Sentencia CL-333-19 — Registro 11638
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido o por omisión sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de preaviso, pago de auxilio de cesantía, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo proporcional, pago de décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, salario adeudado, medios probatorios, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula extensos alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de agosto del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de enero del 2020, por el Abogado JOSE ADONAY PADILLA ISAULA, en su condición de representante procesal del Señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES, parte recurrente; además, es parte recurrida, la sociedad mercantil PRODUCTORA DE ATLANTIDA S.A. (PROADASA), y solidariamente la sociedad mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido o por omisión sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de preaviso, pago de auxilio de cesantía, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo proporcional, pago de décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, salario adeudado, medios probatorios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 06 de octubre del 2015, por el señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la sociedad mercantil PRODUCTORA DE ATLANTIDA S.A. (PROADASA), representada por su Gerente General el señor GEOVANY ANTONIO LEIVA CRUZ, y solidariamente la sociedad mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., a través de su Gerente General el señor HECTOR TORIBIO FERRERA MEZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 06 de junio del 2019, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló Confirmando la sentencia de fecha 28 de noviembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice “FALLA: PRIMERO (1): Se declaran SIN LUGAR las EXCEPCIONES PERENTORIAS DE PRESCRIPCION interpuestas por las Representantes Procesales de las dos Sociedades Mercantiles que ocupan la posición procesal de Demandadas por las razones expuestas en el Ordinal Primera de los Hechos Probados y Numeral 7 de los Fundamentos de Derecho de la presente sentencia. SEGUNDO (2): Se declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo se condene al Patrono al Pago del Preaviso y Auxilio de Cesantía, y salarios dejados de percibir, promovida por el Señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES, contra la Sociedad Mercantil PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA, SOCIEDAD ANONIMA, representada legalmente par el Presidente de su Consejo de Administración, señor HECTOR TORIBIO FERRERA MEZA y de manera solidaria contra la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, señor RICHARD WAYNE TOMAN, todos de generales expresadas en el encabezado de la presente sentencia; en consecuencia, SE ABSUELVE a dichas Sociedades Mercantiles de pagar al demandante tales conceptos. TERCERO: Se declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo que el Pago de Vacaciones Proporcionales, Decimotercer y Decimocuarto Mes de Salario Proporcional promovida por el señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES, contra la Sociedad Mercantil PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA, SOCIEDAD ANONIMA, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, señor HECTOR TORIBIO FERRERA MEZA y de manera solidaria contra la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, señor RICHARD WAYNE TOMAN, todos de generales expresadas en el encabezado de la presente sentencia. CUARTO: En consecuencia, SE CONDENA a la Sociedad Mercantil PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA, SOCIEDAD ANONIMA, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, señor HECTOR TORIBIO FERRERA MEZA y de manera solidaria a la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, señor RICHARD WAYNE TOMAN a pagar al Señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES la cantidad de LPS.28,345.60 (Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras con Sesenta Centavos), desglosada de la siguiente forma: Salario Mensual: Lps. 42,695.92, Salario Promedio Mensual: Lps. 49,911.91; VACACIONES PROPORCIONALES: 60 DIAS: LPS. 4,744.20, DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL: 9 DIAS: LPS. 1,067.40, DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL: 190 DIAS: LPS. 22,534.00. QUINTO (5): SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que desde el mes de octubre de 1981 comenzó a trabajar de manera continua en el Departamento de Investigación en la Finca los Limones “A”, Olanchito, Departamento de Yoro, devengando un sueldo de L.642.00 mensuales, posteriormente lo contrataron como jornalero permanente en la misma Finca, luego el 11 de mayo de 1987, continuó trabajando como jornalero en la Finca los Limones “A” de la empresa Standard Fruit de Honduras S.A., en el año 1988 fue transferido a la Zona de Coyoles Central como Inspector de Campo por tres años devengando un sueldo mensual de L.1,071.00, posteriormente en 1991 fue promovido a empleado de confianza al Departamento de Ingeniería Industrial como Analista de Tiempo, devengando un salario mensual de L. 1,450.00, y en el año 1993 fue transferido a la Zona de Isletas, Departamento de Colón, como Administrador de Empaque, devengando un sueldo mensual de L. 1,950.00, posteriormente en el año 1994 fue transferido al Departamento de Relaciones Laborales como Analista de Fuerza Laboral y Programas, devengando un salario mensual de L.3,500.00, en 1996 fue transferido al Departamento de Recursos Humanos como Coordinador de Salarios y Beneficios, devengando L. 4,750.00, en 1999, por su excelente desempeño y responsabilidad fue promovido como Contralor de los Departamentos de Servicios del Aguan, devengando L.13,500.00, luego en el 2001 le asignaron más responsabilidades consistentes en trabajo conflictivo y de peligro en el manejo del cuidado y resolver problemas de las tierras de la empresa Standard Fruit de Honduras S.A., en el sector del Valle del Aguan, devengando un salario mensual de L. 24,000.00, en el año 2006 le asignan la Contraloría de la Finca Orgánica “La Esmeralda” devengando L. 33,500.00, en el 2011 es transferido como Contralor a las Contralorías de Expansiones de las Empresas BARIMASA, PROADASA Y CABOSA, devengando L. 37,150.00 y a la fecha del despido desempeñaba la misma labora devengando un salario mensual por L. 43,997.00. En fecha 24 de Junio de 2015,un vigilante de la Empresa Standard Fruit de Honduras S.A. llego a la casa de habitación del demandante con el propósito de entregarle una convocatoria para comparecer a una audiencia de descargos programada para el día 25 de Junio de 2015, audiencia en la que estuvieron presentes el Gerente de Zona de la Empresa PROADASA, el Gerente de Recursos Humanos de la Empresa Standard Fruit de Honduras S.A., una Inspectora del Trabajo, Apoderada Legal de la Empresa Standard Fruit de Honduras S.A. y el Abogado Jose Adonay Padilla, Apoderado Legal del demandante, en su condición de testigo nominado por el. Alude que durante mantuvo la relación laboral con las empresas demandadas siempre realizó su trabajo con esmero y dedicación, siguiendo las directrices establecidas y cumpliendo fielmente con sus obligaciones, con honradez, eficiencia y lealtad. En fecha 10 de Julio de 2015 fue notificado por escrito que su Patrono, la empresa Productora Agrícola de Atlántida, S.A., subsidiaria de la empresa Standard Fruit de Honduras, S.A., había tornado la decisión de dar por terminada la relación laboral que los vinculaba imputándole la comisión de faltas graves detalladas en la nota de despido, las cuales dice son totalmente falsas, además expone haber sido víctima de discriminación al no habérsele dado copia del informe de auditoría donde se detallan las faltas que se le imputan, asimismo no se le pagaba el mismo salario que las otras personas que ocupaban sus mismos cargos y durante años fue víctima de burlas por parte de su jefe inmediato. Dándose por agotada la vía administrativa correspondiente por no haber llegado las partes a un acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, sociedad mercantil PRODUCTORA DE ATLANTIDA S.A. (PROADASA), contestó dicha demanda aceptando lo referente al puesto desempeñado y salario devengado, así como la celebración de una audiencia de descargo a fin de cumplir con lo que estipula el código de trabajo y el reglamento interno de la empresa, también aceptó haber entregado una nota de despido en la cual se estipulaban las causales por las cuales se dio terminada la relación laboral, con respecto a la discriminación que el demandante expresa haber sufrido dice que no tiene relación con el objeto del pleito, y que si en algún momento se consideró dañado, discriminado o le fue violentado algún derecho, tuvo la libertad para proceder pero no lo hizo, por lo que el reclamo en esta instancia resulta extemporáneo. Expone que a raíz de una auditoría efectuada en fecha 16 de junio del 2015, tuvo conocimiento de faltas cometidas por el demandante, que consistían en el no acatamiento de lineamientos estipulados por la empresa en su código de conducta, si bien es cierto dice que la demandante tenia autoridad financiera para manejar presupuesto hasta por la suma de $. 1,500.00 por cada proyecto, y para poder hacer uso de esa cantidad tenía que contar con la autorización del Gerente de Finca, quien era su Jefe Inmediato, los cargos debía hacerlos a la cuenta del proyecto realizado y no a diferentes cuentas, pues cada proyecto tiene su cuenta y fondos propios. Dentro de sus políticas esta la prohibición que los costos o gastos sean registrados en ordenes de trabajo que no corresponden, por razones de presupuestos, en caso que una orden ya no tenga presupuesto disponible, el interesado tendrá la opción de solicitar ordenes de trabajo suplementarios por escrito, puesto que debe existir evidencia que el departamento solicitante está de acuerdo con el pago y al realizar las auditorias no se encontraron dichas evidencias en ninguno de los puntos planteados en la nota del despido. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 28 de noviembre del 2018, dictó sentencia declarando SIN LUGAR las excepciones perentorias de prescripción interpuestas por las representantes procesales de las dos sociedad mercantiles demandadas, SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral de primera instancia pidiendo se condene al patrono al pago de preaviso, auxilio de cesantía, salarios dejados de percibir promovida por el señor Jorge Alberto Alberto Godoy Torres, contra la sociedad mercantil Productora Agrícola de Atlántida S.A., representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, señor Hector Toribio Ferrera Meza y de manera solidaria contra la sociedad mercantil Standard Fruit de Honduras S.A., representada por el Presidente de su Consejo de Administración, señor Richard Wayne Toman, ABSOLVIÓ a dichas sociedad mercantiles demandadas de pagar al demandante dichos conceptos, también declaro CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo que el pago de vacaciones proporcionales, decimotercer y decimocuarto mes de salario proporcional, CONDENA a las demandadas al pago a favor del demandante la cantidad de L. 28,345.60, desglosados de la siguiente forma: Salario Mensual L. 42,695.92; Salario Promedio Mensual L. 49,911.91; Vacaciones Proporcionales: 60 días L. 4,744.20; Décimo cuarto mes proporcional: 09 días L. 1,067.40; Décimo tercer mes proporcional: 190 días L. 22,534.00, SIN COSTAS. Bajo el criterio que la prescripción invocada por la demandada quedó acreditada que la misma aparece involucrada en la relación laboral con el demandante, por lo que considera que resulta lógico que se haya demandado a ambas de manera solidaria, teniendo presente que en las obligaciones solidarias el acreedor puede dirigirse contra todos los deudores solidarios o cualquiera de ellos, sin que se puede oponer el beneficio de división, puesto que ambas empresas forman parte de un grupo de empresas que utilizan sus nombres en las relaciones laborales con sus trabajadores, razón por la cual procedió desestimar dicha excepción material de prescripción. El demandante no atacó el procedimiento sancionatorio que le fue instruido previo a dar por terminada su relación laboral, no señala que se quebrantó el procedimiento reglamentario correspondiente, no cuestiona la fecha en que el patrono tuvo conocimiento de las faltas imputadas ni la fecha en que hace uso de su poder disciplinario y tampoco interpuso ningún defecto o incidente tendiente a que se declarara prescrita la acción del patrono para sancionar y despedir, estando vedado el tribunal para hacerlo de oficio, correspondiéndole al Órgano Jurisdiccional entrar en la existencia de las faltas imputadas. Que en la audiencia de descargo celebrada el demandante no cuestionó el informe de auditoría, limitándose a decir que él estaba facultado y tenía autoridad financiera para tomar decisiones y que por costumbre utilizaba diferentes cuentas contables para cargar los gastos, además tomaba decisiones sin la determinación de nadie, y que para soporte estaban los correos donde sus superiores le daban la aprobación para los trabajos realizados, no obstante, en los correos ofrecidos por el demandante y constatados en el reconocimiento judicial, la mayoría de cruzados entre otros mandos intermedios de la empresa PROADASA, aunque reflejan que algunos de los trabajos realmente se realizaron y que eran conocidos por dichos mandos intermedios, ninguno acredita que se ordene o instruya al demandante a que proceda con los mismos, pues únicamente en un correo se solicita al demandante la aprobación de dos órdenes de requisición. Asimismo que el demandante cargaba los pagos a cuentas contables distintas a las que correspondían, constando en el juicio que según la política de autoridad financiera que el demandante alega que lo facultaba para aprobar sin autorización de nadie los trabajos por los cuales se realizó la audiencia de descargo, éste tenía un límite de aprobación de hasta $1,500.00 y que siempre deben obtenerse 2 de las 3 firmas que se requieren y un número mínimo de cotizaciones, siendo prohibido fraccionar o dividir un compromiso para evadir un límite de autoridad, requisitos que fueron incumplidos por el demandante dado que fue aprobado únicamente por él utilizando cuentas contables distintas, sin documentos soportes y fraccionando pagos en períodos cortos de tiempo, aunado a lo anterior el demandante podía planificar y aprobar procesos de pago a contratistas previa concertación con el Gerente de Finca, de quien debe tener autorización de conformidad con las Políticas de Autoridad Financiera, lo cual también fue incumplido por el demandante, no siendo suficiente a juicio de la a-quo el ofrecimiento de testigos para acreditar que ciertos trabajos pagados con autorización del demandante si fueron realizados, por lo que con tal medio de prueba jamás podría servir para acreditar el cumplimiento de otras obligaciones del demandante emanadas de políticas internas de la empresa demandada. 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 06 de junio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que en la audiencia de descargo el demandante pudo decidir no dar respuesta y solicitar que se consignara en el acta su negativa, y que quedara constancia de los derechos que consideraba le estaban siendo violados, pese a estar debidamente acompañado por su Apoderado Legal, por ende concluye que no le fue violentado su derecho a la defensa, asimismo la parte demandante pretende que en aplicación al principio de In dubio pro operario se declare con lugar la demanda y que supla cualquier falencia o situación que sea contraria a sus intereses, lo que resulta para el ad-quem inaceptable puesto que el demandante ésta obligado a ejercitar acciones en defensa del derecho reclamado que le son propias y no pueden ser asumidas por ningún juez, por lo que al considerar el demandante que el patrono efectuó el despido de forma extemporánea debía pronunciar tal hecho a través de mecanismos legales y acreditarlo, aunado al hecho que el despido se dio el 10 de julio del 2015, teniendo por consiguiente que la aplicación de la sanción de despido no es extemporánea, conforme al artículo 863 del Código del Trabajo. De los correos aportados como medios de prueba se refleja que existió un intercambio de comunicación, sin embargo, no corresponden a labores que la demandada cuestionara, ni que estuviera facultado para hacer pagos de manera unilateral. 5. Mediante auto de fecha15 de octubre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE ADONAY PADILLA ISAULA, en su condición de representante procesal del señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 13 de enero del 2020, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE ADONAY PADILLA ISAULA formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de enero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada CONCEPCION SUAZO SUAZO, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el abogado JOSE ADONAY PADILLA ISAULA, en el primer motivo de casación alega: “Acusó a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitida a la parte demandada, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevo en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, parte final del Código del Trabajo que literalmente dice ".... Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva." REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Los medios de prueba documentales siguientes: a) Audiencia de descargo de fecha 25 de junio de 2015, contra el señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES, que corre agregada de folio 143 al 149 de la primera pieza de autos; b) nota de despido de fecha 10 de julio de 2015, dirigida al señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES, misma que corre agregada a folios 24 y 25 de la primera pieza de autos, y, c) Reglamento interno de trabajo de la sociedad PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA, S.A. (PROADASA), que corre agregada a folio 169 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto, es decir ello es una obligación ineludible. En el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el despido del que fue objeto mi representado fue ilegal e injustificado, pues se le violentó el derecho de defensa que debe imperar en todo procedimiento disciplinario contra un trabajador, ya que si hubiese apreciado correctamente los medias probatorios singularizado, hubiese dejado por establecido que el despido es ilegal, pues se celebró en su contra la audiencia de descargo, sin detallarle el objeto de la misma, ni las imputaciones que se le señalaban, lo que impidió que en todo momento preparara una defensa adecuada y así desvanecer cualquier falta en su contra; en este sentido, se debe de mencionar, que la jurisprudencia de este alto Tribunal, en relación a los procedimientos disciplinarios, ha establecido que en los mismos deben concurrir los siguientes elementos: " ... XIII.-Que los Tribunales de Grado han tomado su decisión de desestimar la demanda, con base en que consideran que está plenamente acreditada la justa causa que tuvo el patrono para dar por terminada la relación laboral que los unía con el señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES y además porque si aparece señalada en la nota de despido la razón o motivo del mismo, conforme la jurisprudencia reiterada por parte de los tribunales del país en cuanto a que todo despido tiene que contener el motivo o la causa que llevó a tomar esa determinación. Criterio que obedece al principio de buena fe, porque en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse ese principio.- XIV.-Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, lo proporcionalidad de la sanción, entre otros; con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b)notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d)después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivara las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República.