Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-378-18 — Registro 11120

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, reconocimiento de las bonificaciones y derechos sociales y aumentos salariales que le corresponden y que otorga el contrato colectivo vigente, pago de vacaciones adeudadas desde la fecha del despido hasta el día que en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reinstalado en el cargo que ocupaba cuando fue despedido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que la institución al reintegrar a otros trabajadores que habían sido despedidos, está reconociendo que el despido del demandante es ilegal e injustificado. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de febrero del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), como recurrente; además es parte recurrida, el señor JOSE ALEJANDRO DAVID HERNANDEZ, representado en juicio por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, reconocimiento de las bonificaciones y derechos sociales y aumentos salariales que le corresponden y que otorga el contrato colectivo vigente, pago de vacaciones adeudadas desde la fecha del despido hasta el día que en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reinstalado en el cargo que ocupaba cuando fue despedido, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de febrero del dos mil quince, por el señor JOSE ALEJANDRO DAVID HERNANDEZ, mayor de edad, casado, Motorista, hondureño y de este domicilio, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio del Director Presidente del Directorio de Especialistas señor ERNESTO EMILIO CARIAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de enero del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por JOSE ALEJANDRO DAVID HERNANDEZ contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través su Director Ejecutivo en su condición de Representante Legal señor ERNESTO EMILIO CARIAS, en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones, y al pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, mismos que serán calculados desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas laborales sea reintegrado en su puesto de trabajo, con el reconocimiento de las bonificaciones derechos y aumentos salariales otorgados en base al Contrato Colectivo durante su ausencia; En consecuencia; 2) CONDENA a EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través su Director Ejecutivo en su condición de Representante Legal señor ERNESTO EMILIO CARIAS, a reintegrar al señor JOSE ALEJANDRO DAVID HERNANDEZ a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones, y al pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios mismos que serán calculados desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas laborales sea reintegrado en su puesto de trabajo, con el reconocimiento de las bonificaciones derechos y aumentos salariales otorgados en base al Contrato Colectivo durante su ausencia; 3) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por JOSE ALEJANDRO DAVID HERNANDEZ contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través su Director Ejecutivo en su condición de Representante Legal señor ERNESTO EMILIO CARIAS, en cuanto al reconocimiento de las bonificaciones derechos y aumentos salariales otorgados en base al Contrato Colectivo durante su ausencia; En consecuencia; 4) ABSUELVE al EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través su Director Ejecutivo en su condición de Representante Legal señor ERNESTO EMILIO CARIAS, a pagar al señor JOSE ALEJANDRO DAVID HERNANDEZ, bonificaciones derechos y aumentos salariales otorgados en base a Contrato Colectivo durante su ausencia; 5) DECLARAR SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el demandante expresa en el escrito de su demanda que comenzó a laborar con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el 19 de abril del 2007, en el cargo de Motorista en el Departamento Administrativo, con un salario actual de L. 11,200.00, dependiente de dicho Ente estatal, desempeñándose como responsabilidad de acuerdo al cargo que ostentaba realizando actividades inherentes a este, no obstante lo anterior, el día 5 de diciembre del año 2014, recibió de manera intempestiva una nota donde se le comunicaba la terminación de la relación laboral de manera unilateral por parte del INPREMA refrendada por Manuel Emilio Hernández Villeda, en su condición de Jefe de Administración, jefe inmediato del demandante. El despido de mérito arbitrario ilegal e injusto, porque supuestamente el día martes 11 de noviembre del 2014, abandonó sus labores en horas laborables y sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono; es decir, que abandonó el puesto de trabajo sin permiso autorizado para trasladarse al parqueo de la institución a celebrar ilegalmente una asamblea informativa convocada por el Sindicato de esta institución SITRAINPREMA, por la