Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-377-19 — Registro 12407

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injustificado más pago de indemnización de daños y perjuicios consistentes en el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha que se dio por terminado la prestación laboral hasta la fecha en que con sujeción a las leyes procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva más pago de aguinaldos, decimocuarto mes de salario, vacaciones y reajuste salarial por el no pago del salario mínimo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídico. VIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a Derecho."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 06 de febrero del 2020, por el Abogado GUSTAVO ARMANDO MARTINEZ REYES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor ROBERTO ALEJANDRO MOLINA REYES, como recurrente; además, es parte recurrida, la empresa ATEM (ASESORIA TECNICA MULTIPLE), representada en juicio por el Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDON. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injustificado más pago de indemnización de daños y perjuicios consistentes en el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha que se dio por terminado la prestación laboral hasta la fecha en que con sujeción a las leyes procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva más pago de aguinaldos, decimocuarto mes de salario, vacaciones y reajuste salarial por el no pago del salario mínimo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de julio del 2014, por el señor ROBERTO ALEJANDRO MOLINA REYRES, mayor de edad, soltero, Estudiante y de este domicilio, contra la empresa de Construcción ATEM (ASESORIA TECNICA MULTIPLE), por medio de su GERENTE GENERAL Y PROPIETARIO, en ese entonces el señor VICTOR MANUEL GARCIA BARAHONA, mayor de edad casado, Comerciante, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de abril del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO VERBAL, ILEGAL E INJUSTIFICADO, MAS PAGO DE INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS CONSISTENTE EN LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE AGUINALDO, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO DE SALARIO VACACIONES Y REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, COSTAS DEL JUICIO instaurada por el señor ROBERTO ALEJANDRO MOLINA REYES Contra el señor VICTOR MANUEL GARCIA BARAHONA en su condición de Representante Legal de la EMPRESA ASESORIA TECNICA MULTIPLE (ATEM). II. ABSOLVER: Al señor VICTOR MANUEL GARCIA BARAHONA en su condición de Representante Legal de la EMPRESA ASESORIA TECNICA MULTIPLE (ATEM); de pagar los conceptos pretendidos tales como aguinaldo, décimo tercer y décimo cuarto de salario vacaciones y reajuste al salario minino y las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injustificado al señor ROBERTO ALEJANDRO MOLINA REYES.- III- SIN COSTAS..” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la empresa demandada el 13 de enero del año 2004, para prestar sus servicios personalmente desempeñándose al inicio como Ayudante y después como Tablayesero y Pintor, asimismo se le encomendaba hacer otros trabajos coma reparar e instalar líneas de electricidad, aire acondicionado, albañilería en general teniendo en varias ocasiones que permanecer fuera de la ciudad, desde que ingreso a la empresa no firmo contrato de trabajo alguno, laborando en un horario de 8 hasta 24 horas si así lo ameritara la urgencia, devengando un salario de L.6,000.00 menor al legalmente establecido, sin que se le pagara horas extras, sino que la noche se le pagaba L.250.00 sin recibir nunca decimocuarto, vacaciones, gastos médicos, seguro social tampoco asueto y feriados legales. En fecha 18 de mayo de 2014, se presentó normalmente a sus labores y solicitó al señor VICTOR MANUEL GARCIA BARAHONA le diera un aumento, pero en forma despótica enfadado dijo claramente, aumentos no hay y MEJOR ANDATE, sintiéndome en esa forma humillado y despedido, al momento de reclamarle sus derechos no le contesto nada dándose así un despido verbal el cual fue constatado por una Inspectora de trabajo. 2.- La parte demandada, la empresa de Construcción ATEM (ASESORIA TECNICA MULTIPLE), contestó dicha demanda señalando que el demandante no ha sido empleado de la empresa, ya que la misma se constituyó en el año 2012 y se registró hasta el año 2013. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de septiembre del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injustificado, mas pago de indemnización de daños y perjuicios consistente en los salarios dejados de percibir, pago de aguinaldo, décimo tercer y décimo cuarto de salario vacaciones y reajuste al salario mínimo, costas del juicio instaurada por el señor ROBERTO ALEJANDRO MOLINA REYES Contra el señor VICTOR MANUEL GARCIA BARAHONA en su condición de Representante Legal de la EMPRESA ASESORIA TECNICA MULTIPLE (ATEM). ABSOLVIO: Al demandado de pagar los conceptos pretendidos tales como aguinaldo, décimo tercer y décimo cuarto de salario vacaciones y reajuste al salario minino y las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injustificado al señor ROBERTO ALEJANDRO MOLINA REYES, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante no probó en juicio la relación laboral alegada. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 23 de abril del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el demandante no logró con sus medios de prueba acreditar el despido verbal alegado. 5.- Mediante auto de fecha 20 de noviembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GUSTAVO ARMANDO MARTINEZ REYES, en su condición de representante procesal del señor ROBERTO ALEJANDRO MOLINA REYES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.-En fecha 06 de febrero del 2020, compareció ante éste Tribunal el Abogado GUSTAVO ARMANDO MARTINEZ REYES, en su condición de representante procesal del señor ROBERTO ALEJANDRO MOLINA REYES, formalizando su demanda, exponiendo DOS motivos de casación y NULIDAD SUBSIDIARIA, por lo que mediante providencia de fecha 14 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de agosto del 2020, se declaró prelucido y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, por parte del Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDON, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, confirma la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda, bajo el razonamiento de que no se probó el despido verbal del que fue objeto, pero es el caso que el fallo omite valorar y pronunciarse sobre los medios de prueba aportados por la parte demandante, especialmente la declaración de los testigos vivibles en folios 38 al 40 y en la documental publica visibles a folios 41 y 42 del expediente de primera instancia, ya que el artículo 738 del Código del Trabajo, le exige hacerlo, más aún cuando la empresa demandada sostiene que el demandante no ha sido su empleado y que la misma nació en el año 2012 e inscrita en el 2013, existiendo prueba que determina que ATEM realizó trabajos de reparación, mantenimiento y construcción desde el año 2004 al Registro Nacional de las Personas y, que uno de los testigos afirmó haber sido compañero de labores del actor. VII.- Que el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídico. VIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a Derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 23 de abril del 2019 visible a folios del 9 al 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 17 días del mes de febrero del 2021; certificación de la sentencia de fecha 09 de diciembre del 2020, recaída en el Recurso de Casación número CL377-2019.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.