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Sentencia CL-336-18 — Registro 12370

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, caso contrario el reintegro a su puesto de trabajo de igual o mejor categoría en virtud de despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios a título de indemnización por daños y perjuicios, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad quem, incumple con el deber de una motivación suficiente y adolece de incongruencia, a saber: 1) En el sub judice la parte actora ha alegado la prescripción de la acción por parte de la entidad demandada sin embargo, en la sentencia impugnada que confirma la de primera instancia se omite realizar consideración alguna sobre la misma con lo cual se incumple con el deber de motivación en los fallos relacionados. 2) En el fallo impugnado como en el que se confirma, se omite realizar en su parte resolutiva pronunciamiento sobre los derechos adquiridos, los cuales deben pagarse independientemente de cómo termine la relación de trabajo. Esto último a razón de que, la estimación o desestimación de todas o cada una de las pretensiones de las partes pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada el fallo debe contener, en forma separada y numerada los pronunciamientos correspondientes."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad quem, incumple con el deber de una motivación suficiente y adolece de incongruencia, a saber: 1) En el sub judice la parte actora ha alegado la prescripción de la acción por parte de la entidad demandada sin embargo, en la sentencia impugnada que confirma la de primera instancia se omite realizar consideración alguna sobre la misma con lo cual se incumple con el deber de motivación en los fallos relacionados. 2) En el fallo impugnado como en el que se confirma, se omite realizar en su parte resolutiva pronunciamiento sobre los derechos adquiridos, los cuales deben pagarse independientemente de cómo termine la relación de trabajo. Esto último a razón de que, la estimación o desestimación de todas o cada una de las pretensiones de las partes pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada el fallo debe contener, en forma separada y numerada los pronunciamientos correspondientes.."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Es importante recordar que en lo relacionado a las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. 10.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 11.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen. 12.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de agosto del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha quince de noviembre del dos mil dieciocho, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor DAGOBERTO ALVARADO MEJIA, como recurrente; además es parte recurrida, el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), representado en juicio por la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, caso contrario el reintegro a su puesto de trabajo de igual o mejor categoría en virtud de despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios a título de indemnización por daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, por la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor DAGOBERTO ALVARADO MEJIA, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública y del domicilio del Municipio de Zambrano, Francisco Morazán, en contra del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) a través de la Presidente de la Comisión Interventora Licenciada ANA DEL CARMEN MUÑOZ CARIAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO en su condición de representante procesal del trabajador DAGOBERTO ALVARADO MEJIA en contra del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) a través de la Presidente de la Comisión Interventora ANA DEL CARMEN MUÑOZ CARIAS. 2) ABSOLVER al INPREUNAH de absolver de reintegrar al demandante DAGOBERTO ALVARADO MEJIA al puesto de Contador General de la institución demandada. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio a laborar para la demandada en fecha 12 de Julio del año 2007, desempeñándose al momento del despido como Contador General, devengando un salario mensual de L. 55,000.00. Posteriormente en fecha 18 de junio de 2015, fue notificado de la Cancelación de su Contrato de Trabajo, mediante oficio CI-INPREUNAH-N°124-2015, donde el licenciado Dagoberto Alvarado Mejía, Jefe del Departamento de Contabilidad de la demandada, manifestó que a el demandante le realizaron una investigación laboral, en fecha 27 de mayo del año 2015, mediante Informe de Auditoría Interna No. AI-044-2015, tipifica que las faltas cometidas por su persona, en el desempeño de sus labores, como graves, por lo que mediante punto de Acta No, 15 de la sesión No. 9 celebrada el día 11 de junio del año 2015, se emitió la cancelación de su contrato de trabajo, efectivo a partir del 18 de Junio del año 2015, sin ninguna responsabilidad para la demandada por los hechos concretos que se le invocan como justas causas de despido, sin embargo según expresión del demandado, manifestó que el despido es injustificado en vista que las causales expresadas en la nota de despido son falsas por las siguientes razones: a) el demandante como Contador General no le corresponde a él si no al Gerente General presentar la declaración de impuesto sobre la renta, y así se hizo, lo sucedido en este caso, es que siendo la hoy demandada es una institución de previsión está exenta del pago del impuesto sobre la renta, multas y recargos, pero no está exenta de presentar la declaración, por lo que al momento de rendir la declaración se establece en la casilla de exoneraciones el valor por el cual se está exonerado al pago del impuesto sobre la renta, en tal sentido, no tenía que pagar ningún valor, además es importante hacer de su conocimiento que mi obligación es únicamente es de revisar la declaración del impuesto sobre renta; y que corresponde al departamento de asesoría legal presentar la solicitud de exoneración del pago impuesto sobre renta, la cual fue presentada por dicho departamento y rechazada por la DEI por haber sido presentada de manera extemporánea, por ende en el habido caso fuese cierto que la hoy demandada mantenga con la DEI una deuda por la cantidad de L.323,361,712.83, no