supuesta falta cometida previo al despido se le convocó en grupo a una audiencia de descargo, supuestamente en cumplimiento de disposiciones reglamentarias laborales y para que se ejercitara el derecho de defensa, sin embargo se le violentó este derecho y el debido proceso al ser dirigida y evacuada dicha audiencia por una persona que no es empleada ni funcionaria de la Institución y carente de las facultades para realizar tal acto administrativo, como lo es el Abogado Luis Alberto Rovelo, quien si bien es cierto, ostenta el cargo de Asesor del Directorio de Especialistas, no es menos cierto que tratándose de la audiencia de Descargo es un acto administrativo debe ser dirigida y evacuada por quien tiene la competencia y en el caso, el Abogado Rovelo, carece de dicha facultad y por ello no está legitimado para realizar tal acto, siendo nulo de pleno derecho y sin ninguna consecuencia jurídica en aplicación de lo que establece el artículo 34 preámbulo y literal c) de la Ley de Procedimiento Administrativo. El 5 de diciembre del 2014, sorpresivamente se le notificó la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del INPREMA, suscribiendo dicho despido el Jefe de Administración que no está facultado para realizar tal acto y que por ello también es vinculante con lo expresado en el ordinal anterior, siendo nulo de pleno derecho, ya que el artículo 117 del Código del Trabajo establece que el despido debe de darse personalmente a la otra parte, es decir, por quien ostenta la representación legal. A una cantidad considerable de trabajadores que fueron objeto de investigación mediante las audiencias dirigidas y evacuadas por el Abogado Luis Alberto Rovelo, les ofrecieron el pago de prestaciones e indemnizaciones completas para evitar el despido supuestamente injustificado, los que presionados por este motivo aceptaron dichos pagos con lo que de manera expresa o tácita según sea el caso aceptaron que el despido era ilegal y arbitrario, sumado a ello que el Sindicato solicitó la intervención de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para que mediara en la solución de este conflicto y después de varias reuniones se convino reintegrar a 56 trabajadores con la propuesta de que el INPREMA a través del Directorio de Especialistas de que la reinstalación o reintegro de estos trabajadores se hacía siempre y cuando estos aceptaran sin ninguna reserva la aplicación de una medida disciplinaria consistente en la suspensión de labores sin goce de sueldo por el término de cuatro (4) días y que dicha propuesta se encuentra en el numeral 2) del acta del acuerdo conciliatorio de fecha 12 de enero del año 2015 y en el numeral 4) de la misma acta del Directorio de Especialistas ofrece el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a los trabajadores no reintegrados siempre y cuando dicha decisión la tomara el trabajador dentro del término de diez (10) días hábiles supuestamente contados desde la suscripción del acta de mérito. El despido es arbitrario, ilegal e injusto tanto en la forma como en el fondo, por cuanto previo al despido del Sindicato del INPREMA a sabiendas de que con las audiencias de descargo se le habían violentado todos los derechos fundamentales ya relacionados y especialmente por ser dirigidas y evacuadas por el Abogado Luis Alberto Rovelo, sin ser funcionario ni empleado del INPREMA, este pretendió accionar interponiendo un incidente de previo y especial pronunciamiento consistente en la nulidad de actuaciones derivadas de las audiencias de descargo sin que pudiese ni siquiera presentarse el escrito que contenía dicho reclamo y además de lo expresado no existe la posibilidad de que haya participado en la Asamblea Informativa convocada por el Sindicato, por cuanto la convocatoria informativa convocada era exclusivamente para los afiliados a esa Organización Gremial y este no está afiliado y consecuentemente no es miembro del SITRAINPREMA, en consecuencia no se le puede señalar de la participación en tal acto que se derivó en la máxima sanción que puede tener un trabajador derivado de una falta que en todo caso tiene que ser grave como es el despido. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que en fecha 11 de noviembre del 2014, el demandante junto con varios compañeros abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores por lo que se procedió a levantar un acta de inspección a través de una Inspectora del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el único fin de garantizarles a los trabajadores su derecho constitucional de defensa. Posteriormente se convocó a las demandantes a una audiencia de descargos, misma que se celebraron en fechas 24, 26 de noviembre y 03 de diciembre del 2014, en las oficinas de recursos humanos de la demandada. A las demandantes se les sancionó, puesto que cuando suspendieron intempestivamente las labores no hubo quien pudiera atender algunos maestros afiliados, porque si bien es cierto la misma se celebró en el centro de trabajo, no es menos cierto que fue en las horas de trabajo y si bien como lo establece el SITRAINPREMA, la asamblea Informativa puede ser realizar dentro de la Jornada de Trabajo, pero avisando con por lo menos 48 horas antes y dejando el personal mínimo para continuar con sus labores diarias, sin embargo, al no darse ninguna de los actos previos la misma se convierte en un abandono de puesto de trabajo y en una suspensión intempestiva de labores. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por señor JOSE ALEJANDRO DAVID HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), sin costas, bajo el criterio que quedó demostrado que el demandante laboró para la institución desde el año 2007 al 2014, desempeñándose en el cargo de Motorista, que existió un despido en fecha 5 de diciembre del 2014, como consecuencia de los hechos acontecidos en fecha 11 de noviembre del 2014, invocando como causal el patrono las contenidas en el artículo 98 numeral 1 y 5 relacionado con el 112 del Código del Trabajo, en lo referido al abandono en horas de labor y sin justa causa de impedimento y sin autorización del patrono”, es decir el abandono de sus puestos de trabajo sin permiso autorizado por esta institución a celebrar una Asamblea Informativa, misma que igualmente no había sido autorizada por el patrono y la cual es constitutiva de suspensión intempestiva de labores el día martes 11 de noviembre de 2014; que la demandada no demostró fehacientemente con ningún medio de prueba que el demandante hubiere abandonado sus labores sin autorización de su patrono; puesto que si bien es cierto, presentó como medio de prueba un video, en el mismo no se puede identificar a la parte demandante, tampoco con el medio documental aparece el nombre del demandante como parte del personal que supuestamente abandonó sus labores el día 11 de noviembre del 2014, para celebrar Asamblea Informativa; sumado a ello, cabe también relacionar que producto de una audiencia de conciliación celebrada ante la autoridad del trabajo, consta que reintegraron en fecha 12 de enero del 2015, a cincuenta y cuatro (54) empleados que habían sido despedidos por los mismos acontecimientos y no así al demandante; configurándose este hecho en un acto de discriminación; cabe enfatizar que para que se configure el despido no basta únicamente con invocar la causa que de origen al mismo; sino, que el demandado debe probarla, y en el caso que nos ocupa, el demandado jamás demostró que el demandante hubiere cometido falta alguna que justificara su despido; en consecuencia, ésta suscrita es del criterio que debe declararse con lugar la demanda de mérito. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que mediante nota de fecha 05 de diciembre de 2014, la institución demandada le notifica al trabajador la decisión de ponerle fin a la relación de trabajo por vía de despido directo, sin ninguna responsabilidad económica de naturaleza indemnizatoria para la institución, porque el día martes 11 de noviembre de 2014, abandonó en horas laborales y sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono su puesto de trabajo para trasladarse al parqueo de la institución a celebrar ilegalmente una Asamblea Informativa (fi. frente de la primera pieza del expediente). Que mediante un arreglo conciliatorio celebrado con la intervención de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha doce de enero del año dos mil quince, los miembros del Sindicato de la Institución SITRAINPREMA y el INPREMA, acordaron reinstalar en sus puestos de trabajo aproximadamente a cincuenta y cuatro empleados que habían sido despedidos por los hechos ocurridos el 11 de noviembre del 2014, que son exactamente los mismos hechos que se le imputan al trabajador demandante para su despido. Que el registro que para su efecto lleva la institución para consignar las entradas y salidas de sus trabajadores, aparece que el señor José Alejandro David Hernández se presentó a trabajar el día 11 de noviembre del 2014. El Representante Procesal de la Institución demandada, no acreditó que existieran justas causas para el despido, ya que la misma institución al reintegrar a otros trabajadores que habían sido despedidos, está reconociendo que el despido del demandante es ilegal e injustificado. 