Sentencia CL-331-19 — Registro 12169
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos y reajuste salarial, costas; segunda instancia revoca parcialmente la sentencia declarando ha lugar parcialmente el recurso de apelación; Las demandantes consideran que sus labores eran permanentes y continuas ya que fueron contratadas por periodo de un año y les renovaron el contrato.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que si bien revoca el primer numeral de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en consecuencia, declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada y confirma el segundo y tercer de dicho fallo, donde se declara sin lugar la demanda para el pago de derechos adquiridos y reajuste salarial, lo cual es contradictorio, ya que si esos derechos se encuentran vigentes, debió declarar con lugar la demanda y condenar a la demandada al pago de los valores que correspondan; aduciendo en su fundamentación, “que tratándose de derechos adquiridos la normativa jurídica no establece un plazo de prescripción para ser efectivos tales derechos, en razón de lo anterior tienen las actoras las vías administrativas y judicial si fuera el caso para hacer efectivo esos derechos adquiridos…”, lo cual no tiene sentido lógico, ya que la acción de mérito tiene como pretensión principal ese reclamo y por ello debió determinar procedencia y cuantificar su pago, por esos conceptos y no evadir su responsabilidad de hacerlo, contrariando los principios de celeridad y economía procesal. VII.- Que también es pertinente recordar la jurisprudencia establecida sobre el tema de la prescripción, donde se ha señalado: “Que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento ó conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia ó estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social.” (ver sentencias del 23 de octubre del 2009 dictada en el expediente CL 379-08 y la del 22 de agosto del 2017, proferida en el expediente CL 234-16); dado también que para los conceptos salariales que integran los derechos adquiridos de los trabajadores, se aplica analógicamente lo dispuesto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo, cuyo término de prescripción para reclamar esos valores es de 2 años, pero no porque esos derechos (salarios y vacaciones) sean imprescriptibles por ser irrenunciables, como indica la Corte recurrida en la fundamentación de su sentencia, porque no pueden quedar sin límite en el tiempo, afectándose por ello la seguridad jurídica, porque aún en los casos que no estuvieren previstos en el ordenamiento laboral, aplicaría supletoriamente la prescripción de 10 años, que el artículo 2292 del Código Civil determina para las acciones personales que no tengan plazos especiales."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 864 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 2292 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Salario Mínimo, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Salario Mínimo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta de octubre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 17 de enero del 2020, por el Abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en su condición de representante procesal de las señoras ANA YAMILETH MARTINEZ MUÑOZ y FRANCISCA ALBA RIVERA, como recurrentes; además, es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, representada en juicio por el Abogado JUAN ANGEL LANZA SABILLON. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos y reajuste salarial, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 17 de mayo del 2018, por las señoras ANA YAMILETH MARTINEZ MUÑOZ y FRANCISCA ALBA RIVERA, mayores de edad, solteras, hondureñas, cocinera y aseadora respectivamente y de con domicilio en el Municipio de Atima, Santa Bárbara, contra la MUNICIPALIDAD DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL, el señor ROGER GABRIEL LEIVA GONZALEZ, mayor de edad, hondureño y con domicilio en el Municipio de Atima, Santa Bárbara. El recurso de casación laboral se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de junio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Bárbara, que falló REVOCANDO parcialmente la sentencia de fecha 22 de marzo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de la siguiente manera: “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Profesional del Derecho HENRRY JOSUE BARRERA en su condición de mandatario procesal de las señoras ANA YAMILETH MARTINEZ MUNOZ Y FRANCISCA ALBA RIVERA, contra la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Unificado de Letras de esta Sección Judicial con fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), en la demanda laboral para el reconocimiento de derechos adquiridos y reajuste salarial contra la Municipalidad de Atima, Santa Bárbara representada por el Acalde Municipal señor Roger Grabiel Leiva Gonzales. SEGUNDO: BAJO LOS HECHOS QUE ESTA CORTE ESTIMA PROBADOS SE REVOCA el primer numeral de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia, se declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la parte demandada. SE CONFIRMA el segundo y tercer de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, proferida en la DEMANDA promovida por las señoras ANA YAMILETH MARTINEZ MUNOZ Y FRANCISCA ALBA RIVERA para el reconocimiento de los derechos adquiridos Y reajuste del salario mínimo contra la Municipalidad de Atima, Santa Bárbara representada por el señor Roger Grabiel Leiva Gonzales TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia por el principio de gratuidad que impera en los procesos de índole laboral y por el carácter social del derecho laboral…”ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fueron contratadas para laborar para el comedor de adultos mayores el 2 de febrero del 2016, como cocinera y aseadora del mismo, devengando un salario mensual de L.3,000.00, que el 2 de enero del 2017, fueron nuevamente contratadas para laborar las 8 horas diarias por el mismo patrono, para realizar el mismo trabajo, pero les fue retenido el salario del mes de diciembre del 2017 y que a la fecha de la interposición de la demanda, el mismo no les había sido pagado, que de acuerdo a sus actividades dentro del lugar que trabajaban, las mismas eran permanentes y continuas, que se dio por agotado el trámite administrativo sin haber logrado llegar a un acuerdo entre las partes. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, contestó que las demandantes están faltando a la verdad de los hechos, por lo tanto, se pronunció rechazando totalmente los hechos alegados por las demandantes. Que en audiencia de conciliación de fecha 11 de septiembre del 2018 interpuso la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION alegando que el término para presentar la demanda se les había prescrito ya que como manifiestan las demandantes su contrato termino el 31 de diciembre del 2017 y la primera actuación la realizaron el 6 de abril del 2018, es decir 3 meses después del vencimiento del contrato y la demanda fue presentada 4 meses después de la terminación del contrato, por lo que el derecho de las demandantes había prescrito. 3.- El Juzgado de Letras Unificado de la sección judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 22 de marzo del 2019, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Excepción de Prescripción interpuesta por la parte demandada la Municipalidad del Municipio de Atima, Departamento de Santa Bárbara, representada por el señor representada por el señor alcalde ROGER GRABIEL LEIVA GONZALES, contra la demanda ordinaria laboral exigiendo el pago de derechos adquiridos y reajuste salarial. SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales en virtud de despido, promovida por las señoras ANA YAMILETH MARTINEZ MUNOZ y FRANCISCA ALBA RIVERA, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia definitiva. Sin condena en costas por el carácter social de la materia laboral, bajo el criterio que con el acta de inspección extra ordinaria relacionada con la solicitud de servicios de un inspector se acreditó la fecha en la cual las demandantes acuden ante la autoridad del trabajo, donde el derecho de las demandantes estaba prescrito y que no les dio valor probatorio a los contratos de trabajo, ya que son contrarios o no coinciden en la forma de pago, de igual forma no hay coherencia con el interrogatorio de parte demandante, además que en el escrito de la demanda, no se establece la causa del despido. 4.- La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Bárbara, en fecha 19 de junio del 2019, dictó sentencia REVOCANDO, por lo tanto declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la parte demandada, CONFIRMA el segundo y tercer numeral de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, donde se declara sin lugar la demanda para el reconocimiento de los derechos adquiridos y reajuste del salario mínimo contra la Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, sin costas; bajo el criterio que en cuanto a la prescripción es visto que la pretensión real desde la presentación de la demanda es el reconocimiento de los derechos adquiridos y reajuste salarial y para todos es conocido de los derechos adquiridos no prescriben, pues son constitucionalmente catalogados como irrenunciables, por lo que no tiene cabida la prescripción alegada, en cuanto a los reajustes de salario, de acuerdo a la Ley del Salario Mínimo, el devengado por las demandantes era inferior al legalmente establecido, por lo que les asiste el derecho reclamado. 5.- Mediante auto de fecha 23 de septiembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, en su condición de representante procesal de las señoras ANA YAMILETH MARTINEZ MUÑOZ y FRANCISCA ALBA RIVERA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 17 de enero del 2020, compareció ante éste Tribunal Abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, en su condición de representante procesal de las señoras ANA YAMILETH MARTINEZ MUÑOZ y FRANCISCA ALBA RIVERA, formalizando su demanda, exponiendo TRES motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de agosto del 2020, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JUAN ANGEL LANZA SABILLON, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que si bien revoca el primer numeral de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en consecuencia, declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada y confirma el segundo y tercer de dicho fallo, donde se declara sin lugar la demanda para el pago de derechos adquiridos y reajuste salarial, lo cual es contradictorio, ya que si esos derechos se encuentran vigentes, debió declarar con lugar la demanda y condenar a la demandada al pago de los valores que correspondan; aduciendo en su fundamentación, “que tratándose de derechos adquiridos la normativa jurídica no establece un plazo de prescripción para ser efectivos tales derechos, en razón de lo anterior tienen las actoras las vías administrativas y judicial si fuera el caso para hacer efectivo esos derechos adquiridos…”, lo cual no tiene sentido lógico, ya que la acción de mérito tiene como pretensión principal ese reclamo y por ello debió determinar procedencia y cuantificar su pago, por esos conceptos y no evadir su responsabilidad de hacerlo, contrariando los principios de celeridad y economía procesal. VII.- Que también es pertinente recordar la jurisprudencia establecida sobre el tema de la prescripción, donde se ha señalado: “Que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento ó conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia ó estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social.” (ver sentencias del 23 de octubre del 2009 dictada en el expediente CL 379-08 y la del 22 de agosto del 2017, proferida en el expediente CL 234-16); dado también que para los conceptos salariales que integran los derechos adquiridos de los trabajadores, se aplica analógicamente lo dispuesto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo, cuyo término de prescripción para reclamar esos valores es de 2 años, pero no porque esos derechos (salarios y vacaciones) sean imprescriptibles por ser irrenunciables, como indica la Corte recurrida en la fundamentación de su sentencia, porque no pueden quedar sin límite en el tiempo, afectándose por ello la seguridad jurídica, porque aún en los casos que no estuvieren previstos en el ordenamiento laboral, aplicaría supletoriamente la prescripción de 10 años, que el artículo 2292 del Código Civil determina para las acciones personales que no tengan plazos especiales. VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. IX.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XI.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. XII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII.-Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho, cumpliendo su deber de juzgar y ejecutar lo juzgado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 127, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 2, 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Bárbara, de fecha 19 de junio del 2019, visible a folios 18 a 25 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de abril del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL334-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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