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Sentencia CL-338-18 — Registro 11639

Resumen

demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales y demás derechos adquiridos, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Del análisis del anterior cargo, este Tribunal observa que el Recurrente aduce que el error de hecho proviene de la apreciación errónea de los medios de prueba documental, pero en su explicación incurre en el defecto de exponer: “si la Corte recurrida hubiera analizado la prueba documental singularizada, hubiera reformado la Sentencia apelada,…y, al no apreciar la prueba documental singularizada dejó de aplicar los Artículos invocados en la estructuración de este motivo…” lo cual constituye otra modalidad del error de hecho que resulta contradictoria si se formula al mismo tiempo, ya que se ha venido señalando, que una misma prueba no puede ser apreciada erróneamente y dejada de apreciar por el Juzgador; en adición, no es preciso en el señalamiento del artículo 868 del Código del Trabajo, como parte de las normas sustantivas infringidas, dado que esa disposición contiene varios párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas, por lo que era necesario señalar a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; tampoco demuestra la existencia de un error de hecho que sea manifiesto o notorio; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por el Abogado GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la señora MIRNA ELIZABETH PEÑA MANCIA, como recurrente; además es parte recurrida, la empresa denominada MERENDERO Y RESTAURANTE LAS CARNITAS S. DE R.L., representada en juicio por la Abogada DILLD KENYIN HERNANDEZ CEDILLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales y demás derechos adquiridos, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, por la señora MIRNA ELIZABETH PEÑA MANCIA, mayor de edad, soltera, Cocinera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa denominada MERENDERO Y RESTAURANTE LAS CARNITAS S. DE R.L., por medio de su Gerente General, señora MARTHA HERRERA DE VERDE. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) Declara SIN LUGAR, la demanda laboral promovida por la trabajadora MIRNA ELIZABETH PEÑA MANCIA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia contra de la MERENDERO LAS CARNITAS S DE R. L., a través de su gerente general MARTHA ISABEL HERRERA OSEGUERA, también de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 2) Declara CON LUGAR, la excepción perentoria de PRESCRIPCION, interpuesta por la parte demandada; en Consecuencia: ABSUELVE a la sociedad MERENDERO LAS CARNITAS S DE R. L., a través de su gerente general MARTHA ISABEL HERRERA OSEGUERA, de la responsabilidad de pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia.- 3) CONDENA: a la sociedad MERENDERO LAS CARNITAS S DE R. L., a través de su gerente general MARTHA ISABEL HERRERA OSEGUERA, a pagar a la demandante la cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L.25,625.35), distribuida así: vacaciones proporcionales L.4,578.31, décimo tercer mes proporcional L.3,396.00, décimo cuarto mes proporcional L.7,471.20; reajuste de salario mínimo L.10,179.84.- 4) DECLARA SIN LUGAR EL INCIDENTE de tachas interpuesto por la parte actora.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con la empresa demandada el 11 de septiembre de 2013, como Cocinera, devengando un salario mensual de L.7,815.74, muy debajo de lo que establece la Ley del Salario Mínimo para los 2016 y 2017, ya que es una empresa que tiene más de once (11) empleados por lo que debería ganar la cantidad de L.8,150.42 y en fecha 30 de mayo del año 2017, cuando cumplió la demandante 3 años 8 meses y 20 días de laborar, fue despedida del trabajo en forma directa e injustificada mediante carta de despido firmada y entregada a su persona por la señora MARTHA HERRERA DE VERDE, en su condición de gerente de la empresa demandada, por haber cometido supuestas faltas; causas que son totalmente alejadas de la verdad y que el patrono tendrá que probar en juicio las mismas. 