto de fecha 09 de octubre del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 20 de noviembre del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 04 de marzo del 2019, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su único motivo de casación alega: “Por contener la sentencia del Tribunal decisiones que hagan más gravosas la situación de la parte que apeló de la primera instancia, en virtud de que la Corte de Apelaciones, aún y cuando, ha tenido por probados en su sentencia extremos que eximen a mi poderdante de las pretensiones del demandante, profiere su sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACIÓN: Autoriza este motivo de casación el Artículo 765 numeral 2) del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Se acusa la sentencia recurrida de contener decisiones por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que hacen más gravosas la situación de la parte que apeló de la primera instancia. En el presente caso, en la sentencia definitiva que se viene a recurrir, en el CONSIDERANDO (6) numeral 3) de la misma, el Ad-quem, al hacer el estudio de los hechos y derechos así como los medio de prueba acreditados en el juicio, literalmente hace el siguiente razonamiento motivado: “... 3) Que el demandante en sus pretensiones, reclama derechos adquiridos, causados y proporcionales, de los cuales fue probado en la secuela del juicio, que le fueron pagos estos conceptos correspondiendo a los periodos 2014-2015 y 2016, manteniendo como derecho a su favor únicamente el pago de esta pretensión en lo relativo a los derechos adquiridos proporcional para el décimo cuarto mes de los periodos 2014-2015 y 2015-2016.- En cuanto a la pretensión de horas extras, el demandante no acredito las pruebas pertinentes para justificar ese derecho reclamado por consiguiente no procede su otorgamiento.- 4) …”. No obstante a lo anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, aún y cuando, en su estudio de hechos y derechos, así como de los medios de prueba en este juicio ha razonado en sus motivaciones, a través de lo probado en el mismo, que al demandante ya le fueron pagadas parte de las pretensiones que hace en esta demanda, consistentes en Vacaciones 2014-2015, Vacaciones 2015-2016, Vacaciones 2016-2017, pretensiones de los cuales fuimos condenados en la sentencia de primera instancia de fecha Diecinueve (19) de febrero del Dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, pero sucede Honorable Sala, que al momento de proferir esta sentencia definitiva que se recurre, éste Tribunal de Alzada NO falla ordenando las revocaciones o modificaciones pertinentes a sus motivaciones, sino que solamente se limita a Confirmar lo establecido en la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. En tal sentido, en la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha Diecinueve (19) de Enero del Dos mil dieciocho (2018), en su Parte Dispositiva numeral II, taxativamente, la primera instancia ordena: “... II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM AL VARENGA URBINA a lo siguiente: a) b) Que al Señor CELEDONIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ se le ajuste su salario y demás derechos que como empleado permanente le corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta la fecha en la cual se emita la presente sentencia condenatoria; siendo la suma de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L. 26,702.93); desglosados de la siguiente manera: año 2014-2015 Vacaciones Lps. 5,348.00; Vacaciones 2015-2016 Lps. 6,417.60; Vacaciones 2016-2017 Lps. 7,843.73; vacaciones proporcionales Lps. 1,261.73 y décimo cuarto mes proporcional Lps. 5,831.87;….”. Y pese a que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia que se recurre motiva razonadamente lo siguiente: “... 3) Que el demandante en sus pretensiones, reclama derechos adquiridos, causados y proporcionales, de los cuales fue probado en la secuela del juicio, que le fueron pagos estos conceptos correspondiendo a los periodos 2014-2015 y 2016, manteniendo como derecho a su favor únicamente el pago de esta pretensión en lo relativo a los derechos adquiridos proporcional para el décimo cuarto mes de los periodos 2014-2015 y 2015-2016.- En cuanto a la pretensión de horas extras, el demandante no acredito las pruebas pertinentes para justificar ese derecho reclamado por consiguiente no procede su otorgamiento.- 4)...”; este mismo Tribunal de Alzada, en su Parte Dispositiva de su sentencia en el numero 2.-, taxativamente falla: “FALLA: 1.-...2.- CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho, que corre a folios 84 al 87 de la primera pieza de autos.-..”.- Siendo evidente de, que a pesar de que el Tribunal de Segunda Instancia valoro que las pretensiones demandadas por el demandante ya estaban pagadas, al Confirmar la sentencia de primera instancia, esta ordenando el pago nuevamente de dichos valores; lo anterior, deja a la vista una gran incongruencia por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en su sentencia definitiva que se recurre, conllevando el contenido de la misma decisiones más gravosas que la sentencia de primera instancia, pues no obstante a que este Tribunal de Alzada ha valorado a través de las pruebas practicadas, de que mi poderdante ya le efectuó los pagos pretendidos por el demandante, está ordenando se vuelvan a realizar., Por lo anteriormente expuesto, es PROCEDENTE Casar la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha Treinta y uno (31) de Mayo del Dos mil dieciocho (2018), y consecuentemente declarar Con Lugar parcialmente el Recurso de Apelación presentado, modificando lo pertinente a declarar Sin Lugar lo relacionado a las pretensiones de la parte demandante en cuanto a los pagos que ya le fueron realizados, eximiendo al Estado de Honduras a través del Ministerio Publico al pago de los mismos”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el impetrante en la formulación de su recurso no expone como le causa una situación más gravosa la sentencia recurrida ya que la misma confirma la del A-quo, no siendo atendible por esta vía ya que la reformatio in pejus, es precepto sustantivo o de derecho material que ordena no se reformen las situaciones jurídicas favorables creadas por las resoluciones judiciales, en perjuicio de quien apela de ellas para mejorar o en beneficio de quien no ha ejercido el derecho de impugnación procesal usando de los recursos que autoriza la ley. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE Y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL406-18. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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