Sentencia CL-380-18 — Registro 12376
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal e injusto, pago de aguinaldo proporcional, pago de décimo cuarto mes proporcional, pago de vacaciones pendientes, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del injusto despido hasta que con sujeción a las normas procesales vigentes la sentencia condenatoria quede firme
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante; b) las normas que indica como violadas (Artículo 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) realiza alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha quince de noviembre del dos mil dieciocho, por la Abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora VILMA JANETH CASTRO ALVARADO, representado en juicio por la Abogada MARITZABEL VILLAMIL PONCE. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal e injusto, pago de aguinaldo proporcional, pago de décimo cuarto mes proporcional, pago de vacaciones pendientes, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del injusto despido hasta que con sujeción a las normas procesales vigentes la sentencia condenatoria quede firme, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de enero del dos mil quince, por la señora VILMA JANETH CASTRO ALVARADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones realizadas por la SECRTARIA DE ESTTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de febrero del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora VILMA JANETH CASTRO ALVARADO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA.- SEGUNDO (2): CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante señora VILMA JANETH CASTRO ALVARADO con el ESTADO DE HONDURAS, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 76,444.82; auxilio de cesantía Lps. 458,668.92; auxilio de cesantía proporcional Lps. 15,926.00; vacaciones Lps. 50,480.00, vacaciones proporcionales Lps. 1,278.18; aguinaldo proporcional Lps. 31,958.17; décimo cuarto mes proporcional Lps. 12,846.97, lo que asciende a un total de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS (Lps. 647,603.06), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. - TERCERO (3): SE CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la Republica el Abogado ABRAHAM ALVARENGA al pago de las vacaciones adeudadas exigida por la señora VILMA JANETH CASTRO ALVARADO, por la cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps. 25,481.60).- CUARTO (4): SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio a laborar para el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, en fecha 1 de junio del año dos mil dos, desempeñando en el puesto de Auxiliar Contable, devengando un salario de Lps. 18,000.00 mensuales, de forma ininterrumpida por medio de contratos de consultoría, los cuales en realidad se trataban de una simulación de contrato, ya que durante todos esos años realizo su trabajo de manera personal, bajo la continuada subordinación respecto del patrono, tenía un horario de trabajo establecido, marcando hora de entrada y de salida, también contaba con una oficina y devengaba un salario. A pesar de lo anterior, el 31 de octubre del año 2014 que se le entrego la carta de despido y su cargo en esa fecha era de Auxiliar de Monitoreo devengando un salario de Lps. 32,000.00, a pesar de lo estipulado en dicha carta, lo que realmente prevalece es lo estipulado en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, debiéndose entender que la demandante es una empleada permanente en la institución. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que que la demandante prestó sus servicios como consultora, iniciando el 1 de junio del año 2002 en el puesto de Auxiliar Contable del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Componentes 1 y 2, como consultoría individual, que la demandante acepto esos términos establecidos en el contrato, pero no forma continua sino que mediante la suscripción de varios contratos temporales, señalando que debió demandar al Estado desde el momento que finalizo su primer contrato de consultoría, señala que estos contratos no conllevan responsabilidad para el Estado porque existen programas que son transitorios mientras dura el financiamiento. Así mismo indica el escrito de contestación de demanda que el decreto legislativo número 266-2013 contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, este decreto en relación a las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año 2014, en alusión a dicha normativa, es que estos contratos tiene vigencia únicamente dentro de un ejercicio fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo la modalidad de permanente y su efectividad se contará desde la fecha en que este tome posesión del cargo. No debe considerarse al actor un empleado permanente pues se desempeñaba para un programa que no tiene existencia permanente, sujeto a financiamiento de fuentes externas, que en cualquier momento llega al final su funcionamiento, por tal razón la existencia de sus labores son transitorias, asimismo lo establecido en el artículo 52 no tiene vigencia en este caso, ya que si se suscribe contratos por tiempo definido es porque las fuentes de financiamiento para el pago o gastos del programa muchas veces varían, por lo que no puede establecerse un compromiso indefinido. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por por la señora VILMA JANETH CASTRO ALVARADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que se puede observar, la demandante ha sido contratada como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña, es decir siempre necesitara auxiliares administrativos y de montero en programas relacionados con la educación, por lo tanto se entiende que contrato de trabajo aunque nació como temporal, se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo; también en el puesto de trabajo que desempeñaba la demandante en la institución, no pueden ni debe considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales. Concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal. El Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, y siendo que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos del trabajador, es claro ver que el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo y siendo que en el presente juicio se ha comprobado que la demandante era una empleada permanente, la misma para ser despedida, tenía que regirse bajo las normas establecidas en el Código del Trabajo, al no hacerlo convierte el despido en ilegal e injusto, correspondiéndole a la actora las indemnizaciones del caso. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda que la relación existente entre las partes era por tiempo indeterminado. 5. Mediante auto de fecha nueve de octubre del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha quince de noviembre del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de noviembre del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de diciembre del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARITZABEL VILLAMIL PONCE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violenta la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Consultoría Individual que se encuentran en los Folios 23 al 191 de la primera pieza, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 deI Código de Trabajo en cual establece “ Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración” que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece “se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato” el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle permanencia y en consecuencia el pago de indemnizaciones laborales, así como salarios dejados de percibir o títulos de daños y perjuicios desde que se produjo el despido hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme, la demandante nunca dejó de laborar ya que ha sido contratado a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece “Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado “, artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1°, ser la ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye la permanencia es decir que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos de Consultoría Individual continuos e ininterrumpidos, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de dar permanencia, ni mucho menos reconocer derechos que se hayan generado por este, ya que su contratación están bajo lo que establece el artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” Además no se puede hacer erogación de pagos de salarios dejados de percibir por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. Además, el Código de Trabajo solo regula el capital-trabajo, no cuestiones de permanencia y salarios dejados de percibir eso le corresponde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo).” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante; b) las normas que indica como violadas (Artículo 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) realiza alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL380-18. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO