Sentencia CL-33-19 — Registro 11649
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral por despido directo, se condene al pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, vacaciones proporcionales, décimo tercer y cuarto mes proporcional, costas,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Le falta claridad y precisión al indicar “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción directa proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea…..”. siendo que las mismas son distintas formas de violar la Ley, que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; y, b) Formula alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha trece de junio del dos mil diecinueve, por el Abogado ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S. A. DE C.V. (DIAPA), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HENRY JEOVANY PERDOMO IZAGUIRRE, representado en juicio por la Abogada KENIA JUDITH VALLADARES LOPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral por despido directo, se condene al pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, vacaciones proporcionales, décimo tercer y cuarto mes proporcional, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de diciembre del dos mil dieciséis, por el señor HENRY JEOVANY PERDOMO IZAGUIRRE, mayor de edad, casado, hondureño, Jefe de Almacén, con domicilio en la colonia López Arellano, pasaje Lempira, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMETICIOS, S.A. DE C.V. (DIAPA), a través de su representante legal, señor PABLO MATAHINICH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral promovida HERRY JEOVANY PERDOMO IZAGUIRRE, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A DE C.V. a través de su representante legal señor PABLO MATAHINICH MAZARIEGOS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA a la sociedad DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A DE C.V. a través de su representante legal señor PABLO MATAHINICH MAZARIEGOS, , a pagar al trabajador HERRY JEOVANY PERDOMO IZAGUIRRE, la cantidad de cantidad de NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L.92,888.09), tal como fue pactado en el convenio de terminación de la relación por mutuo acuerdo.- TERCERO: ABSUELVE: A la Sociedad mercantil denominada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A DE C.V. a través de su representante legal señor PABLO MATAHINICH MAZARIEGOS, del pago de los salarios dejados de percibir a título de danos y perjuicios.- CUARTO: Declara SIN LUGAR la excepción perentoria de pago interpuesta por la parte demandada.- QUINTO: CON COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en fecha 7 de abril del año 2014, para la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A, DE C.V. (DIAPA), devengando un sueldo mensual por la cantidad de (L. 13,000.00), no obstante, en fecha 01 de octubre del año 2016, ambas partes por mutuo consentimiento, decidieron dar por terminada la relación laboral, reconociendo a favor del demandante, la cantidad de L. 92,888.09, en concepto de vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional; sin embargo, la parte demandada no cumplió con el pago de dicha cantidad, por lo que la demandante acudió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad, para llegar a un acuerdo conciliatorio, citando dos veces al señor PABLO MATAHINICH, como Gerente General de la Empresa DIAPA, quién no se presentó, dando por agotada la vía administrativa. 2. La parte demandada, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V. (DIAPA), contestó dicha demanda señalando, que la Constitución de la República expone dos limitantes para el cumplimiento de la garantía reconocida en el artículo 129, la primera constituye los casos en que el trabajador fue contratado para la práctica de una actividad realizada por temporada, por consiguiente no puede existir una garantía de estabilidad laboral y la segunda limitación se relaciona a las justas causas de separación del cargo, también previstos en el artículo 46 inciso b) y c), 104, 108, 111, 112 y 114 del Código del Trabajo, no siendo posible garantizar la estabilidad laboral, el derecho a prestaciones laborales, reintegro a un puesto de trabajo y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, por lo que el actor de forma inequívoca pretende el reclamo del pago de salarios dejados de percibir. Aunado a lo anterior, el artículo 113 del Código del Trabajo regula la garantía establecida en el artículo 129 de la Constitución de la República, la cual establece que la terminación del contrato conforme a las causas enumeradas en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, surte efectos desde que el patrono lo comunique al trabajador, pudiendo éste emplazar a su contratante ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, para que pruebe la justa causa en que fundó el despido, manifestando el demandado, que el derecho alternativo para solicitar prestaciones e indemnizaciones laborales, reintegro y salarios dejados de percibir, nace cuando el trabajador ha sido víctima de un despido injustificado, y que no todas las causas de terminación del contrato de trabajo, dan lugar a que el empleado cobre salarios caídos, pues la misma ley establece causas ajenas al artículo 112 del Código del Trabajo, que ponen fin al contrato, como ser el cierre definitivo de negocios, muerte del trabajador, incapacidad física por más de 6 meses, trabajo por temporada, y la terminación por mutuo consentimiento, por lo que existen disposiciones, que forzosamente ponen fin al contrato de trabajo y no conllevan el pago de salarios dejados de percibir, consecuentemente el demandante no puede pedir más conceptos que los convenidos, pues la terminación de su relación laboral, fue por mutuo acuerdo. De igual forma, al practicarse auditorías a la cartera asignada al demandante, se obtuvo como resultado diferencias por faltantes de inventario, los cuales fueron reconocidos y aceptados por el demandante, por lo que en fecha 26 de septiembre del 2016, él firmó una autorización para la deducción de L 83,599.29, facultando a la Empresa demandada, para deducir de su sueldo, vacaciones o prestaciones tal cantidad, correspondiente al pago por faltantes inventarios en el mes de agosto del 2016, a pesar de ello, el demandante pretende que se le paguen valores y conceptos que jamás fueron convenidos entre ambos, como ser ajuste de prestaciones y salarios dejados de percibir que por consiguiente resultan improcedentes. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de octubre del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda y CONDENÓ a pagar a favor del demandante la cantidad de L. 92,888.09, tal como fue pactado en el convenio de terminación de la relación por mutuo acuerdo, con costas, ABSUELVE del pago de los salarios dejados de percibir y declara SIN LUGAR la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada, bajo el criterio que la Ley Laboral contempla como una de las causas de terminación del contrato, el mutuo consentimiento de las partes y que se conceptualiza como un modo de extinguir las obligaciones, basado en que pueden dejarlas sin efecto por acuerdo entre las partes que las han contraído, siempre que no se perjudique a terceros o se violen preceptos de orden público, la finalización del contrato de trabajo se dio por una propuesta del empleador, ocasionando que el trabajador lo traduzca en su demanda como un despido, sin embargo, estuvo de acuerdo con la celebración del convenio de terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo, prueba de ello es que lo firmó y se limitó a esperar la fecha en que el patrono se comprometió a realizar el pago de lo convenido y ante la tardanza del patrono en cumplir lo pactado, acudió ante la autoridad administrativa. En las relaciones de trabajo imperan los principios de la veracidad y buena fe, siendo a criterio del tribunal, que la demandada no actuó de buena fe al celebrar convenio de terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo, en virtud que ofreció el pago de L.92,888.09 y de forma desleal, elaboró un documento dejando consignado de manera ambigua, que pagaría la cantidad antes mencionada, y a futuro restó los valores que el empleado pudiera tener pendientes con la empresa, a pesar que supuestamente la empresa ya conocía la cantidad que el trabajador había autorizado deducir en fecha 26 de septiembre del año 2016, la cual firmó cuando el trabajador se encontraba de vacaciones sin que la demandada pudiera acreditar que el demandante, en esa fecha estuvo a su disposición dentro de las instalaciones de la empresa, lo que hizo presumir que la autorización fue firmada en blanco, además el demandante no tuvo conocimiento de la auditoría realizada. Asimismo, la demandada de manera rutinaria, realizaba auditorías al departamento de bodega, donde el encargado era el demandante, y a pesar que siempre hubieron faltantes, nunca se le hizo deducción de su salario, ni tampoco a los demás empleados que laboraban en bodega, pretendiendo al final de la relación y sin haberse probado en juicio, deducir responsabilidad al demandante, ya que mientras duró la relación laboral no lo hizo y de haber sido así, procedía el despido invocando ese motivo, por lo que el patrono actuó de mala fe, al proponerle al demandante un convenio de terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo, sin tener la intención de cumplirlo. Por lo que el Tribunal consideró procedente condenar a la demandada al pago de la cantidad de L.92,888.09, según convenio de terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo celebrado entre las partes. En cuanto al reclamo del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, siendo que la relación finalizó por mutuo acuerdo, el patrono está exento del pago de los salarios dejados de percibir, por no tratarse de un despido injustificado. En virtud de la mora en el pago de lo convenido y al pretender engañar al demandante para firmar un convenio que le perjudicaba, condenó a la demandada a pagar las costas del juicio, pues obligó al trabajador a entablar una acción que se hubiera evitado fácilmente si la demandada hubiera cumplido con lo acordado en el tiempo convenido. Además, constató que la demandada no pagó, lo por lo que declaró sin lugar la excepción de pago. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de diciembre del dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que las partes suscribieron el documento titulado como convenio de terminación de contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento entre las partes, firmado por el actor y el Gerente de Relaciones Laborales de la empresa demandada, en el que se ampara en el acuerdo voluntario, libre y espontáneo, para que se hiciera efectivo el pago de prestaciones laborales, suma que asciende a L. 92,888.09, cantidad que al efectuar las deducciones por faltantes y otros conceptos pendientes, resultó por L. 9,288.80, emitiéndose un cheque en fecha 28 de diciembre del 2016, siendo evidente que entre la fecha de la celebración del acuerdo mutuo y la emisión del título valor, hay un lapso de tiempo considerable, por lo que no es posible atender la pretensión del demandante en cuanto al pago de salarios caídos, porque dicha condena procede cuando la desvinculación laboral se deriva de un despido injustificado, sin que éste sea el caso, tampoco puede calificarse como una restricción, tergiversación o renuncia de derechos, puesto que se convino una suma de dinero determinada, a efecto de hacer pago por los derechos laborales derivados del mutuo acuerdo pactado. En cuanto al recurso que por adhesión interpuso el Apoderado de la demandada, a fin de que se revoque la condena en costas de primera instancia, el Tribunal de alzada estimó que, en virtud de haberle reconocido el derecho al trabajador, la demandada emitió un cheque en fecha posterior a la presentación de la demanda, por lo que tal condena responde al comportamiento adoptado por la accionada. Por lo que el Ad-quem, considera que la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Cortés, se encuentra conforme a derecho. 