es responsabilidad del demandante sino del departamento de legal por no solicitar en tiempo a exoneración del pago del impuesto sobre renta. Por otro lado desde que existe la hoy demandada, es decir, hace25 años nunca ha pagado impuesto sobre renta, asimismo esta falta que se le imputa está prescrita en vista que la DEI declararon sin lugar la exoneración de impuesto por extemporánea en diciembre de 2014, misma que fue notificada al Gerente General del INPREUNAH, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 683 del Código de Trabajo la acción del patrono ya estaba prescrita a la fecha del despido por haber transcurrido más de seis meses. b) la demandada no estableció ni la fecha ni el periodo de tiempo en que supuestamente el demandante no realizo la integración y conciliación de las cuentas contables, las cuales siempre realizo la integración y conciliación de las cuentas contables, por lo que no existe falta alguna; además el INPREUNAH es una entidad que está obligada a implementar el catalogo único de cuentas establecido para el Sector Publico por lo que el mismo no contempla de manera individual las cuentas para 1.- Aportes y Deducciones por Cobrar; 2.- Aportes y Pretensiones por Pagar, 3.- Transferencias y Donaciones: Contabilización de beneficios; 4.- Gastos-. Sueldos Salarios; 5.-Gastos: contribuciones Patronales y 6.- Gastos: Servicios Públicos; por lo que la Contadora General de la Republica lleva un control mediante el sistema SIAFI, pero además para efectos de llevar el control en la Institución se llevaba un detalle de dichas cuentas en páginas de Excel. c) el demandado no especificó en qué fecha el demandante registró aportaciones distintas a la cuenta número 6411 de pensión de jubilación, además no expresó el supuesto monto registrado, ni tampoco indicó cual fue el supuesto daño causado de haber existido tal accionar. d) La demandada no especificó la fecha en que se realizó el supuesto ajuste de sobrantes y faltantes a la cuenta de materiales y suministro; dichos sobrantes o faltantes son falsos en vista que existe materiales y suministro que se registran como gastos cuando los son para uso inmediato, y se registran como activo cuando su uso está sujeto a un periodo de tiempo. e) la demandada no especificó cuáles son las supuestas partidas contables de periodos anteriores, registradas en el periodo “actual”, ni tampoco las fechas exactas en que se elaboraron las supuestas partidas y mucho menos el periodo a que corresponden las misma, es decir el demandante desconoce las partidas contables que se refiere la demandada. f) la demandada no especificó de qué forma y en qué fecha supuestamente el demandante afecto la cuenta número 3141 de resultados acumulado, pues a entender del actor dicha cuenta esta limpia. Finalmente el demandante manifestó que no ha cometido falta alguna, lo que ha sucedido es que debido a la intervención que ha sufrido el INPREUNAH al igual que todos los institutos de previsión, a junta interventora ha despedido a todos los empleados de más alta jerarquía, en el caso que nos ocupa la institución cancelo al Gerente General, Jefe de departamento de financiero, oficial de planificación y presupuesto y como no encontró causal establece cualquier cosa para prescindir sus servicios en la institución, de la simple lectura de la nota de despido se puede determinar que las causales son hipotéticos de una falta, la cual no existe, nótese que no siguieron A procedimiento de proporcionalidad de falta, en vista que nunca había sido sancionado. 2. La parte demandada, el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), contestó dicha demanda señalando que mediante Decreto Ejecutivo PCM-012-2015 publicado en el Diario La Gaceta el 17 de marzo del año 2015, el señor Presidente de la República en Consejo de Ministros, decreto, entre otros intervenir al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) para lo cual se formó una Comisión Interventora con amplios poderes para ejecutar acciones administrativas encaminadas a lograr estabilizar al INREUNAH de su crisis administrativa, financiera y actual, poseyendo también facultades para administrar la institución y representarla legalmente. Es así que la Comisión inicio un proceso de evaluación e investigación administrativa, para lo cual giro instrucciones al Departamento de Auditoría Interna para que procediera a realizar la correspondiente investigación que tuvo como resultado el informe de hallazgos de fecha 27 de mayo del año 2015, que derivó en responsabilidad laboral para algunos empleados en el desempeño de sus funciones, entre los cuales se encuentra el demandante por lo cual en cumplimiento de los derechos que otorga la Constitución de la República, el Reglamento Interno de Trabajo y el Código del Trabajo en fecha 28 de mayo del año 2015 el demandante fue citado a una audiencia de descargos con el objeto que se defendiera de todas y cada una de los cargos imputados que después de analizados se llegó a la conclusión que el demandante no llego a descargar en su favor las faltas por el cometidas, lo cual derivó en un despido justificado que le fue notificado el 18 de junio del año 2015. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando SIN LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor DAGOBERTO ALVARADO MEJIA, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), sin costas, bajo el criterio que el demandante por la antigüedad en su trabajo, tenía el conocimiento sobre sus funciones y responsabilidades como Contador General, conocía las obligaciones inherentes a su cargo, sin embargo, ha quedado evidenciado que algunas de las actividades importantes, como lo es llenar el formulario del impuesto sobre de la renta, dio instrucciones a su subordinada de llenar dicho formulario obedeciendo más a su capricho que a las instrucciones dadas por el ente regulador como lo es la DEI, ocasionando de esta forma graves perjuicios a la institución, siendo esta conducta de la cual las partes deben abstenerse de realizar ya que resultan perjudiciales al otro contratante, como el caso que nos ocupa; por lo que de las pruebas aportados la representante procesal demandada logro establecer en juicio que su representada tuvo causa justas para despedir al demandante por haber faltado a sus obligaciones señalados por el Código del Trabajo, los Reglamentos de INPREUNAH, el contrato de trabajo, de conformidad al artículo 62 del Reglamento Interno del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo tanto la parte demandada no tiene responsabilidad de reintegrar al trabajador al puesto de Contador General, pero si a pagarle los derechos adquiridos reclamados ya que el patrono no acredito en juicio haber cancelado, para lo cual se establece los términos de ejecución de la sentencia para el caso de los derechos adquiridos, los siguientes. Fecha de inicio de la relación laboral 12 de julio del año 2007, fecha de terminación: 18 de julio del año 2015, Salario Mensual L 55,000.00. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de mayo del año dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que son justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, entre otras, la negativa manifiesta y reiterada del trabajador en no acatar en perjuicio del patrono, las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad, para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando y cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional. Y siendo que se considera la parte demandada ha acreditado haber tenido justas causas para despedir al trabajador demandante sin responsabilidad de su parte, por lo que es procedente declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito. 5. Mediante auto de fecha veintidós de agosto del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor DAGOBERTO ALVARADO MEJIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha quince de noviembre del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor DAGOBERTO ALVARADO MEJIA, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha quince de noviembre del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. 2.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente." 3.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. 4.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. 5.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. 6.- Que se ha solicitado nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “En la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones, ha violentado el debido proceso, los principios de congruencia y derecho a la defensa, al haber omitido en su motivación y sus consideraciones como fundamento de derecho y consecuentemente en sus pronunciamientos, su criterio y decisión respecto a la prescripción invocada por el demandante en su escrito de demanda, siendo una pretensión del actor que incide en la decisión de fondo y concretamente en el resultado distinto de la sentencia, determinando los correctos pronunciamientos, como ser la procedencia de la demanda y la reinstalación del trabajador, con la consecuente condena por daños y perjuicios ocasionados producto de la terminación injusta e ilegal; como puede observarse en el juicio las causas de terminación del contrato de trabajo que pretende el patrono invocar al trabajador, ocurrieron con mucha anterioridad, transcurriendo más de seis meses a la fecha de la notificación del despido, por lo que se alegó la prescripción al derecho del patrono a despedir, habiendo contestado la parte demandada, lo cual también prueba el hecho controvertido y que no fue resuelto en los fallos impugnados oportunamente. La sentencia definitiva recurrida, contiene vicios que provocan nulidad por ser carente de pronunciamiento, que aun cuando debió declarar con lugar la demanda de reintegro, al no hacerlo debió pronunciarse sobre los DERECHOS ADQUIRIDOS, basta rever el fallo impugnado, que a su vez confirma el de primera instancia, para observar que no existe pronunciamiento al respecto; pero también la sentencia es incongruente y contradictoria con el principio protectorio y debido proceso, así como violatorio del derecho de defensa, al haber dictado un fallo que no es acorde con las pretensiones y alegatos oportunos de las partes como se expuso anteriormente y por lo tanto debe anularse.” 7.- Que la sentencia pronunciada en fecha 15 de mayo de 2018, por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que confirma la emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo, de este Departamento de Francisco Moranza, en fecha 28 de febrero de 2018, mediante la cual se declara sin lugar la demanda promovida en su oportunidad, que en su parte conducente establece: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO en su condición de representante procesal del trabajador DAGOBERTO ALVARADO MEJIA en contra del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) a través de la Presidente de la Comisión Interventora ANA DEL CARMEN MUÑOZ CARIAS. 2) ABSOLVER al INPREUNAH de absolver de reintegrar al demandante DAGOBERTO ALVARADO MEJIA al puesto de Contador General de la institución demandada. SIN COSTAS.” 8.- Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad quem, incumple con el deber de una motivación suficiente y adolece de incongruencia, a saber: 1) En el sub judice la parte actora ha alegado la prescripción de la acción por parte de la entidad demandada sin embargo, en la sentencia impugnada que confirma la de primera instancia se omite realizar consideración alguna sobre la misma con lo cual se incumple con el deber de motivación en los fallos relacionados. 2) En el fallo impugnado como en el que se confirma, se omite realizar en su parte resolutiva pronunciamiento sobre los derechos adquiridos, los cuales deben pagarse independientemente de cómo termine la relación de trabajo. Esto último a razón de que, la estimación o desestimación de todas o cada una de las pretensiones de las partes pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada el fallo debe contener, en forma separada y numerada los pronunciamientos correspondientes. 9.- Es importante recordar que en lo relacionado a las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. 10.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 11.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen. 12.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, de fecha 15 de mayo de 2018, visible a folios 110 al 113 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de abril del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL336-18. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.