- XV.-Cabe reiterar que el derecho de defensa que goza el trabajador no solo debe ser materializado en la audiencia de descargos, la cual se celebra con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar o defenderse frente a la presunta falta, sino que tal derecho debe garantizarse desde que se notifique la convocatoria v el señalamiento de la referida audiencia, donde se debe poner en su conocimiento los motivos por los que se le estaría realizando la misma, con la suficiente antelación para que el trabajador tenga tiempo para reunir las pruebas y preparar su defensa." Este criterio se dejó establecido en la sentencia que esta Sala emitió en el recurso de Casación Laboral No. S.L. 86-2013, en la demanda laboral promovida por el señor José Armando Cardona Hernández, contra Banco Azteca de Honduras, S.A. Por todo lo anterior resulta evidente el error judicial al haber apreciado erróneamente todo ese material probatorio, lo que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, parte final del Código del Trabajo, por lo que reitero que, al no habérsele garantizado el derecho de defensa en el procedimiento disciplinario, el despido es ilegal e injustificado.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula extensos alegatos propios de instancia. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitida a la parte demandada, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 863 parte inicial del Código del Trabajo, específicamente en lo que a la letra dice "Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (l) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de este. "REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Los medios de prueba documentales siguientes: a) Supuesta auditoria que corre agregada a folio 331 al 531 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a la parte demandada y evacuados en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación ineludible. En el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que las faltas que se le imputaban a mi representado ya no podían ser sancionadas independientemente si se hubiesen cometido o no, pues ya había transcurrido más del mes que franquea el artículo 863 del Código del Trabajo, pues de las fechas en las que supuestamente se habían cometido las mismas, y en las que se investigaron y sancionaron ya había transcurrido el término legal para poderlo hacer; La Corte recurrida llego a una conclusión equivocada, ya que el documento que supuestamente sirvió para reactivar este plazo es una auditoria que no reúne los requerimientos mínimos para que se considere como tal, pues falta los requerimientos necesarios, como ser que se encuentre debidamente timbrada, firmada y sellada por un profesional autorizado para tal fin; en consecuencia el despido ejercitado contra mi representado es ilegal e injustificado, y la Corte hubiese llegado a esa conclusión si hubiera apreciado correctamente el medio de prueba singularizado, en relación con el resto del material probatorio del proceso.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia. VI.- Que el Abogado JOSE ADONAY PADILLA ISAULA, en el tercer motivo de casación alega: “Acusó a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación directa por infracción directa del articulo 113 párrafo primero, parte final del Código del Trabajo que literalmente dice ".... Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora incurrió en violación directa por infracción directa de la norma sustantiva de índole laboral anteriormente citadas, ya que si las hubiese aplicado, de manera indubitada tenía que declarar con lugar la DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO O POR OMISION SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES LEGALES.- PAGO DE PREAVISO, PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA, PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES, PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL, PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, VACACIONES PENDIENTES, SALARIO ADEUDADO; norma que era aplicable para la solución del fondo del litigio, ya que el despido del que fue objeto mi representado fue ilegal e injustificado, en cuanto no se le respeto ni se le garantizó su derecho constitucional de defensa, y se le sancionó por faltas que a la fecha de la sanción se encontraban prescritas, por lo que el articulo 113 párrafo primero, parte final del Código del Trabajo, era el aplicable para la solución del fondo del litigio”. VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que el Recurrente no es exhaustivo en su explicación, no precisa la norma que debió utilizar el juzgador y en lugar de cuál. VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de enero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL333-19.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
11