5. Mediante auto de fecha veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de marzo del dos mil diecinueve, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación expone ; “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, interpretado, en relación con el artículo 60 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: LA DOCUMENTAL PUBLICA: admitida a la parte demandante que se refiere al ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en fecha doce de enero del dos mil quince entre los señores Carlos Alberto Madero Erazo y Gina Hernandez Martínez, Secretario de Trabajo y Seguridad Social u Directora de Trabajo Respectivamente, y los señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Nessy Martínez y Geovanny Guifarro, en si condición de Director de Director Presidente y Directores Especialistas del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), respectivamente y los señores José Roberto Reyes, Roberto Sevilla, Daniel Montalván, Mario Hernández, Arnoldo Aguilar, Gladys Waleska Duron, Carlos García, Ana Maribel Cubas, Delver García y Walter Dario Paredes en su condición de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (SITRAINPREMA). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en el ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO no hubo tal acto discriminatorio o de marginamiento, puesto que la demandada a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS expuso que procedió al despido con justa causa de ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA, el 05 de diciembre del 2014 y, que al solo efecto conciliatorio ofrece: “1. Del total del número de trabajadores despedidos, reinstalar a sus puestos de trabajo, a partir del trece (13) de enero del 2015 a los siguientes trabajadores..., 2..., 3..., 4. Frente a nuestra posición legal de considerar la existencia de la justa causa que motivo los despidos, siempre con el ánimo conciliatorio, el Directorio ofreció bajo la mejor modalidad legal por estar en el proceso de reorganización administrativa, hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a todos los reclamantes propuesta que no fructifico pero que concluyo con el resultado del arreglo conciliatorio que consta en la presente acta, por lo que queremos dejar de buena voluntad y con el mismo animo conciliatorio, constancia que dentro de un término prudencial de diez (10) días hábiles, contados a partir de esta misma fecha, estaremos con la voluntad y el ánimo de mantener nuestra propuesta para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo a reinstalar, sin que se considere esto como parte o una obligación resultado del arreglos conciliatorio, SINO QUE ALGO DE NUESTRO PROPIO ALBEDRIO....,”. (Las negrillas, 1 mayúsculas y los puntos suspensivos son orfos). Del extremo que antecede, se aprecie que dicho medio de prueba lo que revela es que el INPREMA actuó bajo el amparo al principio que reza: Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social, y que dicho ofrecimiento conciliatorio no tiene ninguna relación con un acto de discriminación Ge raza, sexo, religión, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, el día 05 de diciembre del 2014 se procedió al despido ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA por igual y con justa causa legal por haber abandonado sus puestos de trabajo y suspender intempestivamente sus labores el día 11 de noviembre del 2014, sin que operaran en dicha sanción administrativa preferencias y/o privilegios a favor de alguien en particular, aunado a esto, mi representada muy respetuosa de la ley y previo a su despido convoco en partes y en diferentes fechas a los ciento cinco (105) trabajadores a una audiencia de descargos la que tenía como propósito garantizarles el derecho Constitucional de defensa procediendo a contestar todos los asambleístas al ser interrogados sobre el porqué abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores “NO SE NO RECUERDO”. De acuerdo al extremo que antecede, a pedido del SITRAINPREMA y con la mediación del Secretario de Estado en los despachos del trabajo, el día 12 de enero del 2015 se levantó el acta del acuerdo conciliatorio bajo el propio albedrio de los representantes de la demandada y ahí se ofreció mediante arreglo conciliatorio el reintegro de un grupo de trabajadores y se fijó una fecha límite para aquellos que no formaran parte del grupo a reintegrar y optaran por el pago de sus prestaciones laborales, sin que esto signifique actos discriminatorios o de marginamiento, puesto que como se repite la misma se levantó y conto con la aprobación del Estado de Honduras a través del Secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, Señor Carlos Alberto Madero Erazo. Lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero, al negar a mi representada la justa causa y la legalidad de la sanción del despido invocada a los demandantes, donde claramente se apreció tanto en la forma y términos del despido que no se procedió al mismo con preferencias y privilegios para con algunos trabajadores de la institución demandada”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que la institución al reintegrar a otros trabajadores que habían sido despedidos, está reconociendo que el despido del demandante es ilegal e injustificado. V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de septiembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL378-18.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.