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Sentencia CL-384-18 — Registro 10216

Resumen

Segunda instancia compartió parcialmente sin lugar demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: se indica como norma sustantiva infringida el artículo 123 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la república la cual, no corresponde al orden laboral requisito indispensable para la prosperidad del cargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo. Al respecto, es necesario señalar, que el recurso de casación en esta materia esta instituido en defensa de la ley laboral, no se extiende este ámbito a normas de otro orden.- 4.- Cabe recordar, que la calidad del extraordinario recurso de casación determina su carácter eminentemente técnico, marco al cual se circunscribe el Tribunal de Casación, y del que no puede salirse; en consecuencia, es deber del recurrente ajustarse al mismo y a su vez fijar el contenido de su petición, la omisión o equivocación en la formalización del recurso da lugar a su fracaso y por ende a su desestimación.- 5.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho, por el Abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora CARMI YALINA VELASQUEZ FINO, representado en juicio por el Abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, por la señora CARMI YALINA VELASQUEZ FINO, mayor de edad, casada, hondureña, Perito Mercantil y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante Legal el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de junio del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por la señora CARMI YALINA VELASQUEZ FINO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal el señor Procurador General de la Republica ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante Legal el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de las prestaciones laborales ya con el reajuste de salario de la siguiente manera: Preaviso Lps. 25,666.66; auxilio de cesantía Lps. 25,666.66; auxilio de cesantía proporcional Lps. 7,486.06; vacaciones proporcionales Lps. 2,455.42; aguinaldo proporcional Lps. 1,069.43; décimo cuarto mes proporcional Lps. 13,902.68 por lo que asciende a un gran total a pagar de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 76,246.91). - TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante Legal el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago de reajuste de salario por la cantidad de Lps. 38,266.62. - CUARTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante Legal el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago de salario adeudado por la cantidad de Lps. 10,999.95.- QUINTO (5): SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante Legal el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago de reajuste de bonificación. - SEXTO (6): SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la demandante inicio su relación laboral en fecha 30 de septiembre del año 2014 en el cargo de Auxiliar Administrativo, dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), posteriormente se le hizo un ascenso y cambio de puesto de trabajo en el cargo de asistente administrativo en la dirección administrativa y financiera de la institución en fecha 1 de agosto del año 2015 conforme a la estructura organizativa y presupuesto vigente en dicha institución argumenta el escrito de demanda que debió devengar un último salario ordinario mensual de Lps. 22,000.00, así mismo señala la parte actora que fue cancelada de cargo que venía desempeñando mediante acuerdo de cancelación número 04-0-2016 de fecha 15 de enero del año 2016 con efectividad en esa misma fecha, dicho acuerdo firmado y sellado por el señor Lisandro Rosales Banegas, en su condición de Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en donde se establece en el numeral segundo que procede el pago de las prestaciones laborales de la demandante de conformidad al Código del Trabajo, ante esto la demandante procedió a hacer todas las diligencias administrativas para el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales exigidas por la ley y la administración de COPECO, sin embargo, a pesar de haber presentado las constancias y finiquitos exigidos por ellos no recibió el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales a pesar de que existe compromiso de pago por la demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la parte demandada señala en su contestación de demanda que se acepta parcialmente el contenido de la demanda, acepta el inicio de la relación laboral entre las partes en la forma y fecha descrita por la misma, sin embargo aclaró que en relación al incremento, el mismo nunca llego a ejecutarse en vista de la prohibición legal contenida en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2015, en el cual se establece que queda congelados los aumentos salariales en la Administración Pública, por lo que es imposible ejecutar el aumento salarial por las normas presupuestarias del Estado. Asimismo, se acepta el acuerdo de cancelación, el cual fue por mutuo consentimiento, indicando que se estipula proceder el pago de prestaciones laborales a la demandante, lo cual no se ha realizado según se indica por el demandado en vista de que no se ha cumplido por parte de la demandante el procedimiento interno de COPECO, ya que tiene liquidaciones pendientes por hacer por el orden de aproximadamente Lps. 26,000.00, COPECO ha solicitado que se hagan las liquidaciones respectivas por las cantidades adeudadas y de no llegarse a efectuar la liquidación referida será el Tribunal Superior de Cuentas el encargado de auditar tal situación, señalando que por no ostentar las facultades no se llegó a arreglo conciliatorio.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por CARMI YALINA VELASQUEZ FINO, contra el ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que la parte actora en el escrito de demanda pretende el pago de reajuste de bonificación sin detallar sobre qué argumentos solicita dicho pago, el apoderado de la parte demandante en el momento procesal oportuno es decir en la audiencia primera de tramite no forjo ni siquiera la prueba para acreditar el pago referido en la cuantía de la demanda, y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de pruebas los instrumentos legales y necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, es por ello que no procede el pago de reajuste de bonificación a la trabajadora.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio del dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso se estableció que la relación laboral de la, fue cancelada por mutuo consentimiento de ambas partes a partir del 15 de enero del año 2016, señalando en dicha acta que se le pagarían las prestaciones laborales, previa presentación de finiquitos a la Dirección de Recursos Humanos, como ser bienes nacionales, dirección administrativa y financiera, cooperativa ELGA, Cooperativa Sagrada Familia, Banco de los Trabajadores, Banco Davivienda, al respecto es de hacer notar en primer lugar que la demandante presentó las constancias solicitadas tal y como aparece de la prueba documental aportada al proceso, en segundo lugar el pago de las prestaciones rio debería de ser condicionado a que el trabajador presente una serie de constancias, pues el Código del Trabajo, no obliga al trabajador a que previo al pago de sus prestaciones debe de cumplir requisitos que no están establecidos en la Ley, en consecuencia procede el pago de las prestaciones convenidas por ambas partes, sobre todo como ya se dijo la trabajadora demandante presento varias constancias que le fueron solicitadas y por tal motivo es procedente declarar con lugar la demanda de que ha hecho mérito.- 5. Mediante auto de fecha nueve de octubre del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que proveído de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en un primer y único motivo de casación alega: “Acusó a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación directa por infracción directa de la parte primera del artículo 123 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la republica del año 2015 que a la letra dice “Articulo 123.- Con base a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 18-2010 del 28de marzo del 2010, contentivo de la Ley de Emergencia fiscal y financiera para el ejercicio fiscal 2015 quedan congelados los aumentos salariales en la administración pública…” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de esta comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por infracción directa de la norma sustantiva de índole laboral anteriormente citada, ya que se condenó al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a mi representado el Estado de Honduras en forma sobre valorada, ya que se aplica un aumento salarial que nunca se aplicó y es ilegal decisión a la que llegó en vista de falta de aplicación del artículo 123 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la republica del año 2015. Por lo anterior el presente motivo reúne todos y cada uno de los requisitos para ser admisible.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: se indica como norma sustantiva infringida el artículo 123 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la república la cual, no corresponde al orden laboral requisito indispensable para la prosperidad del cargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo. Al respecto, es necesario señalar, que el recurso de casación en esta materia esta instituido en defensa de la ley laboral, no se extiende este ámbito a normas de otro orden.- 4.- Cabe recordar, que la calidad del extraordinario recurso de casación determina su carácter eminentemente técnico, marco al cual se circunscribe el Tribunal de Casación, y del que no puede salirse; en consecuencia, es deber del recurrente ajustarse al mismo y a su vez fijar el contenido de su petición, la omisión o equivocación en la formalización del recurso da lugar a su fracaso y por ende a su desestimación.- 5.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769 numeral 5) literal b), 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 384-18.- Firma y ello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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