2. La parte demandada, la empresa denominada MERENDERO Y RESTAURANTE LAS CARNITAS S. DE R.L., contestó dicha demanda señalando que la demandante comenzó a laborar para la empresa demandada en el puesto de Cocinera, el 11 de septiembre del año 2013, y se rechaza el salario de L.7,815.74 que ella aduce que devengaba en la empresa a la cual representa en vista de no ser cierto ya que ella devengaba un salario de L.6,940.92, en base a la tabla de salarios establecida y publicada en el diario oficial La Gaceta, ya que la demandada tiene más de 11 trabajadores tal como probará con los cuadros de las planillas de la empresa donde cada trabajador firma de su puño y letra cuando se le hace el pago correspondiente a cada quincena, mediante cheques extendidos por la empresa demandada. Se acepta el hecho de haber entregado nota de terminación a la trabajadora por las causas ya establecidas en dicha nota, así mismo se rechaza rotundamente que la demandada tuviera mala práctica o costumbre de prefabricar actas de audiencias de descargos para perjudicar a los trabajadores que forman parte esencial de la empresa; que en ningún momento se le hizo llegar a la demandada ninguna citación procedente del Departamento de Conciliación de la Secretaría del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; que la demandante violentó en reiteradas ocasiones el Reglamento Interno de la demandada, así como las cláusulas por las cuales fue contratada la demandante para formar parte de la empresa y pactadas en el contrato individual de trabajo de forma verbal, siendo las faltas graves cometidas y que facultan a la demandada para dar por finalizado el contrato de trabajo de la demandante sin responsabilidad de la parte patronal. En la audiencia primera de trámite opuso la excepción perentoria de prescripción, bajo el señalamiento de que desde la fecha en que se agotó el trámite administrativo al de la presentación de la demanda, transcurrió más de dos meses. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral promovida por la señora Mirna Elizabeth Peña Mancia, contra la empresa denominada MERENDERO Y RESTAURANTE LAS CARNITAS S. DE R.L.; absolviendo a la demandada de la responsabilidad de pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de L.25,625.35, por los conceptos de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo; declaró con lugar la excepción perentoria de prescripción, sin lugar el incidente de tachas interpuesto por la parte actora, sin costas; bajo el criterio que el artículo 864 del Código de Trabajo, dice: “Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente; el que puede ser interrumpido por: a) por demanda o gestión ante autoridad competente”, por lo tanto considera que el criterio de la Corte no puede contravenir lo establecido en la Ley, según lo prescribe el artículo 868 de la norma referida; en el sub judice el actor compareció ante el ente administrativo después de haber dado por agotado el procedimiento administrativo en fecha 09 de junio del año 2017, en varias ocasiones en fecha 18 de agosto, 19 de agosto del año 2017, gestiones que según la norma precitada, no puede quedar al libre albedrio del trabajador en cuanto a comparecer a realizar cuantas gestiones desee, de manera que concluida las diligencias el 09 de junio del año 2017, es este el momento cuando comenzó a correr el término de prescripción a fin de ejercitar su derecho ante el órgano jurisdiccional, por lo que tuvo hasta el 09 de agosto del año 2017, para presentar su demanda y no lo hizo, sino hasta el 4 de septiembre del año 2017, fecha para la cual su derecho estaba prescrito. Que siendo que las excepciones perentorias tienden a destruir el ejercicio de la acción como ocurre en el presente caso de autos, por lo que no es necesario entrar a analizar el fondo del asunto principal, de la prueba antes analizada y en relación a la excepción perentoria de prescripción, ésta juzgadora llega al convencimiento que de la simple operación aritmética se deduce que el derecho de la demandante para interponer su acción esta prescrita. En el presente juicio la parte actora reclama pago de reajuste de salario mínimo correspondiente años 2016 y 2017, que con relación a tal reclamo se encuentra acreditado en autos que la demandante en el año 2016 devengaba la cantidad de L.7,257.38 y en el año 2017 la cantidad L.8,374.00; y siendo que la demanda cuenta con un número de empleados inferior a 50; por lo que el salario mínimo vigente en el año 2016 era de L.8,105.70; por lo que existe una diferencia de L.848.32; en el año 2017 el salario mínimo vigente L.8,374.00 y la demandante devengaba igual salario durante ese periodo; por lo tanto procede condenar a la demandada al pago de reajuste de salario mínimo correspondiente al año 2016, el cual equivale a la cantidad de L.10,179.84. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el sub judice la actora compareció ante el ente administrativo en fecha 2 de junio de 2017, a fin de alcanzar un arreglo conciliatorio con la demandada, dándose por agotada dicha diligencia el 09 de junio de ese mismo año, luego en esa misma fecha se hizo presente ante la Procuraduría Seccional del Trabajo, en donde le extendieron una cédula de citación dirigida a la representante de la demandada a fin de que se hiciera presente el día 07 de julio de 2017, compareciendo únicamente la trabajadora según constancia emitida por dicho ente; gestiones estas que, conforme a la norma precitada, no pueden quedar al libre albedrío del trabajador en cuanto a acudir y solicitar en varias ocasiones la realización de dicho trámite; de manera que concluidas las primeras diligencias el 09 de junio de 2017, es este el momento cuando comenzó a correr el término de prescripción, quedando la actora en libertad para ejercitar su derecho ante el órgano jurisdiccional, por lo que tuvo hasta el 09 de agosto de 2017, para presentar su demanda, pues el periodo de vacaciones de que goza el poder judicial no surte efectos interruptivos respecto del término establecido en la norma antes referida, hasta el 04 de septiembre de 2017 en que presentó la demanda, fecha para la cual su derecho estaba prescrito tal y como lo consideró la iudex Aquo; de ahí los argumentos del recurrente resultan inatendibles, al amparo del principio protector invocado por el apelante, puesto que ni hay duda de los actos administrativos realizado ante la autoridad del Trabajo competente, ni se está ante la ponderación de determinar una norma o condición más beneficiosa para el trabajador. 5. Mediante auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA, en su condición de representante procesal de la señora MIRNA ELIZABETH PEÑA MANCIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA, en su condición de representante procesal de la señora MIRNA ELIZABETH PEÑA MANCIA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DILLD KENYIN HERNANDEZ CEDILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que el Abogado GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA, en su primer motivo expresa: “Ser la Sentencia recurrida violatoria de Ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta, proveniente de apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de los autos de la prueba que a continuación singularizo: A) A folio 12 de la primera pieza del juicio aparece el medio de prueba documental publico consistente en la Constancia emitida por la Procuraduría del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, el 7 de Junio del 2017, donde acredita que el 9 de Junio del 2018 se presentó la reclamante a dicha Oficina solicitando que se citara a la demandada para una Audiencia de Conciliación, habiendo señalado Audiencia para el día 7 de Julio del 2018 a las dos de la tarde, no habiendo comparecido el Representante Legal de la demandada. LAS NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: están contenidas en el Artículo 113 párrafo primero del Código de Trabajo, interpretado por Decreto Legislativo Número 89 del 23 de Diciembre de 1969, 116 literal e) y párrafo último y 868 del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código de Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure la infracción de la Ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, conforme al sólido criterio de esta Honorable Corte, son necesarios los siguientes requisitos: 1.- Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de las pruebas. 2.- Esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma, y no con relación a las normas que reglamentan la prueba de que se trate. 3.- Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley sustantiva. 4.- El error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la Sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado, o al contrario se da por no aprobado un hecho que si está demostrado plenamente en el juicio. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones Laboral de San Pedro Sula, Cortés, al confirmar la Sentencia definitiva dictada por el Juez A-quo en todas sus partes, ha hecho suyos los Considerandos dictados por aquel, sin hacer una valoración al material probatorio, pues fue ignorado, de donde resulta que se ha cometido un error de hecho en la prueba singularizada en este motivo y que cometió el Ad-Quem. En conclusión, el error de hecho en la apreciación de la prueba que se ha dejado relacionada por parte del Tribunal recurrido, motivó al mismo a proferir una Sentencia confirmatoria que se ha dejado relacionada, en lugar de REFORMAR la de primera instancia, violándose así las normas sustantivas de orden nacional invocadas, por vía indirecta, al no darle cumplimiento a las normas adjetivas relacionadas y contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código de Trabajo las que sirvieron de medio para violentar normas sustantivas del Código de