5. Mediante auto de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V. (DIAPA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha trece de junio del dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal el Abogado ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V. (DIAPA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de junio del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la Abogada KENIA JUDITH VALLADARES LOPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que el Abogado ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción directa proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandada que obra a folio 61, 62 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en el artículo 111 numeral 2), en relación con el artículo 96 del Código del trabajo 690, 691, 703, 704, 705, 706, 717, 718, 752, 755, 756, 757 Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo 206 y 207 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL: consistente en: 1. Acuerdo de terminación por mutuo conocimiento de fecha 1 de octubre del 2018. (Folio 61). 2. Autorización de deducción de fecha 26 de septiembre del 2018 (Folio 62). 3. Informes de auditoría interna (Folio 81 al 221). PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. En la motivación de la sentencia de tres (3) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), se pueden percibir los errores en que incurrió el Tribunal Ad Quem en la formación de su convencimiento. Tanto al momento de aplicar la norma sustantiva al caso concreto, así como en la apreciación de los medios probatorios. Señores Magistrados. - Que la Ley laboral contempla como una causa de terminación, el mutuo consentimiento de las partes y que se conceptualiza coma un modo de extinguir las obligaciones basado en que pueden dejarlas sin efecto por acuerdo en contrario, las mismas partes que las han contraído, siempre que no se perjudique a tercero o se violen preceptos de orden público. Que en el caso sub judice se concluye que la finalización del contrato de trabajo se concluye con el acuerdo de terminación por mutuo acuerdo (primera pieza de autos Folio 61) prueba de ello es que se levantó el mismo quedando pactado el reconocimiento de los derechos del trabajador por la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 09/100 (L.92,888.09), dicho monto correspondiente a la totalidad de los conceptos que se denominan derechos adquiridos, asimismo por mera liberalidad de mi representada se decidió incluir una bonificación por los servicios prestados por el señor Henry Jeovany Perdomo Izaguirre, a esto restándole los valores que pudiera tener pendiente con la empresa por clientes por cobrar, faltantes u otros conceptos que estén debidamente autorizados. Como se puede apreciar en la primera pieza de autos corre a folio 62 la autorización firmada por el señor Perdomo. Que en el caso de autos es visto que del convenio suscrito entre las partes firmado por la parte actora y el Gerente de relaciones laborales de mi representada, en el cual se recoge un acuerdo voluntario, libre y espontaneo para que se hiciera efectivo el pago de las prestaciones laborales por la cantidad acordada, sin establecer fecha para ello, conforme al cálculo realizado por mi representada y que existiendo una autorización expresa para que se realizara la deducción, mi representada procedió en tal sentido, quedando a favor de este la cantidad de L. 9,288.80, que para el pago se emitió cheque No. 84875 de fecha 28 de diciembre 2016. Que tal en el Acápite HECHOS PROBADOS de la sentencia recurrida se dejó de apreciar el medio de prueba que corre a folio 81 al 221 consistentes en los informes de auditorías interna realizadas en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2015 y los informes de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto y septiembre del año 2016 donde se ven reflejados los faltantes que presentaba el señor Henry Jeovany Perdomo Izaguirre y por el cual el hoy demandante firmo bajo su consentimiento el faltante que presentaba. Dichos medios de pruebas no fueron apreciados correctamente por la Juzgadora. Señores Magistrados que la Juez A Quem aprecio erróneamente la normar sustantiva establecida en el artículo 111 numeral 2, donde se establece claramente que son causas de terminación de los contratos "El mutuo consentimiento de las partes" donde las partes convinieron llegar a un acuerdo "Terminación de contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento de las partes", acuerdo que recoge la voluntad de las partes, es voluntario, libre y espontaneo, relacionado con el articulo 96 numeral 2, donde claramente dice "Articulo 96. Se prohíbe a los patronos: 5) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponde a los trabajadores, SIN AUTORIZACION previa escrita de estos para cada caso ..."; Se concluye que la relación de trabajo concluyó por una causa de terminación estipulada en el artículo 111 numeral 2) del Código de Trabajo y que dicho convenio de terminación prevé la deducción de la cantidad a pagar pactada cualquier monto que por obligación haya contraído el ex trabajador con la empresa. Quedando así demostrado que mi representada no le haya querido dar cumplimiento al convenio de terminación. Quedando así evidenciado que mi representada si cumplió a cabalidad con el acuerdo de terminación por mutuo consentimiento, así eximiendo a mi patrocinada de la condena a Costas.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Le falta claridad y precisión al indicar “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción directa proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea…..”. siendo que las mismas son distintas formas de violar la Ley, que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; y, b) Formula alegatos propios de instancia. IV.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE”. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL33-19”. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
7