Trabajo, habiéndose demostrado la infracción indirecta de las normas citadas en virtud de error de hecho en la apreciación de la prueba documental indicada, lo que llevó al sentenciador aplicar indebidamente normas sustantivas de orden nacional como ser el Artículo 868 del Código de Trabajo, si la Corte recurrida hubiera analizado la prueba documental singularizada, hubiera reformado la Sentencia apelada, en virtud de que el término de la Prescripción debió haberse computado a partir del día siguiente del de fecha 7 de Julio del 2017, pues el término de la Prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante la Autoridad competente y la Autoridad competente en este caso es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que es la encargada de armonizar el capital y el trabajo y es allí que primeramente debe buscarse una arreglo conciliatorio entre las partes en conflicto y, al no apreciar la prueba documental singularizada dejó de aplicar los Artículos invocados en la estructuración de este motivo, por lo que procede admitir este motivo de casación.” III.- Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1] IV.- Del análisis del anterior cargo, este Tribunal observa que el Recurrente aduce que el error de hecho proviene de la apreciación errónea de los medios de prueba documental, pero en su explicación incurre en el defecto de exponer: “si la Corte recurrida hubiera analizado la prueba documental singularizada, hubiera reformado la Sentencia apelada,…y, al no apreciar la prueba documental singularizada dejó de aplicar los Artículos invocados en la estructuración de este motivo…” lo cual constituye otra modalidad del error de hecho que resulta contradictoria si se formula al mismo tiempo, ya que se ha venido señalando, que una misma prueba no puede ser apreciada erróneamente y dejada de apreciar por el Juzgador; en adición, no es preciso en el señalamiento del artículo 868 del Código del Trabajo, como parte de las normas sustantivas infringidas, dado que esa disposición contiene varios párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas, por lo que era necesario señalar a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; tampoco demuestra la existencia de un error de hecho que sea manifiesto o notorio; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable. V.- Que en el segundo motivo se alega: “Ser la Sentencia recurrida violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por violación directa por falta de aplicación de los Artículos 113 letra b), 116 letra d) y 868 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Se ha de entender que la violación directa de la Ley ocurre cuando un hecho que no se discute o debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula en un caso concreto.- En el caso que nos ocupa la Corte recurrida y el Juez A-quo interpretaron erróneamente el Artículo 868 del Código del Trabajo, pues el Ministerio de Trabajo es la única Autoridad Administrativa que está autorizada para conocer de los conflictos que surjan a través de los Contratos de Trabajo y por despidos directos o indirectos y la última gestión realizada ante la Procuraduría del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, fue el 7 de Julio del 2017, teniendo en consecuencia la parte actora el término de dos (2) meses para incoar su demanda, la que fue presentada el 4 de Septiembre del 2017, estando en consecuencia dentro de los dos (2) meses que fija la Ley, y al interpretar erróneamente el Artículo 868 del Código del Trabajo llevó al Tribunal recurrido a dejar de aplicar el Artículo 113 párrafo primero reformado y 116 letra d) del Código del Trabajo, por lo que procede que se admita este motivo y que se case la Sentencia parcialmente.” VI.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) Toda violación directa de la ley, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado. En el presente caso, la cuestión de la prescripción de la acción opuesta por la demandada, fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio, por lo que esa no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, b) predica al mismo tiempo y respecto a las mismas normas dos modalidades de violación que se producen por causas distintas, como lo son la falta de aplicación y la interpretación errónea. Con ello no se cumple lo que manda la técnica casacional que ordena al invocar dos causales de casación se deberá formular de forma separada por la independencia de los cargos. VII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de octubre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL338-18”. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.